POLITICA
Propuesta polémica: el peronismo quiere ampliar la cuestionada Legislatura de la provincia

LA PLATA .-El oficialismo bonaerense evalúa impulsar un proyecto para ampliar el número de diputados y senadores de la Legislatura de provincia de Buenos Aires, que prácticamente no sesionó en el primer semestre y consume un presupuesto anual de 379.000 millones.
La iniciativa formaría parte de la reforma política promovida por el gobernador Axel Kicillof y que incluye la derogación de la ley que prohibió la reelección indefinida de los intendentes.
El sistema bicameral bonaerense está conformado por 92 diputados y 46 senadores. Pero el peronismo apuesta a incorporar otros doce legisladores y elevar a 150 la cantidad de representantes de la Legislatura (100 diputados y 50 senadores), con el argumento de que se requiere actualizar la cantidad de bancas por el crecimiento demográfico en el distrito.
El oficialismo pone sobre la mesa el proyecto de ampliación de la Legislatura, pese a que ambas cámaras se mantuvieron inactivas durante varios meses en lo que va del año. Desde que inició el período legislativo, el Senado apenas tuvo dos sesiones ordinarias y Diputados abrió el recinto en tres oportunidades.
Lejos de exhibir austeridad, el Poder Legislativo de Buenos Aires insume recursos extraordinarios. La Cámara de Diputados tiene para este año un presupuesto de $222.800 millones, según establece la ley 15.560, que permite actualizaciones. El Senado, en tanto, cuenta con $156.204 millones. En promedio, ambas cámaras consumen más de $1000 millones diarios.
En septiembre de 2023, el escándalo del puntero peronista y empleado de la Cámara de Diputados bonaerense Julio “Chocolate” Rigau evidenció la opacidad en el manejo de fondos y contrataciones en la Legislatura. Rigau, acusado de apropiarse los sueldos de empleados “ñoquis” para el financiamiento ilegal de la política, se expone a cinco años y medio de cárcel.
Ahora, el alto costo de la Legislatura bonaerense podría incrementarse en caso de que prospere la intención del peronismo de ampliar el número de representantes. El tema ya se discute en las comisiones de reforma política de ambas cámaras.
En concreto, el peronismo evalúa introducir modificaciones en la legislación electoral (ley 5109), para actualizar el número de bancas y la representación por cada sección electoral.
“No se actualiza hace décadas. Hay una disparidad de representación de la séptima y de la octava respecto de la primera y de la tercera”, afirmó a un legislador que dialoga con frecuencia con Kicillof.
El gobernador bonaerense, quien aspira a competir por la Presidencia en 2027, avalaría la reforma, que supone sumar cuatro distritos de la tercera a la octava sección. En concreto, Berisso, Ensenada, Magdalena y Punta Indio serían integrados a la circunscripción electoral de la octava -solo conformada por La Plata-.
Los artículos 69 y 75 de la Constitución de Buenos Aires establecen la composición inicial de ambas cámaras de la Legislatura y habilitan ajustar el número de representantes en base a cada censo nacional o provincial. Según la carta magna de la provincia, el Senado podría elevar hasta cien la cantidad de bancas y la Cámara de Diputados, hasta cincuenta. Para aprobar los cambios, se requieren los dos tercios de los votos.
El último antecedente de ampliación de la Legislatura es de 1986, durante el mandato del presidente Ricardo Alfonsín y la gestión bonaerense de Alejandro Armendáriz. En ese momento se elevó de 84 a 92 la cantidad de diputados y de 42 a 46 los senadores.
Por impulso de Kicillof, la Legislatura bonaerense ya modificó la ley electoral 5.109 el año pasado, cuando desdobló los comicios locales y suspendió de manera temporal las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.
La enmienda de 2025 -registrada bajo la ley 15.523- modificó los plazos del artículo 61 para adecuarlos a la suspensión de las PASO. Se redujeron los plazos para presentación de listas de candidatos, se modificaron el cronograma de oficialización de listas y se ajustaron los tiempos para la presentación de boletas.
En los últimos meses, la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires propuso una serie de modificaciones de la ley 5.109.
El anteproyecto está destinado a ordenar el cronograma electoral. Amplía los plazos para la presentación de alianzas, listas y boletas con el objetivo de dar previsibilidad a todo el proceso. También incorpora reglas específicas para las campañas electorales, la difusión de encuestas y la publicidad oficial.
En el gobierno de Kicillof afirman que la experiencia de desdoblar las elecciones bonaerenses de las nacionales fue positiva. Pero hasta el momento Kicillof esconde sus cartas. Se resiste a eliminar las PASO a nivel nacional o provincial porque especula que le permitirían ordenar la competencia con Cristina Kirchner, con el Frente Renovador y con los intendentes ajenos a su espacio, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF).
Si la administración de Javier Milei lograra suspender o eliminar las PASO en el Congreso, Kicillof buscaría anticipar los comicios en Buenos Aires para fortalecer con un posible triunfo peronista su candidatura presidencial.
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Un funcionario cercano a Caputo cuestionó a García Cuerva antes de la visita del Papa

El director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Felipe Núñez, criticó este viernes en la red social X al arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, tras sus dichos sobre la situación que atraviesa el país, días antes de la llegada del Papa a la Argentina.
“Como católico estoy cansado de este tipo. Menos política y mas predicar la palabra de Dios, Cuerva”, escribió en redes el titular de la entidad, que dependen del Ministerio de Economía encabezado por Luis Caputo.
El cruce ocurrió luego de que García Cuerva advirtiera que el papa León XIV se encontrará con una nación atravesada por distintas dificultades sociales. “Se va a encontrar con una Argentina herida, una Argentina dividida, con esa famosa grieta”, expresó el monseñor durante una entrevista periodística.
El arzobispo se refirió también a la situación económica: “Se va a encontrar con una Argentina donde duele un porcentaje muy grande de hermanos que la están pasando mal, de hermanos muy pobres desde hace muchos años, una Argentina que está en crisis hace muchos años”
La postura coincide, además, con las críticas que ya dio durante el Tedeum del pasado 25 de mayo ante distintos representantes del gobierno nacional. En aquella ceremonia, el religioso cuestionó la fragmentación social y apuntó contra las posturas individualistas.
“Basta de arengar la división y la polarización porque nadie se salva solo”, manifestó en la Catedral Metropolitana, donde además advirtió: “El ‘sálvese quien pueda’ no es más que expresión de un individualismo cruel que rompe los vínculos de fraternidad”.
Su polémica previa
Tal como contó , Felipe Núñez ya estuvo en el centro de la opinión pública al afrontar cuestionamientos públicos por una serie de préstamos que emitió el Banco Nación.
El integrante del BICE quedó involucrado en ese episodio tras conocerse que se le otorgó un crédito hipotecario por un monto de $ 373.000.000. Esa cifra representó, de acuerdo con la cotización de ese entonces, alrededor de US$315.000 —fue en febrero de 2025—.
En ese entonces, y ante la difusión del caso, Núñez justificó el financiamiento durante un programa en el canal Carajo: “Nosotros no hicimos nada ilegal ni inmoral. Fuimos como cualquier hijo de vecino a sacar un crédito, a la misma tasa y plazo que puede sacar todo el mundo que es apto”.
Por su parte, el directorio de la entidad financiera oficial respaldó las operaciones y afirmó que las auditorías internas confirmaron la transparencia de los trámites. En tanto, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, decidió despedir a Leandro Massaccesi, funcionario de su cartera y quien figuraba en la lista de beneficiarios.
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Massot y Pichetto presentaron una cautelar para frenar la venta ilimitada de tierras a extranjeros

Los diputados nacionales Nicolás Massot y Miguel Ángel Pichetto presentaron una medida cautelar autónoma contra el Estado Nacional para suspender la derogación de la Ley de Tierras Rurales, establecida por el artículo 154 del DNU 70/2023. El escrito también pide una medida interina urgente, antes de que el Gobierno presente su informe, y habilitación de días y horas inhábiles.
La presentación apunta a frenar los efectos de la norma que eliminó los límites a la adquisición de campos por personas extranjeras. Los legisladores sostienen que las operaciones realizadas mientras se tramita el expediente podrían quedar amparadas por derechos adquiridos, incluso si el Congreso rechaza luego el decreto o la Justicia invalida el artículo cuestionado.
Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot promovieron el pedido ante la Justicia en su carácter de ciudadanos y habitantes, no como diputados. Solicitaron una cautelar previa a la presentación de la demanda principal contra el Poder Ejecutivo, que buscará la declaración de invalidez del artículo 154 del DNU.
La medida principal requiere que se suspenda la derogación de la Ley 26.737 hasta que haya una sentencia en el proceso de fondo. En forma subsidiaria, los demandantes propusieron medidas de conservación de información y de advertencia a potenciales compradores.
Entre esas alternativas, pidieron que el Ministerio de Justicia mantenga en funcionamiento el Registro Nacional de Tierras Rurales, preserve su base de datos y remita mensualmente al tribunal información sobre las adquisiciones de dominio o posesión de tierras rurales por extranjeros que lleguen a su conocimiento desde el 29 de septiembre.
También reclamaron la publicación de un aviso en el Boletín Oficial sobre la existencia del expediente y sobre el hecho de que la validez del artículo 154 se encuentra bajo revisión judicial. Según el escrito, esa comunicación impediría que futuros adquirentes aleguen desconocimiento de la controversia.
El pedido llegó después del fallo de la Corte Suprema
La nueva acción se produjo tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 29 de septiembre de 2026 en la causa iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM).
En ese expediente, la Sala III de la Cámara Federal de La Plata había declarado inconstitucional el artículo 154. Sin embargo, la Corte revocó ese fallo y rechazó la demanda al considerar que el CECIM no tenía legitimación para accionar.
El máximo tribunal aclaró que su pronunciamiento se limitaba a esa cuestión procesal y que no implicaba una definición sobre la constitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras Rurales. A partir de esa decisión, la eliminación del régimen volvió a producir efectos plenos desde el 29 de septiembre.
Massot y Pichetto argumentaron que su planteo se diferencia del caso anterior porque invoca la protección colectiva de la tierra rural y los cuerpos de agua como recursos naturales, además del derecho de los ciudadanos a exigir que el régimen sea definido por el Congreso y no mediante un decreto de necesidad y urgencia.
La ley fijaba topes por nacionalidad, superficie y ubicación
La Ley 26.737, sancionada en 2011, establecía un régimen de orden público para la propiedad, posesión y tenencia de tierras rurales. El texto fijaba un máximo de 15 % de titularidad extranjera sobre el total de tierras rurales del país, de cada provincia y de cada municipio o entidad equivalente.
Asimismo, impedía que personas de una misma nacionalidad extranjera concentraran más del 30 % de ese cupo. La norma también limitaba a 1.000 hectáreas en la zona núcleo —o una superficie equivalente según la ubicación— las tierras que podía reunir un mismo titular extranjero.
La ley prohibía, además, que personas extranjeras fueran titulares o poseedoras de inmuebles con cuerpos de agua de envergadura y permanentes, o ribereños de ellos. Para controlar el cumplimiento de esos requisitos, había creado el Registro Nacional de Tierras Rurales y exigía certificados de habilitación.
El artículo 154 del DNU 70/2023, publicado el 21 de diciembre de 2023, derogó por completo esa regulación. El escrito presentado por los diputados cuestiona que se haya eliminado por decreto una ley que regulaba recursos naturales y que, según los actores, no existían circunstancias excepcionales que hicieran imposible el trámite legislativo ordinario.
Los diputados advierten sobre operaciones que podrían quedar firmes
Uno de los ejes de la cautelar es el peligro de que se perfeccionen adquisiciones de tierras bajo el régimen vigente y que una decisión posterior no pueda alcanzarlas. La presentación cita el artículo 24 de la Ley 26.122, que preserva los derechos adquiridos durante la vigencia de un DNU aun cuando ambas cámaras del Congreso lo rechacen.
“Lo que se pierda en el ínterin no podrá recuperarse”, sostienen los legisladores en el escrito. También señalan que las posteriores transferencias a terceros de buena fe podrían dificultar una eventual reversión y que la derogación de la ley quitó una previsión que excluía a estas compras de la protección de los tratados bilaterales de inversión.
El pedido incluye una medida interina, con vigencia hasta que el Estado Nacional presente el informe previsto por la Ley 26.854 o venza el plazo para hacerlo. Los actores plantearon que ese resguardo es necesario porque cada operación concretada durante esos días podría consolidarse como un derecho adquirido.
La Cámara de Diputados tiene una sesión solicitada para el 15 de octubre
La acción fue presentada en paralelo a una solicitud de sesión especial en la Cámara de Diputados de la Nación para el 15 de octubre de 2026. El temario propuesto incluye el tratamiento del DNU 70/2023.
El Senado rechazó el decreto el 14 de marzo de 2024, pero Diputados aún no se pronunció. De acuerdo con la Ley 26.122, el rechazo de una sola cámara no basta para dejar sin vigencia un decreto de necesidad y urgencia.
El escrito también recuerda que el Poder Ejecutivo remitió al Congreso, seis días después de publicar el DNU, un proyecto de Ley de Bases que incluía su ratificación. Esa ratificación no fue aprobada. Para Massot y Pichetto, ese antecedente demuestra que el Congreso estaba en condiciones de debatir la cuestión.
La Justicia deberá resolver primero la medida interina solicitada y requerir al Estado el informe sobre el interés público comprometido. Luego definirá si corresponde suspender los efectos del artículo 154 mientras se desarrolla el proceso principal o si adopta las medidas conservatorias solicitadas.
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Quién es Rocío Gómez, la ladera de los Menem que Karina Milei ungió como referente de la juventud de LLA

Rocío Gómez camina por los pasillos del patio Malvinas de la Casa Rosada acompañada por jóvenes que superan por poco los 20 años, como ella. Algunos se pusieron traje. Ingresa a su despacho y el grupo la escolta. Sucede a menudo.
Nombrada a fines del año pasado coordinadora de Seguimiento de Proyectos Gubernamentales en la subsecretaría que conduce Eduardo “Lule” Menem, esta joven de 23 años oriunda de Lomas de Zamora fue ungida como referente de la juventud y las universidades de La Libertad Avanza (LLA), en el selecto universo de dirigentes que tiene aval político directo de la secretaria general, Karina Milei.
A esa vertiente del Gobierno, Gómez llegó de la mano de Sharif Menem. Ella ya estaba involucrada en la militancia universitaria liberal (en la agrupación Somos Libres) y salía en televisión. Con el Menem más joven del clan oficialista se cruzaba en los pasillos de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Él, en 2024, le escribió para que se sumara a crear la juventud oficial del partido y la pata universitaria que también respondiera a la estructura formal.
“Con Sharif se conocían y charlaban, pero se dio una maduración en 2024. Ella le respondió y le dijo: ‘Estoy para ayudar’”, refieren los que saben. El trabajo junto a los Menem comenzó en noviembre, diciembre, de ese año. En tándem, los jóvenes que respondían a las terminales del estratega Santiago Caputo -con fuerte peso en redes desde antes de que Javier Milei fuera presidente- hacían pie en las universidades con el nacimiento de Universitarios Por La Libertad (ULLA).
Por su parte, Gómez fue encargada por Karina Milei de amalgamar a aquellos veinte y treintañeros que se identificaban con el Presidente pero que estaban desperdigados en el país o reunidos en pequeñas tribus bajo distintos nombres. “Rocío no la conocía a Karina. Primero conoció a Sharif, después a Lule, después a Martín y por último a Karina, que le ordenó organizar la juventud y encontrar cuadros. Cuando eso ya estuvo listo, le encomendó armar en las universidades”, enumera una fuente al tanto.
Así, en 2025 terminó de consolidar la Juventud Nacional de La Libertad Avanza y, este año, Universitarios Por La Libertad. Ambas estructuras responden al partido. “Ahora sí, Karina. Listo, ya estamos”, le habría dicho Gómez a la secretaria general cuando concluyó ambos frentes.
Antítesis en álgidas discusiones públicas de Luca Bonfante, de los dirigentes jóvenes más conocidos de la izquierda, Gómez escaló casilleros en el entorno de Karina Milei. “Con su laburo se ganó la confianza de la hermana del Presidente”, aseguran fuentes al tanto. “Los chicos la respetan. Tiene ideas muy fuertes y cumple un doble rol: de vocera -porque hace medios- y de armadora”, acotan.
A un año y medio para terminar la carrera de Economía, en la diaria de la Casa Rosada Gómez trabaja a la par de Lule Menem, con quien consulta sus pasos, en la subsecretaría que depende de la Secretaría General. Con fluida oratoria y una cuota de pragmatismo que remeda a aquellos que hace rato transitan la política, no reniega de tener un cargo en el Estado pese a integrar un espacio que denosta a los empleados públicos. Un coordinador, según averiguó , cobra en bruto $3.600.000 (unos $2.970.000 en mano).
“No tenemos cuadros técnicos jóvenes. A ella le gustó la idea cuando le dijeron que ingresara a la Casa Rosada. Se la juzgó por su edad, pero es contradictorio porque la izquierda siempre pide que haya mujeres en la toma de decisiones”, refiere una persona cercana, que repite así el argumento que la propia Gómez supo esgrimir luego de que su nombre quedara estampado en el Boletín Oficial, firmado por Karina Milei, el pasado 22 de diciembre.
Según fuentes al tanto, Gómez en su función dialoga con la secretaria general solo “para cosas puntuales”; el resto lo articula con Lule Menem.
Nacida en el conurbano, tiene una abuela kirchnerista que bancó la gestión del exintendente Martín Insaurralde y otra antiperonista. Su papá -que trabaja en Correo Argentino- y sus tíos paternos son todos K. “Intenté convencerlo, pero mi papá no me votó”, se lamentó ante los propios el año pasado, cuando integró la lista violeta por la tercera sección electoral.
No se define anarcocapitalista, sino una liberal clásica. Dicen fuentes al tanto que su primer acercamiento a esa corriente fue durante el debate por la ley de aborto legal. “En aquella discusión, que se dio cuando ella tenía quince años, se sintió identificada con la libertad individual, con que cada uno pueda tomar sus propias decisiones”, afirman quienes la conocen. En 2021, de acuerdo a voces consultadas, ahondó en ese pensamiento al notar los efectos de la inflación en la diaria del negocio que montaron junto a su hermana, en plena gestión de Alberto Fernández.
Su primer referente liberal fue José Luis Espert y en 2023 fiscalizó para Milei con su hermana y su cuñado. “Los amigos escuchaban a Milei y ella dijo ‘es por acá’”, aseguran en su entorno.
Sin embargo, sus díscolos en el frente interno le achacan haber militado junto a Ricardo López Murphy y haber criticado a Milei por esas épocas. La acusan, incluso, de borrar en redes las publicaciones de aquel entonces para no tener problemas ahora. Ella lo niega y suele decir a los propios que usaron esos argumentos para “desprestigiarla” cuando ascendía casilleros en LLA.
Más allá de que los suyos aseguran que Gómez articula el armado juvenil incluso con aquellos cercanos al caputismo, su vida política está ligada a los Menem y dista de las terminales donde orbitan referentes como Daniel Parisini (el Gordo Dan), Agustín Romo, Nahuel Sotelo, Mariano Pérez y su gente.
En la oficina de Gómez suele vérselo a Iñaki Gutiérrez, que le maneja la cuenta de TikTok a Milei, y en los eventos en las provincias también se suma Eugenia Rolón, militante libertaria y novia de Iñaki.
Por estos días, Gómez trabaja con Sharif Menem en un encuentro de la juventud del partido y las universidades junto al Presidente. Hay voces que dicen que Karina Milei pidió que fuera en Rosario. Algunos barajan que se haga en noviembre, pero no está confirmado. “Massa metió mil jóvenes en la Facultad de Derecho. Nosotros tenemos que llegar a unos 6000 o 7000″, la escucharon arengar a la funcionaria.
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