El Gobierno anunció este lunes que apelará la orden judicial de Sebastián Casanello para que el Ministerio de Capital Humano informe qué cantidad de alimentos destinados a comedores sociales tiene almacenados y disponga su inmediata distribución.

“Siempre fuimos respetuosos de la Justicia, lo que no quiere decir que utilicemos instrumentos legales cuando no estemos de acuerdo. Vamos a apelar. Consideramos que esto no es una cuestión de índole judicial sino de política pública. La Justicia no se puede entrometer en la política pública”, expresó el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su conferencia de prensa de este lunes, en Casa Rosada.

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El portavoz de Javier Milei explicó que los alimentos en cuestión “son reservados de manera preventiva para emergencias o catástrofes” y aseguró que “no hay un solo alimento que vaya a ser tirado a la basura”.

“Vamos a presentarnos para mostrar que lo nuestro es algo serio y no hacemos populismo. Por un lado tenemos la política de asistencia y por otro la mercadería para futuras catástrofes. A algunos les molesta que hayamos terminado con los intermediarios”, sentenció Adorni.

La explicación de Adorni llega horas después de que el juez federal Sebastián Casanello le ordenara al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, que informe qué cantidad de alimentos destinados a comedores sociales tiene almacenados y disponga su inmediata distribución.

Lo hizo ante un planteo formulado por el dirigente social Juan Grabois en base a una investigación periodística de El Destape, al que se adhirieron comedores sociales que denuncian la falta de provisión de alimentos.

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El juez le encomendó al Ministerio de Capital Humano que “elabore un plan de distribución de dichos alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato; lo que deberá informarse de manera precisa en el plazo de 72 horas”.

Casanello dispuso “librar una orden de presentación” (el aporte voluntario de documentación e información) “el detalle del stock actual de los alimentos almacenados en los depósitos ubicados en las localidades de Villa Martelli, Vicente López, Provincia de Buenos Aires, y Tafí Viejo, Provincia de Tucumán”. Ese informe “deberá incluir el tipo de alimento, y las fechas de adquisición y expiración de la mercadería”.

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Además, el juez pidió “los registros de ingreso y egreso de mercadería desde diciembre de 2023 hasta la fecha; los expedientes administrativos en los que haya tramitado la adquisición de los alimentos almacenados, junto con toda otra actuación y/o documentación vinculada”.

La orden tendrá efecto inmediato: “Deberá diligenciarse por el personal del Departamento Unidad Investigativa contra la Corrupción de la Policía Federal Argentina el lunes 27 de mayo del año en curso a las 9:00 horas en la sede de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano, ubicada en Av. 9 de Julio 1925 de esta ciudad”.

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Casanello dispuso que “una vez cumplida, deberá remitirse a esta dependencia la totalidad de la documentación recabada en formato digital al correo electrónico del juzgado”.

“Dado que las existencias fueron reconocidas por todas las partes, como medida de acción positiva, encomendaré al citado Ministerio de Capital Humano que, en el marco de sus competencias (que incluyen asistir en todo lo concerniente a “la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza, el desarrollo de igualdad de oportunidades para los sectores más vulnerables, en particular para las personas con discapacidad, las niñas, los niños y adolescentes, las mujeres y los adultos mayores”) elabore un plan de distribución de dichos alimentos”, subrayó el fallo.