POLITICA
¿Qué pasa si EEUU cambia su histórica posición sobre las Islas Malvinas? La opinión de los analistas y la expectativa del Gobierno

Una frase, breve, pronunciada el lunes por Donald Trump en el Salón Oval puso en movimiento la maquinaria diplomática argentina sobre la cuestión de las Islas Malvinas. “Siempre reviso cada posición. Es solo una de muchas”, sostuvo el presidente de Estados Unidos cuando fue consultado sobre si su gobierno reconsideraría su postura histórica sobre la soberanía del archipiélago. En Buenos Aires, el impacto fue inmediato. El gobierno anunció una cadena nacional de Javier Milei sobre el tema y analistas consultados por Infobae dividen su opinión entre quienes ven una oportunidad histórica y quienes advierten que no hay nada concreto detrás de este movimiento.
Para el mandatario, la declaración de Trump es “algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos”. Así lo afirmó en la radio El Observador este martes. El tema dominó la reunión de Gabinete, donde el canciller Pablo Quirno expuso los avances de la Cancillería en materia de soberanía sobre las islas.
Tras las palabras de Trump, y entrevistado en Infobae en Vivo, el funcionario eligió un tono medido: “Las Malvinas están en el centro del corazón de cada argentino. Es una obligación y una responsabilidad para nosotros mantener vivo el reclamo sobre la soberanía”, señaló, pero al mismo tiempo fue cuidadoso al delimitar los alcances del movimiento del líder republicano: “Sobre lo que no tenemos control, no operamos”, señaló, y agregó: “Tenemos que hacer los deberes para aumentar nuestras chances de que el reclamo legítimo que tiene Argentina sobre la soberanía sea escuchado”.
Diplomáticos de la Cancillería argentina, consultados por Infobae, trazaron una distinción entre el plano discursivo y el plano práctico de que efectivamente haya un movimiento por parte de EEUU. “Lo que cambia en lo discursivo y en lo declarativo de manera pública es muy fuerte, porque inclina definitivamente la balanza sobre el tema”, señalaron. “Un eventual voto abierto a favor de Argentina en la ONU -graficaron- sería muy fuerte; es más simbólico que político, aunque a efectos prácticos, en lo concreto no cambia en nada”.
No es la primera vez que Trump utiliza la carta “Malvinas” en el tablero geopolítico. Ya hubo un episodio similar en abril, cuando se filtró un correo electrónico interno del Pentágono que contemplaba revisar el apoyo estadounidense al Reino Unido como represalia por la negativa de Londres a acompañar a Washington en operaciones militares contra Irán. En aquella ocasión, el secretario de Estado Marco Rubio y el embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas, ratificaron la posición de neutralidad. El propio Rubio descalificó el correo filtrado definiéndolo como “solo un email”.
En las antípodas de esa cautela oficial, el asesor presidencial Santiago Caputo publicó en sus redes sociales otra visión: “Inglaterra es el pasado. Argentina es el futuro. Es saludable que los Estados Unidos revisen su postura sobre Malvinas. Sería extraño que no lo hicieran. No se puede esperar menos de un aliado estratégico”.
La reacción británica no se hizo esperar. John Healey, ministro de Hacienda del Reino Unido y primer funcionario en tomar la palabra, fue taxativo en declaraciones a The Times: “Las islas Malvinas son británicas y seguirán siendo británicas mientras las islas Malvinas así lo deseen”. El funcionario aclaró además que no recibió “ninguna sugerencia” de funcionarios estadounidenses al respecto. El portavoz oficial del primer ministro, Andy Burnham, sostuvo que la posición de su gobierno “no ha cambiado” y que el compromiso de Londres con los isleños es “inquebrantable”.
¿Una maniobra de presión a Londres o gesto político a un aliado?
Lejos del entusiasmo del Gobierno, varios analistas consultados por Infobae coincidieron en que la declaración de Trump debe leerse en clave de política interna británica y de las tensiones con la OTAN, no como un giro genuino sobre la soberanía del archipiélago.
El politólogo Claudio Fantini planteó que hay que leer las palabras de Trump “como una advertencia, no como un anuncio”. Según su análisis, la verdadera motivación no es el debate sobre el gasto en defensa de la OTAN sino la indignación de Trump con Londres por haberle negado el uso de bases militares estadounidenses en territorio británico para operaciones vinculadas a la guerra contra Irán. “No es algo que sale de una convicción de lo que considera lo justo y lo adecuado respecto al tema de Malvinas, sino que tiene que ver con un castigo que Trump quiere hacerle a los gobiernos británicos”, afirmó Fantini, quien añadió que el componente ideológico también cuenta: se trata, en ambos casos, de gobiernos del Partido Laborista.

Para graficar la inconsistencia del mandatario, el analista político trazó una analogía con Corea del Sur. “Cuando Seúl también rechazó colaborar en el conflicto con Irán, Trump pasó a elogiar a Kim Jong-un y amenazó con reducir los ejercicios militares conjuntos, claves para mantener el equilibrio en la península coreana”, recordó. Y amplió: “Un tipo que a la mañana dice una cosa y en la tarde dice otra. Un día escribe con la mano lo que al otro día borra con el codo sin hacerse mucho problema”.
Sin embargo, Fantini fue enfático sobre qué debería hacer el gobierno argentino: “Argentina tiene que salir a subrayar esta frase y no dejarla pasar”, afirmó, y señaló que si el cambio llegara a consolidarse como política de Estado, más allá de quién gobierne en EEUU, sería “una gran noticia” para Buenos Aires.
Gabriel Puricelli, coordinador del Programa de Política Internacional del Laboratorio de Políticas Públicas, fue más directo sobre el rol de Argentina en este tablero. Para el analista político, Malvinas es el pretexto más a mano que tiene Trump para presionar al gobierno laborista de Burnham y forzarlo a elevar el gasto en defensa al 3% del PBI. El timing, aseguró, no es casual: “Coincide con los trascendidos de que el propio Healey planeaba abandonar ese compromiso para 2030, con un anuncio presupuestario previsto para el 28 de octubre”.
La motivación de fondo, según Puricelli, va más allá de la OTAN: “Hacer ganar a la extrema derecha en todos los países en los que pueda es la meta primordial de Trump.” Forzar a Burnham a recortar salud, educación y bienes públicos para financiar el gasto militar, indicó a este medio, “alimentaría el malestar del que se nutren el demagogo Nigel Farage y el partido Reform”. “Los intereses de Argentina no entran en absoluto en consideración (de Trump) en su posible revisión de la postura sobre el estatuto legal de las islas del Atlántico Sur”, concluyó.
El politólogo Andrés Malamud, investigador del Instituto de Ciencias Sociales de Lisboa, resumió su pronóstico en una línea: “Va a pasar lo mismo que con Groenlandia, nada”. La referencia no es arbitraria: a comienzos de 2025, Trump anunció con insistencia que Estados Unidos adquiriría Groenlandia -territorio autónomo bajo soberanía danesa- por razones de seguridad nacional, llegó a hablar de una “necesidad absoluta” y no descartó el uso de la fuerza. Dinamarca rechazó cualquier negociación, la comunidad internacional reaccionó con alarma y Washington no avanzó más allá de la retórica.
Más matizado en su análisis, el exembajador Diego Guelar, con pasado en las embajadas de Estados Unidos, Brasil y China, consideró que un eventual giro de Washington sería positivo para Buenos Aires, pero advirtió que las palabras de Trump están lejos de constituir una decisión de Estado. “Un cambio de posición estratégica de este tipo requeriría consulta del Congreso. Debe haber una decisión de otro tipo. No alcanza con su opinión”, explicó. Y fue más específico: “Si llegara a ocurrir, cosa que dudo, Milei se lo atribuiría como un logro de su administración, y tendría razón. Sin lugar debilita la posición británica”.
En los organismos multilaterales, la posición de Estados Unidos sobre Malvinas siempre fue más compleja que la neutralidad que declara en público. En junio de 2026, el Comité de Descolonización de la ONU aprobó por consenso una resolución que exige al Reino Unido negociar con Argentina la soberanía del archipiélago -la misma que Londres sistemáticamente ignora desde 1965-. Desde entonces, no hubo más novedades.
El debate se da, además, en un contexto de creciente presión económica sobre el archipiélago. En diciembre de 2025, la israelí Navitas Petroleum —con el 65% del proyecto— y la británica Rockhopper Exploration tomaron la decisión final de inversión para desarrollar el campo petrolero Sea Lion, ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las islas. La Fase 1 del proyecto, con una inversión de 1.800 millones de dólares, apunta a producir 50.000 barriles diarios con primer petróleo previsto para 2028.
Es precisamente esa explotación la que el Gobierno, a través de la Cancillería, calificó de “unilateral” por parte de los británicos, algo “incompatible con lo dispuesto por la Resolución 31/49 de la Asamblea General, que insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación mientras las Islas se encuentran sujetas al proceso de negociación”.
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POLITICA
Los metrodelegados volverán a liberar los molinetes en la línea A y advierten que las medidas podrían afectar el servicio

Los metrodelegados volverán a liberar los molinetes del subte este miércoles desde las 8 en la estación San Pedrito de la línea A y amenazaron con nuevas medidas que podrían afectar el servicio en los próximos días. La protesta se realizará en reclamo por descuentos salariales de la concesionaria Emova, en medio de un conflicto que el 20 de octubre terminó con dirigentes gremiales detenidos y un paro en las seis líneas y el Premetro.
Según denunció el gremio, las quitas son ilegales e injustificadas y se mantienen pese a la existencia de fallos judiciales que ordenan ponerles fin.
“No descartamos incrementar las medidas con acciones que puedan afectar el servicio en los próximos días si la empresa no cumple con el compromiso adquirido y deposita los salarios descontados de manera ilegítima”, advirtieron los metrodelegados en un comunicado, en el que condicionaron la continuidad de las protestas a que la compañía reintegre el dinero reclamado.
El sindicato también rechazó las acusaciones de la concesionaria sobre incumplimientos de las jornadas laborales.
“El salario tiene carácter alimentario y la concesionaria no tiene potestad, ni fundamento para intentar sancionar a los trabajadores con la privación del mismo mediante la sustracción fraudulenta de haberes”, denunció el gremio.
La última liberación de molinetes terminó con detenidos y un paro
El 20 de octubre, una protesta similar en la estación Juan Manuel de Rosas de la línea B terminó con la detención de dirigentes gremiales y una paralización total del servicio que se extendió durante seis horas y afectó a las seis líneas y el Premetro.
El conflicto comenzó cuando un trabajador abrió una puerta de emergencia para permitir que los pasajeros ingresaran sin pagar boleto. Tras una denuncia, la Justicia ordenó interrumpir la medida y dispuso su detención por desobediencia. Durante el procedimiento también intervinieron otros dirigentes gremiales, que fueron alcanzados por las órdenes judiciales.
Las detenciones provocaron una respuesta inmediata del sindicato, que decidió paralizar el servicio. “La medida de fuerza nace cuando nos detienen”, sostuvo entonces el metrodelegado Facundo Heredia en diálogo con TN.
El Gobierno porteño respaldó el operativo policial y cuestionó la protesta. “Pocas personas tuvieron de rehén a 500.000 personas”, afirmó el ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, quien calificó la medida de intempestiva e injustificada.
Jorge Macri también defendió las detenciones y advirtió que no aceptaría “extorsiones mafiosas”. “El que bloquea un servicio esencial va preso”, sostuvo el jefe de Gobierno porteño.
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POLITICA
Javier Milei y sus medidas, en vivo: el Presidente viaja a España y guarda silencio tras la elección intermedia en EE.UU.

El Gobierno retirará del proyecto de Ley de Competitividad Financiera el artículo que proponía gravar con Ganancias los resultados de la compraventa de cedears, los certificados que permiten invertir desde el país en acciones de empresas extranjeras. Así lo confirmaron fuentes del Ministerio de Economía ante la consulta de : “Quedó de un borrador viejo. ¡Ya se está corrigiendo!”
La decisión se conoció tras las críticas en redes sociales que generó la medida incluida en la reforma del mercado de capitales enviada este lunes por el Poder Ejecutivo al Congreso. “Alan querido, quedó de un borrador viejo. Se va a retirar!”, escribió en X Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía, Luis Caputo, en respuesta a una publicación del usuario Alan Riedmaier que cuestionaba la propuesta impositiva.
POLITICA
Tras la polémica por los CEDEARs, el Gobierno retirará por completo el proyecto de Ley de Competitividad Financiera

Luego de que se desatara una polémica por el artículo que proponía gravar con Ganancias las inversiones realizadas a través de CEDEARs, el Gobierno nacional resolvió retirar por completo el proyecto de Ley de Competitividad Financiera. De esta manera, quedará trunco el tratamiento de la iniciativa en Diputados.
Tanto desde Casa Rosada como desde el bloque de diputados libertario confirmaron a Infobae que la totalidad del proyecto será retirada. Así, cada uno de los articulados volverá a ser revisado antes de que sea tratado por ambas cámaras.
Horas antes, se había confirmado que solo iba a ser eliminado el artículo que contenía la propuesta de modificar el tratamiento tributario de los certificados de depósito argentinos, conocidos como CEDEARs. Se trata de los instrumentos que se negocian en el mercado local, pero representan acciones, bonos y otros activos que cotizan fuera del país.
La decisión había sido confirmada por Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro de Economía, Luis Caputo. “Quedó de un borrador viejo. Se va a retirar”, escribió el funcionario en su cuenta de X sobre el traspié.

El objetivo del apartado era que las operaciones con esos certificados tuvieran el mismo régimen impositivo que la compra directa del activo extranjero al que representan. De esa forma, las ganancias obtenidas con inversiones en compañías o instrumentos del exterior habrían quedado alcanzadas por el Impuesto a las Ganancias.
Según explicó el tributarista Sebastián Domínguez a este medio, la alícuota que podría haberse aplicado era de 15%. La medida contemplaba los certificados adquiridos desde el 31 de octubre de 2026, siempre que el Congreso aprobara el proyecto.
El capítulo que generó controversia proponía reemplazar un inciso del artículo 26 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Bajo el criterio de “transparencia fiscal”, el tratamiento tributario habría dependido del activo subyacente y no del vehículo elegido para realizar la inversión.
En la práctica, una persona que invirtiera desde la Argentina en una empresa extranjera mediante un CEDEAR habría recibido el mismo trato fiscal que quien adquiriera esa acción de manera directa en el exterior.
Qué cambios buscaba impulsar el proyecto
El proyecto de Ley de Competitividad Financiera, que había sido enviado este lunes a la Cámara de Diputados, reunía 240 artículos que buscaban introducir cambios en el mercado de capitales, los mecanismos de crédito, el sistema de garantías y determinadas disposiciones tributarias. La iniciativa retomaba medidas anunciadas por el presidente Javier Milei en julio y apuntaba a flexibilizar regulaciones de distintas actividades del sector financiero.

Entre sus ejes figuraba la incorporación de tecnologías de registros distribuidos, como blockchain, para la emisión, guarda, transferencia y negociación de valores negociables. Además, el texto preveía que esos instrumentos pudieran operar fuera de los sistemas tradicionales de depósito centralizado, con exigencias de seguridad, trazabilidad, identificación del emisor y supervisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Por otro lado, la propuesta contemplaba la creación de los “Otros Ámbitos de Negociación Autorizados”, una categoría que pretendía incluir plataformas digitales, aplicaciones y sistemas administrados por Proveedores de Servicios de Activos Virtuales habilitados. Así, las transacciones efectuadas en esos espacios iban a tener la misma validez jurídica que las realizadas en mercados autorizados.
La reforma también delimitaba las atribuciones del Banco Central y de la CNV. La autoridad monetaria conservaría el control sobre pagos, liquidaciones y compensaciones que involucren pesos o moneda extranjera, mientras que el organismo regulador del mercado quedaría a cargo de la emisión, el registro y la negociación de valores negociables tokenizados.

Por otra parte, el Ejecutivo proponía ampliar el universo de activos que pueden respaldar un crédito. La lista incluía activos virtuales, derechos de propiedad intelectual, acciones, participaciones societarias, créditos contractuales, existencias, ingresos futuros y fondos depositados en cuentas bancarias o de proveedores de servicios de pago. Asimismo, para concentrar los datos de esas garantías, se proponía la creación de un Sistema Federal de Registro de Garantías.
También estaban en marcha modificaciones para pagarés, cheques, tarjetas, warrants, fideicomisos, fondos comunes de inversión y facturas de crédito electrónicas destinadas a pequeñas y medianas empresas. En este sentido, el proyecto buscaba habilitar cláusulas de actualización e indexación en pagarés, admitir títulos electrónicos para los cobros con tarjeta y permitir que los fondos comunes inviertan en activos virtuales, bajo las condiciones que establezca la CNV.
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