POLITICA
Prometía viviendas sociales, pero benefició a su familia: imputaron por estafas a un exfuncionario de Neuquén
Tras un informe de Telenoche, la Justicia imputó a Jorge Salas por estafa y en seis meses deberá afrontar un juicio oral y público.
Salas lleva más de 25 años como amo y señor de la provincia de Neuquén en la entrega de viviendas. Comenzó como dirigente social y llegó a ser director de Hábitat provincial.
Como presidente de la Cooperativa 127 Hectáreas, ofrecía terrenos y viviendas, pero 340 familias denunciaron que pagaron y nunca accedieron al sueño de la casa propia.
Como reveló el informe de Telenoche, Salas admitió que la mayoría de sus familiares sí lograron acceder a los dúplex que ofrecía y que eran financiados con fondos del Estado.
La Justicia lo imputó por 49 hechos de estafa junto a la secretaria Roxana Huincaman y la tesorera Beatriz Lebrero de la Cooperativa 127 Hectáreas.
Según la fiscalía, los tres acusados usaron la necesidad de vivienda de las familias para armar un sistema de captación de socios. Para vender el proyecto “Meseta”, dieron información falsa sobre la titularidad del terreno y prometieron que el predio ingresaría al ejido urbano de Neuquén, trámite que requería una ley provincial que nunca se aprobó.
A pesar de no tener la propiedad de la tierra, Salas y la secretaria firmaron contratos donde se comprometían a entregar lotes de 200 metros cuadrados en 24 meses, con agua, luz y calles enripiadas. Para acceder a la promesa, les exigían a los vecinos pagar la cuota social y un pago extra por el loteo.
La investigación determinó que la tesorera B.L. cumplió un rol clave en la maniobra: cobraba el dinero en efectivo de los adherentes y lo manejaba bajo las órdenes directas de Salas.
El juez de garantías Luciano Hermosilla tuvo por formulados los cargos de estafa reiterada y le dio a la fiscal Rocío Rivera seis meses de investigación al declarar el proceso como causa compleja. Entonces, Salas y sus dos colaboradores enfrentarán un juicio oral y público.
La investigación de Telenoche
El escándalo estalló cuando Salas se convirtió en 2023 en el director de Hábitat y Urbanismo de la provincia de Neuquén. Unas 340 familias lo denunciaron en la Justicia porque pagaron durante años y nunca recibieron su casa en el barrio La Sirena, en pleno centro de la ciudad de Neuquén. Y el colmo: muchos familiares de Salas sí lograron el sueño del hogar propio. Sus hijas Nerea Salas y Florencia Salas, su hermana Olga Salas, su cuñada Mariela López Koller, su sobrina Ana Laura Méndez y la hermana de su cuñada, Silvana López Koller.
“Silvana es la hermana de mi cuñada. No tiene nada que ver conmigo. Mi hermana tiene 69 años y estuvo más de 20 años esperando su casa, quiero aclarar eso”, le dijo Salas a Telenoche y agregó: “Son familias que hace mucho están inscriptas. No es impedimento. El Presidente tiene a la hermana, que es la jefa de Gabinete (sic), la tiene trabajando. Cuál es el impedimento, digo”.
Según Salas, la Cooperativa 127 hectáreas llegó a tener 11 mil afiliados. “La gente me pregunta si tiene que ser socio de la Cooperativa para tener una casa. Yo les digo: siempre tienen que ser socios de la Cooperativa”, decía Salas en uno de los habituales actos en Neuquén capital.
Desde hace 20 años, creció apañado por todos los gobernadores del Movimiento Popular Neuquino y ahora, de Comunidad, un desprendimiento del partido que gobernó durante 60 años la provincia. También por el poder político local. Salas hacía valer el peso de los 11 mil afiliados en una ciudad que hoy tiene 290 mil habitantes.
“Acá hay un problema. Es el Estado el que no cumplió con las casas. Esto lo tiene que solucionar el Gobierno. Hay más de 900 familias a las que les tenemos que dar una solución. En 2027 debería estar todo resuelto”, se excusa Salas.
Salas, a través de la Cooperativa, ofrecía el anhelo más preciado por los vecinos: la casa propia. Los vecinos tenían que asociarse a la Cooperativa, pagar la cuota todos los meses, abonar montos extraordinarios a la espera de la casa prometida y aguardar como mucho 5 años. Todos los pagos eran en efectivo en la oficina de Cooperativa.
Los desarrollos que Salas ofrecía con actos políticos son los barrios La Sirena I, La Sirena Unificada (II y III) y un loteo en La Meseta (Sirena IV). Las denuncias se amontonan sobre la Sirena Unificada y La Meseta.
En la Sirena Unificada se entregaron algunas casas. Pero, con la denuncia que presentaron los vecinos, la entrega quedó supeditada a la resolución de la Justicia. Los números no cierran: son 200 familias que reclaman y hay 90 casas terminadas.
En La Meseta, la Cooperativa ofreció 400 lotes y 120 familias fueron a la Justicia porque las tierras están por fuera del ejido municipal.
Pese a las denuncias, la Cooperativa que lidera Salas no para: anunció la Sirena V, 4500 viviendas, con “espacios verdes, escuela de Kayak, escuelas, anfiteatro, café-bar, canchas de fútbol y ciclovía”.
Ema Ibáñez Castillo es socia fundadora de la Cooperativa 127 hectáreas. “Al principio parecía algo genuino. Salas era un vecino más, pero, con el tiempo, se convirtió en un intocable. Somos muchos los vecinos que pagamos años y años y las casas nunca aparecieron. Yo me siento perjudicada”, dice.
El papá de Lorena Lepe vivía en la misma cuadra que Salas. “Yo confié porque veía que las casas se hacían. Mi familia lo conocía. Nos pedían plata para paredón, remover el suelo y cordón cuneta. Decían que con eso se iba a agilizar todo. Un día nos citó con otros vecinos. Se hacían actos. Me dijo ‘no alquiles que en 15 días tenés tu duplex’ y acá sigo esperando. Años y años”, cuenta.
Cristina Alonso tiene 76 años y durante 19 años pagó todos los meses la cuota de la Cooperativa. “Nunca me atrasé. Religiosamente pagaba. También vine a esos actos. Me dijo: ‘Vayan midiendo si quieren hacer un portón o reja. Yo salí y me fui a comprar el metro. Ahí lo tengo”, se quiebra “Negrita”, como la conocen en el barrio, y cierra: “Este hombre se ha burlado de nosotros”.
Víctor Guerrero se pierde cuando quiere volver a La Meseta, el loteo donde Salas le aseguró que allí podría construir su casa. A 12 kilómetros del centro de la ciudad de Neuquén, en la estepa, sin acceso ni servicios, la Cooperativa compró 50 hectáreas. “En La Meseta compraron unas 400 familias. Son 120 las que están reclamando en la Justicia”, explica la abogada Agustina Procopo.
“Nos hacían pagar la seguridad del lugar. Mirá lo que es esto. Acá habita la nada”, dice Víctor. “Nos hicieron creer que esto iba a crecer y está por fuera del ejido municipal. Nos robaron los sueños”, señala.
La Meseta, terrenos en medio de la nada
Para Salas, La Meseta está ubicada “en medio de la urbanización”.
-¿Qué hay ahí?
-Urbanización, insistió.
Los vecinos coinciden: “Nosotros íbamos al Instituto de la Vivienda y nos decían que nos teníamos que anotar en la Cooperativa. Es una trampa tremenda. Como estamos inscriptos para esos barrios, no podemos anotarnos en otros planes que, por ahí, sí están avanzando”.
Ezequiel Otárola Douguett representa a las 340 familias que denunciaron a la Cooperativa 127 hectáreas. “El monto total de las demandas asciende a $1300 millones. Los activos embargados a la fecha son $350 millones mediante el bloqueo de cuentas bancarias, hay una medida cautelar sobre 4 camionetas y un embargo preventivo sobre 80 lotes ubicados en los ejidos de Plottier y Centenario, a nombre de la Cooperativa”, detalla.
El primer gran escándalo estalló en 2019. El entonces intendente Horacio Quiroga denunció penalmente a Salas por vender lotes en tierras pertenecientes al Ejército Argentino que no formaban parte del patrimonio de la Cooperativa. Pero el armado y la carrera del dirigente no solo no se detuvieron; Salas fue por más.
En febrero de 2022, Salas dio el salto a la función pública al ser nombrado Director en el Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH). El cargo generó fuertes controversias: estaba de los dos lados del mostrador.
Su techo de influencia llegó en diciembre de 2023. Con la asunción de Rolando Figueroa en la Gobernación, Salas fue designado como Director Provincial de Hábitat y Urbanismo.
Mientras tanto, los problemas en los barrios de la Cooperativa se hacían insostenibles: en una de las entregas de 37 viviendas en las “127 Hectáreas”, las familias se mudaron en condiciones precarias y denunciaron públicamente estar completamente sin servicio de agua potable. Aún hoy no tienen gas.
El esquema colapsó a principios de 2025. Ante un aluvión de denuncias por estafas y la fuerte presión ejercida por el estudio de abogados de Mariano Mansilla, Salas renunció en febrero de ese año para enfrentar el avance judicial.
“Quiero dejar en claro que mi renuncia no fue solicitada por nadie. Juro por mis hijos que el Gobernador jamás me llamó para pedirme que dejara el cargo. La única conversación que tuvimos fue sobre la difícil situación económica del gobierno nacional, que afecta los proyectos provinciales”, señaló entonces Salas públicamente.
Entre mayo de 2025 y los primeros meses de 2026, la justicia penal avanzó con allanamientos en la sede de la cooperativa y en propiedades particulares del exfuncionario.
Un exempleado que, entre sereno y cajero, trabajó durante ocho años en la Cooperativa declaró en la causa penal: “Yo les cobraba a los socios y les hacía el comprobante. Todos los días yo hacía el cierre de caja y me decían: ‘Ahora viene Jorge a buscar el dinero’. Jorge se lo llevaba en una mochila a su casa”. Salas lo niega: “Eso es falso. No tiene cómo comprobarlo”.
El 23 de mayo de 2025, el gobernador Figueroa y el ministro de Economía, Guillermo Koenig, desplazaron por decreto a empleados del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) de Neuquén, amparándose en la facultad del Ejecutivo de reestructurar las áreas bajo “criterios de eficiencia y eficacia”.
ATE había denunciado que dentro del IPVU filtraban a la Cooperativa de Salas información reservada sobre terrenos fiscales clave para facilitar tomas de tierras en la provincia.
En la ciudad de Neuquén, unas 1200 familias vivían a principio de año en terrenos fiscales municipales. Se calcula otro tanto en tierras que pertenecen a la provincia.
Neuquén, estafa
POLITICA
“Se busca ampliar la impunidad”: duras críticas de Poder Ciudadano al Gobierno por la corrupción y la falta de transparencia
En su tradicional cena anual, y con escasa presencia de representantes del oficialismo, Poder Ciudadano apuntó este lunes en duros términos contra el Gobierno al destacar que “la corrupción sigue siendo una enfermedad endémica” y que “en los últimos años no sólo no se ha avanzado en ninguna política específica destinada a incrementar la transparencia, sino que pareciera que buscamos ampliar la impunidad”.
Así lo dijo en su discurso el presidente de la organización, Martín D’Alessandro, quien remarcó que es “imperioso ocuparse en serio de la corrupción de una buena vez”, ya que, puntualizó, “en las encuestas sigue en el tope de las preocupaciones de la ciudadanía y en el Índice de Percepción de la Corrupción que confecciona anualmente Transparencia Internacional para 182 países, Argentina se ubica recién en el puesto 104, con apenas 36 puntos sobre 100″. “Es el peor resultado de los últimos 10 años, consolidando la tendencia declinante de los últimos 6 años”, afirmó el titular de Poder Ciudadano.
En un salón del hotel Sheraton, en Retiro, lo escuchó un variado auditorio en el que se destacó la presencia de dirigentes de la oposición, miembros del Poder Judicial, empresarios y pocos referentes libertarios: estuvieron Luis Petri, Sebastián Pareja y Nicolás Mayoraz, por ejemplo, pero no concurrió ningún miembro del Gabinete nacional ni las máximas autoridades de los bloques legislativos de La Libertad Avanza.
Entre los representantes de la oposición estuvieron, entre otros, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; Martín Lousteau, Emilio Monzó, Maximiliano Ferraro, Ernesto Sanz, Jesús Rodríguez, Carolina Losada, Laura Alonso, Nicolás Massot, Luis Naidenoff, Mario Negri, Gabriel Katopodis, Germán Martínez, Juan Manuel Abal Medina, Diego Bossio, José Octavio Bordón, Karina Banfi, Ricardo Gil Lavedra, Daniel Arroyo y Marcelo Stubrin. Además, hubo empresarios como Martín Rappallini, Jorge Brito, Gustavo Weiss y Cristiano Ratazzi, y economistas como Hernán Lacunza, Carlos Melconian, Alfonso Prat Gay y Marina Dal Poggetto.
Además, concurrió una nutrida representación de jueces y fiscales: Julián Ercolini, Daniel Rafecas, Sebastián Casanello, Diego Luciani, Diego Barroetaveña, Inés Weinberg de Roca, Mariano Borinsky, Daniel Petrone, Sergio Mola Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens, Eduardo Taiano y Alejandra Mángano, entre otros.
En su discurso, D’Alessandro consideró que la corrupción tiene dimensiones morales, colectivas, estatales, republicanas, democráticas y económicas, al tiempo que señaló que afecta la igualdad ante la ley, debilita la confianza en las instituciones, perjudica las políticas públicas y distorsiona la asignación de bienes públicos.
El titular de Poder Ciudadano cuestionó que desde el Gobierno no se hayan implementado políticas específicas para elevar la transparencia y denunció intentos del oficialismo de reducir la cantidad de juzgados con capacidad para investigar hechos de corrupción cometidos por funcionarios. También criticó el proyecto de inocencia fisca”, enviado al Congreso durante este año, porque inicialmente permitía a funcionarios blanquear dinero no declarado sin dar explicaciones.
El proyecto oficial de reforma política fue otro de los puntos objetados por D’Alessandro: sostuvo que la iniciativa contempla liberar los límites a las donaciones privadas para campañas electorales y habilitar campañas paralelas sin controles, en sentido contrario a las prácticas internacionales en la materia.
También cuestionó el incremento del gasto en agencias de inteligencia sin rendición de cuentas y las demoras o versiones contradictorias que, según dijo, buscaron ocultar enriquecimientos sospechosos de funcionarios. Describió esos episodios como una combinación de “arrogancia y tozudez, de tragedia y de comedia”.
Tras mencionar que la Argentina quedó en el último lugar de América Latina en recepción de inversiones extranjeras, de acuerdo con el último relevamiento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el presidente de Poder Ciudadano vinculó ese retroceso con el deterioro institucional y sostuvo que las reglas estables, la Justicia independiente, la transparencia y la integridad reducen la incertidumbre económica.
D’Alessandro mencionó estimaciones según las cuales la corrupción le hace perder al país entre 8% y 10% del PBI cada año. A partir de esa cifra, planteó que combatirla podría tener un efecto económico rentable.
Por otra parte, rechazó la idea de que la corrupción desaparecería solamente con la reducción del Estado. Admitió que las regulaciones excesivas pueden generar oportunidades de corrupción, pero advirtió que una desregulación sin controles también facilita el aprovechamiento de la debilidad estatal.
Como ejemplo, recordó una denuncia presentada por la organización que dirige ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas en diciembre del año anterior luego de descubrir que, tras la eliminación de trámites y controles, ingresaban al país autos de lujo declarados como vehículos de colección, una maniobra que permitía evadir millones de pesos en impuestos.
La denuncia derivó en la detección de un posible delito de contrabando agravado, sanciones a funcionarios, cambios normativos y la elevación del caso a la Justicia Penal Económica. Para D’Alessandro, ese episodio mostró la necesidad de instituciones sólidas y de una sociedad civil que controle las decisiones públicas.
El presidente de Poder Ciudadano aseguró que la democracia no puede depender del crecimiento económico. Recordó que ningún país que sufrió golpes de Estado tuvo ingresos superiores a los de Argentina en 1976, al referirse a la relación entre desarrollo, estabilidad democrática e instituciones.
La participación de organizaciones y ciudadanos debe ser considerada un aporte al control de los gobiernos y no una interferencia, enfatizó D’Alessandro. Sin embargo, denunció que el Gobierno avanza en una dirección opuesta mediante decretos y proyectos legislativos que limitarían la intervención de la sociedad civil.
Entre esas medidas mencionó un decreto que restringió el acceso ciudadano a la información pública y otro que eliminó la participación y la consulta ciudadana en el proceso de designación de jueces. Según expuso, ambas decisiones contradicen la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
También objetó el proyecto de regulación del lobby, que, según describió, busca someter a miles de organizaciones no gubernamentales a un régimen de vigilancia que las obligaría a informar al Estado prácticamente todos sus movimientos. El proyecto de defensa de la soberanía nacional, agregó, pretende limitar la libertad de opinión.
Ambas iniciativas prevén delitos de prisión formulados de manera ambigua, señaló. D’Alessandro consideró que ese tipo de disposiciones acerca al país a modelos como los de Venezuela, Hungría y Nicaragua, en lugar de aproximarlo a Estados Unidos o a Europa.
“Los políticos no se dejan ayudar por los ciudadanos”, resumió el presidente de Poder Ciudadano. A partir de esa premisa, se preguntó cómo podría recuperarse la confianza en la política y en las instituciones si el Estado desconfía de su propia ciudadanía.
Recordó que la fundadora de la organización, Marta Oyhanarte, había definido ese objetivo durante la primera convocatoria pública de Poder Ciudadano, en abril de 1989: “Hemos iniciado un camino que pretende reavivar nuestra conciencia cívica -dijo-. Esto implica un cambio de modalidad en nuestra forma de pensar y de actuar, porque somos copropietarios de esta democracia”.
Oyhanarte agregó entonces: “Intentamos ser promotores de participación para vivir en un país normal, con un sistema de normas claras que sean cumplidas por gobernantes y gobernados”. También sostuvo que el espíritu de la entidad era “la suma de muchos que hacen poquito y no a la inversa”.
D’Alessandro afirmó que esa definición continúa orientando las convicciones y la propuesta de Poder Ciudadano. La organización que preside, según precisó, configuró la corrupción como un problema público y promovió el activismo social como complemento de los controles y las sanciones estatales.
D’Alessandro sostuvo que la organización “no adoptó una posición antipolítica ni alentó escándalos, fanatismo punitivo o la idea de que algunas personas son moralmente inferiores por sus opiniones partidarias”. En cambio, salió en defensa de una visión pluralista basada en la transparencia, los controles, la rendición de cuentas y la calidad institucional.
Cuando los ciudadanos se repliegan en la vida privada, la esfera pública se debilita y aumenta la vulnerabilidad frente al autoritarismo, advirtió. Según D’Alessandro, una sociedad organizada que exige explicaciones fortalece la confianza entre la población y el Estado, reduce las probabilidades de autocratización y mejora las condiciones para el desarrollo.
POLITICA
Malvinas: el Gobierno denunció a una empresa británica por realizar vuelos sin autorización hacia Chile
El Gobierno denunció este lunes las operaciones realizadas por la empresa británica THALES UK LIMITED en la ruta aérea que conecta las Islas Malvinas con Punta Arenas, en Chile, mediante una aeronave con matrícula del Reino Unido y sin autorización de las autoridades argentinas.
El presidente Javier Milei ordenó a los equipos de Gobierno “dar inicio de forma urgente a los procedimientos sancionatorios y las denuncias penales correspondientes, así como también a las gestiones diplomáticas pertinentes”.
“La República Argentina no se quedará de brazos cruzados y continuará defendiendo sus derechos soberanos con firmeza, utilizando todas las herramientas diplomáticas, administrativas y jurídicas que le reconocen el derecho nacional e Internacional. Las Malvinas son argentinas”, cierra el texto.
Explotación de hidrocarburos
En tanto, el Gobierno intimó formalmente al Reino Unido para que, en un plazo de dos semanas, adopte las medidas necesarias para “impedir el inicio o la continuación” de las actividades de explotación de hidrocarburos del proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas.
Milei también instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos a iniciar el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). El objetivo, según el comunicado, es impedir la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, a través del proyecto Sea Lion, y evitar el otorgamiento de nuevos permisos sobre los recursos de la Plataforma Continental Argentina.
Si Londres no cumple con la intimación, el Gobierno anticipó que solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar las medidas provisionales necesarias para preservar sus derechos soberanos sobre la plataforma continental. El comunicado sostiene que la explotación unilateral de esos recursos es “contraria al derecho internacional” y provoca un “perjuicio irreversible e irreparable”.
“LAS MALVINAS SON ARGENTINAS y se defienden con hechos, no palabras”, publicó Milei en sus redes tras compartir el comunicado. En el texto oficial, el Gobierno también manifestó su “rechazo categórico” a la respuesta del Reino Unido frente al discurso del Presidente ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y remarcó: “La pretendida denominación de las Islas Malvinas como “Territorio Británico de Ultramar” y el referéndum unilateral celebrado en 2013 y no reconocido internacionalmente no alteran la existencia ni el objeto de la controversia de soberanía reconocida por las Naciones Unidas».
POLITICA
Lijo amplió el levantamiento del secreto fiscal de Manuel Adorni en la causa por enriquecimiento ilícito
El juez federal Ariel Lijo ordenó ampliar el levantamiento del secreto fiscal de Manuel Adorni para el período comprendido entre el 28 de febrero de 1998 y el 31 de diciembre de 2011, es decir, desde que comenzó su vida activa a los 18 años hasta la fecha a partir de la cual ya fue investigado en la causa que se le sigue por presunto enriquecimiento ilícito.
El fiscal Gerardo Pollicita había solicitado la medida para acceder a sus declaraciones juradas, inscripciones tributarias, actividades declaradas, datos aportados por terceros y eventuales adhesiones a blanqueos, moratorias o regímenes de exteriorización de activos.
La medida también alcanza a su esposa, Bettina Angeletti, bajo el mismo criterio, por el período comprendido entre el 10 de octubre de 2000 y el 31 de diciembre de 2011.
Por otro lado, Lijo autorizó la realización de una diligencia probatoria para constatar la explicación brindada por el imputado en el requerimiento de justificación patrimonial.
La medida consiste en convocar al defensor Matías Ledesma para que se presente en Comodoro Py acompañado por el perito de parte, “muñido del sobre en cuestión y de una computadora portátil propia, en miras de que el especialista de la defensa ingrese a las cuentas a través de billetera de administración -como ser Sparrow o Electrum- y consigne en la función ‘Sign’ o ‘Verify Message’, en cada una de estas direcciones de bitcoin, un mensaje que será proporcionado por esta parte en el mismo acto”.
La resolución de Lijo establece que, una vez realizada esa operación, personal técnico de la Policía Federal Argentina efectuará una verificación criptográfica de las firmas correspondientes a cada una de las ocho direcciones. La diligencia será grabada y las claves privadas deberán quedar bajo acceso exclusivo de la defensa técnica.
El requerimiento fiscal
La Fiscalía Federal N° 11 busca reconstruir los ingresos y bienes del matrimonio desde que sus integrantes alcanzaron la mayoría de edad, luego de que la defensa atribuyera el capital aplicado desde 2014 a ahorros familiares previos y a operaciones con bitcoin.
Con esta medida, el Ministerio Público Fiscal busca verificar la explicación de la defensa sobre ocho direcciones de bitcoin que habrían sido utilizadas entre octubre de 2014 y septiembre de 2018.
Según la presentación de Pollicita, la liquidación de esas tenencias habría generado USD 591.544,61, monto que fue invocado como origen de los USD 565.000 declarados en efectivo en el país bajo el rubro “venta de activos”.
Por su parte, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero deberá informar las fechas, los montos, las entidades intervinientes, el destino declarado y el resultado de las validaciones de cada operación.
La fiscalía requirió a la ANSES la historia laboral completa de los dos integrantes del matrimonio, con sus aportes, remuneraciones declaradas, empleadores, períodos trabajados, altas y bajas previsionales, actividades autónomas o monotributistas y prestaciones registradas.
También pidió a los registros de la propiedad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires información sobre los inmuebles que hubieran tenido a su nombre. El requerimiento incluye las fechas de adquisición y transferencia, los porcentajes de titularidad, los gravámenes y los datos de las escrituras.
La investigación también alcanzará a los vehículos y motovehículos registrados, con detalle de dominios, marcas, modelos, años, altas, bajas y prendas inscriptas. La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios deberá remitir esos antecedentes.
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