POLITICA
Ricardo Lorenzetti: “Desde el punto de vista jurídico, está terminado el tema Cristina Kirchner”
El pasado 10 de junio se cumplió un año desde que la Corte Suprema confirmó la condena contra la ex presidenta Cristina Kirchner por corrupción en la causa Vialidad. Durante el primer aniversario del fallo, el sector que responde a la titular del Partido Justicialista (PJ) exigió su liberación desde Parque Lezama. Sin embargo, el juez del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, sostuvo que el proceso fue concluido.
“Desde el punto de vista jurídico, está terminado el tema. Nosotros dimos la última opinión, está confirmado y no hay nada más que decir”, apuntó el magistrado luego de haber sido consultado sobre las críticas provenientes de la militancia peronista.
Aunque Lorenzetti se negó a brindar opiniones sobre el fallo y su contenido, aseguró que comprendía el malestar de quienes no compartían la decisión. “Entiendo a quienes están disconformes, pueden criticar el fallo, pueden manifestar sus opiniones, pero el proceso está terminado”, reiteró.
Luego de haber sido consultado sobre la cuestión en una entrevista para TN, el juez de la Corte Suprema hizo hincapié en la importancia de proteger el funcionamiento de las instituciones. “Tenemos que ser cuidadosos porque las instituciones han sido para tutelar a los débiles frente a los fuertes; si las vivimos desprestigiando, en definitiva, lo que logramos es debilitar a la gente común que no tiene quien los proteja”, señaló.
En línea con esto, el magistrado aseguró: “Nosotros hemos actuado en ese caso como en todos los demás”, y detalló que el expediente llegó al máximo tribunal a través de un recurso de queja y que este fue rechazado debido a fallas formales en la presentación.
“Creo que hay muchas cosas para criticar del Poder Judicial, pero no esa”, sostuvo Lorenzetti al considerar que “todos estos casos merecen debate y hay críticas”. Asimismo, advirtió sobre el impacto de la condena al manifestar: “También es cierto que no es bueno en ningún país del mundo el encarcelamiento de un ex presidente porque es una tragedia institucional”.
Previo a esto, el diputado Máximo Kirchner brindó un fuerte discurso en el banderazo que realizó la militancia en Parque Lezama para pedir por la liberación de la ex presidenta. Al hacer referencia a las próximas elecciones presidenciales, apuntó: “Está muy claro quién debe ser la conductora de este proceso”.
“Queremos tener una candidata y no candidatos por default”, exigió el líder de La Cámpora, tras haberle extendido un reproche al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por no ir a visitarla a su departamento en San José 1111, donde cumple la pena bajo arresto domiciliario.
Sin embargo, dentro del peronismo también convive otro sector que considera que la condena sería injusta, pero que ya no hay recursos disponibles para revertirla. Una de esas voces fue representada por la senadora jujeña Carolina Moisés durante una entrevista para el canal de streaming Gelatina.
“Cualquier peronista que haga el razonamiento de que hay que liberar a Cristina para que sea candidata, está en Disney. Dejen de decirlo. Es imposible. Nadie va a liberar a Cristina”, criticó la rival del kirchnerismo al asegurar que tampoco sería redituable para la campaña electoral que el candidato proponga indultarla. “No lo van a votar”, planteó.
Finalmente, la senadora concluyó: “En el mundo ideal, Cristina debería estar libre y los peronistas deberíamos ganar la próxima elección. Seamos realistas. Hoy está condenada en última instancia. Es un dato de la realidad. No hay más lugar donde apelarlo. Ya está. Es injusto, hay lawfare, no corresponde, todo pasa por la corriente de la opinión”.
Por otro lado, Lorenzetti remarcó la necesidad de modificar el sistema de concursos judiciales tras advertir sobre los riesgos de manipulación en los procesos de selección de los futuros magistrados. Asimismo, cuestionó la creciente influencia de intereses políticos en la designación de jueces.
Bajo el punto de vista del juez de la Corte Suprema, el problema de los concursos no es exclusivo del ámbito federal, sino que ya se observa en varias provincias. “Tienen la idea de que lo mejor que se puede hacer es pasar a un amigo/a al Poder Judicial”, criticó.
Aunque destacó que, si bien respetan el rol de la política y su intervención en los procesos, recriminó que existen situaciones donde la transparencia y la equidad del concurso quedan seriamente comprometidas. “Cuando hay concursos y son manipulados, cuando el candidato tiene que tener un padrino y recorrer distintos sectores para que lo apoyen, eso no está bien; tienen que respetar el concurso, el respeto al mérito”, afirmó.
En este sentido, apuntó que es primordial preservar la imparcialidad judicial, ya que, según el juez, la ciudadanía espera contar con magistrados “que sean imparciales, no claudicantes”. Por este motivo, destacó que la formación y recorrido profesional de los candidatos deberían resultar determinantes al momento de su designación.
De hecho, a finales de marzo, Lorenzetti en conjunto con el juez Carlos Rosenkrantz presentaron el Proyecto de Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados. El proyecto fue impulsado como parte de una estrategia de renovación institucional liderada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y propone un esquema orientado a fortalecer la calidad y la confianza en el sistema judicial, priorizando el mérito, la transparencia y la trazabilidad en los procesos de selección.
En un contexto donde persisten más de 200 vacantes en el fuero federal, el nuevo reglamento buscará incorporar tecnología avanzada para la evaluación de aspirantes, reduciendo la discrecionalidad y asegurando la objetividad en la calificación de antecedentes, donde se dará mayor peso al rendimiento académico y al mérito real frente al simple tránsito burocrático.
La prueba de oposición constaría de una etapa general con 120 preguntas seleccionadas aleatoriamente de un banco de 2.000, evaluadas en forma automatizada, y una etapa especial con ejercicios de razonamiento y resolución de casos. Este sistema permitiría el anonimato durante las pruebas y la trazabilidad en todo el proceso.
Cada concurso contará con inscripción digital, continua y permanente, y los postulantes deberán crear un legajo digital individual que, manteniendo la confidencialidad, será accesible para concursantes y autoridades. Tras las pruebas escritas, los seis mejores pasarán a una entrevista personal pública, con una puntuación máxima de 20 puntos.
La iniciativa ha recibido el respaldo de entidades como el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, la asociación IDEA y el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES). Tras ser presentado, el proyecto quedó sujeto a la evaluación del Consejo de la Magistratura.
POLITICA
El Gobierno avanza en Diputados con su proyecto de soberanía sobre las Islas Malvinas: el objetivo es aprobarlo en octubre
El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional comenzará a debatirse el próximo miércoles en la Cámara de Diputados, en un plenario de comisiones que se realizará desde las 12. La iniciativa, anunciada por el presidente Javier Milei durante una cadena nacional, será analizada por las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto.
Este viernes, el titular de la Cámara baja, Martín Menem, diagramó el cronograma para el tratamiento del proyecto. La primera reunión será informativa: habrá expositores invitados, pero no se firmarán dictámenes.
Las tres comisiones que abordarán la iniciativa están conducidas por los libertarios Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán, respectivamente.
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El oficialismo prevé una segunda convocatoria para el martes 6 de octubre. Allí buscará cerrar el debate, firmar los dictámenes correspondientes y habilitar el tratamiento en el recinto para el miércoles 7, en una sesión especial que solicitará Gabriel Bornoroni, presidente del bloque de La Libertad Avanza en Diputados.
El proyecto por debatir
La propuesta ingresó a la Cámara baja el pasado 17 de septiembre. El Gobierno fundamentó el proyecto como “un hito en la recuperación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y un avance legal sin precedentes en la historia de nuestro país”.
La iniciativa ratifica que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, junto con los espacios marítimos e insulares correspondientes, integran el territorio nacional y establece como objetivo permanente su recuperación y el ejercicio pleno de la soberanía.
Según los fundamentos oficiales, busca “castigar a quienes explotan nuestros recursos naturales de forma ilegítima; generar los incentivos necesarios para que los involucrados cesen en dicha conducta; y dotar al Estado Nacional de las herramientas indispensables para protegerse frente a amenazas externas”.
Uno de los cambios centrales es la derogación de la Ley 26.659 y la ampliación del esquema sancionatorio a otros recursos naturales, renovables y no renovables, explotados sin autorización de la República Argentina.
El texto prevé además penas de cinco a siete años de prisión, multas equivalentes a entre 20.000 y 100.000 barriles de petróleo e inhabilitación especial para quienes, a sabiendas, provean bienes o servicios esenciales a sujetos alcanzados por las conductas previstas en la norma.
El proyecto también establece efectos mucho más amplios que los contemplados en la normativa actual. Los sancionados no podrán desarrollar actividades económicas en el país, perderán exenciones impositivas o previsionales, verán revocadas sus habilitaciones y deberán rescindir contratos que se ejecuten total o parcialmente en la Argentina.
Además, quedarán impedidos de contratar con el Estado nacional, las provincias, los municipios y cualquier persona o empresa radicada en el país.
La iniciativa también crea el Consejo de Seguridad Nacional, que será encabezado por el Presidente de la Nación y funcionará como órgano rector del Sistema de Seguridad Nacional.
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Entre sus atribuciones figuran asistir al Presidente en cuestiones vinculadas con la seguridad nacional, elaborar la Política de Seguridad Nacional y aprobar las políticas sectoriales de los distintos integrantes del sistema.
Los cuestionamientos al proyecto
El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal manifestó su preocupación por algunas de las normas contenidas en el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, cuyo debate comenzará el próximo miércoles.
En un primer análisis, la entidad estableció que la defensa de la soberanía nacional y la protección de las instituciones democráticas frente a injerencias extranjeras constituyen objetivos legítimos del Estado. Sin embargo, señaló que los instrumentos destinados a alcanzarlos deben respetar los derechos y garantías establecidos por la Constitución Nacional.
“La prevención de injerencias extranjeras no puede traducirse en disposiciones cuya amplitud afecte la libertad de expresión, la circulación de información o la participación en el debate público”, planteó la entidad.
Desde esta perspectiva, algunas disposiciones del proyecto no serían compatibles con los principios de un derecho penal liberal. Según el Colegio, algunos de los comportamientos mencionados como merecedores de graves sanciones penales o administrativas presentan tal vaguedad e indeterminación que no permiten delimitar con suficiente claridad su alcance.
El principio de legalidad exige que las conductas prohibidas estén claramente determinadas, en particular cuando pueden dar lugar a sanciones de considerable gravedad.
La presidenta del Colegio de Abogados, Alejandra García, señaló: “La defensa de la soberanía nacional es, desde luego, un objetivo legítimo del Estado. Pero precisamente por la importancia de lo que está en juego, las herramientas que se utilicen deben respetar rigurosamente la Constitución. Nos preocupan especialmente aquellas disposiciones del proyecto que, por su amplitud o falta de precisión, pueden comprometer el principio de legalidad, la libertad de expresión y el debido proceso. La protección de nuestras instituciones democráticas no puede hacerse a costa de las garantías que constituyen su fundamento”.
El documento del MID
En la previa al debate por la soberanía en Malvinas, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), que está representado en el Congreso por los diputados Oscar Zago y Eduardo Falcone, fijó su posición frente al proyecto enviado por el Gobierno y planteó la necesidad de combinar la defensa de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas con responsabilidad institucional, realismo estratégico y una perspectiva de desarrollo nacional.
Entre los principales puntos, el MID afirma que la soberanía no se sostiene únicamente mediante declaraciones y que requiere ampliar las capacidades materiales de la Nación en materia de inversión, infraestructura, energía, industria, ciencia, tecnología, defensa y presencia estatal.
También advierte que el alcance integral del proyecto debe ser explicado con transparencia y reclama no desconocer las atribuciones constitucionales del Congreso.
Malvinas Argentinas, proyecto, Diputados
POLITICA
Preocupa en sectores de la Iglesia un megaoperativo de seguridad simultáneo en 15 villas porteñas
Los curas de villas y barrios populares expresaron su preocupación por la espectacularidad del megaoperativo simultáneo de seguridad llevado adelante en la noche del jueves por el gobierno porteño. Con el nombre de Tormenta Negra, la operación comprendió el envío de 1500 policías a unos quince asentamientos informales en la ciudad, con 17 detenciones y secuestro de vehículos, a lo que se sumó la clausura de locales y confiscación de mercaderías que constituyen en muchos casos fuentes de trabajo para los vecinos.
El operativo se realizó dos días después de la misa que los curas villeros oficiaron en la Plaza Constitución, en solidaridad con las víctimas de la trata de personas y otras formas de exclusión, dijeron a fuentes de la Iglesia porteña.
El gobierno de Jorge Macri fundamentó el despliegue policial e informó que se llevó adelante en las villas 31, 21-24, Carbonilla, Fraga, Rodrigo Bueno, Mitre, 15 (Ciudad Oculta), 20 (Villa Lugano), INTA, Bermejo, Mugica, 1-11-14, Cildañez, Piletones y Fátima. Y explicó que el objetivo es “reforzar la seguridad y seguir trabajando en el ordenamiento del espacio público”.
En sectores de la Iglesia llamó la atención que el despliegue policial se produjo dos días después de la misa celebrada en Constitución por monseñor Pedro Cannavó, obispo auxiliar de Buenos Aires, en representación del arzobispo Jorge Ignacio García Cuerva. Con un llamado a la reivindicación del “trabajo digno”, Cannavó llamó a “acompañar hasta que el otro se ponga de pie”.
En la celebración religiosa se leyó un pronunciamiento de los sacerdotes de villas y barrios populares de la ciudad de Buenos Aires, que expresaron su preocupación por las necesidades y situaciones que se viven en los asentamientos informales.
“Nuestros vecinos quieren respetar la ley y están de acuerdo con el orden. Pero el Estado debe hacerse cargo de la realidad que vivimos históricamente. Muchas de nuestras villas no tienen ley de integración sociourbana. Esto hace que haya peculiaridades a tener en cuenta: el uso del espacio público, la economía popular e informal, el endeudamiento familiar, la precarización laboral, la falta de empleo, la falta de espacio en las viviendas, muchas de las cuales son precarias”, alertó el equipo de sacerdotes.
Y concluyeron: “Tendiendo a mejorar la ley y el orden, debiera haber una mejor comunicación con los vecinos. Nuestros barrios tienen centros de salud, escuelas, comedores, capillas y otras organizaciones que pueden ayudar a fortalecer esta comunicación y participación. En muchos de nuestros barrios hay deudas de obras públicas, de construcción de viviendas, de mejoras de tendido eléctrico, de cloacas y pluviales”.
Iglesia,Jorge Macri,Conforme a
POLITICA
“Apreciaciones desde el Obelisco”: el cruce entre el gobernador de Neuquén y Prat Gay por Vaca Muerta
El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, respondió a las declaraciones de Alfonso Prat Gay sobre el impacto de Vaca Muerta en la economía provincial y sostuvo que sus apreciaciones no reflejan la situación local. El presidente Javier Milei compartió en sus redes sociales el mensaje del mandatario neuquino.
Figueroa publicó su respuesta luego de que el ex ministro de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri afirmara, en una entrevista con Ahora Play, que la actividad vinculada al petróleo y el gas todavía no genera un derrame amplio en la provincia.
“No comparto en absoluto tus apreciaciones desde el Obelisco”, escribió el gobernador neuquino. En el mismo mensaje, le reprochó a Prat Gay no haber recorrido el territorio provincial y le propuso realizar una visita conjunta.
“Cómo estás, Alfonso Prat Gay, te vi en Neuquén. Veo que no has recorrido. No comparto en absoluto tus apreciaciones desde el Obelisco. Te comparto un estudio de la Fundación Mediterránea”, expresó Figueroa en sus redes sociales.
El gobernador agregó: “La próxima vez te saco a recorrer mi provincia”, y señaló que Neuquén logró resultados que, según su planteo, otras administraciones del país no consiguieron “cuando tuvieron su oportunidad”.
El economista relató que realizó una recorrida por pequeñas y medianas empresas y otros sectores de la economía neuquina, aunque aclaró que no llegó a Añelo, la localidad cercana a la formación de Vaca Muerta.
“Porque no derrama ni en Neuquén”, afirmó Prat Gay durante la entrevista. “Me tomé el trabajo de hacer una recorrida. No llegué hasta Añelo para ver Vaca Muerta propiamente dicha, pero hice una recorrida entre pymes, distintos sectores y demás”.
El exfuncionario sostuvo que su impresión fue diferente de la que esperaba antes de viajar. “Me llevé una imagen distinta de la que yo pensaba”, dijo. Según describió, no percibió un clima económico de expansión generalizada pese al crecimiento de la actividad hidrocarburífera.
Prat Gay remarcó que Neuquén fue “la única provincia en la que aumentó el empleo desde que asumió Milei”, pero contrastó ese dato con las conversaciones que mantuvo durante su visita. “El humor que yo me encontré no era un humor de una economía que estaba en franca expansión y la fiebre del oro negro y todo eso”, señaló.
También diferenció la situación de las operadoras petroleras de la de otras actividades. “Sí, les está yendo muy bien a las operadoras. Pero de ahí para abajo, las pymes, bueno, ni hay que hablar; el comercio, la construcción un poco mejor”, enumeró.
Como respaldo de su respuesta, Figueroa adjuntó un análisis de la Fundación Mediterránea sobre la economía neuquina. El texto presentó a la provincia como “el caso más claro” de un crecimiento que alcanza a distintas actividades.
“Neuquén: derrame amplio”, indicó el informe difundido por el gobernador. El documento sostuvo que no solo mejoran los sectores de petróleo y gas, sino que “el resto de los bienes transables crecen incluso más”.
El análisis agregó que “los demás sectores de la economía provincial también avanzan”. Figueroa utilizó esa evaluación para rebatir la idea de que la expansión vinculada a Vaca Muerta queda concentrada en las empresas operadoras.
Prat Gay, por su parte, reconoció el alcance limitado de su experiencia durante la recorrida. “Por supuesto, es una muestra muy pequeña”, aclaró. Sin embargo, explicó que tomó a Neuquén como referencia para evaluar los efectos de uno de los sectores que el Gobierno nacional identifica entre los beneficiados por su programa económico.
“Voy a la provincia donde claramente está concentrada toda la acción de ese sector y la verdad que todavía no derrama”, concluyó el exministro.
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