POLITICA
Río Negro: un gremio docente se opone a las auditorías médicas y pretende eliminar descuentos por ausentismo

La Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro endureció las negociaciones con el gobierno provincial que encabeza Alberto Weretilneck y anunció nuevas medidas de fuerza. El sindicato reclama la suspensión de descuentos por ausentismo, rechaza las auditorías médicas para justificar faltas y exige un piso salarial de $2 millones para los docentes.
Todo comenzó luego de que, en 2024, el gobierno provincial implementó un nuevo mecanismo de fiscalización que obliga a los docentes a fundamentar sus pedidos de licencias médicas y a completar formularios para justificar sus solicitudes ante el área de Recursos Humanos del Ministerio de Educación. Desde su puesta en vigencia, disminuyó un 40% la cantidad de pedidos de licencias médicas. Pese a ello, la conducción de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro expresó su rechazo y sumó la objeción a la lista de reclamos que motivan las nuevas protestas.
En este contexto, el gremio resolvió intensificar las medidas y anunció un paro de 48 horas para mayo, con la posibilidad de repetir la medida otros dos días en caso de no obtener respuestas a sus demandas.
El Congreso Extraordinario de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro, reunido en Fernández Oro, definió continuar el diálogo con el Ejecutivo provincial, pero ratificó la realización de las protestas. En las medidas de fuerza más recientes, el gobierno no dio el brazo a torcer y aplicó fuertes descuentos a los docentes que se acoplaron a los paros.
La secretaria general del sindicato, Laura Ortiz López, admitió que el objetivo del paro es doblegar al gobierno para que los convoque a una audiencia conciliatoria.
Ortiz López remarcó que el sindicato insistirá en la actualización salarial atada al índice de inflación y en la continuidad del aumento por IPC, rechazando la incorporación de sumas no remunerativas. Además, el congreso gremial definió varios reclamos que amplían el conflicto: exigió la reapertura de las mesas de trabajo acordadas en marzo, cuestionó la implementación del presentismo —al que calificó como “ilegal”.— y denunció incumplimientos en el pago de exámenes preocupacionales.

El gremio también reiteró el pedido de un salario mínimo docente de $2 millones y la incorporación progresiva de sumas al básico en busca de una recomposición que impacte en los haberes remunerativos. Otro de los puntos centrales es la continuidad de la actualización por inflación. Tras las dudas expresadas por el gobernador Weretilneck, el sindicato pidió sostener el esquema y agregar un índice patagónico para contemplar las diferencias regionales.
Entre otras exigencias, el gremio reclama la derogación de las auditorías médicas, la actualización de la movilidad y la eliminación de topes en distintos ítems salariales. Anticipó, además, que avanzará con la judicialización de los descuentos que considera “indiscriminados”, buscando su devolución.
Ortiz López explicó que la fecha límite de los reclamos obedece a la urgencia del sector y que no aceptarán que las negociaciones se dilaten más allá de abril. Por último, el sindicato convocó a otros sindicatos estatales a un encuentro este viernes en General Roca con el propósito de coordinar acciones conjuntas.
POLITICA
La Justicia autorizó a Claudio “Chiqui” Tapia a viajar al mundial de fútbol y la final de la UEFA Champions League

La Justicia autorizó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, a viajar al mundial que se disputará el mes próximo en Estados Unidos, México y Canadá.
La copa del mundo se jugará a partir del 11 de junio próximo. Antes, Tapia fue autorizado a viajar a la República de Hungría, para la final de la UEFA Champions League, que se jugará el sábado 30 de mayo.
El permiso se lo otorgó el juez Diego Amarante, siempre que Tapia cubra una caución de 30 millones de pesos.
El presidente de la AFA está acusado de haberse apropiado de aportes de empleados. La denuncia que motivó la causa fue presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) el 13 de diciembre de 2025 por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por 7500 millones de pesos. La ARCA acusó a la AFA de retener impuestos y aportes de la seguridad social para financiarse ilícitamente, postergando los pagos al Estado por más de 300 días.
En su fallo, Amarante relató que la defensa de Tapia se presentó el 12 de mayo y pidió que se lo autorizara a salir del país entre el 27 de mayo y el 21 de julio de 2026, ambos días inclusive, con destino a la República de Hungría y, posteriormente, a los Estados Unidos de América, México y Canadá, “con motivo de los compromisos deportivos e institucionales que aquél debe cumplir en carácter de miembro del Consejo Directivo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y de presidente de la AFA, en el marco de la final del torneo “UEFA Champions League” y de las distintas actividades oficiales y protocolares vinculadas a la Copa Mundial FIFA 2026″.
La defensa de Tapia dijo que tenía previsto asistir también a los partidos amistosos que la Selección Argentina disputará frente a Honduras e Islandia, el 6 y 9 de junio de 2026, respectivamente, en Estados Unidos, y que participará “de las diversas actividades oficiales y protocolares vinculadas a la Copa Mundial de la FIFA 2026, a desarrollarse entre el 10 de junio y el 19 de julio de 2026″.
El juez advirtió que la defensa “hizo saber que, sin perjuicio de la imposibilidad de precisar de modo definitivo todos los destinos, traslados y lugares de alojamiento involucrados en el itinerario proyectado, asumía el compromiso de informar y acreditar de manera inmediata y permanente cada uno de esos extremos conforme fueran confirmados por las entidades organizadoras y según las contingencias propias del certamen”.
Amarante destacó que la fiscalía se pronunció en favor de conceder el permiso, siempre que se dictaran medidas de control suficientes.
El juez consideró que el pedido de Tapia “se encuentra debidamente circunscripto en cuanto a su extensión temporal, destinos, actividades y restantes extremos relevantes para su control jurisdiccional” y dijo que cuando se lo autorizó, en otra ocasión, a dejar el país, él cumplió con las reglas impuestas.
“De este modo, en la medida de que la presente solicitud aparece debidamente justificada, circunscripta a un itinerario determinado con sustento en las constancias arrimadas al expediente no se y resulta susceptible de control jurisdiccional efectivo, advierten circunstancias que conduzcan a apartarse del temperamento adoptado en la anterior oportunidad referenciada y por tanto, corresponde arribar en el presente a igual solución”, dijo Amarante, que procesó a Tapia el 30 de marzo de 2026, sin prisión preventiva, pero con la prohibición del dejar el país.
En su fallo Amarante advirtió que Tapia “deberá dar cuenta de su regreso a la República Argentina, dentro de las 48 horas de su arribo”, acompañando el “Comprobante del último tránsito de ingreso o egreso del país” bajo apercibimiento “de declararlo rebelde y ordenar su inmediata captura”.
El 12 de marzo pasado, Tapia se presentó en los tribunales ante la citación del juez Amarante para defenderse de las acusaciones. El dirigente entregó un escrito con el que se desvinculó de la deuda y pidió su sobreseimiento: sostuvo que las decisiones sobre impuestos y pagos las toman áreas técnicas de la entidad y que él tiene un rol institucional, ajeno a ese manejo.
Argumentó, no obstante, que la AFA no cometió delito alguno porque se encontraba vigente una resolución administrativa del Ministerio de Economía que suspendió las ejecuciones fiscales y que por eso no podía hablarse de delito.
acusado de haberse apropiado de aportes de empleados,se presentó en los tribunales,Conforme a
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Causa por presunto enriquecimiento ilícito: la Justicia investiga los sueldos del hermano de Adorni en el Ministerio de Defensa

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete y actual diputado bonaerense de La Libertad Avanza, sumó nuevas medidas de prueba con un procedimiento realizado en el Ministerio de Defensa para recolectar documentación sobre los cargos públicos que ocupó desde 2023 y los ingresos que percibió.
La orden fue firmada por el juez federal Sebastián Casanello, a pedido del fiscal Guillermo Marijuán, en el marco de una causa que busca reconstruir la evolución patrimonial del legislador provincial.
Según pudo saber TN, efectivos policiales realizaron una orden de presentación en la cartera de Defensa a fines de la semana pasada y se llevaron documentación vinculada a las designaciones de Adorni, su historial salarial y posibles retenciones.
Durante el procedimiento también se consultó si el funcionario había presentado las declaraciones juradas patrimoniales correspondientes por los distintos cargos que ocupó. Entre hoy y mañana la fiscalía espera recibir el material completo entregado por el ministerio.
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La causa se inició a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano, quien planteó inconsistencias en la evolución patrimonial de Francisco Adorni luego de su llegada a la función pública tras la asunción de Javier Milei. Según la presentación, el dirigente habría registrado un incremento patrimonial del 84% en un año.
Adorni desembarcó en el Gobierno nacional en 2024 como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa. Más tarde, en junio de 2025, fue designado al frente del Instituto de Ayuda Financiera para pago de retiros y pensiones militares (IAF). Ese mismo año encabezó la lista de La Libertad Avanza en la Octava Sección Electoral bonaerense y consiguió una banca en la Cámara de Diputados provincial.
La documentación incorporada ahora al expediente será analizada en los tribunales de Comodoro Py junto a otras medidas ya ordenadas por la fiscalía. Marijuán había considerado “indispensable” avanzar con información sobre las designaciones, funciones e ingresos del hermano del jefe de Gabinete para determinar si existieron inconsistencias patrimoniales.
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En ese contexto, el fiscal solicitó copias del legajo personal de Adorni, los actos administrativos relacionados con sus nombramientos desde 2023 y las constancias de presentación de declaraciones juradas patrimoniales iniciales, anuales e integrales, tanto en su paso por la Unidad de Auditoría Interna como en el IAF.
La semana pasada, además, Casanello dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario del legislador bonaerense. La medida alcanzó información ante organismos tributarios y entidades financieras para profundizar el análisis de sus movimientos económicos.
Como parte de la investigación, la fiscalía ya libró pedidos de informes a más de 30 organismos y entidades públicas. Entre ellos figura la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a la que se le requirió información desde 2020 hasta la actualidad sobre declaraciones juradas, pagos, bienes registrables, regímenes de facturación y eventuales sanciones aduaneras.
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También fueron requeridos datos a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) y a la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), con el objetivo de conocer impuestos activos, operaciones y bienes vinculados a Francisco Adorni. En relación con automotores e inmuebles, el fiscal pidió además determinar quién paga esos tributos y si existen deudas asociadas.
La investigación incluye además un pedido de información a Migraciones para reconstruir las salidas del país realizadas por el legislador, sus destinos y, en caso de viajes terrestres, las identidades de las personas que lo acompañaron.
El expediente contra Francisco Adorni tramita por separado de la causa que involucra a Manuel Adorni, también investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Ese expediente está delegada en la fiscalía de Gerardo Pollicita y bajo la órbita del juez Ariel Lijo. En ambos casos, la Justicia analiza movimientos patrimoniales, declaraciones juradas y evolución de bienes de integrantes del entorno familiar del jefe de Gabinete.
Francisco Adorni, Manuel Adorni
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Un fiscal pidió que el Gobierno le entregue el expediente de una licitación por trabajos de jardinería en la Casa Rosada y Olivos

El fiscal federal Ramiro González pidió hoy que el Gobierno le entregue el expediene completo de una licitación “para la contratación del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y riego de los espacios verdes de la Residencia Presidencial de Olivos y Casa de Gobierno”.
Se trata de una medida previa a decidir si debe abrirse una investigación penal. El fiscal escribió: “Dado que se desconoce el estado actual de la licitación cuestionada, previo a analizar la procedencia del impulso de la acción penal, se considera necesario requerir información vinculada al trámite del procedimiento licitatorio y al estado actual del mismo”.
La denuncia que dio origen a este expediente la presentó la diputada nacional Marcela Pagano contra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Es por los presuntos delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Pagano llegó al Congreso de la mano de La Libertad Avanza, pero hoy se distanción del bloque oficialista.
La Licitación Pública cuestionada es la N° 23-0005-LPU26, convocada por la Secretaría General de la Presidencia de la Nación.
Tomas Cuesta – Getty Images South America
Según relató el fiscal González en su resolución, “se cuestiona que en dicho procedimiento se habrían presentado como oferentes las firmas La Mantovana de Servicios Generales SA y Grub SA, pese a que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia mediante dictamen IF- 2024-105621660-APN-CNDC#MEC, concluyó que ambas integran un mismo grupo económico, circunstancia que, según se sostiene, generaría una apariencia ficticia de competencia en el marco de la licitación”.
Fuentes de los tribunales informaron a que tras recibir y analizar la documentación de esta licitación, la fiscalía decidirá si corresponde impulsar una causa penal.
Olivos,Karina Milei,Conforme a,Olivos,,En Olivos. Estos son los precios de una cochera para alquilar o comprar,,Alquileres en zona norte. ¿Es mejor una propiedad cerca de la avenida Maipú o Libertador?,,Alquileres. Cuánto más barato cuesta un departamento sobre Maipú si se compara con Libertador
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