El caso de la quinta de Pilar asociada a la AFA regresa a la justicia de Campana, como buscaban los presuntos testaferros del caso, por decisión de dos jueces de la Casación: Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky.

De largo recorrido en la Justicia, ambos integran actualmente el tribunal más importante de Comodoro Py y del país en materia penal: la Cámara Federal de Casación Penal, una estación ineludible en los expedientes más pesados de la política y la corrupción.

Barroetaveña llegó allí en 2018, luego de pasar por la Justicia de San Isidro y tribunales de la Capital y San Martín.

Borinsky, en tanto, lo hizo en 2011, después de una extendida trayectoria como fiscal que incluyó la acusación contra Carlos Menem por la venta de armas Ecuador y Croacia.

La intervención del primero en el caso puntual de la AFA quedó rodeada de polémica por sus vínculos con la propia entidad investigada: hasta noviembre del año pasado, Barroetaveña fue miembro de su Tribunal de Ética de la AFA.

Por ese nexo, la Coalición Cívica pidió formalmente que se apartara del caso, pero la Casación rechazó el planteo señalando que los dirigentes del partido no eran parte del expediente -fueron los denunciantes- y no podían interponer recusaciones.

Barroetaveña, que en la página oficial de la AFA todavía figura como miembro del tribunal, es a su vez integrante del Consejo de la Magistratura, el órgano que selecciona y remueve a los jueces, y por estas horas empuja en la Justicia la posibilidad de ser reelecto.

Apoyado en la interpretación de un fallo de la Corte, obtuvo un primer visto bueno del juez Enrique Lavie Pico, que emitió una cautelar a su favor. Pero sus efectos fueron recientemente suspendidos por la Cámara Contencioso Administrativa que dejó en veremos su aspiración reeleccionista.

El fallo de la AFA -polémico por nacer de un pedido que formularon los propios investigados, de estrechos vínculos con el mundo del fútbol- no es el primero que los pone bajo la luz pública.

Acostumbrados a intervenir en causas que involucran a figuras con peso específico, ambos magistrados acumulan resoluciones de fuerte impacto político.

Entre las votaciones más controvertidas de Barroetaveña figura aquella con la que favoreció al empresario Angelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri, en la causa Cuadernos. Junto a sus colegas Carlos Mahiques y Daniel Petrone, Barroetaveña resolvió que los pagos del empresario a funcionarios del kirchnerismo podían ser considerados aportes de campaña no registrados y no como coimas y por lo tanto ser analizados en la Justicia electoral.

Barroetaveña y Petrone acabarían por anular su propia decisión meses después, ante la enorme repercusión negativa que generó el caso.

En otra intervención, y en coincidencia también con su colega Petrone, Barroetaveña votó por revocar el sobreseimiento de Cristina Kirchner y Máximo Kirchner en la causa Hotesur-Los Sauces y llevarlos a ambos a juicio oral por presunto lavado de dinero. En igual sentido se pronunció en la causa por el Memorándum con Irán que denunció el fiscal Alberto Nisman: la expresidenta había sido sobreseída por un Tribunal pero el voto de Barroetaveña fue decisivo para anular esa decisión y llevar el caso a juicio oral, debate que tampoco comenzó.

Otro fallo resonante fue en beneficio de empresarios cercanos al kirchnerismo. En octubre del 2023, en compañía también del voto de Petrone, confirmó la absolución de Cristóbal López y Fabián de Sousa, en una causa por presunto fraude impositivo al Estado, en la que luego también intervendría Borinsky.

La Corte Suprema anuló aquel fallo y pidió que la Casación revisara nuevamente el caso. Con una nueva conformación que incluía al camarista Borinsky, la Casación volvió a absolver a los empresarios, pese al pedido de revisión de la Corte, con una mayoría que integraron el juez Alejandro Slokar y el propio Borinsky.

Es decir que ambos jueces, en distintos momentos de un mismo caso, votaron en el mismo sentido.

Borinsky integró el tribunal que en 2023 que confirmó la condena a Lázaro Báez por lavado de dinero en la causa conocida como la Ruta del Dinero K. Recientemente, el juez avaló un pedido del empresario y optó por concederle la prisión domiciliaria, pero su postura y no prosperó.

La veta académica y política

Barroetaveña y Borinsky han votado en el mismo sentido y conformado mayorías en otras causas de relieve. En Vialidad, por ejemplo, que juzgó los desmanejos de la obra pública en Santa Cruz, si bien confirmaron junto a Gustavo Hornos la condena a 6 años contra Cristina Kirchner, ambos confirmaron su absolución del delito de asociación ilícita, que habría elevado mucho la pena contra la expresidenta. Fue a contramano de todos los pedidos fiscales y del voto de su colega Hornos.

Borinsky ansía escalar a un cargo que requiere la aprobación del Senado, como la Procuración General y la Corte Suprema. Por eso, la absolución a la expresidenta despertó suspicacias: el kirchnerismo era todavía determinante en la Cámara alta y ninguna candidatura podía prosperar sin el aval de Cristina Kirchner.

Luego, con la ejecución de la condena de Vialidad ya en marcha, el juez fue receptivo a los pedidos de la exmandataria para flexibilizar algunas de las condiciones de su prisión. Sus votos favorables, sin embargo, fueron insuficientes para introducir modificaciones en el régimen de detención.

Borinsky es autor y coautor de muchos trabajos sobre derecho y procesal penal, y ha participado de distintos ámbitos de debate y elaboración jurídica. Fue un actor central de la reforma integral del Código Penal impulsada durante el gobierno de Macri.

El suyo es uno de los nombres bajo consideración del actual Gobierno para ocupar una de las vacantes en la Corte Suprema. Contaría para ello con el visto bueno de la secretaria y hermana del presidente, Karina Milei, con mayor injerencia en el área desde el repliegue del asesor Santiago Caputo y la llegada del ministro Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia.

Este viernes, tanto Barroetaveña, el juez ligado a la AFA, como Borinsky, el magistrado que aspira a trepar a la cima del Poder Judicial, fueron determinantes para que las personas sospechadas de ser testaferros de la cúpula del fútbol, celebraran un fallo a medida de sus pedidos.