POLITICA
Problemas que agrava el Gobierno
Los ciudadanos esperan de los gobiernos que resuelvan, remuevan o los ayuden a solucionar las dificultades que los afectan. Sin embargo, muchas veces los gobernantes identifican los problemas, pero los agravan al no asumir que parte de la responsabilidad es suya. Por acción o por omisión.
El lunes pasado, en la primera reunión de Gabinete que Javier Milei presidió en los últimos 45 días, puso como tema central la creciente y muy instalada problemática del endeudamiento de los argentinos y la consecuente mora en el pago de esas deudas. “Está obsesionado por sacar el tema del centro de la agenda pública y, sobre todo, la responsabilidad que se le adjudica a su gestión en la cuestión”, dijeron fuentes oficiales tras el encuentro.
La exposición tuvo por objetivo primordial bajarle línea a sus ministros para que se conviertan en los soldados de la batalla por el relato en este tema con argumentos basados en cuestiones que entiende que exculpan a su administración de esa problemática, que ya desde hace más de un mes se ha instalado al tope de los temas en la agenda pública.
A falta de resultados concretos de las políticas oficiales que mejoren la percepción de la realidad de la mayoría de los argentinos, la comunicación está siendo objeto de profunda revisión y cuestionamientos dentro y fuera del Gobierno. Sin embargo, los cambios realizados tras la tardía renuncia del investigado por la Justicia Manuel Adorni, lejos están de obtener logros. Problemas que agrava la propia gestión.
Los tropiezos de Adrián Ravier, el economista puesto a vocero presidencial, en cada una de sus apariciones se han convertido en un clásico que suele obligar a aclaraciones ulteriores. Como el martes pasado, cuando admitió y luego negó que el (ex)supergurú Santiago Caputo había perdido el control de la comunicación digital a manos del aspirante a cineasta Santiago Oría, quien ostenta el pomposo cargo de director de Realizaciones Audiovisuales de Presidencia de la Nación.
De todas maneras, los hechos posteriores parecieron demostrar que su anuncio no era falso ni una expresión de deseos sino, probablemente, solo un anticipo inoportuno o no autorizado. Una gaffe del propio Oria, que reveló pocas horas después el uso de bots para potenciar mensajes contra opositores, pareció confirmar el nuevo recorte (y van..) de áreas de influencia del asesor sin cargo oficial, que quedan a cargo de los protegidos de Karina Milei. Delicias de la interna mileísta.
En su intento de ordenar la comunicación y negar responsabilidades de su administración en el endeudamiento, Milei obturó el lunes toda posibilidad de admitir efectos negativos sobre la economía individual de las subas abruptas de tasas impulsadas por su administración el año pasado, el techo impuesto a la recomposición de los salarios frente a la inflación o la caída del poder adquisitivo por el impacto de los aumentos de tarifas por encima de la evolución de los ingresos. No fue la mano del mercado, pero el discurso presidencial está blindado a cualquier cuestionamiento de los propios. Ni hablar de los ajenos.
Las dos causas del mal
El Presidente, según voceros oficiales, optó en la reunión de Gabinete por hacer foco en lo que él considera dos causantes nucleares del endeudamiento impago, que entiende están desvinculadas de sus políticas. Señaló a las billeteras digitales periféricas y a las apuestas online, especialmente entre los más jóvenes y de los sectores de menores ingresos, como causales a las que culpar. Retroceder nunca, admitir jamás.
Sin embargo, al identificar esos dos motivos, el Presidente expuso una singular disociación con medidas, proyectos y omisiones de su gestión. En el caso del juego, no advirtió conexiones con decisiones de la gestión libertaria en la materia.
Lo mismo hizo respecto de las deudas contraídas a través de billeteras virtuales o entidades no bancarias, a pesar de que el desregulacionismo absoluto ha permitido la publicidad engañosa y la aplicación de tasas usurarias por parte de esos prestamistas, capaces de cazar desprevenidos, desinformados o no instruidos y dejarlos heridos de muerte.
La oposición y algunos aliados no piensan lo mismo y por eso 133 diputados (cuatro más que el mínimo requerido para lograr quórum para sesionar) plantearon anteayer su decisión de tratar iniciativas para que el Estado adopte medidas destinadas a paliar la situación de los endeudados en mora, que ya suman casi seis millones de personas, y a evitar tasas abusivas y publicidades engañosas que induzcan a tomar créditos impagables. El Congreso amenaza con nuevas complicaciones para el Gobierno, después del buen día que tuvo con la aprobación de la nueva carta orgánica del Banco Central y del blanqueo bis, bautizado ley de inocencia fiscal.
En cuanto a los juegos de azar, los objetores de las políticas oficiales en la materia destacan que el poder ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley, actualmente en el Senado, sobre apuestas online que se centra excluyentemente en el juego clandestino sin proponer regulaciones más exigentes para las apuestas legales online.
Al respecto, los críticos de la iniciativa mileísta destacan que elude tratar el auge, proliferación y estimulo constante de las apuestas online legales como parte esencial de la epidemia de ludopatía, que afecta a la sociedad y está destruyendo economías y vidas en las familias, desde edades muy tempranas.
Así lo señalan al menos dos estudios, que son la base de los cuestionamientos de organizaciones de la sociedad civil, de la Iglesia Católica y legisladores de algunos partidos de la oposición.
Informes lapidarios
Entre esos informes se destaca la investigación titulada “Apostar no es un juego”, sobre apuestas online entre adolescentes y jóvenes de 15 a 29 años. Fue realizada por un equipo interdisciplinario de profesionales y docentes egresados de universidades públicas nacionales, como la UBA, Morón, Lomas de Zamora y Hurlingham, que contó con el apoyo de cinco casas de altos estudios y 15 instituciones y cuyas conclusiones son un llamado de atención urgente.
El trabajo, para el que se encuestaron 7810 personas, en 360 localidades de todas las provincias argentinas, reveló que uno de cada cuatro adolescentes y jóvenes apuesta o había apostado recientemente, que el 95% escuchó hablar de apuestas online, que el 13% de los apostadores dedica más de 4 horas por día, que el 28% experimentó ansiedad o estrés por no poder apostar, que el 71% considera que el hábito tiene efectos negativos y que el 35% propone restringir la publicidad dirigida a jóvenes.
En tanto, “el documento ‘Zoom a las apuestas online’, lanzado por UNICEF en marzo de este año, expuso que entre 845 adolescentes y jóvenes sondeados, 8 de cada 10 reconocieron haber ingresado a sitios de apuestas en línea en el último año, o conocer a alguien que lo haya hecho. El 37% lo hace ‘muy seguido o todos los días’”, destacó el director del Centro de Innovación Pedagógica de la Universidad de San Andrés, Alejandro Artopoulos, en un artículo titulado “Ludopatía adolescente: la epidemia silenciosa que ya no se puede negar”.
Artopoulos subraya que “las cifras, aunque impactantes, no alcanzan para nombrar el daño. Un estudio sueco estimó que las personas con ludopatía tienen 15 veces más riesgo de morir por suicidio que la población general”. En 2025 la tasa de suicidios en la Argentina alcanzó un récord histórico, según reveló el Observatorio de Política Criminal, en un estudio realizado en base a datos del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) del Ministerio de Seguridad de la Nación.
El proyecto oficialista que se encuentra en el Senado se presentó como una iniciativa que apunta a prevenir la ludopatía, además de fijar normas para combatir el juego clandestino, sin embargo permite la publicidad de las apuestas en línea, que es considerada como una de las causales de esa epidemia.
Además, procura bloquear una iniciativa aprobada con los votos de la oposición en Diputados en 2024, que nunca llegó a ser tratada por el Senado. Este proyecto establecía la prohibición a la promoción del juego online y fijaba controles más estrictos para impedir el acceso de menores a las plataformas de apuestas.
La iniciativa opositora, impulsada principalmente por la Coalición Cívica, apoyada por el peronismo, los diputados de multicolor bloque federal y la izquierda, recibió no solo el rechazo de la bancada libertaria, que adujo, como podía preverse, que incurría en un exceso de regulación.
También fue objetado y no tuvo apoyo de Pro, encabezados por su presidente Cristian Ritondo, que insistió en que el problema de la ludopatía se debe excluyentemente a la proliferación de las apuestas clandestinas. En similar sentido se pronunciaron diputados de la UCR. Todos ellos impulsaron proyectos de minoría de extrema laxitud para el funcionamiento de las empresas que regentean el juego autorizado.
El vínculo entre la política y los empresarios del juego tiene demasiado arraigo, al igual que con el mundo del fútbol, del que se ha convertido en principal anunciante. Por eso, no debería sorprender la posición del macrismo y de los radicales. En ambos espacios ejerce una influencia superlativa el binguero Daniel Angelici, que, en la actual administración porteña de Jorge Macri, ha ampliado fuertemente su radio de influencia.
No menos relevante es la estrechísima relación que existe entre el peronismo y los popes de este negocio, como Daniel Mautone, íntimo amigo (como mínimo) del ahora caído en desgracia (pero no en la pobreza) Martín Insaurralde, al que el cristicamporismo llegó a imponer como jefe de gabinete del gobernador bonaerense Axel Kicillof.
Por eso, sí llamó la atención el apoyo de los diputados peronistas a la cruzada de los discípulos de Elisa Carrió, para llegar a sumar 140 votos afirmativos. La falta de tratamiento en el Senado de la iniciativa impulsada por la Coalición Cívica pareció resolver la contradicción. Los senadores peronistas no se inmolaron para que se convirtiera en ley.
Dos años después, el presidente de la Nación encontró en los juegos de azar una de las respuestas aliviadoras para la nueva epidemia del endeudamiento que golpea a los argentinos, en su afán de deslindar responsabilidades de su gestión.
Sin embargo, por ahora nadie en el Gobierno anticipa un cambio para fijar límites a la expansión y promoción ilimitada de las apuestas en línea. Las negaciones, como las soluciones erróneas, también son una forma de agravar los problemas.
Claudio Jacquelin,Javier Milei,Conforme a
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, confirmó que la provincia desdoblará las elecciones: las primarias serán en abril de 2027 y los comicios generales, en junio. La decisión separará los comicios locales de las elecciones en las que se elegirá al próximo Presidente de la Nación y otros cargos nacionales, previstas para el domingo 24 de octubre.
La provincia litoraleña se sumará al pelotón de distritos que resolvieron un esquema electoral que, en principio, tiende a favorecer a los gobernadores de la fuerza política que busca ser reelecta. Es que, cuando se celebra la votación nacional junto a comicios provinciales, existe una incidencia o efecto “arrastre” del voto de los candidatos a presidente hacia el resto de la lista.
Otros distritos que desdoblaron son Tucumán, que votará el 9 de mayo, mientras que Salta lo hará entre el 16 y el 23 de ese mes. Misiones podría elegir autoridades en abril o mayo; Chubut analiza hacerlo entre julio y agosto, al igual que Neuquén. Chaco tendrá su proceso electoral en la segunda quincena de septiembre, Tierra del Fuego debe votar 90 días antes del final del mandato vigente, y Mendoza y Corrientes también anunciaron que desdoblarán sus elecciones, aunque todavía no definieron las fechas.
En el caso de Santa Fe, aún no se oficializó el decreto y tampoco hay fechas fijas, pero Pullaro aclaró que esos serán los meses del cronograma electoral.
“El decreto todavía no está pero no nos vamos a hacer los misteriosos con esto como no lo hicimos nunca. El Ministerio de Gobierno está terminando de evaluar los fines de semana largos y feriados previstos para esos momentos para evitar que eso desaliente la participación ciudadana en las urnas como ha sucedido en los últimos años. Pero los meses van a ser esos”, sostuvo.
“Tiene que ser un calendario electoral que aleje las elecciones locales de las nacionales para que el debate no se termine mezclando, como ha sido siempre en la provincia de Santa Fe. Tenemos un límite constitucional. Aunque quisiéramos, no podríamos poner la elección el mismo día en el orden nacional, porque la Constitución (local) nos plantea un plazo determinado que no hay forma de que esos dos plazos puedan ser conjuntos”, explicó ayer el mandatario en una rueda de prensa.
Los santafesinos elegirán gobernador y vicegobernador, senadores departamentales, diputados provinciales, intendentes y concejales. En Rosario también se votará a los estatuyentes que redactarán la primera carta orgánica de la ciudad autónoma.
La decisión provocó críticas de sectores políticos de la oposición. Diego Giuliano, del Frente Renovador, sostuvo que las fechas forman parte de “un calendario hecho en una oficina sin consultar a nadie” y acusó al oficialismo provincial de “cambiar las reglas de juego con frecuencia”.
Giuliano también reclamó “un diálogo democrático para ponernos de acuerdo en reglas que deben ser esenciales para participar en las próximas elecciones provinciales”.
Por su parte, el senador nacional (PJ), Marcelo Lewandowski consideró que el calendario que se filtró “son más o menos las fechas que se han dado en los últimos procesos electorales; generales en junio y primarias en abril”. Y a renglón seguido, compartió un recuerdo familiar pero con un fuerte impacto en la lectura política. “Mi vieja siempre dice ’13 de junio, San Antonio milagroso’; así que a lo mejor se da el milagro y el peronismo vuelve al gobierno”, consideró en diálogo con el diario El Litoral.
En este contexto político, Pullaro se muestra como un aliado del gobierno de Javier Milei y se espera que su fuerza política se mantenga distante al peronismo/kirchnerismo para el próximo turno electoral. “Yo estoy convencido de que lo peor que le puede pasar a la República Argentina es que nosotros volvamos atrás, que volvamos a un populismo que derrocha los recursos del Estado nacional con una matriz de corrupción muy fuerte que hizo que la Argentina perdiera muchas oportunidades”, sostuvo en la conferencia de prensa.
Cronograma electoral de Santa Fe
Según informó el senador Felipe Michlig días atrás, y que replicó El Litoral, estas son las fechas probables de celebración de los comicios locales de la provincia litoraleña.
-7 de febrero de 2027: cierre para inscribir las alianzas electorales.
-12 de febrero de 2027: fecha límite para presentar las listas de candidatos.
-18 de abril de 2027: se llevarán a cabo las PASO en Santa Fe.
-13 de junio de 2027: se realizarán las elecciones generales para la elección de gobernador y de los demás cargos provinciales.
Maximiliano Pullaro,cárcel de máxima seguridad,servicio penitenciario
POLITICA
Los rectores se reúnen en Plaza de Mayo para reclamar que el Gobierno cumpla la Ley de Financiamiento Universitario
Los rectores de las universidades nacionales trasladarán este miércoles su reunión mensual a Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, para reclamar que el Ejecutivo cumpla la Ley de Financiamiento Universitario.
La decisión se tomó después de que el juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional el decreto con el que el Gobierno había frenado esa norma y ordenó su aplicación inmediata. El encuentro del Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a los rectores de 60 universidades, está previsto para las 14.30.
En un comunicado, los rectores anunciaron que la sesión en Plaza de Mayo busca “reiterar el reclamo por el cumplimiento pleno y efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada e insistida por el Congreso de la Nación y con fallo favorable de la justicia disponiendo su cumplimiento”.
La decisión de los rectores se conoció luego de la decisión de la Justicia que declaró inconstitucional el decreto del presidente Javier Milei que frenó la aplicación de la ley y ordenó su inmediata aplicación.
En concreto, el titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11 invalidó la cláusula del decreto 759/2025 que supeditaba la ejecución de la ley a la definición de los recursos presupuestarios. La declaración de inconstitucionalidad alcanza la expresión “sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N°24.629”.
Además, Cormick dispuso que el Poder Ejecutivo dicte las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias para garantizar el “cumplimiento inmediato de la Ley de financiamiento universitario”. Se trata de una sentencia de primera instancia.
El Gobierno había utilizado esa disposición para promulgar la norma, después de que el Congreso rechazara el veto presidencial, pero mantener suspendida su aplicación. Su argumento era que los legisladores debían establecer las fuentes de financiamiento e incorporar las partidas correspondientes al presupuesto nacional.
Los reclamos por los salarios y las becas universitarias
El nuevo fallo se suma a las resoluciones que Cormick había dictado para exigir el cumplimiento de la cautelar sobre salarios docentes y no docentes y becas estudiantiles. Esa medida alcanza los artículos 5 y 6 de la ley.
El 30 de septiembre, el juez volvió a darle al Gobierno cinco días para cumplir con esas obligaciones, bajo apercibimiento de sanciones económicas. Si bien reconoció que el Ejecutivo había presentado documentación sobre paritarias y órdenes de pago, consideró que solo había acreditado un cumplimiento parcial.
La Casa Rosada había pedido que se revocara la intimación y se dejara sin efecto la posibilidad de aplicar multas. En su presentación, sostuvo que los aumentos salariales acumulados desde diciembre de 2023 llegaban al 226,8% y superaban la inflación del período que tomó como referencia. También informó nuevas negociaciones paritarias y una propuesta adicional del 3%.
POLITICA
Financiamiento universitario: el Gobierno apeló el fallo judicial y las universidades preparan una movilización al Congreso
La apelación del Gobierno Nacional contra el fallo que ordenó aplicar la ley de financiamiento universitario volvió a tensar el conflicto con las universidades. La disputa abarca el destino de los recursos, la actualización de los salarios y las becas estudiantiles, mientras el sistema universitario prepara una movilización al Congreso el 15 de octubre.
Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA, cuestionó la decisión del Ejecutivo y sostuvo que busca demorar la vigencia de una norma sancionada y luego ratificada por el Congreso.
“El Gobierno tomó una decisión política que es desobedecer lo que el Poder Legislativo hizo”, afirmó en Infobae Al Amanecer.
El dirigente gremial señaló que la Justicia consideró constitucional la ley y objetó el mecanismo mediante el cual se había frenado su aplicación. Según planteó, el Ejecutivo recurre a instancias de apelación para postergar resoluciones dictadas por otros poderes del Estado.
La Justicia ordenó aplicar la ley de financiamiento universitario
Cagnacci afirmó que el fallo judicial estableció que la ley de financiamiento universitario es constitucional y que el Gobierno debe acatarla. “La justicia le dice al Gobierno que la ley es constitucional”, sostuvo.
La posición oficial apunta a que la norma implica gastos que no fueron previstos en el presupuesto y que el Congreso debería indicar la fuente de los fondos. Frente a ese argumento, el secretario general recordó que la Jefatura de Gabinete puede reasignar partidas cuando una ley genera nuevas obligaciones.
“El planteo del Gobierno es aprobar una ley y yo no sé de dónde sacar la plata”, resumió Cagnacci. A su juicio, la resolución judicial rechazó esa interpretación porque la reasignación de recursos integra las facultades del Poder Ejecutivo.
El sindicalista ubicó el debate en el terreno de las prioridades de gestión. “Plata hay. Lo que no está claro son las prioridades que tiene el Gobierno para administrar esa plata”, dijo.
Incumplimiento de la paritaria de junio
Cagnacci también cuestionó la falta de cumplimiento de un acuerdo paritario firmado el 10 de junio entre el Gobierno Nacional, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las federaciones gremiales. El entendimiento contemplaba una recomposición salarial de 24,3% en dos tramos.
Además, incluía un incremento del 20% para gastos de funcionamiento de las universidades y una partida de $50.000 millones para los hospitales universitarios. “El Gobierno nacional firmó ese acuerdo y no lo cumplió”, afirmó.
Según los datos aportados por el dirigente, solo un profesor titular con dedicación exclusiva supera la canasta básica de pobreza. Un jefe de trabajos prácticos con diez años de antigüedad, que representa el ingreso promedio en la Universidad de Buenos Aires (UBA), percibe menos de $500.000 netos.
Cagnacci indicó que un médico residente del Hospital de Clínicas cobra $1.200.000 netos y que el personal administrativo no docente en su categoría inicial recibe cerca de $800.000. También cuestionó el valor de la beca Progresar, fijada en $35.000 antes de descuentos para estudiantes que necesitan apoyo económico.
“La respuesta es fácil, es no”, respondió ante la consulta sobre si ese monto alcanza para sostener a un estudiante universitario.
Marcha al Congreso
En su planteo sobre el presupuesto, Cagnacci comparó los recursos destinados a los hospitales universitarios con otras decisiones fiscales. Señaló que el Congreso aprobó una partida de $80.000 millones para todos esos centros del país, mientras que, según afirmó, una exención impositiva a una empresa implicó dejar de percibir $140.000 millones.
También se refirió a la baja temporal de retenciones al sector agropecuario y sostuvo que el Estado dejó de recaudar entre USD 1.600 millones y USD 1.800 millones en cuatro días. Para el dirigente, esa cifra equivale a un presupuesto anual completo de la UBA.
El secretario general advirtió que el proyecto presupuestario del Gobierno prevé una inversión equivalente al 0,53% del PBI para las universidades. Según dijo, se trata del nivel más bajo desde 2001.
Rectores y rectoras de todo el país tienen previsto sesionar en Plaza de Mayo a las 14.30 y, desde esa actividad, convocarán a una movilización hacia el Congreso Nacional. La marcha en defensa de la educación pública universitaria está prevista para el 15 de octubre a las 13.30 horas.
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