Los animales sueltos puede generar graves incidentes en la ruta. Mucho más si son de gran tamaño como una vaca, cuando aparecen en la calzada y no dan tiempo para esquivarlos. Fuer lo que sucedió Córdoba, donde un conductor murió tras chocar a una vaca suelta.

El hecho ocurrió a las 5.50 de la mañana en la ruta provincial 2, cerca de la localidad de Ana Zumarán, que se encuentra entre los departamentos de Unión y de San Martín. Este lugar queda en la cercanía con Villa María, lugar conocido por el famoso festival de doma y folclore.

Según lo informado por los Bomberos Voluntarios de Villa María que intervinieron en el operativo, el conductor de 50 años, identificado como Alejandro Oviedo, manejaba un Peugeot 208 blanco en compañía de su hijo Iván de 22 años. El hombre vivía en Ana Zumarán.

En ese camino, y a la altura del kilómetro 113, chocó a una vaca suelta que estaba ahí, y que anteriormente había sido embestida por otro vehículo. La fuerza del impacto le provocó la muerte. Por su parte, el acompañante fue trasladado al Hospital Regional Pasteur de Villa María por un traumatismo cerrado de tórax.

Previamente, el otro conductor, Gabriel Córdoba, de 36 años y de Noetinger, había golpeado al animal cuando circulaba por esa misma ruta pero de la mano contraria, a bordo de un Chevrolet Prisma.

A causa del choque, el auto salió de la ruta hacia la banquina. Si bien fue un impacto fuerte, el conductor sobrevivió y salió del auto por sus propios medios. También fue asistido por lesiones en el tórax y trasladado al mismo hospital.

En el operativo participaron dos ambulancias con cinco efectivos del cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa María, quienes trasladaron a los heridos. También se hicieron presentes la Policía Rural, la Policía Caminera y un vehículo del Ministerio Público Fiscal. Allí, los agentes confirmaron la muerte de conductor del Peugeot en el lugar del siniestro.

Las autoridades estatales de Florida anunciaron la detención de Ashley R. Rivers, de 64 años y residente de Margate, ciudad del condado de Broward. Según precisaron, está acusado de haber utilizado documentos fraudulentos para obtener un pasaporte estadounidense y registrarse para votar en dos elecciones presidenciales. El hombre, cuya nacionalidad se desconoce, enfrenta tres cargos federales y podría recibir una sentencia de hasta 25 años de prisión.

De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, Rivers utilizó el nombre ficticio “Ashley Rad Hilliard” para solicitar un pasaporte estadounidense en 2016. Como parte de su solicitud, presentó un certificado de nacimiento falso y otros documentos de identidad fraudulentos.

Cuatro años más tarde, en 2020, se registró para votar ante la Oficina del Supervisor de Elecciones de Broward. En esta ocasión también utilizó la misma documentación falsa.

Las investigaciones indican que el hombre de 64 años participó en las elecciones generales de 2020 y 2024, a pesar de no tener la ciudadanía estadounidense. El caso está bajo investigación por el Servicio de Seguridad Diplomática (DSS, por sus siglas en inglés) del Departamento de Estado, cuya oficina de campo en Miami ha trabajado en conjunto con la Fiscalía para llevar a cabo el proceso judicial.

Ashley R. Rivers compareció por primera vez ante el tribunal federal de Fort Lauderdale el pasado miércoles 26 de marzo. Actualmente, se encuentra detenido en la Oficina del Sheriff de Broward sin derecho a fianza y su juicio se mantiene pendiente. Si es declarado culpable, podría enfrentar hasta 25 años de prisión federal.

El fiscal estadounidense Hayden O’Byrne y el agente especial interino a cargo del DSS, Michael Conklin, anunciaron formalmente los cargos. La fiscalía recalcó que la acusación formal es una alegación y que el sospechoso se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad ante un tribunal.

El arresto de Rivers se produce poco después de que otro residente de Florida se declarara culpable de delitos similares. Carlos Abreu, de 36 años, residente de Sunrise, fue acusado en dos casos federales por haber utilizado la identidad de un ciudadano estadounidense para registrarse y votar en elecciones federales, además de poseer armas de fuego sin estatus legal y solicitar pasaportes fraudulentos.

De acuerdo al comunicado de la fiscalía del distrito sur de Florida, Abreu habría ingresado a EE.UU. sin inspección en 2007 y adoptado la identidad de una víctima identificada como “CRV”.

Durante más de 15 años, utilizó ese nombre para obtener documentos oficiales, registrarse para votar y comprar armas de fuego. Además, intentó obtener pasaportes estadounidenses para sus hijas menores con la información personal de la víctima.

Las acciones fraudulentas de Abreu fueron investigadas por el DSS en colaboración con la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) en Miami y la Oficina Residente del DSS en San Juan, Puerto Rico.

La sentencia está programada para el 10 de junio de 2025 y enfrenta hasta 15 años de prisión por posesión ilegal de armas, diez años por falsificación de documentos, cinco años por fraude electoral y un mínimo de dos años por robo de identidad agravado.

La actualidad de Google está marcada por la relación que mantiene la compañía norteamericana con la inteligencia artificial. Como consecuencia directa de ello, no solo hemos conocido la revisión de Google Maps que permite organizar tu viaje en cuestión de minutos, sino también su intención de acceder a obras protegidas por derechos de autor para entrenar modelos de IA. Sin embargo, las noticias relacionadas con la compañía también están marcadas por una deuda de 92 millones de euros que tendrá que saldar en los próximos días.

Como señala The Verge, Google llegó a un acuerdo para resolver una demanda colectiva que la compañía recibió en 2011. Hace 14 años, la firma norteamericana fue acusada de cobrar por clics en anuncios fuera de las ubicaciones seleccionadas por los anunciantes. De esta forma, intentaron demostrar que Google violaba la ley de competencia desleal de California, ya que engañaba a los anunciantes sobre los lugares en los que aparecerían sus anuncios. Por ello, aún habiendo cambiado su servicio de publicidad de Google AdWords a Google Ads, la firma no consiguió escapar de las acusaciones.

Otra multa millonaria para Google

Según indicó la demanda, Google mostraba anuncios en áreas fuera de las zonas geográficas seleccionadas por los anunciantes y, con ello, generaba costes no deseados. Además, tampoco  aplicó los descuentos que prometió con la herramienta «Smart Pricing», una condición que apuntaba a mejorar la rentabilidad de los anunciantes. Por ende, Google ha estado batallando durante 14 años e, incluso, un portavoz de la compañía afirmó que realizaron modificaciones en las funciones de los anuncios y, por ello, están satisfechos con la resolución del caso.

La investigación, como indica la publicación original, incluyó la revisión de más de 910.000 páginas de documentos y múltiples terabytes de datos sobre clics en anuncios. De esta forma, la demanda colectiva cubre a los anunciantes que utilizaron Google AdWords entre el 1 de junio de 2009 y el 13 de diciembre de 2012. Por desgracia, la firma también enfrenta un caso antimonopolio y, a su vez, otras tantas polémicas relacionadas con prácticas abusivas que han dañado a negocios de todo tipo.

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