La comisión de Presupuesto en la que se debatió el capítulo Educación tuvo varios momentos de tensión, aunque no por donde todos los presentes estimaban que iba a surgir el conflicto.

Mientras todos esperaban que el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, encabezara la pelea, principalmente con el bloque del peronismo, el eje del debate lo llevó el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, quien, con un tono más amable que el de su colega del Ejecutivo, no escatimó críticas y señalamientos a los períodos anteriores de la política educativa, e incluso señaló que en el sector privado los rectores los hubieran despedido.

El debate venía con varios cruces entre uno y otro sector, algo que suele suceder en las comisiones, pero esta vez hubo incluso amenazas de golpes físicos, lo que marcó un nivel bochornoso en la discusión, en especial cuando se debatía el presupuesto en Educación para 2027.

El primer cruce fue entre el diputado del PRO Alejandro Finocchiaro, quien, sin nombrarlo, dijo que uno de sus colegas lo había llamado mentiroso. “Eso, en el barrio, se merece un chirlo”, afirmó.

Finocchiaro hacía referencia al diputado Esteban Paulón, quien había publicado en sus redes un video del legislador del PRO en el que este señalaba que había hablado con el Gobierno y que existía el compromiso de cumplir el fallo de la Corte Suprema.

Pero el momento más tenso tuvo como protagonistas a un diputado de Unión por la Patria, Carlos Castagneto, y a su par de LLA, Andrés Leone.

Tras dos interrupciones en mal tono de Álvarez a Paulón, el ambiente comenzó a caldearse. Germán Martínez pidió respeto, y Luana Volnovich le gritó “irrespetuoso de mierda”.

Castagneto acusó a Leone de haberlo insultado y por eso fue a buscarlo. “Le dijo hijo de puta”, señalaron desde el entorno del legislador peronista, quien, cuando Leone se le acercó y lo increpó, lo invitó entre dientes a salir de la comisión a pelearse.

Finalmente los separaron y todo volvió a su cauce normal. Pero el clima había cambiado. La tensión quedó en el aire y, de a poco, los legisladores se fueron retirando.

Primero se fue Castagneto, luego Leone. Ambos ya habían bajado el nivel de tensión, pero el primero no paraba de recibir bromas de sus compañeros de bancada en referencia a su pasado como arquero de fútbol en equipos de primera división del fútbol local.

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El Gobierno reconoce que existieron contactos con Estados Unidos por el alcance de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, pero descarta avanzar con sanciones contra grandes fondos de inversión estadounidenses que puedan generar un conflicto diplomático con Washington. En la Casa Rosada aseguran que los planteos no modificaron la decisión de Javier Milei de impulsar el proyecto y relativizan las versiones sobre una presión de la administración de Donald Trump para frenar su tratamiento.

En Nación admiten que hubo intercambios sobre las consecuencias que podría tener la aplicación del régimen sancionatorio sobre compañías estadounidenses, aunque sostienen que no se trató de una exigencia formal para retirar la iniciativa. “Hubo algo del estilo”, explican fuentes oficiales sobre los planteos que llegaron desde Washington. En esos sectores agregan que algunos interlocutores no tenían presente que la Argentina ya cuenta con una legislación vigente sobre la materia.

La posición de la Casa Rosada apunta a diferenciar las observaciones sobre el alcance de las sanciones de una intervención directa de la Casa Blanca para bloquear el proyecto. En el Ejecutivo consideran que la controversia fue sobredimensionada y rechazan que exista una definición estadounidense destinada a condicionar su aprobación. En ese marco, mantienen la decisión de avanzar con la iniciativa y resolver las objeciones durante la negociación legislativa.

El punto más sensible es la eventual aplicación de sanciones contra fondos de inversión con participaciones en compañías vinculadas con actividades económicas en las islas Malvinas. En el Gobierno descartan avanzar contra actores de ese peso, como BlackRock, si una medida de ese tipo compromete la relación bilateral. La definición fue transmitida en conversaciones reservadas, aunque no implica que exista una excepción incorporada al proyecto ni una decisión administrativa formal sobre empresas determinadas.

La preocupación se concentra en la amplitud del régimen sancionatorio y en la posibilidad de que alcance a accionistas, proveedores, intermediarios financieros y compañías con vínculos indirectos con proyectos de explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur. La discusión pasa por determinar hasta dónde se extiende la responsabilidad de cada actor y qué grado de participación debe acreditarse para aplicar una penalidad.

El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo el 17 de septiembre propone reemplazar la Ley 26.659 por un régimen que amplía las prohibiciones a la explotación no autorizada de recursos naturales renovables y no renovables. La iniciativa incorpora multas, inhabilitaciones y restricciones comerciales, además de disposiciones específicas para quienes financien, faciliten o participen en las actividades alcanzadas por la norma.

La legislación vigente ya contempla restricciones para quienes desarrollen actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina en las áreas vinculadas con Malvinas. La Ley 26.659 incluye supuestos de participación directa e indirecta y establece inhabilitaciones administrativas de entre cinco y veinte años, previo procedimiento. El nuevo paquete busca ampliar ese esquema a otros recursos naturales y reforzar los mecanismos de investigación y sanción.