La Corte Suprema de Justicia dejó firme el monto de casi 685.000 millones de pesos para ejecutar el decomiso sobre los bienes de la expresidenta Cristina Kirchner, el empresario Lázaro Báez y otros exfuncionarios en la causa en la que fueron condenados por corrupción.

Así lo resolvieron los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, que rechazaron un recurso de la expresidenta.

Aún restan resolver varios recursos más relacionados con el decomiso de los bienes, que no se ejecuta hasta tanto se pronuncie el máximo tribunal. Entre ellos, debe decidirse aún si pueden decomisarse los bienes de Florencia y Máximo Kirchner, por tratarse de la herencia de su padre.

En el fallo al que accedió , la Corte dispuso rechazar por “inadmisible” el recurso y aludió al artículo 280 del Código Procesal en lo Civil y Comercial de la Nación, que la exime de dar mayores explicaciones ante la decisión.

El fallo fue ante el planteo de la defensa de la expresidenta, que cuestionaba la forma de actualización de los casi 85.000 millones de pesos, fijados en concepto de decomiso en la sentencia del tribunal oral federal 2, que ya está firme.

También rechazó los argumentos de la defensa de Lázaro Báez, que cuestionaba la competencia del Tribunal Oral Federal 2 para llevar adelante el decomiso.

El 6 de diciembre de 2022, después de tres años de debate oral y público, ese tribunal condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Entendió que favoreció a Lázaro Báez en 51 licitaciones en Santa Cruz y la absolvió por la acusación de asociación ilícita que había impulsado la fiscalía.

También fueron condenados el empresario Lázaro Báez, el exsecretario de Obras Públicas José López, el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti y cinco exfuncionarios de Santa Cruz a penas de entre seis y tres años de prisión.

Cristina Kirchner fue inhabilitada a perpetuidad para ejercer cargos públicos. En tanto, fueron absueltos el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, los exfuncionarios de esa cartera Abel Fatala y Carlos Kirchner -primo del expresidente Néstor Kirchner- y el exfuncionario de Santa Cruz Héctor Garro.

En esa misma sentencia, el tribunal también instó al decomiso de 84.835.227.378,04 de pesos por el perjuicio ocasionado por el monto de sobreprecios, la cifra calculada por cartelización en el proceso licitatorio de cada una de las obras, los daños ocasionados por su abandono y lo abonado en concepto de modificaciones de obras y redeterminaciones de precios en la totalidad de los casos.

También dispuso que esa suma, por la que deben responder solidariamente todos los condenados, fuera “ajustada” según los criterios fijados por organismos técnicos, cuando la sentencia adquiera firmeza.

El 13 de noviembre de 2024, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el fallo del tribunal oral. Las defensas recurrieron ante la Corte Suprema de Justicia. La fiscalía también porque quería que se agravaran las condenas por el delito de asociación ilícita.

El 10 de junio de 2025, la Corte Suprema desestimó el pedido del fiscal y rechazó por falta de fundamentos los planteos de la defensa de Cristina Kirchner y el resto de los acusados. El punto del decomiso no había sido cuestionado entre esas observaciones.

Tras la decisión de la Corte, el tribunal ordenó la detención de la expresidenta y los otros condenados y dispuso la actualización del monto de $84.835.227.378,04 del decomiso.

En ese trámite intervino el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia, junto a peritos de las defensas y del Ministerio Público.

La cifra actualizada fue fijada en $684.990.350.139,86, en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC a mayo del 2025 y a noviembre de 2022 (previos a la condena y su firmeza).

La defensa de Cristina Kirchner, a la que se sumaron otras defensas, apeló esa resolución; el tribunal oral la rechazó y llevaron sus cuestionamientos a la Cámara Federal de Casación Penal. Los jueces Mariano Borinsky, Diego Barroeteveña y Gustavo Hornos rechazaron los planteos y confirmaron la cifra fijada.

La defensa de la expresidenta llegó con un recurso de queja a la Corte Suprema. Los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy insistieron en que el monto fijado por el tribunal oral inicialmente era provisorio y cuestionaron la elección del IPC para su actualización.

Por su parte, la abogada de Lázaro Báez, Yanina Nicoletti, cuestionó además la competencia del TOF 2 para llevar adelante el decomiso porque, a su criterio, en su caso, debía ser el TOF 4, que ya lo condenó en la causa conocida como “la ruta del dinero K”. Los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti desestimaron los recursos por inadmisibles.

Hoy el índice de actualización usado quedó firme y, respecto del monto del decomiso, restan aún resolverse otro cúmulo de recursos planteados por las defensas.

Uno de los responsables del partido político por el que Guillermo Moreno compitió en las PASO de 2023 llegó a un acuerdo con el fiscal electoral Ramiro González para aceptar una inhabilitación de un año por la falta de rendición de cuentas de los fondos de campaña.

Se trata de Alexis Sebastián Leguizamón, responsable económico-financiero de Principios y Valores, que llevó a Moreno como candidato a presidente. Leguizamón se exponía a una pena electoral más dura, pero aceptó con el fiscal encarrillar el caso a través de un juicio abreviado, lo que implica reconocer responsabilidades por no haber acreditado debidamente el origen y el destino de los fondos recibidos por la alianza.

Sin embargo, ese entendimiento deberá ser homologado por la jueza federal con competencia electoral María Servini.

El expediente tramita en el ámbito del fuero electoral y, por ahora, no es una causa penal: apunta a sancionar la falta de rendición de cuentas de campaña.

Pero el fiscal González pidió además que se investigue si hubo una defraudación al Estado por el destino de los fondos públicos entregados a la alianza de Moreno para aquellas primarias, en las que el exsecretario de Comercio no alcanzó el piso del 1,5%.

La imputación contra Leguizamón se apoya en la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, que prevé sanciones para los responsables partidarios y de campaña cuando no puedan acreditar el origen o el destino de los fondos recibidos. La escala legal va de seis meses a diez años de inhabilitación.

Los votos que obtuvo Moreno en las PASO de 2023 −cerca de 200.000− no fueron suficientes para superar el piso legal y competir en las generales, pero sí alcanzan para marcar un dato político: si se sumaran a la cosecha de Unión por la Patria en aquella primaria, el peronismo habría peleado con Juntos por el Cambio palmo a palmo por el segundo puesto, detrás de La Libertad Avanza.