La Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó este martes la vigencia de la medida cautelar dictada a favor de las universidades públicas, tras el rechazo de la Corte Suprema de Justicia al recurso presentado por el Ejecutivo nacional.

Concretamente, la Cámara resolvió que el recurso de apelación interpuesto por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) contra la suspensión de la ejecución de una medida cautelar se tornó abstracto. La decisión se fundamentó en que la Corte rechazó el recurso extraordinario federal presentado por el Estado Nacional, lo que eliminó el único fundamento de aquella suspensión.

La decisión deja sin efecto cualquier suspensión de la ejecución y obliga al Estado a disponer las partidas presupuestarias necesarias para actualizar salarios docentes y no docentes, así como las becas estudiantiles.

La Sala III devolvió el expediente a primera instancia para su ejecución plena. De este modo, la medida no puede ser suspendida mientras se discute el fondo de la causa.

El conflicto se originó a partir del Decreto 759/25, mediante el cual el Gobierno nacional condicionó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso en 2025.

Esa norma, que había sido vetada por el Poder Ejecutivo y luego ratificada por ambas cámaras tras un amplio respaldo legislativo y movilizaciones universitarias, establece actualizaciones salariales y la recomposición de programas de becas, entre ellos el Progresar. Ante la demora en su cumplimiento, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto con gremios docentes, presentó un amparo colectivo.

Qué dijo la Corte

En junio, la Corte Suprema dejó firme la cautelar que obliga al Gobierno a aplicar dos artículos de la Ley 27.795 de financiamiento universitario. Al rechazar el recurso del Ejecutivo, el tribunal sostuvo la actualización salarial y la recomposición de programas estudiantiles.

Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal emitió dos resoluciones en la causa iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) contra el decreto 759/25, donde el Poder Ejecutivo había intentado suspender la aplicación de los artículos sobre actualización salarial y fondos para becas y programas académicos.

La decisión de la Corte Suprema llegó semanas después de que el Gobierno acordara transferir fondos a las universidades nacionales para incrementar un 24,33% los salarios, un 20% los gastos de funcionamiento y ampliar las partidas para hospitales universitarios hasta $50.000.000.000.

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Según habían explicado entonces a TN desde la comunidad universitaria, la oferta representaba llevar el presupuesto universitario del 0,5% del PBI al 0,6%. En cambio, la Ley de Financiamiento vigente establecía un 0,75%.

En ese contexto, la decisión de la Corte Suprema mantiene la cautelar sobre salarios y becas vigente mientras la Cámara en lo Contencioso Administrativo federal avanza hacia una sentencia de fondo, que ahora se definirá en primera instancia.

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La vicepresidente y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, avaló el pedido de la senadora cristinista Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) para que pueda participar de la tensa sesión de pasado mañana, en la que se definirá la ley de propiedad privada y un nuevo tope de venta de tierras a extranjeros. La legisladora no pidió licencia y se encuentra de reposo en su distrito por un embarazo avanzado, aunque la decisión final quedará en manos del recinto y agrega un condimento extra en un proyecto ya muy manoseado y, por ahora, con más dudas que certezas en cuanto a votos.

Infobae tuvo acceso al reciente decreto firmado por Villarruel. En su primer artículo se señala: “Autorízase, ad referéndum del H. Senado de la Nación, a la señora Senadora Nacional por la Provincia de Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, a participar de manera remota o virtual, con voz y voto, en las sesiones de este Honorable Senado de la Nación, mientras subsista la restricción médica acreditada mediante el certificado obrante en el expediente respectivo, o hasta el inicio de la licencia por maternidad legalmente prevista, lo que ocurra primero”.

En tanto, el siguiente artículo manifiesta que “la participación remota” se “realizará, preferentemente, desde la sede de la Honorable Legislatura de la Provincia de Mendoza, sin que la utilización de dicho ámbito constituya condición de validez de la autorización, pudiendo la señora Senadora participar desde otro lugar que garantice las condiciones técnicas en caso de ser necesario”.

¿Qué implica todo esto? Primero, una casi segura discusión en el recinto sobre si debe incorporarse la cuestión al temario de una sesión ya acordada. Después, el tema de la mayoría, en el sentido de si habrá que modificar el reglamento -imposible, ya que precisaría un dictamen- para validar todo esto. Demasiadas ventanas de interpretación aflorarán en las próximas horas, con el objetivo de sumar más condimentos a una ensaladera, a esta altura, a tope.

Por eso es importante lo que Villarruel dejó asentado en el decreto. “Una vez verificada la identidad de la señora Senadora”, su “participación remota se computará, a los fines del quórum y de las votaciones que se realicen, en igual forma que la participación presencial, sin perjuicio de las constancias adicionales que la Presidencia estime pertinente disponer”, reza el artículo cuarto, mientras que el quinto expresa que “la presente autorización tiene carácter individual, excepcional y transitorio, y no importa modificación del Reglamento de esta H. Cámara ni la instauración de un régimen de alcance general”. De nuevo, la última palabra la tiene el recinto -que es soberano- y no la vicepresidenta.

“Estoy cursando arriba de las 32 semanas. Es decir, tengo más de ocho meses de embarazo y tengo restricción médica para viajar tanto por tierra o por aire hasta la ciudad de Buenos Aires”, afirmó la mendocina en diálogo con Infobae Al Mediodía. Y agregó: “Lo único que a mí me impide estar en esa sesión es la distancia. Si yo fuera una mujer de la ciudad de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires, podría estar en el recinto. Lo que no puedo hacer es recorrer largas distancias”.

La movida de Villarruel, que siempre estuvo en contra de la venta ilimitada de tierras a extranjeros, queda en segundo lugar ya que, en el fondo, lo que ocurre con esta ley es que dejó de ser un debate técnico y pasó a ser uno político. Este medio consultó a cuatro senadores de distintas bancadas dialoguistas desde la tarde de hoy: todos coinciden en que el oficialismo no defendió casi nada el proyecto y dejó germinar, durante semanas, la idea de “regalar” el país a manos que no sean argentinas.

Bajo este escenario, ahora hay un par de aliados más asustados que seguros de votar, ya sea de la UCR, el PRO y silvestres provinciales. Y los libertarios ya los cuentan como cerrados. No debiera extrañar que, mañana, algunos sugieran una reunión para analizar, una vez más, el estado de situación.