En un nuevo capítulo en el conflicto entre las universidades y el Gobierno, los gremios de docentes y nodocentes universitarios realizarán este miércoles un nuevo paro nacional para reclamar por el incumplimiento de tres puntos: la no aplicación de la ley de financiamiento universitario, así como tampoco del fallo de la Corte Suprema que obliga al Estado a aplicar la cautelar para actualizar los haberes de los profesores, y el aumento de las partidas presupuestarias para los hospitales universitarios.

La medida de fuerza se anunció la semana pasada para este 12 de agosto en el marco del reclamo que lleva casi un año tras la sanción de la normativa que aprobó el Congreso de la Nación para actualizar por inflación los gastos de funcionamiento de las facultades, hospitales universitarios y partidas para investigación. Además, habilitaba a la convocatoria a paritarias para recomponer el salario docente y no docente y aumenta las becas, entre otros puntos.

Es principalmente impulsada por la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD UBA), la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), la Federación Argentina de Gremios de Docentes Universitarios (FAGDUT) y la Federación de Asociaciones de Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN), entre otras organizaciones.

En ese sentido, en junio pasado, se alcanzó un acuerdo salarial entre el Poder Ejecutivo y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para una actualización en los haberes de 24,33% dividida en dos tramos, un ajuste de 21,33% en julio y otro de 3% en octubre.

Sin embargo, según comentaron a Infobae, desde el sector docente señalan que el Gobierno no terminó de cumplir con lo acordado por la ley de financiamiento ni por la medida cautelar y sostuvieron que, a lo pactado en junio con el Ejecutivo, hay una diferencia de casi 30 puntos que todavía no se aplicó a los haberes.

“Este es un conflicto que lleva más de dos años y medio y al que nos empujó el Gobierno. Yo como docente, al igual que nuestros compañeros y compañeras, no queremos estar reclamando en la calle ni dejando de dar clases por un paro de actividades. Queremos estar en el aula frente a los estudiantes. Queremos estar en las cátedras, haciendo investigación o enseñando y asistiendo en nuestros hospitales. Pero nos han empujado a esto, ya que aún seguimos sin cobrar lo que el Estado de derecho ya sentenció que nos corresponde. No lo vamos a permitir y tampoco nos van a hacer bajar los brazos”, afirmó el secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci.

En ese marco, hay una convocatoria abierta para este miércoles a las 16 en la zona del Obelisco, impulsada por el área de Ciencia y Técnica de la UBA, a la que se plegarán algunos gremios docentes. No es un dato menor que a la misma hora se dé la marcha de jubilados en el Congreso de la Nación.

La situación de los hospitales universitarios es otro de los ejes del conflicto. Si bien la Universidad de Buenos Aires (UBA) recibió 20 mil millones de pesos en concepto de partidas para sus hospitales, esa cifra representa apenas un cuarto de lo recibido el año anterior.

El Gobierno se comprometió a transferir otros 20 mil millones adicionales, pero los gremios señalan que de los 50 mil millones acordados en junio junto con el aumento salarial no hay novedades. Según reclaman, esto afecta a establecimientos que atienden más de medio millón de consultas anuales, muchas de ellas por enfermedades de alta complejidad.

La situación judicial también suma presión sobre el Gobierno. La semana pasada, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal dejó sin efecto la suspensión de la cautelar, luego de que la Corte Suprema rechazara el recurso extraordinario que presentó el Ejecutivo. Así, el expediente regresó al Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo del juez Martín Cormick, para continuar con la ejecución de la medida.

Mientras el Gobierno sostiene que actuó “en los términos dispuestos por la Justicia”, los gremios plantean que continúa sin concretarse plenamente la aplicación de la medida cautelar referida a los artículos 5 y 6, centrados en la actualización de los salarios docentes y no docentes y al financiamiento de becas y programas estudiantiles.

Frente al paro, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, rechazó los reclamos y calificó la medida de “ilegítima” y de “carácter político”. “No existe incumplimiento alguno por parte del Gobierno nacional”, sostuvo la cartera en un comunicado difundido este lunes.

El ministerio detalló además las transferencias realizadas: $666.823.011.021 en concepto de gastos de personal e incrementos salariales correspondientes a junio, y otros $448.544.808.500 por el mes de julio. En materia de hospitales universitarios, informó que la UBA recibió dos resoluciones por 20 mil millones de pesos cada una, mientras que la Universidad Nacional de Cuyo percibe mensualmente $188.330.000 en el marco de la Resolución N° 427/26.

La próxima mesa paritaria fue convocada por el Gobierno para el 1° de septiembre, dentro del cronograma acordado. La Subsecretaría de Políticas Universitarias aseguró haber actuado “en estricto cumplimiento de la normativa vigente”. Los gremios, en cambio, sostienen que el cumplimiento del acta del 10 de junio no equivale al cumplimiento integral de la Ley 27.795, posición que es la base del paro de este miércoles.

A pesar de la medida de fuerza, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, confirmó que la institución mantendrá sus puertas abiertas durante la jornada: “La situación es muy difícil, pero la Universidad va a estar abierta. La adhesión a la medida de fuerza va a depender de cada profesor/ra y trabajador/ra no docente”, señaló.

El 19 de agosto se cumplirán 300 días desde la sanción de la ley, fecha para la que el Frente Sindical de las Universidades Nacionales también tiene prevista una jornada de visibilización. El debate tendrá además un nuevo capítulo el 4 de septiembre, cuando el CIN celebre su 96° Plenario de Rectoras y Rectores en Bariloche, donde el presupuesto universitario 2027 será uno de los ejes centrales.