La causa que investiga la mansión en Pilar entró en una nueva etapa luego de que la jueza Verónica Straccia decidiera delegar la investigación en el fiscal Claudio Navas Rial, que según pudo saber TN ya tomó las primeras medidas de prueba desde que tiene el expediente que apunta a determinar quién es el verdadero dueño de la propiedad.

La casa está a nombre de Real Central SRL, de Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, supuestos testaferros de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA.

Según pudo saber TN de fuentes judiciales, el fiscal pidió terminar con las medidas de prueba que estaban pendientes y se resolvieron cuestiones de competencia. Por ahora se desconoce cuáles son las acciones requeridas por Navas Rial.

Este medio pudo saber que el fiscal opina que el caso, en el que se investiga posible lavado de dinero, debe investigarse en Capital Federal, en donde habría comenzado la maniobra de lavado en la que podría estar involucrada la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Es que uno de los elementos considerados de relevancia dentro del expediente es el hallazgo de una tarjeta de crédito corporativa de la AFA a nombre de Pantano. Según consta en la investigación, esa tarjeta estaba vinculada con gastos relacionados con los vehículos encontrados en la propiedad. Además, Pantano ocupaba un cargo dentro de la Asociación del Fútbol Argentino.

En el caso está en la mira una propiedad ubicada en Villa Rosa, Pilar, con helipuerto, caballerizas, pileta, canchas deportivas y una flota de autos de colección, valuada en más de US$17 millones. A su vez, los autos del garage de la mansión, están valuados en otros 3 millones de dólares.

Uno de los aspectos que intenta reconstruir la investigación es el recorrido societario de la empresa propietaria del inmueble. Según surge del expediente, la firma originalmente se denominaba Central Parks Drinks SRL, contaba con un capital social de 300.000 pesos y el 16 de mayo de 2024 cambió su nombre por Real Central SRL, además de elevar su capital a 58 millones de pesos. Apenas dos semanas después concretó la compra del predio de Pilar.

De cualquier manera tanto la jueza como el fiscal miran con atención lo que ocurrirá el próximo 12 de agosto, cuando la Cámara Federal de Casación Penal realice una audiencia en la que se escucharán a las partes y se analizará todo lo realizado hasta el momento en el expediente.

Los denunciantes de la Coalición Cívica creen que Mariano Borinsky y Barroetaveña podrían devolver el caso a Charvay, juez de Campana.

El expediente por la mansión viene protagonizando desde hace meses una disputa de competencia entre la Justicia Federal de Campana —donde está radicado el inmueble— y el fuero Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires. En mayo, la Cámara de Casación anuló el fallo que había enviado la causa a Campana y ordenó dictar una nueva resolución sobre qué tribunal debe investigar. El conflicto quedó así en manos de la Cámara Nacional en lo Penal Económico.

Pero una llamativa decisión de Borinsky y Barroetaveña para escuchar a las partes vuelve a dilatar la investigación.

La hipótesis que analiza la Justicia sostiene que Pantano y Conte no tendrían un perfil patrimonial compatible con una operación de semejante magnitud y que habrían actuado como presuntos testaferros de Toviggino, tesorero de la AFA.

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La delegación del caso en Navas Rial cobra relevancia también por sus antecedentes en otras investigaciones vinculadas con la conducción de la AFA. El fiscal impulsó la acusación contra Tapia, Toviggino y otros dirigentes en la causa por la presunta retención indebida de aportes y contribuciones de la seguridad social, expediente en el que la Cámara en lo Penal Económico confirmó los procesamientos del presidente de la AFA, del tesorero y de la propia entidad como persona jurídica.

Además, amplió esa investigación a partir de una denuncia de ARCA por presunta evasión agravada mediante el uso de facturas falsas y promovió nuevas medidas de prueba para determinar si existieron otras maniobras tributarias irregulares.

Fuentes judiciales señalan en marcar a Navas Rial como un fiscal de bajo perfil, técnico y contundente en sus decisiones judiciales.

Claudio Tapia, Pablo Toviggino, AFA

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Una vez finalizada la sesión por la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la senadora Patricia Bullrich habló en la puerta del Congreso y dio su opinión sobre por qué algunos apoyos con los que el oficialismo contaba para uno de los capítulos terminaron por caerse. Al hablar de los gobernadores, marcó: “Están pensando más en las elecciones que en los proyectos”.

La sesión de este jueves fue la primera que se produjo en el Palacio del Congreso luego del receso invernal. El debate de los días anteriores y lo acontecido en el recinto dejaron entrever una cuestión simple: a diferencia de otras sesiones, esta fue la primera en la que el panorama electoral del año próximo no estaba soslayado. Es decir, poco a poco, el cálculo por el 2027 se hace cada vez más presente en las consideraciones de los jefes provinciales.

La llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete generó buenas impresiones entre los gobernadores. Lo consideran alguien del sistema y que, por ende, tiene vínculos con muchos de ellos desde hace tiempo, lo cual implica una relativa confianza de que no habrá jugadas “por atrás”.

“Nosotros confiamos en Diego. Le está haciendo muy bien a la gestión, pero lo veo en una posición complicada. Tiene que ser el encargado de la gobernabilidad justo cuando el escenario del oficialismo parece débil”, afirmó uno de los gobernadores más importantes del país a Infobae.

Hay varios indicadores que este dirigente utiliza para justificar aquello. Hace poco se conoció que el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) que mide la Universidad Di Tella marcó un retroceso del 6,5 % respecto a junio. Hay encuestas observadas por el mercado, como la de Bloomberg y Atlas Intel, que muestran un crecimiento de la desaprobación al Presidente hasta el 62,4 %, muy cerca del pico histórico de los últimos dos años y medio.

“Yo no veo que vaya a mejorar en el mediano plazo. Puede mantenerse estable, pero si empeora, el Gobierno se va a ver debilitado cada vez más en las negociaciones electorales que quiera hacer”, afirma. Infobae supo de más de un mandatario provincial que están deseosos de que la Casa Rosada llame a “una gran mesa” para plasmar un frente antikirchnerista de cara al año próximo.

Quienes lo piensan, creen que debería tratarse de una suerte de demostración de principios de una parte del sistema de partidos con el fin de mostrar los aspectos en común que tienen entre ellos. Buscan dar certidumbre al mercado de cara a lo que se está percibiendo en las últimas semanas: una pérdida de confianza sobre si La Libertad Avanza tiene realmente el camino allanado en una contienda presidencial.

“Tiene que ser un llamado general, en la que no hayan grandes definiciones, pero que sirvan para plasmar lo que nosotros creemos que es un rumbo de país”, afirman.

En el Gobierno no ven que una convocatoria de ese calibre tenga sentido en esta coyuntura. Consideran que, por el momento, tienen que seguir dándose la dinámica de encuentros bilaterales de los miembros de la cúpula política con cada uno de los gobernadores.

“Todavía es más mano a mano que grupal. La reunión más general la deberíamos hacer al final de las negociaciones. ¿Para qué la vas a hacer ahora si todavía tenés que seguir cerrando acuerdos?”, afirma un miembro del oficialismo que conoce de las conversaciones que se están produciendo.

Diego Santilli y Luis Caputo viajarán la próxima semana a Catamarca para encabezar, junto a los gobernadores Raúl Jalil y Elías Suárez, la puesta en marcha de la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta. La visita, reprogramada por el alerta meteorológica, se da en un contexto de negociación política en momentos en que el oficialismo busca apoyos para su agenda legislativa.

Tanto Jalil como Suárez fueron dos mandatarios que no aportaron a la masa de votos afirmativos en la sesión de ayer, en la que hubo más de una provincia aliada que se terminó oponiendo a las reformas del Gobierno.

Entre quienes se opusieron en la votación en general del proyecto estuvieron el catamarqueño Guillermo Andrada (Convicción Federal) y los santiagueños Elía Esther del Carmen Moreno y Gerardo Zamora (Frente Cívico por Santiago). Jalil ha sido uno de los aliados más estrechos del Gobierno y su posicionamiento no pasó desapercibido, pero en el oficialismo creen que se trata de una cuestión coyuntural y que, de alguna manera u otra, se desembocará a un acuerdo electoral.

Los gobernadores aliados que se manifestaron de manera pública y contundente contra el capítulo de Tierras de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada incluyeron a Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén) y Gustavo Sáenz (Salta). Hugo Passalacqua (Misiones) fue uno de los que contribuyó a dar de baja el capítulo para la compra de tierras por parte de extranjeros.

¿Esto que sucedió es presagio de lo que pueda llegar a acontecer en otras votaciones venideras? No es la lectura que hacen desde los despachos políticos del Gobierno. Afirman que se trató de un caso excepcional y que estuvo signado por diferentes errores políticos por parte de varias alas del oficialismo. Aun así, marcan: “Es cuestión de que se produzca un episodio más de este estilo para que nos empecemos a preocupar”.

“Esto no cambia absolutamente en nada el vínculo con los gobernadores. Muchos estaban a favor. Sí me parece que debilita al Gobierno Nacional como actor negociador”, analizó un operador oficialista que conoce muy bien lo que sucede puertas adentro.

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