“Nunca fui lo que querían de mi”, tararea Patricia Bullrich en su último spot acompañando una canción que canta Lali Espósito. Nadie sabe si es mejor quedarse con esa frase o con el hecho de que la actual senadora haya rescatado a Lali Espósito, una cantante y compositora abiertamente crítica de la gestión de Javier Milei. Hubo un tiempo reciente en el que el Presidente le dedicó a la artista uno de sus habituales insultos, le faltó el respeto a una mujer y, encima, cambió su apellido ofensivamente: Lali Depósito, la llamó. “Sé que quisieran poder controlarme”, dice Espósito en ese canto, y Bullrich la sigue con los labios. Y concluye con una sonrisa irónica con otro párrafo de la canción: “No voy a vivir con miedo”.

Esas oraciones sintetizan de algún modo el instante político que está viviendo Patricia Bullrich, una mujer con casi cincuenta años de experiencia política y por eso, aunque no solo por eso, con un especial olfato político para establecer la ocasión exacta en la que la rosa de los tiempos marca un cambio en la dirección del viento. Tampoco quiere que la historia la encuentre sumisa ante el error de los otros, o que otros hayan aprovechado la oportunidad que ella tuvo.

“Están locos, recontra locos”, dijo después en declaraciones públicas aludiendo al Gobierno y a los cambios inconsultos en el presupuesto. Para decir eso, ya ni siquiera necesito a Lali Espósito. “Yo nunca hablo de los periodistas”, repite la senadora, que milita en el mismo partido que ha hecho de sus agravios al periodismo un método político. Su actual estabilidad política no depende, además, de la voluble voluntad del Presidente; ella tiene ahora por delante, como senadora nacional, un mandato por cinco años más, y solo ella puede decidir si completa ese mandato o si elige hacer otra apuesta en su larga carrera en la vida pública. Seguramente elegirá correr otro riesgo, sobre todo si tiene la posibilidad de volver a competir por la presidencia de la Nación. Nunca nadie la vio resignarse a la derrota de 2023. “Yo quería estar ahí”, solía lamentarse cuando se avecinaba el balotaje entre Milei y Sergio Massa.

Sin embargo, pasó rápidamente la página del lamento y se dedicó a la reconstrucción de su vida política. Lo está logrando. Tiene siete vidas. No acostumbra a coleccionar rencores, y hoy se acercó a radicales, a sus viejos compañeros de Pro y hasta a algunos peronistas no kirchneristas. Hay una sola valla que no cruzó y consiste en un acercamiento a la vicepresidenta, Victoria Villarruel, que nunca sucedió hasta ahora. Puede ser porque eso sería una ruptura terminal con Milei o simplemente porque la considera una futura competencia de ella misma.

Dicen los que merodean al lado del poder que Karina Milei fue la que impulsó la carrera de Bullrich hacia la senaduría nacional. No fue por generosidad, agregan, sino porque la quería sacar del gabinete de Milei, donde era una popular ministra de Seguridad. Pésima maniobra política de la hermana presidencial, si es que fue así: ahora tiene a una senadora que no depende de ella ni de su hermano. Y la tiene justo cuando se extiende el runrún de que el año próximo se necesitarán alternativas más amplias que la que puede significar un duelo solitario entre Milei y Axel Kicillof.

El establishment sensato de la política y el empresariado comienza a clamar por una solución que no signifique un regreso al pasado. Es lo mismo que pide una clara mayoría social. La idea electoral de crear más alternativas para el año próximo choca de frente con las ideas de Milei y su hermana, porque estos aspiran a un combate con Kicillof, solos entre ellos dos, a cara o ceca. Pero no pocos dirigentes políticos −y no menos líderes empresarios− optan por no correr ese riesgo porque suponen que puede terminar ganando Kicillof. Han mirado con atención la última encuesta de Poliarquía, que señala que el 52 por ciento de la sociedad preferiría como futuro presidente a Javier Milie o a Mauricio Macri, si se suman los dos resultados de la medición. Quiere decir que está intacto el núcleo social que los llevó al poder a Macri en 2015 y a Milei en 2023. Es una mayoría no peronista ni mucho menos kirchnerista.

El radicalismo no tiene candidato presidencial. En 2023, el radicalismo fue un aliado de la coalición Juntos por el Cambio que ayudó a Patricia Bullrich en su elección presidencial. La actual senadora por Santa Fe Carolina Losada suele destacar que Bullrich es una política que cumple con su palabra, sobre todo si se la compara con los funcionarios y legisladores del Gobierno, que nunca respetan nada porque siguen los humores que predominan en Olivos. Losada recuerda que cuando se trató la nueva ley de biocombustibles, el bloque libertario que lidera Bullrich tenía los votos suficientes como para aprobar un proyecto que no cumplía con los acuerdos entre la exministra de Seguridad y la senadora santafesina. Santa Fe es una de la provincias más interesadas en el biocombustible. Losada le recordó entonces el acuerdo entre ellas y Bullrich decidió en el acto cumplir con ese trato, le gustara o no al Gobierno. ¿Losada se encolumnará con Bullrich? Por qué no.

Dirigentes de Pro son menos concesivos en el reconocimiento a Bullrich como una política cumplidora de pactos. Pero, no obstante, estarían dispuestos a acompañar una eventual candidatura de Bullrich si las alternativas fueran Milei y Kicillof. “Es trabajadora y honesta”, reconoce Mauricio Macri en medio de los reproches que le hace por algunos actitudes de ella en los últimos dos años. No obstante, en esa dirigencia de Pro decidida a respaldar a la actual senadora libertaria se pueden inscribir al propio expresidente de la Nación, y también a Jorge Macri. El candidato de Pro es el economista Hernán Lacunza, un profesional eficiente y con experiencia en la administración pública. Fue gerente general del Banco Central y el último ministro de Economía de Mauricio Macri, el que tuvo que encargarse de imponer cierto orden al descalabro de la economía que la sociedad provocó cuando eligió en las primarias presidenciales al dueto Alberto Fernández-Cristina Kirchner.

El principal problema de Lacunza, o el único, es que la mayoría de los argentinos no lo conoce. Podría ser, sin embargo, una figura central en la construcción de una alternativa sensata a Milei. Bullrich lo sabe, y sabe también que deberá abrirse a la conformación de una alianza amplia si quiere ganarle una interna a Milei. Pro, partido político que Bullrich presidió hasta 2023, tampoco tiene hoy un postulante competitivo, salvo que Mauricio Macri decida jugar él mismo.

El expresidente calla; nunca en su vida política se lo vio apostar prematuramente. Siempre prefiere esperar hasta el último momento para establecer si la sociedad lo necesitará o no. Tampoco lo seduce, por ahora, la posibilidad de que un expresidente de la Nación sea derrotado. Macri y Bullrich han estado mucho tiempo muy cerca. Ella, además, se convirtió en la figura más popular de la política desde que fue ministra de Seguridad de Macri. Sigue siendo la persona pública con más simpatías sociales. Ni siquiera Milei la pudo bajar de esa cima, aunque hubo momentos en los últimos dos años en los que el Presidente la acompañó en el segundo lugar. Ya no es así. La popularidad de Bullrich, con un discurso duro sobre la necesidad de restablecer el orden en las calles, significó también un síntoma del hartazgo social por la inseguridad y por el caos piquetero en el espacio público. ¿Negociaría ella con Macri y con los radicales? Como persona de la política que es, sabe que la negociación es inherente a la política. Lo está haciendo en el Senado. “El Senado cambió desde que ella llegó. Antes no se sabía con quién hablar y si los oficialistas iban a cumplir sus promesas. Ese vacío ya no existe”, dice un senador del radicalismo.

Nadie, ni siquiera Bullrich, está pensando en una candidatura presidencial a espaldas de Milei. Sería la división de la franja sensata de la sociedad y el ofrecimiento del triunfo al peronismo. La alternativa que tiene Bullrich es presentarse a una primaria abierta, simultánea y obligatoria, rodeada de una importante coalición de partidos y profesionales, para competir con el propio Milei por la candidatura presidencial. “Preservar el espacio”, dice ella, sin aclarar quién será el encargado de preservarlo. “Blindar el cambio”, expresa Macri, pero tampoco aclara quién se hará cargo del blindaje. Esa elección interna será posible, y Milei no la podrá evitar, si, cómo todo lo indica, al Gobierno le es imposible eliminar las PASO, proyecto que no quieren votar ni los senadores amigos.

Solo el 34 por ciento del electorado de la Capital, el más sofisticado del país, estaría dispuesto a votar de nuevo a Milei, según encuestas que circulan entre funcionarios oficialistas y opositores. Casi el 70 por ciento de la sociedad nacional, de acuerdo con la unanimidad de las mediciones de opinión pública, se manifiesta insatisfecha por la situación de la economía. ¿Es casual que Bullrich haya dicho hace poco que le preocupa “muchísimo” la recuperación de la economía? ¿Fue accidental su pedido público al Gobierno para que los beneficios de los cambios económicos lleguen con más rapidez a la vida cotidiana de los argentinos? Nada es casual ni ingenuo en ella. Su profesión es la política.

Las encuestas registran también que Milei perdió todos los votos de Patricia Bullrich que lo acompañaron en el balotaje con Massa. Por eso, es improbable que pueda haber una fórmula Milei-Bullrich el año próximo. Ni ella parece dispuesta a cumplir un eventual rol vicepresidencial, ni los hermanos Milei la quieren ver ocupando la poltrona donde ahora se sienta la también rebelde Villarruel. Bullrich jugará por la presidencia si decide jugar el año próximo. Las dos minorías políticas intensas del país, los fanatismos del mileísmo y del kirchnerismo, suman juntos alrededor del 50 por ciento de la sociedad. La otra mitad de la argentinos decidió que por ahora su liderazgo político esté vacante. Ese es el lugar que, se lo mire por donde se lo mire, la senadora quiere ocupar. Sabe cómo hacer para que hablen de ella, sin que ella hable lo suficiente como para cruzar los naturales límites de la política.

Una grabación secreta hecha a escondidas, que fue anulada durante una década, 96 facturas truchas y la ruta del dinero que reconstruyó cómo se pagó una coima del 5% del millonario contrato, son las principales evidencias en las que se basó la condena a Julio de Vido, José López y Néstor Ulloa a cinco años de prisión por el caso Skanska, la primera causa de corrupción del kirchnerismo.

En 1145 páginas difundidas este martes, el Tribunal Oral Federal 4 reconstruyó cómo en 2004 se pactó de antemano que las obras de los gasoductos Norte y Sur iban a ser adjudicadas a la constructora sueca, cómo se pagó un retorno del 5% “incluido en los costos” y cómo la prueba principal del caso estuvo anulada casi una década.

“Si las líneas están arregladas… la línea desde que se entregó tiene incluidos los costos y ya sabíamos que antes de tener respuesta lo íbamos a ganar”, confesó Javier Azcárate, gerente comercial de Skanska. Lo dijo en marzo de 2006 sentado en su oficina, frente al auditor interno de la empresa Claudio Corizzo. Antes de empezar, Azcárate le había preguntado si lo estaba grabando y el auditor le dijo que no, pero no era cierto.

Esa conversación estuvo anulada durante diez años como prueba. Así es la maquinaria judicial de Comodoro 2002, capaz de enterrar la evidencia, cuando los acusados están en el poder, y resucitarla luego hasta llegar a una condena. Pero la grabación se recuperó y es una de las claves de la sentencia que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 dio a conocer hoy.

Los jueces Néstor Costabel y Jorge Gorini votaron en mayoría por condenar a De Vido, López y Ulloa a cinco años de prisión por cohecho pasivo y administración fraudulenta; a tres exdirectivos de la constructora sueca a cuatro años y a otros seis acusados a tres años de ejecución condicional. La jueza Gabriela López Iñiguez votó en disidencia, sin estar convencida de que los funcionarios recibieran coimas, aunque sí de la maniobra.

Los fundamentos del fallo explican qué pasó dentro del Ministerio de Planificación, del Enargas, de Nación Fideicomisos y de la empresa Skanska entre noviembre de 2004 y abril de 2006.

Según el tribunal, la maniobra empezó antes de que existieran las licitaciones. Lo hizo “incluso antes de que estuvieran disponibles todas las especificaciones técnicas”. Para los jueces, ese dato, junto con que la empresa ya sabía que iba a ganar, muestra que no se trató de “una evaluación comercial ordinaria”.

Del lado del Estado, el fallo describe un conjunto de normas que incidieron en el negocio. Son el decreto 180/04, la resolución 185/04 firmada por De Vido, la resolución 663/04 y la nota 658/04 de la Secretaría de Energía.

Con esas normas se armó el programa de fideicomisos de gas y se repartieron las funciones entre Energía, Obras Públicas, Enargas y Nación Fideicomisos.

En los expedientes del Enargas (el 8786 TGN y el 8787 TGS) consta que las empresas que gerenciaban las obras advirtieron por escrito, y con cifras, que los precios no tenían justificación, y el Estado respondía que había fondos y que por eso iban a seguir adelante.

Según los jueces, así se impuso la lógica de que “si existían fondos disponibles, el procedimiento debía continuar de todos modos”. El perjuicio para el Estado quedó fijado en $34.594.947,34, en valores de la época. Todo salió a la luz después del allanamiento que hizo el fiscal Carlos Stornelli en Skanska a comienzos de 2006, en busca de papeles de Infiniti Group, usada para los pagos.

La Auditoría ya tenía identificadas ocho o nueve compras sospechosas: las obras estaban casi terminadas, pero se seguían registrando compras. La empresa le pidió a Corizzo que profundizara, pero los gerentes del proyecto le dijeron que habían actuado por órdenes superiores.

Corizzo, que dependía del Ceo de la compañía, se dio cuenta de que estaba auditando a sus propios jefes. Decidió grabar la siguiente entrevista. El audio dura una hora y media. En ella Azcárate cuenta cómo se repartía el dinero. “¿A cómo están divididos? ¿A quién le fue la guita?”, pregunta. Y se responde: “Tres por ciento, ENARGAS; y dos por ciento, Nación Fideicomisos. (…) Más los costos”.

Azcárate describe a los intermediarios: “El cliente, para asegurarse el cobrar, te pone uno, dos, tres tipos, que son generalmente contadores que manejan diez empresas, cinco empresas, ocho empresas, que tienen las cuevas”. Y acto seguido, le entrega al auditor la lista completa de proveedores falsos: no eran ocho o nueve, eran 23.

En un momento de la conversación, Corizzo le dice que no pueden seguir “coqueteando con los mafiosos”. Azcárate le contesta: “Sabés que está todo infiltrado, hay compromisos de otros lados”. El auditor completa: “Terminás en una zanja”.

La historia de la grabación es también la historia de las irregularidades de la instrucción. Corizzo y un colaborador, Aldo Stork, ya fallecido, hicieron una versión editada de unos 23 minutos para mostrarle al directorio, sin silencios ni interrupciones.

Grabaron el original y la copia en CD y se los entregaron al directorio, que se los dio al abogado de la empresa. Cuando el juez en lo penal tributario Javier López Biscayart pidió la grabación, el abogado primero dijo que no la había presentado porque creía que no tenía valor judicial. Después dijo que había traspapelado los discos.

La cinta original no apareció nunca. En un allanamiento en Skanska, los técnicos revisaron las carpetas de Auditoría y no encontraron nada. Luego Corizzo mencionó otro directorio, el de análisis de riesgo, y ahí aparecieron copias del original y de la versión editada, guardadas con fecha posterior a su primera declaración.

En los tribunales, el audio tuvo un recorrido igual de accidentado. En 2008 la Sala I de la Cámara Federal excluyó la grabación hasta 2015, cuando la Corte Suprema la rehabilitó. En abril de 2016, Casación validó el audio y ordenó avanzar “con celeridad”.

Cuatro meses después, el juez federal Sebastián Casanello citó a indagatoria a De Vido y López. En octubre de 2018, la Cámara, con otra integración, anuló su fallo de 2011 donde había invalidado toda la actuación, por “un vicio grave en su fundamentación”.

El fiscal Storneli lo había planteado como cosa juzgada írrita, es decir que era producto de pruebas falsas. La elevación a juicio de Casanello llegó en septiembre de 2019 y el juicio empezó en abril de 2024. La parte contable es sólida y no se discutió. Entre mayo de 2005 y marzo de 2006, Skanska emitió 96 cheques a 23 proveedores por $14.017.588,69. Eran truchos.

Algunos proveedores no tenían ninguna capacidad operativa: Constructora La Nueva Argentina, Wikan, Aquasa, Sol Construcciones, Obrytel, Triple T e Infiniti Group, entre otros. Otros tenían actividad real pero simularon servicios que no prestaron. El fallo menciona domicilios inexistentes, objetos sociales indefinidos e identidades usadas sin consentimiento de sus dueños.

Parte de los cheques se depositaba y se retiraba casi completa por ventanilla. Otra parte se cambiaba por efectivo en sociedades de bolsa y cooperativas de crédito, para que fuera más difícil seguir el rastro. Entre 2006 y 2008, Skanska rectificó sus declaraciones juradas ante la AFIP y reconoció que esas operaciones eran simuladas.

La discusión central fue cómo probar que los funcionarios recibieron dinero sin un comprobante de pago. Los jueces reconocen que el audio “no pronuncia el nombre de De Vido”. Pero sostienen que la ley castiga también aceptar la promesa y cobrar a través de otra persona, y que “exigir la constancia directa de cada entrega material equivaldría a desconocer el modo de realización comprobado”.

La responsabilidad del exministro en la sentencia se construyó sumando elementos: la resolución 185/04, las cartas de intención que firmó el 3 y el 15 de noviembre de 2004, que las áreas bajo su mando actuaron de manera coordinada y que el mismo patrón se repitió en el Norte y en el Sur. “La ausencia de un comprobante que documente la entrega personal de una suma determinada no genera una duda razonable”, concluyeron.

La jueza López Iñiguez en su disidencia estuvo de acuerdo con los hechos pero no con la conclusión. Para ella, el audio y los expedientes muestran una “cancha inclinada” a favor de Skanska, algo que encuadra como negociaciones incompatibles con la función pública. Pero sostuvo que no está demostrado “con certeza apodíctica” que De Vido, López y Ulloa hayan recibido o aceptado dinero, ni que el Estado haya sufrido un perjuicio.

También hizo una crítica de fondo a la investigación. Señaló que después de veinte años de trámite y más de dos años de juicio no apareció ninguna prueba nueva respecto de la instrucción. Recordó que la multinacional brasileña Odebrecht, una “pieza fundamental” del negocio, y subcontratistas como Techint y Contreras quedaron afuera de la acusación. Y apuntó a que la fiscalía terminó pidiendo la absolución de todos los que emitieron las facturas falsas porque, según su conclusión, no sabían para qué eran.