Siete de cada diez embarazos en adolescentes de entre 15 y 19 años y el 85% de los embarazos de niñas menores de 15 años no son intencionales. En este grupo la mayoría es consecuencia de abusos sexuales y violaciones. Para revertir esta realidad, en 2018 se implementó el Plan ENIA (Embarazo No Intencional en la Adolescencia), que en cinco años logró reducirlos a la mitad. El gobierno actual desmanteló el plan: despidió a la mayoría de los especialistas del área y le quitó prácticamente todo el financiamiento. Un grupo de senadores presentó un proyecto para que el Plan ENIA sea Ley.

«Con el fin de sostener y fortalecer el Plan ENIA, consideramos necesario instituirlo por ley, producto del consenso parlamentario. Lo entendemos como parte de la obligación constitucional de legislar y promover medidas de acción positiva para garantizar la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos de niños y mujeres«, fundamentaron los senadores que presentaron la iniciativa: Oscar Parrilli, Wado de Pedro, Silvia Sapag, Alicia Kirchner y Carolina Moisés.

«La detección temprana de abusos sexuales en niñas y adolescentes, además de detener el abuso y el sufrimiento que esta situación conlleva, puede evitar también embarazos y maternidades forzadas. Para ello, es necesario un Estado presente, con políticas públicas sólidas y robustas, que se implementen articuladamente en todo el territorio», agregaron en los fundamentos.

En 2017 nacieron en el país 704.609 niños y niñas, de los cuales un 13% (94.079) eran hijos de adolescentes menores de 20 años y 2.493 de niñas menores de 15 años. Las últimas estadísticas (de 2023) dan cuenta de 46.236 nacimientos entre adolescentes de 15 a 19 años y 1.394 de niñas menores de 15 años.

En abril de 2024, el Ministerio de Salud confirmó la baja de 619 contratos vinculados al Plan ENIA. Y a mayo sólo había ejecutado el 11,51% de su presupuesto vigente, que no fue ajustado a la inflación.

El Plan ENIA es un trabajo coordinado de los programas nacionales de Salud Sexual y Procreación Responsable (Ministerio de Salud), de Educación Sexual Integral (Secretaría de Educación), y de Salud Integral en la Adolescencia (Ministerio de Salud).

Sus funciones son: ofrecer capacitaciones específicas a los efectores del programa ESI; ofrecer espacios de asesoramiento, consulta y contención para adolescentes en el ámbito escolar; ofrecer consejerías en los centros de salud y brinda asesoramiento a adolescentes para que puedan tomar decisiones autónomas e informadas sobre su sexualidad, el cuidado de su cuerpo y su salud reproductiva. Además, prescribe, distribuye y entrega métodos anticonceptivos.

Entre 2018 y 2021, el ENIA logró que la tasa de fecundidad adolescente se redujera de 49 a 27 por mil.

El proyecto propone seguir la misma línea: que el Plan ENIA se base en el fortalecimiento de la Educación Sexual Integral, que haya asesorías en salud integral en las escuelas y servicios de salud; que se fortalezca la oferta en salud sexual y reproductiva; y que llegue a las comunidades.

Sobre los recursos, dice el proyecto: «Los gastos del PENIA incluyen la contratación de recursos humanos y la adquisición y distribución de bienes y servicios de salud sexual y reproductiva. Se financian con el presupuesto anual del Ministerio de Salud de la Nación. Los mismos deben aumentar, en términos reales, año a año».

Los embarazos no intencionales le cuestan caros al Estado. En 2020 se publicó el estudio «Consecuencias Socioeconómicas del Embarazo en la Adolescencia en la Argentina», del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Entonces se gastaban 32 mil millones de pesos anuales.

«Es un proyecto necesario y primordial frente al desmantelamiento y desfinanciamiento del Estado nacional, y frente a los resultados beneficiosos que ha demostrado el plan ENIA durante 2018-2023. El proyecto explicita objetivos y dispositivos. Habla de ESI, Salud Sexual, asesorías, un sistema de monitoreo, un consejo consultivo. También explicita la inversión en recursos humanos, que es clave, y la responsabilidad nacional en el financiamiento -explica a Clarín Valeria Isla, ex directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva-. Es muy importante que el Congreso se comprometa con el Plan ENIA».

«El Plan ENIA bajó el 50% el embarazo no intencional en la adolescencia en los últimos cinco años, eso es algo fáctico, es lo que sucedió, y fue así porque fue un plan que fue pensado, realizado y que funcionó«, explica a Clarín Marisa Labovsky, médica ginecóloga, Presidente de la Federación Internacional de Ginecología Infanto Juvenil.

«Además, aumentó en un 80% las denuncias de chicas que fueron abusadas y disminuyó los nacimientos por primera vez en menores de 15 años porque tienen acceso a la interrupción legal del embarazo. Estas chicas no hacían las denuncias y tenían que llegar con los embarazos a término. Con la ley existe la posibilidad de acercarse un centro y que se las puedan asistir, y que accedan a la interrupción del embarazo. Y si bien el embarazo en la adolescencia bajó en todo el país por el mayor acceso a la anticoncepción, pero sobre todo bajó en las provincias del NOA y del NEA, que allí esto no iba a suceder si no se instauraba este plan», asegura la especialista.

«Si vamos a hablar de dinero, es mucho más barato que no se embaracen las mujeres que no quieran embarazarse, y ni hablar de las adolescentes. Y que no tengan embarazos de alto riesgo, con niños que van a tener complicaciones en el nacimiento y después en el correr de sus vidas. Todo eso es mucho mas caro que prevenir y dar acceso a los anticonceptivos y a la educación sexual integral, que es otro punto fundamental», agrega Labovsky.

«Nosotros, además, somos reconocidos en el mundo entero. A mi me dijo en persona el que se ocupaba de adolescencia en la OMS (Organización Mundial de la Salud) que somos los campeones de la educación sexual integral, sabiendo nosotros todo lo que nos falta -sigue la especialista-. El plan ENIA tenía su gente en las escuelas, en los centros, en los hospitales. Los chicos sabían que tenían acceso a caras conocidas, gente con las cuales hablar y confiar, sobre todo en pueblos chicos y lugares pequeños donde todo es mucho más difícil. Con los resultados del plan ENIA en las manos no hay nada que discutir. Tiene que ser ley, por suerte hay legisladores ocupados en el tema y el proyecto ya está en el Congreso».

Además de este último proyecto presentado en el Senado, existen otros dos proyectos de ley en la Cámara de Diputados: las iniciativas de Mónica Fein (co-firmada por Esteban Paulón, Carla Carrizo y Natalia Sarapura, entre otras diputadas y diputados) y el de Silvia Lospennato.