Pasaron sólo tres semanas desde que el ministro de Economía, Luis Caputo, sentenció que las prepagas “le están declarando la guerra a la clase media”. Fue el 8 de abril, y desde entonces el conflicto tomó una velocidad que terminó con una investigación por presunta cartelización, una cautelar para que bajen las cuotas y una causa judicial para que devuelvan lo cobrado por encima de la inflación. Y la polémica sigue.

La aplicación efectiva de los descuentos en la última cuota luego de los anuncios públicos realizados por las empresas dejó a mucha gente desconcertada con las facturas recibidas en las últimas horas. Según afirman, supuestamente no reflejan lo comunicado y acordado entre el Gobierno y las empresas de medicina privada el último lunes en la Secretaría de Comercio.

Ese desconcierto es producto, como mínimo, de una confusión por cómo se comunicó oficialmente -o no se comunicó-, la medida. «Estamos preparando una nota explicativa para el público», dijeron desde el Gobierno. La misma se difundiría el próximo jueves.

Esa confusión se refleja tanto en los correos recibidos durante las últimas 48 horas en Clarín como en los call centers de las prepagas, donde la gente está llamando para saber por qué el importe que ven reflejado en la factura al parecer no se condice con lo anunciado por las empresas.

Clarín dio cuenta este martes de la polémica y el Gobierno estaba estudiando el tema, sinuoso y de aritmética compleja. Ahora, una alta fuente oficial fue tajante: “Hubo una reunión con las siete prepagas involucradas en la resolución de la Secretaría de Comercio y quedó claro que los descuentos a aplicar oscilaban entre el 20 y el 22 por ciento”.

La diferencia, sin embargo, se estaría dando porque para aplicar ese porcentaje de descuento las empresas -o al menos una parte de éstas- consideraron un 9 por ciento más que habían anunciado que aplicarían en la cuota de mayo. Por lo que a la hora de calcular la rebaja, ese 9 por ciento quedó incluido, según explicaron a este medio fuentes de las diferentes empresas.

Desde el Gobierno, en cambio, aseguran que dicho anuncio de incremento “caducó desde el momento en que se firmó la resolución. El cálculo se hace con la base de la cuota de diciembre y se le aplica la inflación: en diciembre la de octubre (última conocida entonces), en enero la de noviembre; en febrero la de diciembre; en marzo la de enero; en abril la de febrero; y ahora en mayo la de marzo. El importe que surge de esa suma tiene que reflejarse en la factura”.

Un directivo de de una de las siete prepagas obligadas a realizar los descuentos le aportó a Clarín un detalle no menor: “Si no le sumáramos el aumento del 9 por ciento anunciado para mayo y aplicáramos el 20 por ciento de descuento sobre lo que se facturó en abril, la cuota quedaría por debajo del IPC (Indice de Precios al Consumidor)”.

Clarín consultó entonces a la Secretaría de Comercio para saber si existe una forma más sencilla para que los afiliados de las prepagas pueden hacer el cálculo y saber si el importe en la nueva factura que recibieron está bien o está mal. Una alta fuente de esa repartición explicó el atajo: «La gente tiene que tomar la factura de diciembre y sumarle el 115 por ciento. Si el resultado da lo que le vino en la cuota de mayo o por debajo de eso está bien. Si da más, está mal».

La polémica hasta el cierre de esta nota no parecía zanjada. Las fuentes oficiales consultadas dijeron que en la reunión que mantuvieron con las prepagas “se les explicó los criterios de cumplimiento”. Agregaron que “los afiliados que tengan un reclamo para hacer al respecto pueden comunicarse a Defensa de Consumidor al 0800 666 1518”, que atiende de lunes a viernes de 10 a 16 horas.

Sobre las eventuales diferencias entre el criterio oficial con el que deberían hacerse los descuentos y el aplicado por las empresas, las fuentes del Gobierno consultadas apelaron, con cierta ironía, a la responsabilidad de las prepagas: “Los muchachos saben lo que tienen que hacer. No hay lugar para pícaros”.

Desde el sector de las prepagas están convencidos de que están haciendo las cosas como fueron acordadas y que no está en el ánimo de las compañías «correrse una coma» de lo que disponga el Gobierno, sobre todo en un momento tan delicado que los ubica en el ojo de la tormenta y sometidos al escrutinio judicial y público.

Fuentes oficiales reiteraron, como informó Clarín este martes, que “incumplir una medida de tutela anticipada (la cautelar) que dictó el secretario de Comercio puede implicar una multa diaria equivalente al 0,1 por ciento de la facturación bruta del grupo empresarial alcanzado por la medida. Si eso no se puede calcular, la multa diaria puede ascender a 750 mil unidades móviles diarias, que al tipo de cambio de hoy equivalen a cerca de 379 mil dólares”.

Las prepagas alcanzadas por la medida son OSDE y Swiss Medical, Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medifé y Omint. Las que habían hecho públicos sus descuentos eran OSDE, con el 20,76 por ciento (hubo un ajuste tras la primera cifra del 22 por ciento comunicada); Swiss Medical, con el 22,22 por ciento; Galeno, con el 26,78 por ciento y Medifé, con el 20 por ciento.

La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) ahora analiza una ampliación de la medida a otras 13 prepagas. Esa lista está compuesta por Medicus, ACA, Accord, Sancor, Italiano, Fundación Güemes, Prevención Salud, Mutual Federada, Mutual Jerárquicos, Medicina Esencial y Pasteur. El proceso requiere que cada prepaga tenga oportunidad de defenderse, por lo que una eventual medida no sería inmediata.

Los mails recibidos en Clarín en las últimas horas reflejan la desazón de la gente, algo que se espera termine de aclarar un comunicado oficial. Un lector contó que llamó a la prepaga para reclamar por su caso y que la respuesta fue: “Usted pague esta factura y en el mes de junio se la descontamos de ser necesario”. Otro dijo que intentó comunicarse con la suya: “Esperé más de 40 minutos y no atendieron”.

Un tercer lector se metió de lleno en el tema y compartió su análisis meticuloso volcado en el texto de la carta que envió a su prepaga para reclamar: “Ustedes en su comunicado de ayer mencionan ‘índice vigente al 1° de diciembre de 2023′. El índice vigente al 1° de diciembre de 2023 es el de noviembre 2023, ya que a esa fecha el índice de diciembre 2023 no se conoce. Pero la Secretaría de Comercio dice otra cosa: menciona taxativamente “índice correspondiente a diciembre 2023. Les solicito lean nuevamente la resolución de la Secretaría de Comercio y verán que es diferente el texto de la misma y lo que ustedes interpretaron en lo relacionado al índice base a utilizar para obtener el valor actualizado de la cuota. Corrijan la facturación”.

Por otro lado, en la denuncia de Superintendencia de Servicios de Salud contra 23 prepagas, que se tramitaba en el Juzgado en lo Civil y Comercial Federal N°9, hubo novedades. Este martes por la noche la jueza Mercedes Maquieira decidió declararse incompetente y trasladar el expediente al Juzgado N°3 del mismo fuero, que tramita desde el 29 de diciembre pasado un amparo colectivo cuyo objetivo es que se declare la inconstitucionalidad de dos artículos del DNU 70 que desregulan las cuotas de las prepagas.

Dicha causa es clave en función de que esa cantidad de empresas de medicina privada -que en su conjunto representan a más del 90 por ciento de los afiliados del país-, según lo reclamado por el Gobierno devuelvan los montos cobrados por encima de la inflación desde diciembre hasta el presente. Ahora debería ser el juez Juan Rafael Stinco el que lleve adelante la demanda motorizada por el Poder Ejecutivo, causa en la que tres prepagas ya presentaron sus descargos.

Sin embargo, hay un «pequeño» detalle que fuentes con acceso a la causa recordaron al conocerse la novedad en las últimas horas: ese amparo colectivo, denominado «Causa Wilson», «está dando vueltas en la Corte Suprema por un tema de competencia negativa -no la quieren tramitar- entre el juez Civil y Comercial Federal y otro juez federal de San Martín». De modo que el reintegro de los presuntos cobros excedidos parece haber ingresado en un laberinto.