La aventura de la startup biotecnológica que fascinó a Silicon Valley llega a su fin. 23andMe se hizo mundialmente conocida en 2007, cuando se convirtió en la primera empresa en vender kits de análisis genéticos. Fundada por Anne Wojcicki, entonces mujer de Serguéi Brin, cofundador de Google, 23andMe abanderó la democratización de los análisis genéticos. Pero el negocio no le ha ido bien. Su salida a Bolsa en 2021 fue un fracaso: se la valoró en unos 3.500 millones de dólares, la mitad de lo que aspiraba a obtener, y su incapacidad para obtener ingresos le hizo perder el año pasado en torno al 80% de su valor bursátil. La agonía ha concluido esta semana, iniciada con una valoración de menos de 20 millones: la empresa se ha declarado en quiebra y Wojcicki ha dimitido.

Quien se la compre se llevará un botín extremadamente delicado: los datos genéticos de los 15 millones de clientes de 23andMe. En septiembre del año pasado, en plena caída en picado del precio de sus acciones, Wojcicki anunció que escucharía ofertas de posibles compradores, extremo que negaron un mes más tarde a EL PAÍS fuentes de la compañía. La prensa especuló con que decían que entre los interesados en hacerse con el laboratorio estaría una importante aseguradora de EE UU, que podría usar los datos genéticos, por ejemplo, para saber si sus clientes son o no propensos a contraer ciertos tipos de cáncer u otras enfermedades rastreables en el ADN y subirles así la póliza.

¿Qué pasará con los datos genéticos de los clientes españoles de 23andMe? En una carta abierta a sus clientes, la compañía asegura que los datos están a salvo, y que seguirán custodiados con las máximas garantías. Más allá de esa declaración de intenciones, con la ley en la mano, los usuarios no deberían tener nada que temer. El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) no solo afecta a las empresas europeas, sino también a las extranjeras que operen con datos de ciudadanos de la UE. Los clientes europeos de la biotecnológica pueden solicitar la supresión de sus datos.

Los datos genéticos entran dentro de una categoría especial de datos personales, recogidos en el artículo 9 del RGPD. Su tratamiento está prohibido, salvo contadas excepciones, y se debe contar siempre con consentimiento expreso del afectado. Esas precauciones se deben a que no hay ningún dato biométrico más inmutable que el ADN: es una especie de matrícula personal e intransferible de cada ser humano que permite reconocerle inequívocamente, a él y a su familia. Una persona se puede borrar las huellas dactilares, alterar el rostro para intentar burlar los métodos de reconocimiento facial o incluso arrancar los ojos para evitar que se le lea el iris. El genoma, en cambio, nos acompaña desde antes de nacer (está ya presente en el feto) hasta la muerte.

La posibilidad de que los datos genéticos que atesora 23andMe cayeran en otras manos propiciaron el año pasado la apertura de un expediente por parte de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Según fuentes de la Agencia, el expediente sigue en trámite a día de hoy. La AEPD ya inició un proceso similar en 2021 con la firma israelí MyHeritage, una plataforma que ofrece análisis genéticos para construir árboles genealógicos. En ese caso, el procedimiento se abrió a partir de una reclamación de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) por tratamiento inadecuado y cesión a terceros de los datos genéticos de los usuarios. MyHeritage fue multada y forzada a cambiar sus procesos en España.

Una idea poco rentable

​​23andMe, que recibe su nombre de los 23 pares de cromosomas que tienen las células humanas, fue pionera en el lanzamiento al mercado de kits de análisis genéticos. En el informe que ofrecen a sus clientes, aportan información sobre los ancestros o sobre la predisposición del usuario a contraer determinadas enfermedades. Su método de toma de muestras de saliva para capturar ADN, hoy de referencia en el sector, fue considerado el invento del año en 2008 por la revista Time. Los tests, disponibles a partir de unos 55 euros, los envían a casa: hay que escupir en un tubo, dárselo de vuelta a un mensajero y a las pocas semanas ofrecen los resultados.

Pero el negocio no ha funcionado tan bien como se esperaba. Su salida a Bolsa en 2021 fue desastrosa. Los ingresos no cumplieron expectativas, y los analistas apuntaban ya en 2024 que, a ese ritmo, acabarían con sus reservas de caja en 2025. La búsqueda de nuevos clientes llevó a 23andMe a meterse en el negocio de los productos para adelgazar. En concreto, estaban tratando de encontrar variaciones genéticas que puedan servir a sus usuarios para perder peso.

La situación se complicó en septiembre pasado con la dimisión en bloque toda la junta directiva, a excepción Wojcicki, al no encontrar ofertas de compra que puedan rescatar la empresa. La nueva junta siguió adelante y, en marzo, un comité especial evaluó qué posibles estrategias podía seguir la compañía. Wojcicki presentó varias propuestas para hacer que la empresa dejara de cotizar, pero todas fueron rechazadas. La última de ellas, que obtuvo luz roja a principios de mes, contemplaba que la millonaria se hacía con la compañía pagando 41 céntimos por acción. Eso hizo que los títulos de 23andMe acabaran la jornada a 1,47 dólares, un 99% menos que su pico de 2021.

“Si bien estoy decepcionada porque hayamos llegado a esta conclusión y mi oferta haya sido rechazada, apoyo a la empresa y tengo la intención de seguir siendo una posible compradora”, dijo ayer Wojcicki en la red social X. “Hemos tenido muchos éxitos, pero también asumo la responsabilidad por la situación que tenemos hoy. No hay duda de que los desafíos a los que se ha enfrentado 23andMe debido a un modelo de negocio en evolución han sido reales, pero mi confianza en la empresa y su futuro es inquebrantable”, añadió.

23andMe llegó a un acuerdo en 2018 con la británica GlaxoSmithKline, una de las mayores farmacéuticas del mundo, por más de 300 millones de dólares para el “desarrollo de nuevos medicamentos”. Solo se usaron los datos de los usuarios que lo consintieron.

En diciembre de 2023, 23andMe fue hackeada, dejando al descubierto la información genética de siete millones de usuarios. La respuesta oficial fue echarle la culpa a los usuarios: les recomendó usuarios que cambiaran su contraseña y estableció un método de doble autenticación para entrar en sus cuentas.

Como cada mes, nos llega el calendario oficial de lanzamientos de Nintendo para la consola híbrida. Estamos hablando en este caso de los lanzamientos de este próximo mes para Nintendo Switch, el cual viene cargado de títulos muy interesantes. ¿Se unirán a mejores juegos de Nintendo Switch (2025)?

Efectivamente, se trata del calendario de lanzamientos oficial para abril de 2025 que Nintendo ha publicado en su web oficial. Lo tenéis abajo:

¿Qué os ha parecido la noticia? ¿Esperáis con ganas alguno de estos juegos? Podéis compartirlo en los comentarios.

Fuente.

La Iglesia manifestó su desacuerdo con la baja de la edad de imputabilidad por considerar que “no es necesario” porque “los menores inculpados por delitos conforman un porcentaje muy bajo del total” y “la solución de fondo es mucho más compleja y requiere un abordaje integral, profundo y a largo plazo” que posibilite «ofrecer un verdadero proyecto de vida para nuestros adolescentes y jóvenes”.

“Es una idealización creer que la solución de la inseguridad es bajar la edad de imputabilidad y no considerar sus causas”, dice la comisión de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal en una declaración titulada “Más oportunidades que penas: No se trata de bajar la edad de imputabilidad; sí de asumir cambios profundos”.

En ese sentido, señala: “Por ejemplo, hoy los adolescentes y jóvenes tienen muy fácil acceso al consumo de drogas, que los están destruyendo y el consumo es una de las principales causas de la violencia”, a la vez que subraya que “es necesario ofrecer un verdadero proyecto de vida” a los menores.

El Poder Ejecutivo envió a mediados del año pasado un proyecto de ley que baja la edad de imputabilidad de los 18 años actuales -con un régimen especial para los que tienen 16 y 17 años- a 13 años, con el fin de “evitar la impunidad de los crímenes cometidos por los menores”.

Los obispos comienzan “expresando en primer lugar nuestra solidaridad con tantas personas que han sido víctimas de la violencia, algunas de ellas víctimas de delitos cometidos por menores de edad, en ocasiones con violencia extrema que dejan heridas difíciles de cerrar”.

“Ante estas situaciones dolorosas se fortalecen las propuestas que hacen foco en los menores, como si fueran los únicos y los numéricamente más responsables de los delitos. Lo que sabemos, por la estadística oficial, es que los menores no son los que más delitos cometen”, señalan.

Citan la Estadística del Sistema Nacional de Información Criminal del Ministerio de Seguridad Nacional correspondiente al 2023 (últimos datos publicados) que arroja que “en los casos de homicidio doloso, los inculpados menores de 14 años fueron sólo el 0,64 % del total, y los inculpados menores de entre 15 y 19 años , el 13,12 %”, entre los principales delitos.

Más adelante dicen: “Nos preguntamos: si se concreta la baja de edad de imputabilidad, ¿dónde van a recluir a los menores? ¿Cuáles son los dispositivos apropiados en las provincias para alojar a adolescentes y jóvenes que delinquen? ¿Qué alternativas reales tenemos para ofrecerles, educarlos y reinsertarlos socialmente?”.

“ Sabemos cómo es la realidad de los establecimientos penitenciarios. ¿En serio creemos que esa es la solución? La edad que ya prevé la ley en la actualidad es la de 16 y 17 años”, dicen y destacan: “Consideramos que no es necesario modificar la edad, aunque sí es imprescindible un régimen penal juvenil/adolescente que tenga una mirada humana, integral, abierta a la esperanza”.

Y agregan “Nos preguntamos: para un proyecto de país inclusivo, fraterno, desarrollado, ¿qué necesitamos?, ¿más cárceles o más escuelas? ¿Más guardiacárceles o más docentes con salarios dignos y capacitados? Cualquier reforma del Régimen Penal Juvenil debe hacer foco prioritariamente en la reinserción social y en la educación”.

“También podemos preguntarnos todos -añaden los obispos-: ¿qué mundo estamos creando los adultos para el crecimiento y desarrollo de niños y jóvenes? Muchos crecen sin oportunidades de una buena educación o de una necesaria formación laboral, o de contención familiar y social”.

Consideran “imprescindible comprender que es necesario promover una ‘cultura del cuidado´ que garantice las condiciones para el desarrollo integral y pleno de cada persona” y señalan que “el Estado nacional, los estados provinciales y municipales y la dirigencia política tienen un rol preponderante en este propósito”.