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POLITICA

Qué cambiaría en la Ley de Salud Mental: el proyecto que modifica las internaciones involuntarias y el control judicial

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La reforma, la Ley, el Senado y las internaciones involuntarias volvieron al centro del debate por un proyecto que busca modificar el criterio vigente desde 2010 para permitir intervenciones más tempranas ante crisis graves de salud mental, mantener la participación judicial y redefinir el papel de los psiquiatras y de los hospitales especializados.

La iniciativa, que ingresó a la Cámara alta en abril, es analizada en un plenario de las comisiones de Legislación General y Salud. Según explicó el abogado Juan Roza Alconada en Infobae A las Nueve, ya expusieron más de 70 personas entre profesionales, familiares y funcionarios.

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Roza Alconada participó como expositor en el Congreso y vinculó su intervención con su historia personal: su hermano Rodrigo sufría esquizofrenia. “Quiero que esto cambie”, dijo al referirse a las dificultades que enfrentan familias y profesionales ante episodios graves.

El abogado sostuvo que la discusión no debería plantear una oposición entre tratamiento y libertades individuales. “El tratamiento con los derechos y libertades” debe orientar el debate, afirmó, al defender una actualización de la norma tras 16 años de vigencia.

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Ordenar internaciones involuntarias

Uno de los núcleos de la reforma es el artículo 20 de la ley actual, que exige acreditar un “riesgo cierto e inminente” para disponer una internación sin consentimiento. Roza Alconada cuestionó ese estándar porque, a su juicio, deja poco margen para prevenir daños y genera interpretaciones restrictivas entre jueces y médicos.

“El riesgo es probable o no”, planteó. Para el letrado, la combinación de “riesgo”, “cierto” e “inminente” presenta problemas jurídicos y además expone a los profesionales al temor de futuras demandas por privación ilegítima de la libertad.

La propuesta en debate reemplaza ese parámetro por la evaluación de un daño grave para la propia persona o para terceros. Según explicó, ese cambio permitiría considerar la historia clínica, los antecedentes y la conducta previa del paciente antes de que la situación derive en un episodio irreversible.

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La intervención judicial no desaparecería. El juez recibiría información sobre las razones de la internación y también tomaría conocimiento antes de una externación.

Ese punto responde de manera directa a la discusión central del proyecto: el Senado analiza si la ley debe habilitar herramientas de prevención más amplias que las actuales sin suprimir controles judiciales. Roza Alconada resumió esa lógica con una frase: “Tratemos de no llegar a eso”, al hablar sobre hechos de violencia que, según sostuvo, podrían evitarse con intervenciones tempranas.

El texto en debate propone que la internación involuntaria se evalúe según un daño grave para la persona o para terceros, con antecedentes e historia clínica (Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicacion Senado)

Diagnósticos, firmas médicas y el lugar de los hospitales especializados

Otro cambio propuesto alcanza la terminología de la ley. El texto vigente habla de “padecimiento mental”, mientras que la reforma incorpora “trastorno de salud mental”, una expresión que el abogado vinculó con clasificaciones clínicas utilizadas por la Organización Mundial de la Salud, la Clasificación Internacional de Enfermedades y la American Psychiatric Association.

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A su criterio, “padecimiento mental” es una fórmula demasiado amplia y abierta a interpretaciones subjetivas. “Vos tenés que ser muy preciso”, afirmó al defender que una norma de este tipo debe apoyarse en categorías médicas definidas.

La iniciativa también modifica quiénes pueden firmar una internación involuntaria. Hoy la ley permite que lo hagan dos integrantes de un equipo interdisciplinario, entre ellos psicólogos, enfermeros, terapistas ocupacionales o psiquiatras.

El proyecto exige que al menos un psiquiatra intervenga con su firma. Roza Alconada argumentó que ese profesional tiene formación médica, conocimientos de neurobiología y capacidad para indicar tratamientos farmacológicos.

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Para respaldar esa posición, citó un caso mencionado por Ricardo Corral, jefe del Hospital Borda. Según relató, un paciente llegó con síntomas que abrían dudas diagnósticas y un estudio posterior detectó un tumor cerebral, con lo que se descartó un trastorno mental.

La reforma de la Ley de Salud Mental mantiene la intervención judicial, ya que el juez recibiría información sobre la internación y la externación (Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicacion Senado)

La continuidad de los hospitales monovalentes es otro de los puntos incluidos en el texto. Roza Alconada mencionó al Hospital Borda, al Hospital Moyano y al Hospital Bonaparte como instituciones dedicadas de manera exclusiva a la atención en salud mental.

Según recordó, la reglamentación de 2013 había fijado el cierre de esos establecimientos para 2020. El abogado reconoció deficiencias del sistema, pero rechazó que la respuesta sea eliminar instituciones especializadas.

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También describió problemas que, según dijo, atraviesan familias del interior del país, donde personas con trastornos de salud mental o consumos problemáticos comparten habitaciones en hospitales generales con pacientes de otras patologías.

En ese marco, evocó el recorrido de su hermano por la red pública: pasó 12 horas en el Hospital Rivadavia después de ingresar por guardia y más tarde fue internado en el Hospital Fernández durante otro brote.

El abogado planteó que la discusión sobre recursos debe darse en un plano específico. “Tengamos esta ley y discutamos el presupuesto”, propuso, al sostener que una ampliación de partidas por sí sola no resolvería las limitaciones legales mientras siga vigente el criterio de riesgo cierto e inminente.

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El gobernador de Salta criticó al Gobierno por los pliegos de la licitación del Belgrano Cargas

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CÓRDOBA.- El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, salió fuerte en sus redes sociales a criticar los pliegos de la licitación de la ampliación del Belgrano Cargas ya que los ramales C14 y C15 fueron puestos como “optativos” para los oferentes. La concesión es por 50 años y la inversión ronda los US$1000 millones. Sáenz es uno de los mandatarios provinciales más cercanos a la Casa Rosada.

La salida del salteño con sus críticas se da en medio de semanas decisivas de las negociaciones entre la Casa Rosada y los gobernadores aliados por la reforma electoral que incluye la eliminación de las elecciones primarias (PASO) y el presupuesto 2027. En el Congreso, Sáenz cuenta con tres diputados y un senador que le responden.

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Sáenz es de los mandatarios que mantiene una relación de apoyos y distanciamientos de Nación en función de las respuestas que logra a los temas puntuales que plantea para su provincia.

“No podemos permitir que esos ramales sean opcionales, tienen que ser obligatorios, porque depende de eso el futuro y el progreso de nuestra querida provincia de Salta, y también de todo el norte argentino -planteó el mandatario-. El C14 termina en Chile, el ramal C15 termina en Bolivia. Es la integración que necesitamos para el progreso de nuestra querida provincia”.

En esa línea, Sáenz le hizo un pedido a todos los legisladores nacionales por Salta -tres senadores y siete diputados- y “a todos aquellos que integran el Norte Grande que nos acompañen en este planteo. Estas obras no pueden ser optativas, deben ser obligatorias, y tenemos la obligación, la responsabilidad de hacerlo, despojado de todo interés político y partidario”.

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Recordó que, hace unos días, se reunió con las siete cámaras empresarias que integran la mesa productiva y empresarial de la provincia de Salta: “Juntos, con fuerza, estamos peleando para revertir esta situación. Les comuniqué que vengo hablando esto hace un mes con todos los actores del Gobierno nacional, el Jefe de Gabinete, el ministro de Economía, la Secretaría de Transporte, y todos aquellos que tienen algún tipo de injerencia en esta licitación”.

Señaló que les viene pidiendo que los ramales C 14 y C 15 tan importantes para la provincia de Salta, también sean incluidos como obras obligatorias. “Lamentablemente, aquellos que hicieron los pliegos se olvidaron de esta parte de Argentina y los pusieron como optativos -agregó-. Los salteños no podemos, y el Norte grande no puede seguir esperando por 50 años más, algo que venimos planteando como una necesidad histórica: poder llevar nuestros productos y hacerlos competitivos”.

Repasó que la logística hasta el puerto de Rosario “significa 30% más, y, en algunos casos, hasta el 40% más que en otros lugares del país. Cuesta mucho más caro llevar nuestros productos al puerto de Rosario que de Rosario a Ámsterdam”.

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POLITICA

Gran Bretaña autorizó las perforaciones petroleras en las Islas Malvinas y profundizó la tensión con la Argentina

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Luego de la presentación de la Argentina en un Tribunal internacional para frenar el proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas, se conoció la decisión del secretario de Asuntos Exteriores de Reino Unido, Ed Miliband, de habilitar las perforaciones petroleras en el archipiélago, en medio de las disputas por la soberanía.

La confirmación fue difundida por la empresa israelí Nativas, a cargo del proyecto petrolero junto a la sociedad británica Rockhopper. Las compañías prevén iniciar las perforaciones a principios de 2027.

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Desde el gobierno británico tienen previsto comunicarles a los parlamentarios la decisión de Miliband de darle luz verde al proyecto Sea Lion, adelantó Daily Mail, lo que profundizará la tensión con el gobierno de Javier Milei.

El vocero de energía del opositor Partido Conservador, Andrew Bowie, habló de una “absoluta hipocresía” de Miliband, que consideró que “no tiene límites”: “Sí, es una decisión muy positiva, pero plantea la pregunta: ¿por qué el Partido Laborista considera aceptable la extracción de petróleo y gas frente a las Islas Malvinas, pero no en nuestro Mar del Norte?”.

Noticia que está siendo actualizada.-

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El Gobierno presentó un reclamo para frenar la explotación de hidrocarburos en Malvinas ante el Tribunal del Mar

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El Gobierno solicitó este martes medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para frenar los trabajos de explotación de hidrocarburos que realiza el Reino Unido en la Cuenca Malvinas Norte. La medida fue anunciada por la Oficina del Presidente y sostiene que lo que se busca es proteger los recursos naturales e impedir que las acciones británicas agraven la disputa sobre las islas.

La presentación judicial se apoya en el Artículo 290, inciso 5, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, un recurso que permite solicitar la preservación de derechos o la prevención de daños mientras se constituye el tribunal arbitral definitivo. La iniciativa se suma al proceso arbitral impulsado por el Gobierno el 28 de septiembre de este año.

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“La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas”, concluye el comunicado, junto a la firma del presidente Javier Milei.

Tal como informó , el reclamo fue llevado adelante por el director de la consejería legal internacional, Mario Oyarzábal, luego de vencer el plazo de dos semanas que la diplomacia le fijó al Reino Unido para frenar el proyecto Sea Lion, operado por las empresas Rockhopper y Navitas.

Ante la advertencia oficial, la subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar británica, Uma Kumaran, rechazó la intimación y sostuvo que su país defenderá los derechos de “autonomía” de los habitantes de las islas.

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Cancillería promulgó el pedido tras haberse cumplido el plazo establecidoChip Somodevilla/Getty/AFP – GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Frente a esta escalada, diplomáticos consultados por calificaron la decisión como “arriesgada” al señalar que “ir a un tribunal internacional puede ser muy tramposo” y recordar que gestiones anteriores evitaron esta vía por temor a un fallo adverso.

En tanto, desde Cancillería remarcaron que se busca la intervención de árbitros independientes sin discutir la cuestión de fondo de la soberanía. “Si Londres sostiene que sus actividades se ajustan al derecho internacional, tendrá la oportunidad de demostrarlo”, afirmó el canciller Pablo Quirno.

Además, a través de su cuenta de X, el funcionario reiteró la invitación al Reino Unido a “retomar la mesa de negociación bilateral para encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía”

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Qué es el Tratado del Mar

El fuero internacional en el que se radicó la demanda fue establecido a partir de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, un tratado de 1982 que fija el marco jurídico para la administración de los océanos, el uso pacífico del mar y la gestión de sus recursos naturales.

La aplicación integral de este régimen cuenta con el auxilio de organismos especializados como la Organización Marítima Internacional y la División de Asuntos Oceánicos de la ONU.

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Asimismo, la normativa del derecho del mar sumó en 2023 el acuerdo BBNJ sobre “conservación y uso sostenible de la diversidad biológica marina”. Este instrumento regula el reparto equitativo de los recursos genéticos marinos, la creación de áreas protegidas y la realización de evaluaciones de impacto ambiental.




fue anunciada por la Oficina del Presidente,Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar,pic.twitter.com/QbuvSkbTka,October 13, 2026,como informó LA NACION,fuero internacional en el que se radicó,Javier Milei,Malvinas Argentinas,Reino Unido,Conforme a

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