Mientras todavía se debate la necesidad de una alianza a nivel nacional con La Libertad Avanza, el PRO no descuida el armado bonaerense. Está claro que la provincia de Buenos Aires será clave en un eventual acuerdo político y electoral con el gobierno de Javier Milei y en el partido fundado por Mauricio Macri no quieren perder terreno.

El encargado de ordenar a la tropa es el mismo que tiene participación activa en la mesa política con Nación: el presidente del PRO bonaerense, Cristian Ritondo. Esa misma condición le da cierta libertad de acción en la provincia, pero también el compromiso de informar las novedades nacionales en el territorio.

Este sábado habrá una nueva reunión de referentes del partido que preside Macri a nivel nacional en Junín. Será una agenda cargada que tendrá primero, entre las 10 y las 13.30, un encuentro con jóvenes, encabezado por Ritondo, que estará acompañado por Florencia de Sensi, Javier Sánchez Wrba, Pablo Petrecca, Soledad Martínez y María Sotolano.

Luego, desde las 13.30 a las 15.30 se llevará a cabo el encuentro de la Cuarta sección electoral, donde asistirán referentes de todos los distritos que la componen. La reunión forma parte de una idea del partido de fortalecer y potenciar la construcción de candidatos y reforzar la identidad del PRO en toda la provincia.

Karina Milei se trasladó este miércoles a la provincia de Corrientes para encabezar una recorrida por el Comando Operativo de Emergencias (COE) provincial, donde recibió un informe de situación sobre la crisis hídrica que afecta al litoral argentino. La secretaria general de la Presidencia llegó junto al jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli. El gobierno nacional ha adoptado medidas y puso en marcha un operativo especial ante la emergencia provocada por El Niño que, solo en territorio correntino, ya suma 2.005 personas afectadas.

La comitiva que acompañó a Karina Milei desde Buenos Aires incluyó al secretario de Seguridad Nacional, Martín Ferlauto; al secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y al diputado nacional por Corrientes Lisandro Almirón. También formaron parte del grupo el director ejecutivo de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), Santiago Hardie, y el subdirector ejecutivo del organismo, Ignacio Cabello, además de autoridades de Vialidad Nacional, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y el Ejército Argentino.

A su llegada al aeropuerto de la Ciudad de Corrientes, la delegación nacional fue recibida por el gobernador de la provincia, Juan Pablo Valdés. La reunión en el COE tuvo como eje central la presentación de un relevamiento elaborado por la AFE que abarca 26 localidades distribuidas en cuatro provincias del norte y centro del país, con un total de 4.614 personas afectadas por la crecida de los ríos de la región.

Del total de afectados relevados, Chaco concentra la mayor cantidad, con 2.242 personas, seguida por Corrientes, con 2.005; Santa Fe, con 227; y Entre Ríos, con 140. El informe distingue entre evacuados —quienes debieron abandonar sus hogares con asistencia estatal— y autoevacuados —lo hicieron por decisión propia—. En el caso correntino, 468 personas se encuentran en condición de evacuadas y 1.537 optaron por autoevacuarse.

Dentro del territorio correntino, el relevamiento identifica cuatro localidades con mayor concentración de afectados. Corrientes Capital encabeza la lista con 687 personas, seguida por Itatí, con 518; Paso de la Patria, con 228; e Isla Apipé, con 211. El impacto se extendió a lo largo de la costa del río Paraná y sus zonas aledañas.

Según los datos incluidos en el informe de situación presentado en el COE, el río Paraná registró en Corrientes Capital un nivel de 6,87 metros, por encima de la marca de alerta, aunque aún por debajo del umbral que activa los protocolos de evacuación. Las proyecciones elaboradas al 11 de noviembre indicaban oscilaciones con una tendencia de leve descenso para los siguientes siete días, aunque los niveles se mantendrían elevados durante ese período.

El gobierno nacional puso en marcha un operativo especial para hacer frente al fenómeno climático. La coordinación incluye esfuerzos federales, provinciales y locales e incluso el despliegue de material y personal de las Fuerzas Armadas.

Corrientes en foco

La provincia del litoral se transformará, durante noviembre, en el centro de atención de la vida política de La Libertad Avanza. A la llegada de Karina Milei y Santilli este jueves, se sumarán un encuentro de jóvenes y la visita de Javier Milei.

El sábado, los libertarios correntinos tendrán el Congreso de la Juventud. Se realizará en el salón de un hotel de la costanera correntina.

El diputado nacional Lisandro Almirón es el organizador. Iñaki Gutiérrez y Rocío Gómez han comprometido su asistencia. Ambos influencers son los armadores de la juventud de LLA. Sharif Menem también está abocado a esa tarea.

El Presidente cerrará un mes intenso para los libertarios correntinos. Javier Milei tendrá a su cargo la clausura del Congreso de Economía Regional. El evento lo organiza el Club de la Libertad. La entidad es una de las primeras usinas de pensamiento libertario que abrió sus puertas al actual mandatario nacional hace más de una década.

El Gobierno espera con cautela la resolución del Tribunal Internacional del Derecho del Mar sobre el pedido argentino para frenar la explotación petrolera en Malvinas y prepara distintas acciones jurídicas y diplomáticas según el resultado. En la Casa Rosada reconocen que una de las alternativas es que los jueces consideren que el futuro tribunal arbitral no tiene jurisdicción para intervenir en la controversia, pero aseguran que también contemplan decisiones favorables o parcialmente favorables. El pronunciamiento está previsto para el sábado 28 de noviembre, después de las audiencias que se realizaron esta semana en Hamburgo, Alemania.

En el Ejecutivo consideran que la fecha anunciada por el tribunal obliga a preparar respuestas para todos los escenarios. Las autoridades que participan de la estrategia descartan que la decisión sobre las medidas provisionales se postergue hasta 2027 y sostienen que el organismo deberá pronunciarse sobre la solicitud argentina. En Nación evitan anticipar un resultado y remarcan que el equipo jurídico ya trabaja sobre las alternativas que podrían abrirse después del fallo. La prioridad es preservar las posibilidades de actuación internacional sin presentar una eventual decisión adversa como el final del reclamo.

La evaluación oficial combina confianza en la presentación argentina con una advertencia sobre las expectativas. En el Gobierno destacan el trabajo de los especialistas internacionales que intervinieron en las audiencias, pero reconocen que no garantiza una resolución favorable. La delegación estuvo encabezada por representantes de la Cancillería y la Secretaría Legal y Técnica, con la participación de juristas especializados en derecho internacional. En Balcarce 50 consideran que la Argentina hizo las presentaciones que correspondían y que ahora la decisión depende exclusivamente de los magistrados.

El punto central es que el Tribunal del Mar no tiene que resolver quién ejerce la soberanía sobre las Islas Malvinas. La Argentina inició un arbitraje contra el Reino Unido bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y recurrió a Hamburgo para solicitar protección urgente mientras se constituye el tribunal encargado de examinar esa controversia. La presentación no pide que se decida la titularidad territorial del archipiélago, sino que se preserven los derechos invocados sobre la plataforma continental y sus recursos frente al avance de actividades unilaterales.

El artículo 290, inciso 5, de la CONVEMAR establece que el Tribunal del Mar puede ordenar medidas provisionales antes de que se constituya el órgano arbitral si considera, de manera preliminar, que ese futuro tribunal tendría jurisdicción y que existe una situación de urgencia. La evaluación también comprende la plausibilidad de los derechos que se pretende proteger y el riesgo de perjuicio irreparable. Se trata de una instancia procesal diferente del arbitraje de fondo, que puede continuar durante un período considerablemente más extenso.

En la Casa Rosada contemplan tres escenarios principales: que se concedan las medidas solicitadas, que se ordenen protecciones parciales o que se rechace el planteo argentino. Una decisión favorable podría imponer al Reino Unido obligaciones destinadas a impedir nuevas perforaciones o instalaciones vinculadas con Sea Lion. Una resolución parcial también podría establecer restricciones, requerimientos ambientales u otras obligaciones distintas de las solicitadas. El rechazo, en cambio, exigiría estudiar sus fundamentos antes de definir una nueva presentación. En el Ejecutivo evitan asignar probabilidades públicas a cualquiera de esas alternativas.

La cuestión más sensible es la jurisdicción. El Reino Unido sostiene que la controversia no puede examinarse sin resolver previamente la soberanía territorial, una materia que considera ajena a los mecanismos de la Convención. La Argentina rechaza esa interpretación y afirma que el tribunal puede proteger derechos sobre recursos naturales sin pronunciarse sobre quién ejerce soberanía sobre las islas. Una eventual decisión adversa sobre la jurisdicción preliminar tendría un alcance diferente de un rechazo basado solamente en la falta de urgencia, porque anticiparía objeciones que podrían reaparecer durante el arbitraje.