POLITICA
Revés de Furlán: la Cámara de Apelaciones del Trabajo rechazó el pedido del jefe metalúrgico y ratificó la intervención de la UOM
La Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo rechazó el pedido de nulidad presentado por la oficialista Lista Violeta y Azul, que encabeza Abel Furlán, en el conflicto electoral de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en la Seccional Zárate-Campana.
De esta manera, con la firma de María Dora González y Víctor Arturo Pesino, el fallo confirmó la intervención judicial ya ordenada y desestimó todos los recursos extraordinarios planteados por el sector de Furlán, que sufrió un duro revés en el trámite judicial luego de que el mismo tribunal anuló los comicios de la UOM Zárate-Campana, realizados en marzo pasado ante irregularidades y la falta de garantías de una “elección confiable, segura ni transparente”.
Los camaristas consideraron improcedente el pedido de la Lista Violeta y Azul, efectuado por Pablo Ávila y Walter Piriz, quienes buscaban dar marcha atrás la decisión que anuló las elecciones de aquella filial metalúrgica.
El fallo también descartó in limine -es decir, sin analizar el fondo- la solicitud de la UOM nacional para revertir la sentencia definitiva dictada el 22 de mayo de 2026. Los jueces afirmaron que la reclamación sindical carecía de sustento y que ningún error grave justifica dejar sin efecto la intervención que decidieron.
“No puede admitirse -por ser irrazonable e inverosímil- que, con una vestimenta diferente, esta misma estructura política no supiera de la existencia del sub examine hasta el 22/6/2026”, afirmó el fallo, refiriéndose a la imposibilidad de separar las acciones de la UOM y su lista que se proclamó ganadora.
Para los camaristas, la Lista Violeta y Azul no puede presentarse a pedir la nulidad como si fuera una parte ajena al litigio. De hecho, la conducción de la UOM -en manos de Abel Furlán- y la lista forman parte del mismo núcleo sindical, con intereses comunes en el proceso.
El tribunal sostuvo que la falta de acción o la supuesta ignorancia alegada por la lista opositora no puede ser tomada como excusa: consideró que la misma dirigencia que comandó la UOM hasta el cese de mandato el 22 de marzo era la que encabezaba la lista interna que ganó las elecciones, luego anuladas.
El fallo también dejó en claro que la pretensión de la lista de Furlán de intervenir a último momento no puede deshacer todo el proceso judicial ya avanzado, al interpretar que la normativa lo impide y las defensas que alega, en realidad, ya fueron planteadas y respondidas por la UOM como parte demandada.
El conflicto se originó cuando la opositora Lista Naranja de la seccional Zárate-Campana, que postuló a Angel Derosso para secretario general, pidió la suspensión y nulidad de las elecciones realizadas del 2 al 4 de marzo, denunciando irregularidades y el incumplimiento de una medida cautelar que ordenaba suspender los comicios.
Pese a la orden judicial, la conducción de la UOM llevó adelante la elección y la lista interna de Furlán fue proclamada ganadora primero en Zárate-Campana y luego a nivel nacional. Esto motivó que la Cámara de Apelaciones del Trabajo interviniera el sindicato, declarando la acefalía y desplazando a las autoridades que se habían proclamado ganadoras, en abierto desafío al fallo judicial que ordenó suspender su asunción.
En su intento de revertir la intervención, el oficialismo de Furlán hizo una presentación ante la Cámara en la que intentó utilizar el mecanismo de “revocatoria in extremis”, un recurso excepcional que sólo acepta errores graves y evidentes que destruyan la validez de la sentencia.
La UOM sostuvo que había una vía estatutaria para cubrir el vacío de poder, según los artículos 21 y 22 de su estatuto. Pero el Tribunal descartó este argumento por improcedente: la acefalía ocurrida en la seccional no tiene que ver con una crisis administrativa ordinaria, sino con el incumplimiento de la orden de suspender elecciones y la opacidad del proceso.
“El yerro que invoca la UOM no lo habría cometido esta sala, sino la propia entidad sindical y sería de orden cronológico”, sintetizaron los jueces, destacando que la falla es responsabilidad exclusiva del gremio.
Además, la UOM pretendió designar “delegados administradores” para normalizar la situación, entre ellos a Gustavo Daporta y Emiliano Gallo, ambos excluidos por la sentencia original. Para la Cámara, esto significa mantener a los mismos dirigentes impugnados bajo otra figura, contradiciendo el sentido de la intervención.
El tribunal también desechó el pedido de recusación presentado por la Lista Violeta y Azul y la UOM, tanto “con causa” como “sin causa”. Consideró estos planteos extemporáneos y argumentó que la sentencia ya había analizado todas las defensas posibles, incluyendo las que podría haber presentado la lista del oficialismo.
No prosperó tampoco el argumento de falta de jurisdicción. La Cámara recordó que la nulidad ya estaba resuelta por sentencia firme y no existía motivo para retrotraer el proceso, ya que todas las instancias de defensa fueron garantizadas.
La jurisprudencia citada (“García” de la Corte Suprema y el inciso 4º del artículo 56 de la ley 23.551 de Asociaciones Sindicales, modificado por el decreto 342) tampoco fue considerada aplicable: tanto la ley como el precedente exigen que la “solución estatutaria” sea previa a la acefalía y no creada después del fallo.
Una de las claves del fallo es el señalamiento directo a la figura de Abel Furlán, quien fue secretario general de la UOM y máximo candidato de la Lista Violeta y Azul. El Tribunal subrayó que no es razonable pensar que Furlán, como conductor nacional y representante legal del sindicato, no supiese de la existencia de la causa.
Para los jueces, la facción interna y la conducción nacional actuaron como una única estructura. La falta de una defensa separada de la Lista Violeta y Azul se atribuye en el fallo a una propia falta de interés o de diligencia, no a una falla procesal.
“La estructura política liderada por el señor Furlán litigó activamente en este pleito bajo el ropaje de la UOM; no puede admitirse una disociación artificial para reclamar instancias no utilizadas”, remarcaron los magistrados en uno de los tramos del fallo.
La semana pasada, Furlán acusó a los jueces que ordenaron la intervención del sindicato de recibir “incentivos económicos y políticos”, en medio del conflicto entre el gremio y el Gobierno por la política de “desindustrialización”.
Durante una entrevista en el estudio de Infobae a las Nueve, el dirigente señaló que detrás del fallo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo se esconde una intromisión política para presionar al sindicalismo.
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La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezará este martes la reunión de la mesa política en una semana marcada por el envío del Presupuesto 2027, el proyecto sobre soberanía en Malvinas y el arranque del debate por la reforma electoral.
El encuentro está previsto después de la conferencia de prensa del vocero Adrián Ravier y reunirá al núcleo que coordina la estrategia parlamentaria.
Con la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, anunciada por el Presidente en cadena nacional, el gobierno quiere endurecer sanciones a empresas que operen en las Islas Malvinas y en la plataforma continental sin autorización argentina. Alcanza a prestadores y crea un Consejo de Seguridad Nacional.
El oficialismo evalúa ingresarlo por Diputados y considera que tiene más consenso transversal que el resto de la agenda, aunque no espera un tratamiento exprés.
El tercer frente es la reforma electoral. El martes la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados tiene prevista una reunión informativa.
El debate de la reforma electoral
Apurado por la Cámara Nacional Electoral, el oficialismo iniciará este martes el debate por la reforma electoral en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. El proyecto, considerado clave para la reelección de Javier Milei, todavía no cuenta con los votos de sus aliados para uno de los puntos centrales: la eliminación de las PASO.
En esta discusión, el tiempo se vuelve un factor clave. En una acordada publicada el martes pasado, el máximo tribunal electoral advirtió que cualquier cambio en el sistema de votación vigente deberá comunicarse con anticipación para ser implementado en los próximos comicios.
“La eliminación de las PASO no va a suceder”, sentenció en diálogo con este medio un legislador oficialista que sigue de cerca la discusión. Las razones van más allá de la disputa electoral del próximo año: ningún actor político quiere desprenderse de una herramienta que podría serle útil.
Por eso, en Balcarce 50 consideraron la posibilidad de la suspensión, tal como se logró para las elecciones de 2025. Otra alternativa, menos atractiva para La Libertad Avanza, es la incorporación al debate de las primarias optativas para los espacios que necesiten dirimir sus internas.
“Suspenderlas o eliminarlas es más o menos lo mismo, porque lo que se está discutiendo es sobre cuál es el sistema electoral del año que viene”, afirmó a A24 a fines del mes pasado Patricia Bullrich, principal arquitecta de las negociaciones del oficialismo. Y agregó: “Lo que no queremos es que se acorte cuatro meses el Gobierno, el año que viene está casi perdido”.
POLITICA
El Gobierno oficializó la declaración de San Miguel de Tucumán como capital simbólica del país cada 9 de julio
El Gobierno oficializó la declaración de la ciudad de San Miguel de Tucumán como capital simbólica del país cada 9 de julio, con la promulgación de la de la Ley 27820.
La iniciativa establece que el reconocimiento alcance a la capital tucumana durante el Día de la Independencia y dispone que los actos centrales organizados por el Gobierno nacional para la fecha se realicen allí de forma permanente.
La medida apunta a consolidar el vínculo institucional entre la celebración nacional y la ciudad donde el Congreso de Tucumán declaró definitivamente la ruptura con la Corona española en 1816.
Esta medida se encuadra dentro de una serie de acuerdos que alcanzó el oficialismo con los sectores aliados en el Congreso para enviar un gesto político a los gobernadores. De hecho, también se ampliaron las cámaras federales de apelaciones en Tucumán. En su mayoría se trata de iniciativas sin costo fiscal pero con valor simbólico para los diputados provinciales a nivel local.
En ese sentido, otras de las iniciativas que se encuentran dentro de esta lista es la promulgación de la Ley 27823, que propone incorporar el ritual, la celebración y la peregrinación del Camino de Brochero al patrimonio cultural inmaterial de la República Argentina.
La declaración prevista se encuadra en la ley 26.118, que ratificó la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. El texto identifica al Camino de Brochero como una práctica que reúne expresiones de devoción, recorridos de peregrinación y actividades culturales.
Según lo dispuesto, este ritual, la celebración y la peregrinación asociados a la ruta forman parte del patrimonio inmaterial argentino. La figura comprende prácticas, representaciones y conocimientos que las comunidades reconocen como parte de su herencia cultural.
La propuesta alcanza a una manifestación religiosa vinculada con la figura de José Gabriel del Rosario Brochero, conocido como el Cura Brochero, cuya devoción convoca actividades y peregrinaciones en territorio cordobés.
A su vez, declararon de interés el “Memorándum de entendimiento para la difusión y promoción” que une las rutas del Camino de Brochero y del Camino de Santiago de Compostela. El documento contempla la preservación, divulgación y promoción de ambas tradiciones.
De esta manera, garantizaron el desarrollo de actividades históricas, religiosas, culturales, académicas, sociales y turísticas relacionadas con la ruta gallega y la ruta brocheriana. El alcance incluye otras acciones que se vinculen con la celebración y la devoción en ambos itinerarios.
La ley impulsada por Alejandra Vigo recibió su aprobación definitiva a finales de agosto. La iniciativa ya había obtenido media sanción de la Cámara alta en septiembre de 2025.
La medida prevé que los peregrinos puedan acceder a un pasaporte para registrar el trayecto realizado. El mecanismo toma como referencia la experiencia del Camino de Santiago, en España.
El documento permitirá acreditar las etapas del recorrido y facilitará la participación de los viajeros en propuestas asociadas al turismo, la gastronomía y las artesanías.
El Gobierno promulgó este martes la Ley 27.819, que ratifica el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur, firmado el 7 de diciembre de 2023 en Río de Janeiro. La decisión quedó oficializada mediante el Decreto 1010/2026, publicado en el Boletín Oficial, luego de que el Congreso completara su aprobación el pasado 26 de agosto.
La norma permite que Argentina complete el proceso interno necesario para ratificar el entendimiento, considerado el primero de estas características entre el bloque regional y un país del sudeste asiático.
El tratado está compuesto por 19 capítulos y establece reglas para diferentes áreas de la relación económica entre las partes.
Entre ellas aparecen el intercambio de bienes y servicios, las inversiones, las compras públicas, la propiedad intelectual, el comercio electrónico y las pequeñas y medianas empresas.
Qué establece el acuerdo comercial entre el Mercosur y Singapur
El Mercosur definió el entendimiento como un “acuerdo de nueva generación” por la cantidad y diversidad de disciplinas que incorpora.
“El acuerdo comercial con Singapur es un acuerdo de nueva generación: implica disciplinas modernas en materia de comercio de bienes y servicios, inversiones, compras públicas, propiedad intelectual, comercio electrónico y micro, pequeñas y medianas empresas”, señaló oficialmente el bloque.
Además de reducir y ordenar barreras vinculadas al intercambio comercial, el tratado busca establecer mayor previsibilidad regulatoria y mejores condiciones para las inversiones.
Según el Mercosur, el entendimiento “contribuirá al aumento del comercio, a una mayor previsibilidad regulatoria y a la creación de condiciones favorables para atraer inversiones”.
Su relevancia también está vinculada con la inserción del bloque en Asia: se trata del primer tratado de libre comercio del Mercosur con un país del sudeste asiático.
El fuerte respaldo que tuvo el tratado en el Congreso
El proyecto llegó a la promulgación después de conseguir un amplio respaldo de las principales fuerzas políticas.
El Senado le había dado media sanción de manera unánime en mayo. Luego, el 26 de agosto, la Cámara de Diputados lo convirtió en ley con 234 votos afirmativos, cuatro negativos y ninguna abstención.
Tras la aprobación parlamentaria, el canciller Pablo Quirno sostuvo que el entendimiento es “clave para la integración de Argentina con el mundo”.
“Seguimos generando las condiciones. El sector privado es el que tiene que salir a jugar. La Argentina es próspera”, afirmó.
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