Este lunes, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, llegará a la Argentina por invitación del presidente Javier Milei. La visita se extenderá hasta el martes y llega en un momento particular para la relación entre el organismo y el Gobierno: con un programa vigente que exhibe avances concretos, pero también con señales de advertencia que empiezan a correr el eje de las preocupaciones desde el frente cambiario hacia el fiscal, en medio de un año marcado por el calendario electoral.

La agenda todavía no fue confirmada de manera oficial ni por el Ministerio de Economía ni por la Casa Rosada, aunque desde el propio FMI precisaron que Georgieva permanecerá en el país durante esos dos días. Fuentes del Gobierno adelantaron que la funcionaria búlgara mantendrá un encuentro con Milei, ofrecerá una conferencia de prensa en la sede del Palacio de Hacienda y dará una charla en el Palacio Libertad, en Buenos Aires. También se descuenta una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, aunque ese tramo de la agenda no fue confirmado con precisión.

El otro punto saliente del recorrido es la visita a Vaca Muerta, prevista para el martes. Georgieva llegará hasta Loma Campana, en la provincia de Neuquén, donde será recibida por el presidente de YPF, Horacio Marín. Se trata de la única actividad confirmada por fuera de los encuentros protocolares en Buenos Aires, y su inclusión no es casual: la formación neuquina es hoy uno de los pilares del programa económico oficial, tanto por su capacidad exportadora como por el rol que se le asigna en la generación de divisas genuinas.

El último contacto presencial entre Caputo y Georgieva se produjo en abril, durante las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial en Washington. En esa oportunidad, el equipo económico argentino cerró las negociaciones de garantías con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo que después se integraron al esquema financiero proyectado hasta 2027. Milei y Georgieva, en cambio, no se ven cara a cara desde septiembre de 2025, cuando coincidieron en Nueva York y repasaron el impacto del swap por USD 20.000 millones que el gobierno de Donald Trump le otorgó a la Argentina.

El telón de fondo de la visita es el acuerdo de facilidades extendidas firmado en abril de 2025, el número 23 en la historia de pactos entre la Argentina y el FMI. El programa fijó como uno de sus objetivos centrales el fortalecimiento de las reservas del Banco Central, con desembolsos por unos 20.000 millones de dólares. Hasta el momento se giraron USD 15.800 millones, luego de que en mayo el directorio aprobara la segunda revisión pese a un nuevo incumplimiento de la meta de acumulación de reservas. La deuda total de la Argentina con el organismo asciende a USD 57.870 millones, lo que la convierte en el mayor deudor del Fondo, con el 34,6% del total de créditos pendientes de cobro en todo el mundo. Para lo que resta de 2026, el país debe cancelar vencimientos por 2.745 millones de dólares.

Durante gran parte del programa vigente, el frente que concentró los mayores desvíos fue el de las reservas. Ese cuadro empezó a modificarse este año: el Banco Central lleva comprados más de 13.000 millones de dólares en 2026 y logró cumplir el objetivo de acumulación del primer semestre. En ese contexto, la atención del organismo empezó a desplazarse hacia las cuentas fiscales, justo cuando el dato de junio encendió una luz amarilla.

El sexto mes del año cerró con un déficit primario de $696.843 millones y un déficit financiero de $1.024.891 millones, con un pago de intereses netos de 328.049 millones de pesos. Fue el primer resultado deficitario del año y llevó a un incumplimiento leve de la meta comprometida con el Fondo: según el Staff Report de mayo, el Gobierno se había obligado a acumular un superávit primario de $6,86 billones en el primer semestre y terminó consiguiendo 6,29 billones de pesos. Desde la consultora EconViews señalaron que “la distancia no es enorme” y que “el organismo probablemente conceda un waiver”, aunque advirtieron que el episodio es una señal de que el margen de maniobra es menor al de años anteriores.

Si el frente fiscal aporta la principal duda de cara a la visita de Georgieva, el frente cambiario ofrece una lectura más favorable. El programa financiero presentado por Caputo a comienzos de julio había fijado que el Tesoro le compraría al Banco Central 6.700 millones de dólares a lo largo del año, dentro de un esquema de fuentes por 22.900 millones de dólares destinado a cubrir vencimientos por 19.200 millones. Esa meta ya fue superada: entre enero y julio, el Tesoro acumuló compras por 6.875 millones de dólares, unos 175 millones por encima de lo previsto.

Desde el Ministerio de Economía atribuyeron el excedente a una decisión prudencial, tomada ante la falta de certeza sobre el momento exacto en que llegarían los desembolsos de los préstamos con garantía de organismos multilaterales y ante eventuales diferencias en la cotización de los bonos denominados en euros utilizados para el pago de intereses. El resto del esquema de financiamiento contempla garantías del Banco Mundial y el BID, desembolsos del propio FMI por USD 1.900 millones, otros USD 2.800 millones de organismos internacionales, y emisiones locales por USD 6.000 millones, de las cuales ya se colocaron USD 4.000 millones a través de los bonos Bonar 2027 y 2028. El colchón resultante entre necesidades y fuentes previstas se estima en 3.700 millones de dólares.

El desafío mayor, coinciden los analistas del mercado, está puesto en 2027: el Tesoro proyecta comprarle al Banco Central otros USD 4.900 millones de dólares y colocar USD 5.000 millones adicionales en el mercado de capitales local, en pleno año electoral.

Otro tema central en el marco de la relación con el FMI es la incertidumbre sobre qué pasará con el rumbo económico después de las elecciones. La semana pasada, Moody’s hizo referencia a la importancia de ese punto en particular. Tras elevar la calificación de la deuda soberana argentina de Caa1 a B3, el vicepresidente de la calificadora de riesgo, Jaime Reusche, explicó que la nota argentina podría haber subido más de un escalón de no haber existido un riesgo político que todavía condiciona el análisis.

Según Reusche, el organismo evalúa si las políticas actuales pueden transformarse en una “política de Estado que trascienda al gobierno de turno”, algo que recién podrá confirmarse después de la elección.

Reusche remarcó además que la brecha entre la calificación crediticia y el riesgo país que mide el mercado también refleja esa cautela: los inversores, dijo, todavía tienen presente el intento de ajuste del gobierno de Mauricio Macri, que no logró sostenerse en el tiempo, y por eso exigen una prima adicional. Como referencia, comparó la situación argentina con la de El Salvador, un país con calificación similar pero riesgo país más bajo, justamente por tener un riesgo político menor.

Es en ese cruce de señales, entre una meta fiscal que se complicó pero no descarriló, un frente de reservas que exhibe resultados por encima de lo comprometido y una incógnita electoral que condiciona cualquier lectura de largo plazo, que se enmarca la llegada de Georgieva a la Argentina.