El juicio oral por los Cuadernos de las Coimas, que tiene entre los acusados a Cristina Kirchner, varios exfuncionarios y medio centenar de empresarios por su presunta participación en un esquema de sobornos, continúa con las declaraciones de profesionales que intervinieron en la causa para cruzar información.

Un exdirectivo de la Oficina Anticorrupción (OA) que se desempeñó allí durante el macrismo, Ignacio Martín Irigaray, señaló hoy ante el Tribunal Oral coincidencias temporales entre los desembolsos por obra pública que recibía la empresa BTU, de Carlos Mundín, y reuniones de sus directivos con funcionarios, en las que, según la acusación, se habrían pagado las coimas.

El 11 de agosto de 2010, por ejemplo, la empresa recibió $37 millones en una cuenta del Banco Galicia. Dos días después, Roberto Baratta, mano derecha de Julio De Vido; Santiago De Vido, hijo del entonces ministro, y Mundín mantuvieron un encuentro en el restaurante Croque Madame, sobre la avenida del Libertador.

“Nadie paga un soborno de su propio bolsillo. Por lo tanto, normalmente, cuando hay un soborno, corresponde a dinero que la empresa obtiene del propio contrato”, dijo Irigaray.

Otra de las coincidencias señaladas -que fueron plasmadas en un informe que elaboró Irigaray y que hoy le fue exhibido durante su declaración— corresponde a octubre de ese mismo año. El 14, la empresa percibió casi 4 millones de pesos, y el 15, de acuerdo con las anotaciones del chofer Oscar Centeno, Baratta se habría reunido nuevamente con Mundín, en el mismo lugar.

Los informes se limitan a señalar la cercanía temporal entre ambos hechos, sin conclusiones o inferencias. El abogado de Cristina Kirchner, Alberto Beraldi, le pidió al testigo una opinión sobre esa coincidencia. “Es raro […] puede no significar nada. Pero es para mirarlo y pensarlo”, sostuvo.

Irigaray, un abogado que inició su recorrido en la función pública en la época de Néstor Kirchner, al momento de su intervención en la causa dirigía equipos de investigación dentro de la OA, que era querellante en el caso.

Relató que debía hacer cumplir contratos ya en marcha con empresas que estaban siendo investigadas. “Estábamos en el medio. Pertenecíamos al Estado que debía pagar y éramos querella que estábamos interesados en satisfacer los embargos”, explicó.

Durante 2003-2015, el periodo investigado en la causa, la empresa BTU S.A. llevó adelante la ejecución de 23 proyectos de infraestructura energética y ferroviaria.

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Candela Arizaga, la presunta víctima de Facundo Moyano, declaró ante personal de la Policía de la Ciudad y negó haber sido golpeada y encerrada por el sindicalista.

Así lo informaron a fuentes policiales y judiciales. Arizaga, de 23 años, declaró en el hospital Pirovano, donde había sido trasladada por el Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME), ante personal de la División Protección Familiar de la Policía de la Ciudad.

“Arizaga dijo que Moyano no le pegó. Sostuvo que el sindicalista no le hizo nada y que toda la situación que se vivió fue producto del consumo de estupefacientes”, explicaron fuentes al tanto de la declaración de la joven.

Una médica legista que revisó a la joven informó sobre una lesión en una de sus rodillas que se pudo haber producido cuando Arizaga cayó en la calle.

La declaración ante los oficiales de la División Protección Familiar difiere de un primer informe policial donde se sostenía que cuando Moyano y Arizaga, que estaba semidesdunada, fueron encontrados en Sucre y Virrey Vertiz, en Belgrano, la joven dijo que había sido agredida.

La investigación de lo sucedido está a cargo del auxiliar fiscal Julián Pistone, de la Unidad de Flagrancia (UFLA) Norte del Ministerio Público de la Ciudad, quien convaliudó la detención de Moyano. El sindicalista fue imputadoor los delitos de lesiones leves y privación ilegal de la libertad en contexto de violencia de género.

“El fiscal tiene 24 horas, prorrogables por otras 24, para recolectar la evidencia del caso necesaria para hacer la audiencia de intimación del hecho. Luego, le comunica al imputado si queda en libertad, si se le aplican restricciones a esa libertad o si se pide la prisión preventiva ante el juzgado interventor”, explicaron fuentes judiciales.

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