Tras la aprobación en Diputados de la ley que declara a la educación como “servicio estratégico esencial”, el Senado tendría un escenario favorable para avanzar con la sanción de una norma que obliga a las escuela estar abiertas con una guardia los días de paro.

La iniciativa impulsada por el diputado Alejandro Finocchiaro, ex ministro de Educación del gobierno de Mauricio Macri, cosechó 131 votos positivos, 95 negativos y 2 abstenciones en Diputados y de repetirse la tendencia en la Cámara alta no tendría obstáculos más allá del rechazo del kirchnerismo.

El oficialismo, que en el Senado tiene 7 bancas, cuenta con el apoyo del PRO, que conduce Luis Juez y que tiene 6 legisladores. Seguramente sumará el apoyo de los representantes de Cambio Federal, el espacio que comanda el salteño Juan Carlos Romero, que viene trabajando y votando en tándem con el oficialismo.

Si se mantiene la tendencia que se dio en Diputados, la propuesta sumaría los votos de los dos de Misiones del Frente de la Concordia, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, como así también de los representantes de Unidad Federal, el espacio que integran Alejandra Vigo, Carlos «Camau» Espínola y Edgardo Kueider.

Se especula que la neuquina Lucila Crexell como la rionegrina Mónica Silva, quien en cierta medida responden a los gobernadores Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck, también darán su voto a la ley que mantiene abiertas las escuelas ante las medidas de fuerza de los docentes.

Aunque no está claro cómo se posicionarán los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, ya que en Diputados los representantes del espacio votaron en forma dividida, casi un clásico ante un tema controvertido. Sergio Acevedo lo hizo por la negativa y José Luis Garrido por la positiva.

Otro polo de atención estará puesto en cómo se posiciona el radicalismo, ya que en Diputados votaron en contra Facundo Manes, Pablo Juliano, Marcela Coli y Roxana Reyes. Hay algunos representantes de la UCR, cómo Mariana Juri, que ya dieron cierto respaldo al proyecto aunque quieren mirar la letra chica de la iniciativa.

Si bien, se espera que el bloque de 13 senadores que comanda Eduardo Vischi unifique su posición, está claro que todo será parte de una negociación en la que Martín Lousteau, jefe del Comité Nacional, buscará avanzar con la ley de financiamiento universitario, que también ingresará al Senado luego de conseguir la media sanción a partir de un acuerdo entre la UCR y el kirchnerismo.

En la Cámara baja, la bancada de Rodrigo De Loredo acompañó, con el quórum y los votos la ley que declara esencial a la educación, tras conseguir que se incluya en el temario su propuesta de financiamiento universitario. Ahora hay qué ver si Victoria Villarruel accede a habilitar el tratamiento de esa propuesta que afecta las cuentas del Gobierno, ya que tiene un impacto fiscal de $ 1,4 billones.

En el peronismo, que tiene 33 bancas, no descartan que pueda haber alguna fuga a partir de una nueva configuración que se está gestando en el Congreso con un bloque que concentre a los senadores que responden directamente a gobernadores no K, al que apuesta adherir el catamarqueño Raúl Jalil y en el que trabajan Weretilneck, Figueroa e Ignacio «Nacho» Torres (Chubut).

En este escenario previo, Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado, se mostró confiado en que la propuesta «va a tener bastante aceptación» y, en este sentido, le dijo que a Clarín que «no hay duda que la educación es esencial para un país serio y con futuro sobre todo en los niveles iniciales en lo que corresponde a la alfabetización». Sin embargo, admitió que «hay que mejorar la dignidad de los docentes».

Por lo pronto, las autoridades del Senado deberán primero apurar la conformación de la comisión de Educación y Cultura para habilitar así el tratamiento del proyecto. El esquema incluirá una sesión informativa a la que se convocarán a representantes del Gobierno y de los gremios docentes, para más tarde avanzar con el debate entre los senadores, previo a la emisión de despacho de comisión. De esa forma quedará habilitada para que se trate en el recinto de la Cámara alta.

El proyecto aprobado en Diputados durante la madrugada de este jueves tiene 4 artículos.En el primero se define a la educación como “servicio estratégico esencial” exigiendo una guardia mínima para las jornadas de protesta, estableciendo un esquema de mayor presencia del personal docente cuando más se extiende la medida.

Los gremios docentes de gran parte del país rechazaron lo aprobado en el Congreso y advirtieron que la normativa, en caso de ser aprobada, va a contramano de los fallos judiciales y declaraciones de organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Comité por la Libertad Sindical.

La CGT declaró «persona no grata» a Finocchiaro, el diputado impulsor de la propuesta, y advirtió que la iniciativa «contraviene la Constitución y limita el derecho a huelga».