Una vez más el exsenador Armando Benedetti tuvo reparos con la cita a indagatoria en la Corte Suprema de Justicia. Aseguró que tuvo que asistir convaleciente de una cirugía, porque la magistrada Cristina Lombana no le dio el tiempo que requería para su recuperación.

El exembajador de Colombia en Venezuela acudió a la indagatoria programada para el 30 de octubre, pero antes de ingresar a la diligencia manifestó su incomodidad con las actuaciones de la magistrada a cargo y aseguró que se encontraba en medio de una incapacidad médica.

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“A mí el sábado me extirparon un pólipo cancerígeno de cinco centímetros. Yo le había pedido a ella (la magistrada Lombana) que me diera un plazo porque me citó en menos de 52 horas; no lo quiso hacer, me pasó del viernes para el lunes, hoy aquí estoy convaleciente, el médico me dijo que tenía que pasar tres cuatro días acostado, no llevo ni dos y estoy aquí”, aseguró Benedetti en la entrada del Palacio de Justicia.

A lo largo del proceso el exsenador ha denunciado una supuesta persecución en su contra por parte de la magistrada Lombana. La cita a indagatoria le dio una oportunidad más para arremeter en contra de la funcionaria a la que acusó de tener un “delirio” con él.

“Eso para demostrar un delirio furioso que tiene ella por perseguirme, de robarme garantías, ya la Corte dijo que la recursaran, me amenazó con cambiarme el abogado si no venía hoy. Yo la verdad no sé qué hacer ante ese temible, furioso, frenético y hasta loco delirio que tiene conmigo”, señaló Benedetti.

Según el exsenador, ya presentó un recurso judicial que fue admitido y está en trámite, pero todavía no ha recibido la decisión, que llevaría a aplazar la diligencia. “Ya la aceptaron una recusación disciplinaria, ya la recursaron, yo no sé qué hacer, ella está recusada, ella sabe que tiene un conflicto de interés por un odio casi que perverso”, afirmó el exdiplomático colombiano.

Benedetti es investigado desde el año 2020 dentro del caso de corrupción del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) en el que están vinculados exsenadores del Partido de La U como Bernardo ‘Ñoño’ Elías o Musa Besaile. En el año 2017 se adjudicó un contrato por la suma de $1.065′617.000 para realizar las labores de bodegaje, custodia y actualización del inventario mensual de los documentos y su digitalización del archivo de la entidad.

Sin embargo, según la Fiscalía, la adjudicación se entregó de manera irregular a una empresa llamada Certicámaras, que no cumplía los requisitos para ejecutar el contrato ni presentó la póliza en el plazo establecido. La tesis del ente acusador es que se habría ajustado el contrato a la medida de la compañía interesada.

La Fiscalía señala que se presentó una reunión en la que habría participado Elsy Mirella Pinzón Barrera, asesora de Benedetti en el Congreso de la República, para realizar un acuerdo que garantizara entregar el contrato a la empresa que lo obtuvo y que habría sido recomendada por el entonces senador.

El contrato fue adjudicado sin la convocatoria establecida por ley y además se rechazaron dos de los tres invitados a la licitación privada, por supuestamente no contar con garantía de seriedad ni póliza de cumplimiento, esta última que la ganadora habría entregado extemporáneamente.

Por esa razón, el senador Benedetti fue objeto de una investigación por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, que se encuentra en la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, él sostiene que no hay pruebas en su contra, los testigos han hablado a su favor y asegura que el caso es una emboscada orquestada, supuestamente, por Néstor Humberto Martínez, Germán Vargas Lleras y el abogado Jaime Lombana.