POLITICA
Sanz, Negri y Jesús Rodríguez piden que la UCR tenga un candidato a presidente en 2027 para enfrentar a Milei
Un sector de la Unión Cívica Radical (UCR), encabezado por los históricos dirigentes Jesús Rodríguez, Mario Negri y Ernesto Sanz, se reunió este jueves bajo el lema “Radicales, estamos a tiempo” en un auditorio del centro porteño y planteó la necesidad de que el partido “salga de la irrelevancia” y se constituya como una alternativa al gobierno de Javier Milei –pero también al kirchnerismo– de cara a las elecciones de 2027.
Esto implica tanto la presentación de un candidato presidencial –aunque evitan los nombres propios– como la conformación de una coalición de centro y republicana con espacios afines –una suerte de reedición de Juntos por el Cambio–, según supo de uno de los armadores del espacio. Consideran que hay un universo de votantes “huérfanos” que se ubican “entre el populismo y la motosierra” al que pretenden representar.
“Así como está el radicalismo, vamos a la irrelevancia. Estamos fuera de la conversación de los ciudadanos. La UCR se encuentra en un estado de parálisis: hay que encontrar un relato que nos dé relevancia y nos conecte con la sociedad”, lanzó el mismo dirigente en los minutos previos al encuentro. Y agregó: “La UCR debe desacostumbrarse a no tener candidato [presidencial]”. En esta línea, se manifestaron a favor de las PASO.
Entre tanto, Negri planteó a que el espacio debe “convocar a la construcción de una coalición de centro democrático, republicana, con sentido de desarrollo social, productivo y federal. En ese contexto, el radicalismo debe tener candidato presidencial”.
La reunión no contó con la organización oficial de la UCR –aunque valoraron el debate–, ni con la participación de sus gobernadores –Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Carlos Sadir (Jujuy), que dialogan y acompañan, con matices, a la Casa Rosada en el Congreso– ni de los legisladores nacionales, aunque argumentan que “la invitación fue abierta”. Sí participó del encuentro Inés Brizuela, vicepresidenta de la UCR nacional.
Con estos objetivos en mente, el sector de los históricos convocó a un panel de especialistas –comprometidos con el radicalismo– que realizaron un diagnóstico de la coyuntura política y económica nacional y del panorama internacional, con fuertes cuestionamientos al oficialismo.
En él participaron Alfonso Prat-Gay, exministro de Hacienda de Mauricio Macri; Ricardo Gil Lavedra, exministro de Justicia de Fernando de la Rúa; Carlos Pérez Llana, exfuncionario de De la Rúa y de Raúl Alfonsín; el politólogo Martín D’Alessandro y la socióloga Liliana De Riz.
Prat-Gay ensayó críticas al plan económico del gobierno nacional. Sostuvo que “la dinámica social del ajuste va en línea con otros programas de estabilización que no tuvieron éxito”, algo que se consigue si “enamora” a la gente y “genera crecimiento”. “Acá no vemos esto”, puntualizó el exministro.
Desde su visión, la gestión libertaria enfrenta un “malestar social” que está plenamente vinculado al nivel de los salarios –condicionados por el endeudamiento familiar–. “¿Qué herramientas tiene el Gobierno para revertir la pesada carga del ciclo económico frente a un año electoral? Da la impresión de que no tienen las herramientas, la empatía ni la capacidad”, sentenció Prat-Gay.
Y completó: “En un momento donde la sociedad pide más salario y más crecimiento, Milei le dice: ‘Te voy a dar menos inflación’. Ratifica la desconexión del Gobierno con el sentir de la mayoría de los argentinos”.
Por su parte, Gil Lavedra enfatizó la necesidad de “fortalecer las instituciones”. “La calidad institucional no es indiferente para el desarrollo económico con inclusión social. Sin ella, no lo hay”, afirmó.
Además, señaló la “mala situación” de la Justicia argentina y cuestionó la “judicialización absoluta de todo”. Por último, propuso revisar los métodos de designación de los jueces para que primen los criterios técnicos. “La función judicial debe relegitimarse: los jueces deben rendir cuentas y comportarse como jueces”, cerró.
Tanto en su intervención como en las de D’Alessandro y De Riz, apareció la idea de que la crisis que hoy vive el peronismo representa una ventana de oportunidad para que el radicalismo aparezca como una opción ante el electorado en 2027.
El politólogo sostuvo que el partido centenario tiene “una oportunidad para construir una alternativa para el año que viene porque la principal oposición al populismo de derecha gobernante es el peronismo; y el peronismo está en serios problemas, seguramente en el peor momento de su historia y, quizá, en proceso de suicidio o de descomposición”.
De manera sintética, D’Alessandro planteó que “hay una tendencia general a castigar a los oficialismos”, lo que abre la puerta a un triunfo de la oposición en 2027; aseguró que la UCR tiene la capacidad de articular democracia, modernización productiva e integración social, “tres problemas básicos” en la Argentina de hoy; destacó la militancia de “cuadros técnicos” con habilidad para “implementar respuestas a los desafíos”; y llamó a prepararse para llegar al poder, “porque es probable que más temprano que tarde el país nos vaya a necesitar una vez más”.
En tanto, De Riz sostuvo que “el mileísmo y el kirchnerismo son la misma familia política, pero con signos inversos”. En este sentido, la oposición tiene “una oportunidad única en ese enorme espacio de los que reclaman un cambio”, entre los que enumeró a los excluidos por la “crisis de Juntos por el Cambio”, por la incorporación de Patricia Bullrich al Gobierno y por las fugas que se produjeron en Pro, “que finalmente es un partido de experonistas”.
Por su parte, Pérez Llana ilustró brevemente el mapa internacional, al tiempo que valoró la relevancia del vínculo con Brasil para la Argentina –que hoy sufre una crisis diplomática tras los repetidos insultos de Milei a Luiz Inácio Lula da Silva–. Y sumó, en clave partidaria: “El nuestro es un espacio muy grande, pero falta liderazgo y organización”.
Por la tarde, se realizará un debate partidario liderado por los históricos dirigentes Jesús Rodríguez, Mario Negri, Ernesto Sanz, Walter Ceballos, Adolfo Stubrin, Lilia Puig y Facundo Suárez Lastra.
votantes “huérfanos”,Denise Chmois,UCR,Conforme a
La jueza federal María Eugenia Capuchetti pidió al Gobierno que informe si el excandidato brasileño Flavio Bolsonaro tenía algún impedimento para entrar a la Argentina y mandó a preservar las filmaciones del puente internacional entre ambos países, de Migraciones y del aeropuerto de Puerto Iguazú.
Así, dio los primeros pasos en la causa que investiga si funcionarios del gobierno de Javier Milei facilitaron de manera irregular la salida de Bolsonaro hacia los Estados Unidos por la Argentina.
Lo hizo a pedido de la fiscal Paloma Ochoa, que solicitó diez medidas de prueba como parte de una investigación preliminar, antes de decidir si impulsa finalmente la acción penal.
La jueza no aceptó todas las medidas y se limitó a pedir a la Dirección Nacional de Migraciones y a la Cancillería que certifiquen si Bolsonaro tenía algún impedimento para entrar en la Argentina.
Además, pidió que se certifique en qué estado está la causa que se abrió por el mismo hecho en la Justicia Federal de Puerto Iguazú.
Capuchetti también ordenó preservar todos los registros fílmicos de Migraciones en el Puente Internacional Tancredo Neves y en el aeropuerto de Puerto Iguazú, incluidos los del avión en el que viajó Bolsonaro.
Así se busca evitar que se pierdan las imágenes que podrían mostrar cómo pasó el exsenador por los controles y quién lo acompañaba.
La causa empezó con una denuncia de Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero, contra el Presidente y funcionarios de su gobierno.
Los acusa de encubrimiento agravado, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, peculado y malversación de caudales públicos.
El diputado Esteban Paulón presentó otra denuncia por encubrimiento agravado contra Milei, el canciller Pablo Quirno y el asesor Santiago Caputo. Esa denuncia quedó en el juzgado de Sebastián Ramos, y en tribunales esperan que se una al expediente de Capuchetti.
Según Migraciones, Bolsonaro entró a la Argentina a las 22:50 del 27 de octubre por el puente que une Foz do Iguaçu con Puerto Iguazú.
Lo acompañaban su esposa, Fernanda Antunes Figueira, y sus dos hijas. Menos de dos horas después, a las 0:21 del 28, despegó del aeropuerto de Puerto Iguazú un Gulfstream de la empresa Baires Fly.
El avión llevaba 24 horas esperando en la pista. Hizo una escala técnica en Guayaquil, Ecuador, y siguió hacia el aeropuerto ejecutivo de Opa Locka, en Miami. Según el manifiesto de vuelo, Bolsonaro viajó con pasaporte italiano.
En Brasil, el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes le había prohibido salir del país y había ordenado que entregara sus pasaportes.
Lo investigan por presunto lavado de dinero y evasión de divisas vinculados a plataformas de apuestas, y en otra causa por el supuesto desvío de fondos del banquero Daniel Vorcaro.
Migraciones confirmó el cruce y aclaró que Bolsonaro tenía la documentación en regla, que no había un impedimento legal para su ingreso y que no existía un pedido de captura.
En la Casa Rosada dijeron que se cumplieron todos los pasos legales y que la restricción que dictó la Justicia brasileña no tiene que ver con el control migratorio argentino.
Unas dos horas y media después del despegue del avión, a las 2:50, la policía de Misiones paró en la ruta 12 una caravana que venía de Puerto Iguazú.
Según el acta de la Unidad Regional IV, en una Toyota Hiace con patente diplomática de la Entidad Binacional Yacyretá viajaba el asesor presidencial Santiago Caputo.
Caputo se identificó como “consultor político” y asesor de Milei, y pidió que no lo demoraran para no retrasar su regreso.
Delante iba una Ford Ranger que manejaba Jorge Omar Waisman, jefe de Seguridad de Yacyretá y amigo de Caputo.
Consultado por , Caputo negó haber estado en ese control: “De ninguna manera, no sé de qué estás hablando”. Cuando le preguntaron por detalles del operativo, respondió: “Misterio”.
En la causa de Puerto Iguazú, iniciada por una denuncia de la diputada Marcela Pagano, el fiscal Fabián Martínez ya había pedido informes a organismos oficiales.
Pagano había reclamado que se preservaran las grabaciones y que se aclarara qué hacía Caputo en Misiones la noche en que despegó el avión. Cerca del asesor presidencial niegan que haya colaborado con la salida.
impedimento,Consultado por LA NACION, Caputo negó haber estado en ese control,Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
La fuga de Bolsonaro: el Gobierno afirma que ya está colaborando con la Justicia y ratifica que no hubo irregularidades
El Gobierno asegura que ya está colaborando con la Justicia en las causas por la fuga de Flávio Bolsonaro y niega haber ayudado de manera irregular en su salida hacia Estados Unidos. El Ejecutivo defiende la legalidad del procedimiento y rechaza que existieran impedimentos registrados para el tránsito del dirigente brasileño por el país.
En Nación aseguran que la Dirección Nacional de Migraciones remitió los registros del ingreso del excandidato presidencial brasileño y las actuaciones vinculadas con la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) tras los requerimientos de la Fiscalía de Misiones. El material incluye las actuaciones migratorias y los antecedentes administrativos relacionados con el ingreso del senador, su familia y el traslado hacia el aeropuerto. La información oficial no permite establecer todavía si fueron entregadas todas las grabaciones de seguridad, los registros aeroportuarios y los demás elementos solicitados en las investigaciones.
La posición del Ejecutivo es que Bolsonaro ingresó con documentación válida y abandonó la Argentina por sus propios medios, sin restricciones legales. En el Gobierno sostienen que se respetaron los procedimientos correspondientes y que no detectaron actuaciones contrarias a la normativa argentina. También plantean que la prohibición judicial de abandonar Brasil debe ser examinada por las autoridades de ese país y que no implicaba automáticamente un impedimento migratorio en territorio nacional.
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, respaldó públicamente esa interpretación durante una actividad oficial en Rosario. El ministro coordinador sostuvo que el senador brasileño ingresó con la documentación correspondiente y que tampoco existían impedimentos de Interpol para su tránsito. La defensa oficial se concentra en la ausencia de una orden de captura internacional o de una restricción registrada que obligara a las autoridades argentinas a impedir su ingreso.
La remisión de la documentación se produce después de que la Justicia federal iniciara actuaciones para determinar si existieron delitos durante el paso de Bolsonaro por la Argentina. En Comodoro Py, la fiscal Paloma Ochoa solicitó medidas preliminares en una denuncia contra Javier Milei y otros integrantes del Ejecutivo por presunto encubrimiento. La causa quedó radicada en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti y busca establecer si hubo irregularidades migratorias o incumplimientos de obligaciones legales.
En paralelo, el fiscal federal de Puerto Iguazú, Fabián Martínez, requirió informes a distintos organismos nacionales por una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano. La investigación apunta a determinar las circunstancias del ingreso del senador y si existían restricciones que afectaran su posibilidad de atravesar territorio argentino. Entre las medidas solicitadas figuran registros migratorios, documentación aeroportuaria y elementos vinculados con la operación del vuelo privado.
Uno de los puntos centrales es reconstruir qué información recibieron Migraciones y las fuerzas de seguridad sobre la situación judicial de Bolsonaro antes de su salida de Brasil. La Fiscalía busca establecer si existían alertas internacionales, notificaciones judiciales o antecedentes que debieran haber sido considerados durante los controles. La prohibición de salida dispuesta por un juez brasileño no constituye por sí sola una orden de detención ejecutable en la Argentina, pero su eventual comunicación formal podría resultar relevante para evaluar el procedimiento.
POLITICA
Cuadernos de las coimas: una testigo describió reuniones de empresarios con uno de los presuntos recaudadores
Una testigo en el juicio del caso de los cuadernos de las coimas aseguró que eran “habituales” dentro del Ministerio de Planificación los encuentros entre empresarios de la obra pública y el jefe para el que ella trabajaba, el exfuncionario kirchnerista Roberto Baratta, mano derecha de Julio De Vido y acusado de haber sido uno de los recaudadores en el presunto circuito de sobornos.
Quien lo sostuvo fue Florencia Rizzo Patrón, exsecretaria de Baratta, que trabajó en el ministerio entre 2008 y 2015. Hoy, ante el Tribunal Oral Federal N° 7, identificó entre los empresarios que concurrían al despacho del exfuncionario a Juan Carlos de Goycoechea, exdirectivo de Isolux Corsán; Carlos Wagner, empresario de Esuco y expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción; y Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería.
Los tres están acusados en el juicio por el presunto pago de coimas y dos de ellos, De Goycoechea y Wagner, integran el grupo de los arrepentidos.
“Se hacían en el despacho del licenciado Baratta”, recordó sobre los encuentros. “A puertas cerradas y si no teníamos el permiso de él [Baratta], tampoco podíamos ingresar”, dijo.
Rizzo Patrón también afirmó que entre los empresarios que participaron de aquellas reuniones estaban Franco Macri y Sebastián Eskenazi, que no están acusados en el juicio.
Baratta fue subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del ministerio que dirigía De Vido.
Los secretarios
El testimonio de la mujer fue solicitado por la defensa del también exsecretario de Baratta Nelson Lazarte, que estuvo presente hoy en la Sala AMIA, donde se lleva adelante el proceso.
Para la acusación, Lazarte fue una pieza clave en el engranaje operativo. Entre otras cuestiones, habría sido uno de los encargados de coordinar los encuentros con los empresarios para el pago de sobornos.
“Nelson no podía decidir nada”, dijo Rizzo Patrón sobre su excompañero. La mujer negó irregularidades y afirmó nunca haber visto a Lazarte con bolsos ni dinero en el ministerio.
La audiencia siguió con otro testimonio pedido por Lazarte, Oscar Crispín Díaz Fernández, un amigo del barrio donde ambos se criaron, conocido popularmente como Villa La Rana.
El testigo relató que Lazarte había logrado comprarse una casa y “salir” del barrio. “Una casa normal. No es tan grande”, dijo.
También contó que Lazarte ingresó a la función pública después de entregarle una carta en mano a Néstor Kirchner, en la que le pedía trabajo, durante una recorrida que el expresidente realizó por el barrio en 2008.
“Ahí empezó a trabajar como cadete —aseguró—. La estaba pasando mal, estaba sin trabajo, era una época jodida.”
En el expediente, Lazarte aparece señalado por las confesiones de arrepentidos, peritajes y entrecruzamientos de llamadas. También lo complican datos en los escritos del chofer Oscar Centeno. Entre ellos, que un Fiat Siena registrado a su nombre fue comprado por orden de Baratta para que fuera utilizado los miércoles para la presunta recaudación de sobornos.
Durante su indagatoria, en marzo de este año, Lazarte dijo que atravesaba una situación “muy injusta”, que no había participado de ninguna asociación ilícita y que trabajaba “muy duro” todos los días. “Sigo viviendo en el mismo barrio de siempre”, afirmó.
Federico González del Solar,Conforme a
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