La Junta de Presidentes de Cámaras Federales de Apelaciones con Competencia Penal reunió en Mendoza a magistrados de todo el país para evaluar la implementación del sistema procesal penal acusatorio y relevar las necesidades de los tribunales ante el cambio de modelo.

Las jornadas se realizaron el 15 y 16 de octubre bajo la presidencia de Javier Leal de Ibarra, titular de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. El encuentro convocó a representantes de las distintas cámaras federales de apelaciones y de tribunales nacionales con competencia penal.

El eje de los debates estuvo enfocado en la experiencia acumulada en las jurisdicciones donde ya funciona el sistema acusatorio, así como las dificultades que surgen en su aplicación. Los participantes intercambiaron criterios sobre el funcionamiento de los órganos judiciales durante esta etapa de transición.

El modelo acusatorio modifica la dinámica del proceso penal al asignar al Ministerio Público Fiscal la investigación de los delitos y reservar a los jueces el control de garantías y la resolución de los casos. La Junta remarcó que su implementación requiere recursos humanos, infraestructura y herramientas tecnológicas suficientes.

También se abordaron aspectos de organización administrativa y la disponibilidad de medios materiales para los tribunales federales. Según se planteó durante el encuentro, la reforma no puede limitarse a cambios normativos, sino que debe tener impacto en la prestación del servicio de justicia.

La reunión puso el foco en el papel institucional de las Cámaras Federales de Apelaciones y de los restantes órganos que intervienen en el procedimiento. Los magistrados señalaron la necesidad de que las estructuras judiciales cuenten con condiciones adecuadas para ejercer las atribuciones que fija la legislación vigente.

Participaron Rocío Alcalá, de Resistencia; Aníbal Pineda, de Rosario; Silvia Mónica Fariña, de Bahía Blanca; Roberto Boico, de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal; Alejandro Castellanos, de Salta; Juan Pablo Salas, de San Martín; y Ramón Luis González, de Corrientes.

La lista se completó con Alejandro Tazza, de Mar del Plata; Roberto Hornos, de la Cámara Nacional en lo Penal Económico; Laureano Durán, de La Plata; Richar Fernando Gallego, de General Roca; Fernando Luis Poviña, de Tucumán; Abel Sánchez Torres, de Córdoba; Juan Ignacio Pérez Curci, de Mendoza; Cintia Graciela Gómez, de Paraná; Mirta Delia Tyden, de Posadas; y Diego Gustavo Barroetaveña, de la Cámara Federal de Casación Penal.

Los asistentes coincidieron en la conveniencia de mantener instancias de coordinación entre los tribunales de las distintas regiones del país. El intercambio de experiencias entre jurisdicciones fue presentado como una herramienta para identificar problemas comunes y unificar criterios institucionales.

La Junta ratificó que la consolidación del sistema acusatorio depende de la asignación de recursos humanos, materiales y tecnológicos. Los encuentros federales seguirán como espacios de diálogo y cooperación para acompañar la transformación de la justicia penal federal y resguardar las garantías constitucionales.

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El Gobierno minimizó el impacto de la postura de Estados Unidos en la ONU, donde la representante de Donald Trump pidió disolver el Comité Especial de Descolonización, el foro donde la Argentina lleva cada año su reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas.

El planteo de Washington se produjo en la Cuarta Comisión de la Asamblea General, donde se discuten iniciativas en materia de Política Especial y de Descolonización. Allí, la representante de la Casa Blanca pidió que se pusiera fin al mandato del organismo, al que cuestionó por haber “sobrevivido a su propósito original” y considerar a algunas de sus actividades “un despilfarro de recursos”.

El Comité Especial (C-24) fue creado en 1961 y supervisa la situación de los 17 territorios no autónomos, de los cuales el Reino Unido administra diez. Entre ellos Malvinas. En junio, el canciller Pablo Quirno denunció en ese escenario la “militarización” británica y la “explotación unilateral de los recursos naturales” en las islas.

Pese a tratarse del foro que insta cada año al Reino Unido a retomar las negociaciones por el archipiélago, en Balcarce 50 desestimaron que la postura norteamericana atente contra el reclamo argentino. “La posición del comité no ha servido para recuperar las islas…”, replicó a TN una fuente con acceso al despacho presidencial.

Para Estados Unidos, el Comité de Descolonización quedó obsoleto, ya que “actúa como si nada hubiera cambiado” y vuelve a examinar los mismos textos cada año pese a que más de 80 antiguas colonias ya se incorporaron como Estados miembros de Naciones Unidas. En el debate en la ONU, la funcionaria norteamericana también cuestionó sus viajes anuales a “centros turísticos” del Caribe y el Pacífico Sur, que calificaron como “un derroche de tiempo y recursos de la ONU”.

El mensaje de Washington se alinea con la política de la administración de Donald Trump de recortar fondos y personal de la ONU, una mirada que también fue ratificada por Milei en sus últimas intervenciones en la Asamblea General. “Han montado un leviatán burocrático, abocado a decidir cómo deben vivir los pueblos del mundo y sus ciudadanos”, cuestionó semanas atrás en Nueva York.

Allí, el Presidente también criticó la inacción del organismo ante la ocupación británica en Malvinas: “¿De qué sirve una resolución si durante décadas la contraparte puede actuar en sentido contrario y esa resolución queda intacta en los archivos, pero impotente frente a la realidad? No faltan palabras ni resoluciones, lo que falta es que tengan consecuencias, porque una institución que no logra que su palabra pese sobre los hechos, pierde lo más importante: su autoridad».

La discusión por las sanciones en medio del conflicto por Sea Lion

En el mismo debate de la Cuarta Comisión de la ONU, la representante de Estados Unidos rechazó la iniciativa impulsada por Rusia en torno a “cómo abordar las formas contemporáneas de colonialismo”.

Entre los principales ejes de discusión que tiene el texto, que fue aprobado por el Comité con 85 votos a favor, 49 en contra y 23 abstenciones, este plantea que el colonialismo persiste en “formas y prácticas contemporáneas” como el uso de “medidas económicas, financieras o comerciales unilaterales que no se ajustan al derecho internacional ni a la carta orgánica de la ONU”.

En ese contexto, Estados Unidos defendió durante el debate las sanciones, los controles a las exportaciones y las decisiones comerciales soberanas como “instrumentos legítimos de la política estatal”. La postura refleja la política exterior de Donald Trump, que durante su mandato se valió de sanciones económicas y amenazas de aumentar los aranceles para ejercer presión en sus negociaciones bilaterales. “Toda nación tiene derecho a elegir a sus socios comerciales y a responder a las amenazas”, agregó la representante norteamericana.