El Gobierno busca reactivar la actividad del Senado durante octubre con dos proyectos que considera en condiciones de avanzar: la nueva Ley de Salud Mental y la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). En la Casa Rosada reconocen que buena parte de la agenda de la Cámara alta continúa trabada y descartan convocar por ahora a una nueva reunión de comisión por la reforma política.

La decisión supone separar la discusión electoral del resto de los proyectos pendientes. En el oficialismo no quieren volver a reunir a la Comisión de Asuntos Constitucionales hasta tener cerrado un entendimiento que permita avanzar con los votos necesarios. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, quedó al frente de esa negociación con gobernadores y bloques aliados.

El objetivo político sigue siendo aprobar la reforma antes de que termine el año, pero el cronograma de octubre ya no depende de ese expediente. En Nación creen que Salud Mental y el PCT tienen mayores posibilidades de llegar al recinto mientras continúan las conversaciones sobre las PASO, la Boleta Única y el resto de los cambios electorales.

El tratado de patentes es el proyecto que tiene el recorrido parlamentario más avanzado. Diputados aprobó en agosto la adhesión al PCT por 147 votos contra 93, pero incorporó una reserva sobre el Capítulo II y, por esa modificación, el expediente debe volver al Senado para completar su sanción.

El PCT permite presentar una solicitud internacional de patente que luego puede continuar su trámite en los países elegidos por el solicitante, sin reemplazar la decisión de cada oficina nacional sobre si corresponde conceder el derecho. La Argentina firmó el tratado en 1970, pero nunca completó el proceso interno de ratificación.

La modificación incorporada en Diputados excluye el Capítulo II, referido al examen preliminar internacional, una herramienta optativa que permite obtener una evaluación adicional sobre aspectos como novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. La reserva fue reclamada durante la negociación por sectores de la industria farmacéutica nacional.

El Gobierno considera prioritario cerrar ese trámite porque la adhesión al PCT también forma parte de los compromisos asumidos con Estados Unidos en materia de propiedad intelectual. El Ejecutivo prepara además el envío de otros seis tratados internacionales sobre patentes, marcas, diseños industriales, microorganismos y señales satelitales.

La decisión de la Corte Suprema de Justicia que restableció la vigencia del artículo del DNU 70/2023 que derogó la Ley de Tierras desencadenó una serie de protestas que se extenderá durante dos semanas. La Confederación General del Trabajo (CGT) marchará este jueves 8 de octubre en defensa de la industria nacional, distintas organizaciones sociales de izquierda se reunirán el viernes 9 para coordinar una respuesta común y, el jueves 15, una movilización al Congreso acompañará la sesión especial en la que Diputados intentará rechazar el decreto.

La primera concentración ocurrió ayer frente al Palacio de Tribunales, en Plaza Lavalle. La impulsaron el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A), la Central de Trabajadores de la Argentina de los Trabajadores (CTA-T), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), sectores de la izquierda, agrupaciones sociales, ambientales y de derechos humanos.

La convocatoria tuvo como eje el rechazo al fallo firmado el 29 de septiembre por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. La resolución dejó sin efecto una sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del decreto presidencial, aunque no se pronunció sobre la constitucionalidad de fondo de esa norma. El máximo tribunal consideró que el CECIM no tenía legitimación para presentar una acción colectiva en defensa de la soberanía territorial. Como consecuencia, volvió a producir efectos la derogación de la Ley 26.737, que regulaba la compra y posesión de tierras rurales por parte de extranjeros.

Qué es el DNU 70/2023

El Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, denominado “Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina”, fue firmado por el presidente Javier Milei el 20 de diciembre de 2023 y publicado al día siguiente en el Boletín Oficial. El texto original reunía 366 artículos y dispuso cambios, derogaciones y desregulaciones en áreas como alquileres, comercio, salud, transporte, empresas públicas, mercado laboral, tarjetas de crédito y actividad económica.

El decreto también declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025. Varios de sus artículos modificaron normas de alcance estructural que continuaron vigentes más allá de ese plazo.

Uno de esos puntos es el artículo 154, incluido en el capítulo de bioeconomía. La disposición derogó la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. Esa norma, sancionada en 2011, fijaba un tope del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales en el país, en cada provincia y en cada departamento. También impedía que una misma nacionalidad concentrara más del 30% de ese cupo, establecía un límite de 1.000 hectáreas por titular extranjero en la zona núcleo y restringía la compra de inmuebles con cuerpos de agua relevantes, ribereños de esos cursos o ubicados en zonas de seguridad de frontera.

La Cámara Federal de La Plata había suspendido la aplicación del artículo 154 tras una presentación del CECIM. Esa cautelar permaneció vigente durante más de dos años, hasta el reciente pronunciamiento de la Corte, que aclaró luego que no analizó si el artículo es constitucional y que su intervención se limitó a la legitimación del CECIM. El tribunal también remarcó que otras personas u organizaciones pueden presentar nuevas medidas cautelares y que el Congreso conserva sus atribuciones para tratar el decreto.

La Ley de Tierras se convirtió en el detonante

La reposición del artículo 154 reabrió un conflicto político que hasta ahora no había logrado llegar al recinto de Diputados. El Senado rechazó el DNU 70/2023 el 14 de marzo de 2024, con 42 votos negativos, 25 afirmativos y cuatro abstenciones. Como el rechazo de una sola cámara no basta para invalidar un decreto de necesidad y urgencia, la norma continuó vigente.

Bloques de la oposición convocaron a una sesión especial en Diputados para el jueves 15 de octubre a las 14. El temario incluye el tratamiento del DNU 70/2023, una iniciativa sobre endeudamiento y morosidad de las familias y la prórroga de la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. Para abrir la sesión, los bloques convocantes deberán reunir un quórum de 129 legisladores. Si la Cámara baja también rechaza el DNU, el decreto quedará derogado hacia adelante, dado que el Senado ya se pronunció en contra.

La discusión supera el capítulo de tierras. Quienes impulsan la derogación cuestionan el alcance del decreto en materia de regulación económica, alquileres, medicina prepaga, comercio exterior y privatizaciones. Los diputados Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot presentaron además una medida cautelar para volver a suspender los efectos del artículo 154, con el argumento de que, mientras el Congreso define el futuro de la norma, podrían concretarse adquisiciones de tierras rurales por parte de extranjeros que luego queden consolidadas como derechos adquiridos.

El testimonio de los excombatientes de Malvinas

Durante la jornada previa a la marcha a Tribunales, el dirigente del CECIM Hugo Robert explicó en diálogo con Radio 750 los motivos de la convocatoria. “Ya sabemos lo que fue el fallo de la Corte que habilita a la compra completa de Argentina. La Corte le dio el 100%, se puede vender todo”, afirmó.

Robert señaló que el reclamo no apunta solo al Poder Judicial, sino también a la dirigencia política. “También es un llamado a nuestra clase dirigente, que durmió durante más de dos años y medio cuando estuvo vigente el amparo que la Justicia le dio a la presentación del CECIM”, dijo. Y agregó que la preocupación no se limita a la superficie de tierra en discusión: “No es que toda la tierra, absolutamente, es lo que les importa a los extranjeros. Son sectores clave, donde están los recursos”.

Las centrales de trabajadores y la izquierda convocaron a movilizar

El secretario general de la CTA-A, Hugo Godoy, calificó el fallo como grave porque, según sostuvo, habilita la venta sin restricciones de tierras rurales a extranjeros y desconoce la legitimación de los excombatientes para cuestionar judicialmente el decreto. El secretario general de la CTA-T, Hugo Yasky, vinculó la protesta por la Ley de Tierras con la sesión del 15 de octubre y señaló que los distintos bloques opositores trabajan para reunir el quórum necesario y debatir tres temas: discapacidad, endeudamiento familiar y la derogación del DNU.

Desde el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad, la diputada nacional Myriam Bregman y el diputado Nicolás del Caño, firmantes del pedido de sesión especial e impulsores de la Marcha de la Bronca del 19 de septiembre, llamaron a movilizar masivamente. “Lo que no pudieron imponer frente a la calle el 6 de agosto, ahora lo resolvieron tres jueces de la Corte en un despacho: la extranjerización total de nuestras tierras”, denunciaron en un comunicado conjunto. “Esa fuerza que se expresó en la calle frente al Senado y que se volvió a replicar en todo el país en la Marcha de la Bronca la tenemos que volver a desatar”, agregaron, y reclamaron a las centrales sindicales que convoquen a un paro nacional activo para el 15 de octubre.

“El 6 de agosto le dimos un golpe enorme al proyecto de saqueo y entrega del Gobierno y sus cómplices. La gran pregunta ahora es quién llamó a la Corte Suprema para que saquen este fallo sobre Ley de Tierras”, planteó Bregman, y remarcó que la discusión excede lo procesal: “No estamos discutiendo una medida cautelar, estamos discutiendo los jirones de soberanía sobre nuestro territorio”.

Del Caño comparó el conflicto con un antecedente anterior. “Como hicimos contra el dos por uno en beneficio de los genocidas que también impulsó la Corte, tenemos que derrotarlos en las calles”, afirmó, y convocó a movilizar junto con todos los sectores dispuestos a sumarse. Ayer, durante su discurso en el escenario montado frente a Tribunales, agregó: “Este 15 de octubre tenemos que ser cientos de miles en las calles y exigimos un paro nacional para que caiga todo el decreto 70/23”.

El diputado también planteó la necesidad de unificar agendas de cara a la marcha del 15. “Ese día también está prevista la movilización universitaria, en reclamo por la aplicación de la ley de financiamiento. Unir las peleas de la comunidad universitaria, del colectivo de la discapacidad, de los millones de endeudados y empobrecidos por este Gobierno es el camino”, sostuvo, y volvió a exigir a las centrales sindicales un paro nacional activo para esa fecha.

Una autoconvocatoria en Parque Lezama

Este viernes 9 de octubre, las mismas organizaciones sociales, políticas, de izquierda, sindicales, estudiantiles, ambientales y de derechos humanos que impulsaron la Marcha de la Bronca del 19 de septiembre volverán a reunirse en el Parque Lezama, en una autoconvocatoria destinada a definir cómo continuar la respuesta callejera contra el fallo de la Corte y a preparar la movilización al Congreso del 15 de octubre, día en el que se celebrará la sesión especial para intentar voltear el DNU 70/2023.

El encuentro busca ampliar el marco de convocatoria y coordinar la participación de los distintos sectores que ya se movilizaron contra el fallo y que acompañarán también la jornada en el Congreso.

La CGT marchará por la industria el jueves 8

La segunda protesta de la semana se realizará este jueves. La CGT convocó a movilizarse a las 15 desde Diagonal Sur y Perú, en la Ciudad de Buenos Aires, frente al edificio donde funcionó el ex Ministerio de Industria. La central obrera marchará bajo la consigna “Las Malvinas son argentinas, la industria nacional también”, una frase que retoma la tipografía utilizada en la marcha del 6 de agosto, cuando el Gobierno retiró los capítulos de tierras y de la Ley de Manejo del Fuego del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La convocatoria surgió de una reunión de la mesa chica de la CGT realizada en la sede de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA). La marcha es la cuarta acción de un plan iniciado en julio, que incluyó movilizaciones por los jubilados el 22 de julio, por el Día de San Cayetano el 7 de agosto y por los endeudados el 20 de agosto, coordinadas junto a las dos CTA y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

Tras el fallo sobre la Ley de Tierras, la central difundió un comunicado en el que cuestionó a Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, pero no adhirió formalmente a la concentración del martes frente a Tribunales ni anunció, hasta el momento, un paro general para el 15 de octubre.

El cosecretario general de la CGT y secretario general del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines, Cristian Jerónimo, explicó esa postura en diálogo con Radio 750. “Entendemos que esa medida la vamos a hacer cuando realmente entendamos que es el momento. Hoy nosotros, haciendo un paro, perjudicamos a los que representamos”, sostuvo. De todos modos, describió un escenario de deterioro social: “Vemos cómo se agudiza la situación social, con pérdida de empleo, el costo de vida más alto. Es una situación angustiante con falta de previsibilidad e incertidumbre. Es el peor de los escenarios”.

El reclamo por la industria se apoya en los datos del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (UIA). Según el último informe del organismo, la actividad industrial cayó 0,3% en agosto frente a julio y 5,7% en comparación con el mismo mes de 2025. En los primeros ocho meses del año, el sector acumuló una baja de 3% respecto de igual período de 2025 y se ubica 11% por debajo de los volúmenes registrados en 2022 y 2023.

El reclamo universitario se suma a la agenda de octubre

La semana de protestas incorporó, además, un antecedente judicial directamente vinculado con uno de los reclamos que confluirán en la movilización del 15 de octubre. El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, declaró inconstitucional el decreto 759/2025, que había condicionado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario (27.795) a la definición previa de partidas presupuestarias específicas.

El magistrado hizo lugar a los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA) y ordenó al Poder Ejecutivo el cumplimiento inmediato de la norma, con el dictado de las medidas reglamentarias necesarias. En su fallo, Cormick sostuvo que el decreto 759/2025 funcionó como un mecanismo “extraconstitucional” equivalente a un veto no previsto por la Constitución, después de que el Congreso insistiera con la ley mediante las mayorías agravadas requeridas tras el veto presidencial original.

La resolución alcanza a los salarios de docentes y no docentes, las becas estudiantiles y los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales. El Gobierno adelantó que apelará la decisión, que corresponde a primera instancia. El fallo se conoció dos días antes de la segunda Marcha Federal Universitaria convocada para el 15 de octubre, que modificó su recorrido original hacia Tribunales para dirigirse al Congreso, en coincidencia con la sesión especial por el DNU 70/2023.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este martes el recurso extraordinario presentado por el fiscal general Mario Villar y confirmó que la causa por la mansión de Pilar vinculada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), liderada por Claudio Tapia, debe tramitar en la Justicia federal de Campana.

La decisión fue unánime. La firmaron los jueces Alejandro Slokar, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, integrantes de la Sala I. El tribunal declaró inadmisible el recurso y no impuso costas.

El fiscal buscaba que la Corte Suprema revisara el fallo que la misma Sala dictó el 14 de agosto. Esa resolución anuló una decisión de la Cámara en lo Penal Económico y estableció que la investigación corresponde a la Justicia federal criminal y correccional. Por eso las actuaciones fueron enviadas a la Cámara Federal de San Martín, para que las remitiera al juzgado de su jurisdicción que ya había intervenido en el caso.

En su voto, Slokar sostuvo que el recurso no estaba dirigido contra una sentencia definitiva y que “el escrito presentado no cumple con los recaudos establecidos” por la ley 48 y por la acordada 4/2007 de la Corte. Barroetaveña adhirió y agregó que las decisiones sobre competencia no son, en principio, equiparables a una sentencia definitiva, salvo que haya una denegación del fuero federal o una privación de justicia. Según el juez, ninguna de esas circunstancias se da en este caso.

Borinsky respondió además a los cuestionamientos del fiscal, que había hablado de “fórum shopping” y de una posible pérdida de imparcialidad de él y de Barroetaveña. El juez afirmó que se trata de “meras conjeturas del Ministerio Público Fiscal” y que no se planteó una recusación por la vía prevista en el Código Procesal Penal. También señaló “autocontradicciones” del fiscal sobre qué tribunal debía intervenir. Según el voto, Villar primero propuso un juzgado federal de Comodoro Py, después el fuero penal económico y ahora reprocha que el caso no haya quedado en Comodoro Py.

La causa se originó en una denuncia de Elisa Carrió, el legislador porteño Facundo Del Gaiso y Matías Yofe. Investiga un presunto lavado de activos vinculado a una propiedad ubicada en Villa Rosa, en el partido de Pilar. El inmueble está a nombre de la sociedad Real Central SRL, de Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, a quienes la denuncia señala como supuestos testaferros de Pablo Toviggino, mano derecha de Tapia en la conducción de la AFA.

Según consta en el expediente, la propiedad fue valuada en unos 17 millones de dólares y en el predio hay una colección de autos estimada en alrededor de 4 millones de dólares. Entre los elementos que se analizan aparece una tarjeta de crédito corporativa de la AFA a nombre de Pantano, que se habría usado para pagar gastos del inmueble y de los vehículos.

Con este fallo, la investigación seguirá a cargo del juez federal de Campana Adrián González Charvay, que ya ordenó tasar los bienes de la propiedad. Al fiscal todavía le queda la posibilidad de presentar un recurso de queja directamente ante la Corte Suprema.

AFA (Asociación de Fútbol Argentino), Claudio Tapia, Pablo Toviggino