La Cámara Federal de Casación Penal anuló el fallo que había asignado la causa de la mansión de Pilar, atribuida a Pablo Toviggino, al juez de Campana, Adrián González Charvay, cercano a la AFA. A su vez, la definición sobre qué magistrado quedará a cargo de la investigación volvió a demorarse, ya que le enviaron el expediente a la Cámara Penal Económico.

La Sala I del máximo tribunal penal federal resolvió dejar sin efecto la decisión previa de la Cámara Federal de San Martín y dispuso que sea la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico la que determine finalmente qué fuero debe intervenir en la causa.

El conflicto enfrenta al juzgado federal de Campana, encabezado por Adrián González Charvay, cercano a la AFA, con el juzgado nacional en lo Penal Económico N°10, a cargo de Marcelo Aguinsky.

Mientras no exista una nueva resolución, el expediente seguirá bajo la órbita de González Charvay. Sin embargo, la discusión sobre la competencia deberá ser resuelta nuevamente por la Cámara Penal Económico, integrada por Roberto Hornos y Carolina Robiglio, a quienes Casación les pidió actuar “con la celeridad que el caso impone”.

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La decisión fue adoptada por mayoría de los jueces Ángela Ledesma y Javier Carbajo, quienes hicieron lugar al recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal. Ambos sostuvieron que, de acuerdo con las normas procesales y la ley orgánica judicial, correspondía que la Cámara Penal Económico intervenga para resolver el conflicto entre ambos juzgados.

En disidencia votó Mariano Borinsky, quien consideró inadmisible el recurso de casación al entender que las cuestiones de competencia no constituyen sentencias definitivas. El magistrado afirmó además que no se había demostrado un perjuicio concreto ni una afectación al principio del juez natural que justificara la intervención de Casación.

Borinsky también advirtió que anular la resolución y reenviar el expediente a otra Cámara podía generar más demoras en una investigación ya atravesada por discusiones procesales. Según sostuvo, priorizar la nulidad formal por encima de la continuidad del trámite atentaba contra los principios de economía y celeridad judicial.

La causa se originó a partir de una denuncia presentada el 1 de diciembre de 2025 por Elisa Carrió, Juan del Gaiso y Matías Yofe. Allí se denunció un presunto esquema de lavado de activos relacionado con la compra de propiedades, vehículos, caballos árabes y otros bienes de alto valor vinculados a dirigentes de la AFA.

El foco principal de la investigación está puesto sobre una quinta ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar, cuya propiedad se atribuye a Toviggino, considerado uno de los hombres de mayor confianza del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

Según consta en el expediente, el inmueble fue adquirido en mayo de 2024 por un valor declarado de US$ 1,8 millones. Sin embargo, una tasación oficial incorporada a la causa estimó que el valor real de la propiedad podría rondar los US$ 17 millones.

La investigación busca determinar si la compra se realizó mediante una estructura de supuestos testaferros ligados al dirigente de la AFA. Entre los nombres mencionados aparece Luciano Pantano, titular formal de la propiedad junto a su madre Ana Lucía Conte. En el expediente también se incorporaron registros de visitas, movimientos societarios y documentación vinculada a Real Central SRL, la firma bajo la cual figura la quinta.

Otro de los elementos analizados por la Justicia es el uso de una tarjeta corporativa de la AFA por parte de Pantano para distintos gastos. Además, entre las personas registradas como visitantes frecuentes de la mansión figura Máximo Toviggino, hijo del tesorero de la entidad.

La disputa por la competencia comenzó cuando González Charvay reclamó intervenir en el expediente con el argumento de que las propiedades investigadas se encuentran en Pilar y, por lo tanto, correspondía la actuación de la Justicia federal de Campana. Aguinsky, en cambio, rechazó desprenderse de la causa y sostuvo que el eje de la investigación excede al inmueble e involucra una presunta estructura de administración fraudulenta y lavado vinculada a la AFA.

En paralelo, la Cámara Penal Económico ya tiene bajo análisis otra causa sensible relacionada con las autoridades de la AFA. Allí fueron procesados Toviggino, Tapia y otros dirigentes por la presunta retención indebida de aportes e impuestos por unos 19.300 millones de pesos. Ese tribunal también ratificó la prohibición de salida del país para ambos dirigentes y rechazó un pedido para cerrar el expediente.

Pablo Toviggino, AFA, Asociación del Fútbol Agentino (AFA), Claudio Tapia, Chiqui Tapia