POLITICA
Soberanía compartida, provincia autónoma y EEUU como mediador: la propuesta para Malvinas de un veterano y su sueño de 5 años

Durante casi dos siglos, el reclamo argentino por las Islas Malvinas ha atravesado gobiernos, generaciones y escenarios internacionales. Desde la ocupación británica en 1833, la cuestión de la soberanía se convirtió en un punto central de la política exterior argentina y en una causa nacional que trasciende partidos. A lo largo de 193 años, Argentina ha sostenido reclamos diplomáticos, implementado sanciones económicas, impulsado resoluciones en la ONU y, en 1982, llevado adelante una guerra que dejó secuelas profundas en ambos países y en los propios habitantes de las islas.
Sin embargo, el conflicto permanece sin resolución efectiva y el vínculo entre Argentina, el Reino Unido y la comunidad isleña sigue marcado por la desconfianza, la memoria de la guerra y la falta de avances concretos. En este contexto, Alejandro Diego, excombatiente de la guerra de Malvinas, presentó una propuesta concreta para avanzar en la disputa entre Argentina y el Reino Unido sobre las islas: un modelo de soberanía compartida, con estatus de provincia autónoma y representación parlamentaria. La iniciativa fue expuesta en abril, durante la 44Falkland/Malvinas Conflict Conference en la Universidad de Manchester.
La propuesta de Diego parte de un diagnóstico crítico: “En 193 años de buscar el todo, no tenemos nada”, sintetizó en diálogo con Infobae. Durante una emotiva charla, el excombatiente hizo un recorrido desde el día que desembarcó en las islas hasta ahora, y cómo fue que terminó de madurar la idea.
“Llegué a Malvinas el martes 13 de abril con todo el sentimiento de que “las Malvinas son argentinas”, pero me chocó, no era como estar en Argentina, me sentía en un lugar diferente, habitado por gente diferente. Pero cuando en junio empecé a enterrar amigos, ahí dije ‘ahora son argentinas, por ustedes’. Treinta años después, cuando regreso ya como veterano de guerra, vuelvo a sentir que son diferentes, y que los que viven allá merecen seguir estando. Al fin y al cabo los tenemos que respetar, como argentinos“, relata.

La historia de Alejandro Diego es como la de la mayoría de los excombatientes: participaron de una guerra que no estaba en los planes de nadie. En el inicio del conflicto en el Atlántico Sur, mientras cumplía con el servicio militar obligatorio, fue desplazado hacia el sur argentino junto a varios soldados que cumplían tareas en la oficina de Meteorología del Edificio Libertad. La decisión provino del almirante Jorge Isaac Anaya, quien ordenó el traslado de ese grupo específico en el contexto del estallido de la guerra.
Durante su tiempo en las islas, Alejandro se integró a las actividades del Apostadero Naval en Puerto Argentino, cumpliendo tareas asignadas por la autoridad militar. Su experiencia diaria transcurría mayormente dentro del Bahía Buen Suceso, un buque destinado al transporte y abastecimiento, donde también pasaba las noches, utilizando la bodega como lugar de descanso.
Diego contó que en su primer regreso al archipiélago tuvo tres encuentros que lo marcaron y que lo llevaron a pensar en que debía buscar una alternativa. Dos de ellos fueron con otro veterano argentino y con un isleño. Ambos habían matado durante el conflicto, y le relataron el “horror” que sintieron al quitarle la vida a otro ser humano. El tercero fue aún más movilizante: “Tuve un encuentro místico con mi amigo que está enterrado en las islas. Él me dijo tres cosas: que no se puede matar gente por tierra, que él estaba bien con Dios, tranquilo, y me dijo que íbamos a honrar a los caídos solo cuando haya un acuerdo con Gran Bretaña”.
A partir de ese momento, comenzó a gestar la idea de una salida que termine con el conflicto de casi dos siglos. “En 193 años de buscar el todo no tenemos nada. Empatizo con los isleños, pero soy argentino y dije ‘algo tenemos que hacer’.

Para él, la única vía realista es construir una figura político-institucional que contemple los intereses de los 3.500 habitantes de Malvinas y de ambos Estados. Diego dice que los isleños quieren “la autodetermianción, pero eso no existe, es imposible”.
Por eso, su propuesta concreta apunta a un cambio político-institucional: “Ellos nos dicen ‘no trust’, no hay confianza. Por eso creo que la forma de que acepten es que sean una provincia autónoma. Las provincias argentinas actuales fueron anexadas en algún momento de la historia, pero tienen autonomía. Esa es la figura que se puede implementar”, explicó. Según el excombatiente, el modelo permitiría que los isleños mantengan “el idioma, su moneda, pero que tengan representantes en nuestro congreso con 3 senadores y 3 diputados”. Diego remarcó que “los recursos naturales son explotados por los isleños. Pueden anexarse como una provincia”, pero con garantías explícitas de autonomía y derechos adquiridos. La posibilidad de representación parlamentaria abriría el camino a una mayor integración económica y regional.
Durante su exposición vía zoom en la conferencia de Manchester, Diego fue más preciso: “No podemos olvidar a las personas que vivían en las Islas en el momento de la guerra. Ellas también sufrieron mucho, y mi visión es que ambos países —Argentina y el Reino Unido— son responsables de eso”. Cualquier acuerdo, insistió, debe “mejorar su vida, no empeorarla” y garantizar que “su propiedad privada, sus intereses y su forma de vida deben ser respetados”. Para resolver la desconfianza, propone un garante internacional. En la conferencia, explicó: “Creo que [Estados Unidos] tiene la capacidad de sentar a Argentina y al Reino Unido en una misma mesa. No le conviene a Estados Unidos que dos aliados mantengan un conflicto que amenaza la estabilidad del Océano Atlántico Sur”.
Al ser consultado por Infobae sobre cómo recibieron los ingleses su propuesta, Diego explicó que el mayor escollo es la desconfianza de los isleños: “Nos odian. Porque la guerra está siempre. Fue hace más de 40 años, pero para ellos está siempre. Pero hablo con muchos isleños que no son políticos. Uno de ellos me dice que es una propuesta muy inteligente, disruptiva. Pero lo malo es que hay que nombrar a Argentina”.
“Más allá de eso, no encontré una resistencia a la idea. Hay que hablar con los isleños. De 3500 habitantes de las islas, solo votan 1500, porque el resto son personas de otras nacionalidades y no tienen derecho al voto. Hay que implantar la idea entre los isleños. Es una propuesta que primero va a generar rechazo, pero creo que la mayoría silenciosa lo acepta”, se entusiasma.

Para Diego, el escenario geopolítico actual abre una ventana de negociación. “Políticamente, es el momento. Milei es amigo de Trump y EEUU está enfrentado con Inglaterra. Creo que Estados Unidos va a presionar para que el Atlántico Sur sea de Occidente para evitar un avance de China”, afirmó a Infobae. En Manchester, señaló también las limitaciones del statu quo para ambas partes: “Lo único que Argentina puede hacer es generar daño: impidiendo que empresas petroleras y pesqueras operen en nuestro país si al mismo tiempo operan en las Islas, bloqueando comunicaciones, etcétera”. Y advirtió que el Reino Unido mantiene en la base de Monte Agradable más de 2.000 soldados desplegados para prevenir otro ataque argentino, un costo que no genera ningún ingreso. “El Reino Unido debería demostrarle al mundo que es capaz de resolver un conflicto con Argentina de manera madura”.
Diego propone que el acuerdo se someta a referéndum, inspirado en la experiencia del conflicto por el Beagle, cuando se realizó en 1984 un plebiscito nacional no vinculante en el que más del 82% de los que participaron votaron afirmativamente sobre aceptar el acuerdo de Paz con Chile. En ese sentido, planteó que los veteranos participen activamente en la difusión del proyecto: “Si los veteranos nos ponemos al frente, se puede lograr”.
En el final de su diálogo con Infobae, contó que le hizo llegar su idea al presidente Javier Milei (de quien es amigo) y se mostró entusiasmado con que algo pueda ocurrir en los próximos 5 años. “Mi sueño es honrar a los veteranos haciendo que en las islas flamé la bandera argentina al lado de la de Malvinas y la de Gran Bretaña. Mi sueño es que estén las tres banderas antes de que el último veterano muera”.
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Senado: el oficialismo busca convertir en ley los cambios al régimen de Inocencia Fiscal

El oficialismo consiguió este jueves, con el apoyo de bloques aliados, el quorum necesario para abrir la sesión del Senado en la que buscará convertir en ley el proyecto de Inocencia Fiscal II y aprobar y girar en revisión a la Cámara de Diputados un nuevo régimen de biocombustibles.
Si bien el oficialismo pudo abrir el recinto, todavía persisten algunas dudas sobre la solidez de los votos que se requieren para el proyecto de biocombustibles, lo que pone en duda si el texto que impulsan las provincias del noroeste, que está último en el orden del día, llegará a debatirse.
La convocatoria fue el resultado de varios días de negociaciones desordenadas entre el bloque de La Libertad Avanza, encabezado por Patricia Bullrich (Capital), las bancadas de la oposición dialoguista y representantes provinciales.
De hecho, Bullrich resolvió incorporar al temario el proyecto de biocombustibles, resistido por varios senadores de la UCR y también por algunos integrantes del oficialismo, ante la presión de legisladores de las provincias azucareras, que amenazaron con no bajar al recinto si no se incluía la iniciativa en la sesión.
La agenda prevista para este jueves suma, además, dos convenios vinculados con el traspaso a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires de la justicia penal juvenil y de la competencia sobre los delitos asociados a ese fuero.
También está previsto el tratamiento de los pliegos que proponen a Alejandro Catania y Javier Galván Greenway como camaristas del fuero penal económico. Sus nominaciones permanecieron demoradas durante casi cuatro meses por decisión de la Casa Rosada, debido a presuntos vínculos con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Tras permanecer en el freezer legislativo, las nominaciones de ambos magistrados al fin recibieron dictamen favorable en la Comisión de Acuerdos diez días atrás como resultado de la presión de un grupo de senadores de la oposición dialoguista que no encontraban objeciones a sus candidaturas y no veían razones para bloquear el tratamiento de sus postulaciones.
El proyecto de Inocencia Fiscal II fue elaborado por el Poder Ejecutivo, fue aprobado por la Cámara de Diputados a fines de agosto último y, de acuerdo a los argumentos del oficialismo, apunta a disminuir las exigencias informativas para los contribuyentes, ofrecer mayor previsibilidad frente a eventuales controles y permitir la regularización de inconsistencias tributarias sin que ello suponga la pérdida de beneficios.
Uno de los cambios centrales es la eliminación de los límites de ingresos y patrimonio que actualmente restringen el acceso al régimen. Si la reforma se aprueba, podrán incorporarse contribuyentes con residencia fiscal en el país sin quedar excluidos por superar determinados umbrales, lo que expandiría de manera considerable el alcance del sistema simplificado.
La iniciativa, además, modifica el margen de intervención de ARCA para cuestionar declaraciones. El organismo solo podría objetarlas cuando identifique diferencias relevantes y debidamente fundadas, con un criterio asociado al impuesto determinado y no al saldo final a pagar. También se habilita la rectificación de declaraciones sin exclusión automática del régimen, siempre que el contribuyente regularice su situación.
El tramo más controvertido de la propuesta se concentra en sus consecuencias políticas y fiscales. Para el Gobierno, la norma apunta a construir un vínculo menos sancionatorio entre el fisco y los contribuyentes, además de incentivar el ingreso de fondos al circuito formal.
Sus detractores, en cambio, sostienen que el texto funciona como un blanqueo encubierto y que podría convertirse en un instrumento de alivio tributario demasiado amplio, con ventajas para sectores de mayor capacidad económica y un eventual efecto negativo sobre la recaudación.
El proyecto sobre biocombustibles propone sustituir el régimen vigente por un esquema con incrementos graduales en los porcentajes obligatorios de mezcla y una transición diferenciada para los distintos segmentos de la industria. El texto reúne iniciativas de varios bloques y fue negociado con especial atención por las provincias del noroeste.
La propuesta establece elevar el corte obligatorio de bioetanol en las naftas del 12% al 15%, con una distribución que reserva una parte al producto elaborado a partir de caña de azúcar, otra al derivado del maíz y un tramo sujeto a competencia.
En el caso del biodiésel, la mezcla en gasoil y diésel oil pasaría del 7,5% al 10% luego de un período de transición. A pesar de las críticas de los senadores de las provincias del centro del país, en el oficialismo sostienen que el régimen beneficia a todos, por lo que decidieron avanzar con el texto dictaminado en comisiones.
La reforma incorpora, además, topes a la concentración empresaria y mecanismos para asignar cupos. El aspecto más sensible es la situación de las pymes de biodiésel, mencionadas durante el debate como empresas no integradas, que reclaman una cuota protegida más amplia y estable para abastecer el mercado interno. El dictamen prevé una participación reservada, aunque con una disminución progresiva hasta 2036.
Ese punto concentra la discusión principal. Las firmas más pequeñas y legisladores de provincias con plantas regionales advierten que una apertura acelerada podría beneficiar a grandes compañías integradas verticalmente, con capacidad para producir a escala y controlar la cadena de valor.
En la vereda opuesta, los defensores de la reforma afirman que el esquema actual quedó agotado, que la intervención estatal sobre precios y cupos desalienta inversiones y que un sistema más competitivo permitiría aumentar la producción y mejorar la eficiencia del sector.
Noticia en desarrollo
Gustavo Ybarra,Senado de la Nación,Conforme a
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El Gobierno se reunió con los gremios docentes universitarios en medio de las tensiones por las paritarias y los fondos en el Presupuesto 2027

El Gobierno se reúne con los gremios universitarios en medio de una nueva escalada de tensiones por los salarios y las partidas que incluyó en el Presupuesto 2027. La negociación con los docentes comenzó a las 11 y la de los trabajadores no docentes está convocada para las 15, según confirmaron a TN fuentes oficiales y sindicales.
Los encuentros retomarán la paritaria que pasó a cuarto intermedio el 1 de septiembre. Hasta esta mañana no había trascendido una nueva oferta salarial. En el Ejecutivo vinculan la convocatoria con el cumplimiento de las medidas cautelares dictadas en torno a la Ley de Financiamiento Universitario.
“Estamos cumpliendo lo que dice la cautelar”, expresan en Nación. La discusión de fondo es cuánto debe recomponer el Gobierno y sobre qué base debe calcularse la actualización. Los gremios sostienen que todavía existe una pérdida salarial acumulada y reclaman que se aplique íntegramente la Ley 27.795.
La norma establece que los salarios de docentes y no docentes deben recomponerse entre diciembre de 2023 y su sanción en un porcentaje no inferior a la inflación acumulada. También obliga al Ejecutivo a convocar a la negociación paritaria con una periodicidad máxima de tres meses y dispone actualizaciones mensuales no inferiores al IPC.
La Justicia intervino sobre ese conflicto. Una cautelar promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional ordenó aplicar los artículos vinculados con salarios y becas, mientras que la UBA obtuvo posteriormente una resolución propia dentro de la disputa por la ejecución de la ley. El Gobierno y las universidades mantienen diferencias sobre el alcance de esas obligaciones.
La reunión llega además dos días después del envío del Presupuesto 2027, que volvió a colocar el financiamiento universitario en el centro de la negociación con el Congreso. El artículo 12 fija $7.349.082 millones para gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales.
El monto quedó lejos de la propuesta presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional. Los rectores calcularon necesidades cercanas a $11 billones para todo el sistema durante 2027, una diferencia de alrededor de $3,65 billones respecto del crédito incorporado por el Ejecutivo.
Desde el sistema universitario sostienen además que, si el Gobierno proyectara para 2027 el cumplimiento de la Ley de Financiamiento con el criterio que defienden los rectores, la partida debería ubicarse alrededor de $9,8 billones, antes de incorporar otras actualizaciones reclamadas por el CIN.
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