POLITICA
Se agota el tiempo de las reformas

Faltan poco más de dos meses para que se cierre el período legislativo. Ese plazo es importante porque el Gobierno parece obsesionado con cambiar la legislación electoral vigente, sobre todo con la eliminación o suspensión de las primarias abiertas, obligatorias y simultáneas (PASO). Resulta, y de ahí lo perentorio de aquel plazo, que la Cámara Nacional Electoral dictó una acordada en la que advierte que las reglas del juego deben respetarse cuando se avecinan las elecciones. Los jueces de esa Cámara (Alberto Dalla Vía, Santiago Corcuera y Daniel Bejas) escribieron la oportuna resolución porque el proyecto de reforma política que ahora debate el Senado incluye algunos cambios esenciales para los comicios, justo cuando falta un año para las elecciones presidenciales en las que Javier Milei aspira a renovar su mandato.
La acordada, si se la lee bien, no tiene ningún sentido partidario ni fue escrita para beneficiar a un sector u otro de la panoplia ideológica. Fue simplemente un llamado de atención que podría sintetizarse de esta forma: no es democrático cambiar las reglas del juego cuando está por comenzar el partido. ¿Significa que ya pasó el tiempo para aplicar esas reformas que no refieren solo a las PASO? Expresa, más bien, una exhortación distinta: háganlo ahora o no lo hagan el año próximo.
En rigor, la condición inalterable de las reglas electorales en un año de elecciones es una tradición muy arraigada, o una imposición legal en varios países. Pecadora y transgresora, la política argentina suspendió el año pasado, en febrero, las elecciones primarias meses antes de que se realizaran las elecciones legislativas de mitad de mandato. Ese es el antecedente que suele exponer el Gobierno para insinuar que está pensando en alargar el debate y pasarlo para marzo del próximo año. Eduardo “Lule” Menem, el influyente colaborador de Karina Milei, estaría sondeando esa posibilidad. Hasta ahora, no le llevó buenas noticias a su jefa.
Los aliados suelen hacerles una aclaración a tales sugestiones: no son lo mismo elecciones legislativas que las presidenciales y, además, ya es necesario decirles basta a las arbitrariedades. Los propios senadores oficialistas o aliados reciben mensajes distintos del Gobierno. Mientras Karina Milei, una referente política insoslayable de la administración, les anticipa a los gobernadores y partidos aliados o amigables que no habrá alianzas electorales si ellos no ayudan a sancionar la eliminación de las PASO, ahora o en marzo, otras voces que dicen representar al propio Presidente aseguran que este ya no está seguro de seguir batallando contra las primarias obligatorias. Milei prefiere insistir con sus reformas económicas antes que pelearse con los aliados solo por una elección más o menos.
El principal argumento público del Gobierno, al menos formalmente, es que esas elecciones primarias son impopulares para la gente común y que también consumen mucho dinero del Estado. Todo eso es cierto, pero el proyecto de eliminación o suspensión de las PASO no prevé una alternativa que garantice la vida democrática de los partidos o de las alianzas. ¿Primarias simultáneas, pero no obligatorias para la sociedad, por ejemplo? ¿O, acaso, se sugiere el regreso a los tiempos en que las candidaturas las decidía una estirpe política constituida por unos pocos dirigentes?
La razón real, confesada por funcionarios mileístas, señala que la inexistencia de las PASO perjudicaría al peronismo porque le impediría resolver sus luchas internas en una elección primaria y, por lo tanto, debería presentarse con distintos candidatos en los comicios generales. La división del adversario es siempre una buena novedad. Pero es solo una hipótesis que carece de pruebas. El peronismo suele encontrar los atajos para resolver sus discordias. ¿Esa es la única razón para la eventual eliminación? En otros rincones del gobierno se acota que Karina Milei está también pensando en el territorio propio. La eliminación de las PASO, dice esa versión, les impediría a dirigentes que coinciden con las políticas de Milei, aunque no con sus formas, imaginar otro u otros candidatos que compitan dentro del mismo espacio político con el Presidente en elecciones primarias. “Algunos ya piensan en una gran PASO entre las corrientes políticas sensatas del país”, imagina, no sin cierta paranoia, un funcionario cercano al Presidente.
En ese contexto debe leerse la posición de Pro de no contribuir con sus votos en el Congreso a la eliminación de las PASO. Es una decisión que el partido de Mauricio Macri tomó hace mucho tiempo, y que la ratificó en las últimas horas. “Esperemos hasta ver qué pasa en el Senado, donde nosotros tenemos muy poca influencia”, agrega un dirigente que suele escuchar al expresidente. Los legisladores de Pro son mucho más decisivos numéricamente en la Cámara de Diputados. En el Senado mandan los gobernadores.
Aquella advertencia de Karina Milei sobre un canje entre la eliminación de las PASO por una alianza electoral con gobernadores y Pro, no llegó muy lejos. El Pro confirmó su oposición y los gobernadores no negocian cuestiones electorales. “Pueden negociar hasta el dinero que reciben de la Nación, pero nunca negocian el sistema electoral”, dice uno de los principales líderes parlamentarios.
Las votaciones por cuestiones electorales son complicadas porque necesitan la mayoría absoluta de las dos cámaras. Esto es: se requiere el voto de 37 senadores, no importa cuántos estén en el recinto, y de 129 diputados a favor de la propuesta del Gobierno, también sin que importe cuántos diputados estén presentes. Algunos funcionarios (¿cercanos a Karina Milei?) dicen en voz baja que tales dilaciones son la culpa de Patricia Bullrich, ahora que el proyecto está en el Senado. El rumor es tan injusto como increíble. Ella no está en condiciones de encarar por sí sola semejante negociación con gobernadores y partidos aliados.
El proyecto de reforma política no refiere solo a la eliminación de las PASO, aunque el debate político se haya encerrado en la opción sobre si habrá elecciones primarias o no habrá. El gobierno nacional también incluyó la instalación en el país del llamado sistema de “ficha limpia”, que significa que no puede ser candidata ninguna persona con condena firme por delitos dolosos. La primera idea era más amplia y comprendía a los imputados, pero luego la política llegó a la opinión unánime de que la sola imputación (que la decide un fiscal) era abrirle paso a la parcialidad. “Cualquiera con poder podría conseguir un fiscal amigo para imputar a un adversario”, concluyeron. Es consecuencia también de la mala fama de la Justicia.
La “ficha limpia” es una vieja bandera de Pro, que en su momento hizo conocida a la impecable diputada Silvia Lospennato, autora del proyecto que la Cámara de Diputados no pudo tratar en su momento, aunque el tema estaba previsto en el orden del día. Todavía se recuerda la foto de Lospennato, sola en el recinto, con los ojos desbordados de lágrimas, luego de la fracasada reunión. En los últimos tiempos, el partido de Macri presentó sendos proyectos nuevos sobre la aplicación de la “ficha limpia” en el Senado y en la Cámara de Diputados. ¿Significa entonces que los macristas deberán votar la reforma política para que se apruebe la “ficha limpia”? No, necesariamente. Los diputados de Pro podrían votar a favor en general la reforma política, pero negarle el voto en particular al artículo que elimina o suspende las PASO.
Otra disposición actual quedaría anulada si prosperara la reforma política tal como está redactado el proyecto enviado al Congreso. Se trata de la que obliga a los candidatos presidenciales a debatir públicamente sus ideas (o a intercambiar sus chicanas); el debate tuvo una particular importancia en las últimas elecciones presidenciales, aunque existía el precedente del debate que protagonizaron en 2015 Mauricio Macri y Daniel Scioli, también significativo. Tal vez por eso, el Gobierno se cuidó de no hacer explícita la eliminación de los debates; simplemente anuló en el proyecto el capítulo que los incluía.
Un rumor no confirmado aún indica que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, estaría dispuesto a unificar las elecciones provinciales con las nacionales el año próximo. Las últimas elecciones legislativas fueron separadas y, en verdad, fue una mala maniobra del gobernador, porque él ganó por un buen margen las elecciones legislativas provinciales, pero perdió ampliamente las elecciones de legisladores nacionales un mes y medio después. El principal problema consiste en que las formas de votación serían distintas en la provincia de Buenos Aires. Mientras las elecciones nacionales se votan con boleta única, en el distrito bonaerense se sigue votando con el viejo sistema de las boletas partidarias. La gente común deberá votar, si se unificaran los comicios, en un mismo cuarto oscuro con dos sistemas diferentes. Será necesario un tiempo previo de enseñanza sobre cómo los ciudadanos deberán votar según los candidatos, provinciales o nacionales. Los caudillos del conurbano bonaerense no permitieron nunca que la modernidad (y, sobre todo, la transparencia) mojara sus antiguos modos de hacer política y de enfrentar elecciones. La boleta única significa para ellos un salto al vacío.
La existencia o inexistencia de los debates, o de las primarias obligatorias, o de las elecciones simultáneas en la provincia de Buenos Aires, son cuestiones que pronostican un enorme trabajo logístico, más que nada para la justicia electoral. Tampoco por eso se pueden hacer los cambios a último momento. Quedan poco más de dos meses para que establishment político decida de una buena vez qué quiere hacer para elegir o ratificar al próximo presidente de los argentinos.
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En medio de la tensión diplomática y la fuga de Bolsonaro, Quirno coincidirá con su par de Brasil en una reunión de cancilleres del G20

El Gobierno tiene previsto enviar al canciller Pablo Quirno a Estados Unidos para participar de la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20, que se realizará este viernes 30 y sábado 31 de octubre en Atlanta. El encuentro será encabezado por el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, y contará con la presencia del canciller brasileño, Mauro Vieira, en medio de las tensiones diplomáticas por la salida de Flávio Bolsonaro hacia Miami a través de la Argentina.
La Cancillería brasileña confirmó que está prevista la participación de Vieira en la cumbre, mientras que en el Gobierno argentino ratifican que Quirno proyecta viajar, aunque todavía no tiene una agenda bilateral cerrada. La coincidencia abre la posibilidad de un contacto entre ambos representantes después del episodio de Puerto Iguazú. Por el momento, ninguna de las dos administraciones confirmó que haya solicitado una reunión para abordar la situación del senador brasileño.
El encuentro tendrá lugar después de que Bolsonaro agradeciera públicamente a Javier Milei y Donald Trump por su llegada a Estados Unidos. En una carta difundida este miércoles desde Miami, el dirigente destacó el coraje, el sentido de la justicia y el respeto por la legalidad del Presidente argentino. También agradeció al mandatario estadounidense por recibirlo junto con su familia. La Casa Rosada todavía no respondió institucionalmente a esas declaraciones ni precisó qué colaboración brindó durante el traslado.
La declaración del senador tuvo además una modificación significativa después de su primera difusión. Bolsonaro reemplazó la presentación inicial como verdadero presidente electo de Brasil por una referencia a sí mismo como líder del país, aunque mantuvo más adelante su afirmación de que ganó las elecciones. La carta también fue corregida después de que circulara una versión con una inscripción incorrecta en el escudo brasileño. El asesor presidencial Santiago Caputo republicó desde su cuenta de X la versión modificada del documento.
Bolsonaro reiteró sus acusaciones de fraude en el balotaje del domingo, en el que perdió frente a Luiz Inácio Lula da Silva, sin presentar pruebas que respaldaran su denuncia. El excandidato cuestionó la actuación del Supremo Tribunal Federal y anunció que pretende conducir la oposición desde Estados Unidos. La modificación de la carta no implicó que reconociera el resultado electoral ni que abandonara sus cuestionamientos a las autoridades brasileñas.
Trump también se pronunció sobre la llegada del senador y confirmó que su administración autorizó su ingreso a Estados Unidos. El mandatario afirmó que le permitieron entrar al país, pero aseguró que no pretende intervenir en la controversia brasileña. Además, volvió a cuestionar las circunstancias de las elecciones presidenciales. La declaración constituye un reconocimiento público de la autorización estadounidense, aunque no confirma una coordinación operativa con la Argentina ni la concesión de asilo político.
La Cancillería de Brasil evitó anticipar medidas diplomáticas contra la Argentina ante una consulta sobre posibles pedidos de explicaciones, protestas formales o una reducción de las relaciones bilaterales. Itamaraty respondió que la situación jurídica del senador fue determinada por una decisión del Supremo Tribunal Federal y recomendó consultar a ese organismo. La respuesta no anunció ninguna medida contra el Gobierno argentino, pero tampoco descartó expresamente esa posibilidad.
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Macri y Bullrich desafían a Milei: la línea de acción que vuelve a acercar a los ex aliados

El balotaje en Brasil, los insultos de Javier Milei a periodistas en la cena de la Fundación Faro, la negativa presidencial a reconocer el triunfo de Lula da Silva y la negociación en torno a la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional comprimieron en una semana todas las tensiones que el PRO acumula: ser oficialismo y ser oposición. El resultado –o el efecto colateral-, fue una convergencia discursiva con Patricia Bullrich que, pragmática, comenzó un operativo para diferenciarse de las posiciones más extremas del Presidente.
La señal más reciente llegó el domingo, horas después del balotaje en Brasil. Mientras Javier Milei —que había respaldado abiertamente a Flávio Bolsonaro durante la campaña y compartido publicaciones que cuestionaban el proceso electoral— guardaba silencio, la cuenta oficial del PRO en X fue una de las primeras voces de la dirigencia argentina en reconocer el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva.
“El resultado de las elecciones presidenciales de Brasil abre una nueva oportunidad para afianzar un vínculo que es histórico y permanente. Nuestra relación estratégica es un pilar fundamental que se fortalece con cada nueva etapa democrática”, publicó el partido. El texto concluyó con una felicitación directa al mandatario reelecto y con una declaración de vocación de “diálogo y cooperación” en la relación bilateral.
A título personal, Mauricio Macri también se pronunció el lunes: “Quiero saludar al pueblo brasileño y felicitar a Lula da Silva en su cuarto triunfo electoral. Que su nuevo mandato traiga prosperidad y crecimiento para su país y también la región”. En otro comunicado, elaborado por la Secretaría de Relaciones Internacionales del partido, conducida por Fulvio Pompeo, se advirtió que “los resultados electorales importan: cambian prioridades, alianzas y rumbos”.

“Para Argentina consideramos que es estratégico el vinculo con Brasil. Tenemos muchos temas de interés común y de largo plazo. También compartimos desafíos”, señaló Pompeo a Infobae. El contraste con Milei y el gobierno nacional quedó evidente en varios planos. Milei todavía se niega a reconocer el triunfo de Lula y colaboró para que Flávio Bolsonaro viaje rumbo a Estados Unidos, desde donde se autoproclamó “verdadero presidente electo de Brasil” y agradeció a Donald Trump y al mandatario argentino.
Desde el PRO, además, ampliaron el análisis a un contexto regional más amplio, como los procesos electorales en Israel, Estados Unidos y España: “Hace falta una diplomacia inteligente, capaz de construir relaciones estratégicas incluso con quienes piensan distinto”.
En la misma línea se manifestó Bullrich. “La gente decide en las urnas y su voluntad se respeta. Ese es el principio fundamental de toda democracia, escribió la senadora y excandidata presidencial por Juntos por el Cambio. La exministra de Seguridad reconoció las profundas diferencias políticas con el nuevo gobierno de Brasil, pero las subordinó a una lectura pragmática: países que comparten una historia, intereses estratégicos y enormes oportunidades de cooperación. La declaración se alineó punto por punto con los comunicados del PRO, y contrasta con el silencio —y los antecedentes— del Presidente.
Bullrich también dedicó un párrafo a Bolsonaro, el candidato derrotado al que Milei había apoyado abiertamente, para deslizar una advertencia sobre la calidad democrática: “Es importante que la democracia no sea binaria: el que gana gobierna y el que pierde va a la cárcel. La utilización de una Justicia no imparcial como instrumento para eliminar a la oposición es una herramienta de poder que nunca puede ser el camino de una democracia”.

La semana pasada el partido ya se había desmarcado de Milei tras las descalificaciones del Presidente hacia su par de España, Pedro Sánchez, y una periodista durante su visita a Madrid, y los agravios contra la prensa en la cena de la Fundación Faro, donde sostuvo que los periodistas que cubrieron la causa $LIBRA “se tienen que quemar en la hoguera” y los llamó “hijos de puta”, “ensobrados” y “mercenarios de la mentira”.
La conducción nacional del partido trabajó un borrador con una postura más fuerte contra Milei. Finalmente, se resolvió difundir un texto más moderado: “La libertad de prensa, el respeto por quienes piensan distinto y la responsabilidad de quienes ejercen funciones públicas son valores que se cuidan todos los días, no solo durante una elección”.
Las críticas más duras quedaron a cargo de dirigentes que, en su mayoría, prefieren trazar una distancia mayor con el oficialismo. María Eugenia Vidal, titular de la Fundación Pensar, advirtió que el Presidente “cruza un límite” y que “la libertad no se defiende desde una hoguera, sino con respeto y coherencia”. Silvia Lospennato opinó que “normalizar la violencia verbal es jugar con fuego”. Martín Goerling, titular del bloque PRO en el Senado, y el precandidato presidencial Hernán Lacunza también expresaron sus reparos.
Un mes antes, el 23 de septiembre, otra llamada de atención. Esta vez, el contexto fue la política en materia de discapacidad: el PRO cuestionó de forma directa al Gobierno por incluir en el proyecto de Presupuesto 2027 cambios que, según el partido, “debilitan herramientas fundamentales para garantizar prestaciones y pensiones”. “En el manejo de la política de discapacidad, el Gobierno se equivocó”, afirmó el texto, que concluyó con una frase que sintetiza la postura del partido frente a la alianza con LLA: “Acompañar y blindar el cambio también implica marcar límites. Este, para el PRO, es uno de ellos.”
El encuadre doctrinario de todos estos movimientos lo dio el diputado nacional Fernando de Andreis, uno de los colaboradores más cercanos a Macri. En una extensa publicación en X, explicó que las intervenciones públicas del PRO responden a una decisión consciente de abrir debates de largo plazo que la “urgencia de la coyuntura” desplaza de la agenda. “Brasil, por su historia y su peso estratégico, es un socio clave: cuidar ese vínculo requiere diálogo, cooperación y una mirada práctica sobre los desafíos comunes”, escribió.
En esta línea, el partido ahora podría abrir otra ventana de diferenciación: el estado de la infraestructura y la paralización de la obra pública. Mientras tanto, tiene que definirse la organización de los acuerdos electorales de cara a 2027, con la mesa que coordina el jefe de Gabinete, Diego Santilli, desde Casa Rosada.
El partido a dos velocidades
El contraste entre la retórica pública y doctrinaria y la práctica parlamentaria, las dos velocidades que configura al partido en su relación con LLA, quedó en evidencia con la negociación en torno al proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que el oficialismo anunció por cadena nacional y pretendía dictaminar con urgencia.
Después de semanas de negociaciones y postergaciones por falta de acuerdos, La Libertad Avanza aceptó modificaciones sustanciales para sumar las 60 firmas que obtuvo el dictamen de mayoría en el plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, celebrado este martes. El PRO, que reclamó cambios, y la Unión Cívica Radical (UCR) fueron decisivos para alcanzar ese número.
Son diferencias de práctica y de tono, sobre todo entre dirigentes como Vidal, Lacunza o Lospennato, quienes priorizan la preservación de una identidad republicana e institucional que los distinga del estilo y los excesos de LLA de cara a las legislativas de 2027, y el ala ejecutiva, encabezada por De Andreis y Cristian Ritondo, que garantiza la gobernabilidad de Milei en Diputados.
En cuanto a Bullrich, en el PRO reconocen como “una buena noticia” los últimos movimientos de la senadora, aunque los circunscriben a una clave electoral. “Le habla a nuestro electorado, al que votó a Milei en segunda vuelta pero hoy no está conforme con el Gobierno”, admitió un importante dirigente a Infobae. De todas formas, aseguran, no hay relación entre los ex aliados, salvo a nivel institucional, en el Senado, a través de Goerling. El propio Macri, y muchos en el partido, no cicatrizan que la exministra haya negociado en soledad su incorporación el gobierno de Milei, y renunciado a la identidad amarilla para sumarse a las filas de LLA. Es una herida que aún no cierra.
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El Senado tratará la Ley de Salud Mental y un proyecto de incentivo de inversiones para grandes empresas

El Senado sesionará este jueves a las 14 con la reforma de la Ley de Salud Mental como tema principal. Así lo acordaron este miércoles los presidentes de bloque en la reunión de Labor Parlamentaria. En el temario también se incluyeron dos proyectos de resolución: uno para invitar al papa León XIV al Congreso y otro de beneficios para inversiones desde US$ 12 millones.
Otra de las iniciativas era convocar al jefe de Gabinete, Diego Santilli, para que presentara su informe de gestión. Sin embargo, la convocatoria a Santilli quedó desactivada después de que el funcionario acordara con la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, presentarse el próximo 25 de noviembre. Será su primera exposición ante la Cámara alta desde que asumió el cargo, el 30 de junio pasado.
Los cambios en la Ley de Salud Mental
La reforma llega al recinto con un dictamen de mayoría firmado por el PRO, la UCR, el Movimiento Misionero y el senador Carlos Espínola, de Provincias Unidas. Algunos de esos legisladores firmaron en disidencia porque consideran que el texto no garantiza las partidas presupuestarias necesarias para aplicar la ley.
Por su parte, el bloque Convicción Federal presentó un dictamen propio, con las firmas de Carolina Moisés, Guillermo Andrada y Sandra Mendoza. El proyecto se debatirá al final de la sesión porque algunos senadores aliados todavía tienen dudas sobre su contenido.
Entre los principales cambios, las internaciones voluntarias deberán ser comunicadas a la Justicia. Los jueces podrán solicitar informes y peritajes e incluso dejarlas sin efecto. Además, las internaciones que superen los 180 días, de manera continua o acumulada en dos años, serán consideradas prolongadas. En esos casos, el órgano de revisión deberá intervenir de oficio y se creará un registro específico.
El texto mantiene la prohibición de los manicomios y contempla los tratamientos ambulatorios y comunitarios. También incorpora la ludopatía entre las adicciones, habilita las teleconsultas con psiquiatras y permite que las personas dejen expresado de antemano si aceptan o rechazan determinados tratamientos.
Uno de los puntos más discutidos fue quién estará habilitado para firmar una internación. La última versión establece que deberá hacerlo un médico, preferentemente psiquiatra, o un profesional con formación en salud mental. Además, incorpora una segunda firma, pensada para los psicólogos, que intervendrán en la evaluación y el alta.
El Consejo Federal de Salud (CoFeSa) pidió que ambas profesiones tengan la misma prioridad. A su vez, varias provincias plantearon objeciones por el costo que implicaría implementar los cambios.
Santilli irá al Senado el 25 de noviembre
El jefe de Gabinete acordó con Bullrich la fecha para presentar su informe de gestión ante la Cámara alta, lo que desactivó el intento del peronismo de forzar una convocatoria para el 18 de noviembre mediante un proyecto de resolución.
El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, confirmó que ya comenzó el mecanismo administrativo para que los senadores carguen las preguntas que serán remitidas a la Jefatura de Gabinete antes de la presentación.
El artículo 101 de la Constitución Nacional establece que el jefe de Gabinete debe concurrir una vez por mes a cada cámara del Congreso para informar sobre la marcha del Gobierno. Santilli todavía no se presentó ante ninguna de las dos desde que asumió. El último jefe de Gabinete que brindó su informe ante el Senado fue Guillermo Francos, el 26 de junio de 2025.
La invitación al papa León XIV
La otra resolución que se tratará este jueves propone invitar al papa León XIV a hablar ante el Congreso durante su visita a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre, con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján y una reunión con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.
La agenda difundida por el Vaticano no incluye una visita al Congreso, por lo que en el Senado consideran difícil que la invitación se concrete.
Leé más: Entre el silencio y la desconfianza, el gobierno de Lula reacciona con cautela a la huida de Flávio Bolsonaro desde la Argentina
Los otros temas de la sesión
La sesión comenzará con la jura de Claudia López, de La Rioja, quien asumirá en reemplazo de Juan Carlos Pagotto, fallecido. Luego habrá homenajes a Pagotto y a Norberto Di Próspero, exdirigente de la Asociación del Personal Legislativo (APL).
En el temario también figura el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), un proyecto del radical Eduardo Vischi que contempla beneficios para grandes empresas que inviertan desde 12 millones de dólares, y una iniciativa para regular el mercado de créditos de carbono.
Además, se tratarán proyectos vinculados con pictogramas, educación emocional y la transferencia de un terreno en Puerto Madryn.
Senado, salud mental
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