SOCIEDAD
Aclaran qué pasará con los pacientes de prepagas que hoy ya usan recetas de alto costo por fuera de la cartilla
El legislador porteño Hernán Reyes, de la Coalición Cívica, envió este miércoles una carta a la Superintendencia de Servicios de Salud para que el Estado garantice la continuidad de los tratamientos actualmente en curso con medicamentos de alto costo, que ahora el Gobierno resolvió limitar en los planes cerrados a los recetados por médicos de cartilla. Fuentes oficiales dijeron a Clarín que ese punto «nunca estuvo en duda».
Si bien Reyes afirma que “la resolución de la Superintendencia ignora que existen muchas personas con enfermedades crónicas o graves en tratamiento con médicos de cabecera que no forman parte de la cartilla”, las fuentes del Ejecutivo consultadas aclararon en diálogo con este medio: “La norma no va sobre lo que ya sucede, sino sobre los nuevos casos. Lo que ya está empezado continuará por los mismos carriles”.
De esta manera, desde el Gobierno llevaron tranquilidad los pacientes que tienen planes de salud cerrados (sin reintegros) y ya habían comenzado tratamientos farmacológicos de alto costo con profesionales por fuera de la cartilla. Es decir, la norma publicada el lunes en el Boletín Oficial alcanza a los pacientes que a partir de ahora deban comenzar un tratamiento con este tipo de drogas bautizadas «catastróficas».
La aclaración oficial alivia la situación de pacientes angustiados por no saber cómo continuaría su situación. De hecho, Reyes en su carta habla del “requerimiento de diferentes usuarios” que le han hecho saber sobre esas preocupaciones. Y pone casos puntuales de gente con enfermedades oncológicas, hepatitis, VIH u otras, para las cuales las aplicaciones o tratamientos médicos se autorizan por períodos cortos o por cantidad de aplicaciones”.
Esa aclaración del Gobierno fue en función de explicar que la resolución 3934 tiene un impacto finalmente menor que el que se creyó originalmente. Este martes la SSS ya había señalado que la medida alcanza sólo a las recetas de remedios de alto costo y no a todo el universo de medicamentos, distinción para la que -se dijo- en breve se publicará una ampliación de la norma que plasme la consideración por escrito.
En su aclaración del martes, la SSS acotó la medida a enfermedades oncológicas graves, las poco frecuentes, trasplantes, atrofia muscular espinal, ELA y enfermedad fibroquística, entre otras. Por lo que, señaló, la resolución “no representa ninguna modificación en los medicamentos, tratamientos o atención médica de la gran mayoría de los argentinos que utilizan el sistema de salud”.
Los medicamentos de alto costo constituyen desde hace varios años uno de los principales problemas de financiamiento del sistema de salud, con demandas de cobertura que suelen terminar en la Justicia. El Gobierno aspira a que con los nuevos controles la conflictividad baje, aunque aún no está muy claro que eso vaya a suceder.
Como telón de fondo aparece el debilitado Fondo Solidario de Redistribución, al que aportan los Agentes del Seguro a fin de que ese dinero sirva como reembolso cada vez que una cobertura se ve obligada a pagar un medicamento de alto costo. Sin embargo, el 80 por ciento de ese Fondo -según datos de la medicina privada- se utiliza actualmente para solventar gastos de discapacidad.
Lo que está en juego, según el criterio del Ministerio de Salud de la Nación, que conduce Mario Lugones, es la sostenibilidad del sistema de salud. Esa prioridad puede chocar con el derecho a la salud de los pacientes que reclaman drogas muchas veces millonarias. El Estado ahora parece decidido a balancear esa ecuación con una norma paliativa y transitoria, hasta que tome cuerpo la postergada Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, ente potencialmente orgánico e independiente que debería ocuparse -cómo ocurre en otros países- de dirimir hasta dónde el sistema de salud debe garantizar el acceso a determinadas drogas y tratamientos. Esto es, encontrar el siempre delicado equilibrio entre los derechos individuales y los colectivos.
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