El Gobierno de Javier Milei amplio su denuncia contra los “comedores fantasmas”. Ante la justicia presentó el listado de subsidios que recibieron 38 organizaciones sociales del programa Políticas Alimentarias. Fueron más de seis mil millones de pesos a estas entidades a lo largo de la gestión de Alberto Fernández. Las más beneficiadas fueron los movimientos sociales que formaban parte de Unión por la Patria. El dato no sorprende, la inmensa mayoría de las organizaciones son de extracción peronista y están agrupadas en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Fernández, además, decidió administrar el ex Ministerio de Desarrollo Social con dirigentes como Emilio Pérsico y Daniel Menéndez, líderes del Movimiento Evita y Barrios de Pie. Estaban de los dos lados del mostrador.

Le siguen entidades civiles y movimientos piqueteros de izquierda, como el Polo Obrero que lidera Eduardo Belliboni. En el mapa de las organizaciones populares no hay movimientos sociales radicales o del PRO.

En las planillas Exel figuran organizaciones que administran comedores sociales que Capital Humano señalo como que “no existen”. Los dirigentes piqueteros afirman que eso es falso: “El Gobierno miente. Nos quiere destruir”.

La tarea que tienen los investigadores judiciales no será sencilla. Deberá seguir la trazabilidad de los fondos que recibieron organizaciones sociales como el MTE y la CTE referenciada en Juan Grabois, ex precandidato Presidencial de Unión por la Patria; el Movimiento Evita, Barrios de Pie, el Polo Obrero y, entre otras, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) liderada por el ex diputado Juan Carlos Alderete.

El ranking de los más beneficiados

Ante el fiscal Ramiro Gonzáles, la subsecretaria legal del Ministerio de Capital Humano, Leila Gianni, presentó una serie de planillas que revelan cada uno de esos giros realizados desde el programa de Políticas Alimentarias de la ex cartera de Desarrollo Social que tienen como objetivo “garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria de toda la población argentina, con especial atención en los sectores en situación de mayor vulnerabilidad económica y social”.

Laura Valeria Alonso, una dirigente de La Cámpora, estaba a cargo de la Secretaría de Inclusión Social. De ella dependía las Políticas de seguridad y soberanía alimentaria y el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios (RENACOM).

Alonso sostiene que cada centavo para alimentos que salió de su área está justificado y auditado. Y que los alimentos que de ella dependían se adquirieron a través de convenios internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que tiene un “estricto sistema de control y auditoría”.

Los funcionarios de La Libertad Avanza le han solicitado a la fiscalía que se investigue a los funcionarios que no controlaron el destino de esos fondos porque, recuerdan, una auditoría reveló que casi la mitad de los comedores relevados “no existen”.

Daniel Arroyo, Juan Zabaleta y Victoria Tolosa Paz fueron los responsables del ex Ministerio de Desarrollo Social, actual secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia. Capital Humano insiste en que parte de los alimentos eran utilizados para “extorsionar” a las personas para que asistan a las marchas, para “hacer política” o que eran “vendidos” en plazas y ferias locales, como se denunció en el expediente que instruye el fiscal Gerardo Pollicita.

Dos entidades enroladas en el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) -antecesora de la UTEP- fueron las que más subsidios del “Programa Alimentario” recibieron.

La Federación de Cooperativas de Reciclado Limitada fue beneficiada con $909.673.504. La Asociación Civil “El Amanecer de los Cartoneros”, recibió giros por $762.076.969.

En la presentación judicial que la abogada de Capital Humano realizó ante el fiscal federal González, se sostiene en las actas constitutivas “pueden actuar como comedor/merendero ni habla de asistencia alimentaria”.

Entre los 1.201 “comedores fantasmas” denunciados por la cartera de Pettovello, 17 pertenecían a esas dos entidades.

Ante la misma fiscalía, Maximiliano Sosa y Sergio Sánchez, representantes de Federación de Cooperativas de Reciclado Limitada y la Asociación Civil el Amanecer de los Cartoneros, presentaron una lista de comedores y merenderos “en estado de emergencia” que administran.

Como ya informo este medio, esas dos entidades recibieron en la gestión de Fernández un total de 2,4 mil millones de pesos. En esa cifra está incluida la asistencia alimentaria que debían realizar.

La Federación de Cooperativas de Trabajo Evita Limitada, vinculada de manera directa al Movimiento Evita, liderado por Emilio Pérsico, recibió susidios del programa alimentario por $208.098.504. Esa federación también está denunciada por haber registrado comedores “inexistentes”.

En la ratificación de la denuncia que la secretaria legal de Capital Humano realizó ante la fiscalía sostuvo que en el Gobierno del Frente de Todos había “un plan sistemático para cometer hechos de corrupción contra el pueblo argentino”.

Sobre los 1.201 supuestos comedores inexistentes y que las organizaciones sociales seguían recibiendo alimentos por ellos, la funcionaria Gianni dijo: “Estos comedores, que estaban en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos (RENACOM) eran representados por organizaciones sociales, siendo estas las que recibían los alimentos secos o el dinero, según el caso. Una vez recibido dinero o alimentos, no existía un control por parte del Estado nacional. Sobre si los comedores que estas organizaciones aducían representar, recibían efectivamente los alimentos, conforme lo aportado en esta causa”, sostuvo la subsecretaria legal y solicitó investigar a los funcionarios del Gobierno por “incumplimiento a los deberes de funcionario público” y “fraude a la Administración Pública”.

Según se destacó en el escrito al que accedió este medio: La legislación impone que los funcionarios que autorizaban la salida de esos insumos de primera necesidad debían tener “trazabilidad”, es decir, a qué comedores eran destinados, quiénes eran los responsables de los establecimientos y a cuántas personas se asistían. Según la auditoría de Capital Humano, en el 92% de los casos eso no sucedió.

Comedores declarados como administrados por la Asociación Civil Polo Obrero, liderado por el dirigente de izquierda Eduardo Belliboni también aparece en las planillas de Capital Humano administrado merenderos que ya no existen o nunca lo hicieron. Un hecho que el dirigente niega.

Durante la administración Fernández, el Polo Obrero recibió $49.009.772.

Doce comedores y merenderos “inexistentes” pertenecen a la Federación de Cooperativas de Trabajo “René Salamanca- C.C.C. LTDA” y El Fortín de Encarnación. Ambas organizaciones pertenecen la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

El Fortín de Encarnación recibió subsidios del programa alimentar por $171.838.484.

Si se toma los subsidios que por todos los programas -incluidos el alimentar- recibieron las dos entidades que dependen de la CCC, el valor supera los mil millones de pesos.

La Asociación Civil Caminos de Tiza también figura con comedores inexistentes. Pertenece a la organización Barrios de Pie que coordina Daniel Menéndez, actual funcionario del gobernador bonaerense Axel Kicillof. Recibió subsidios del programa “Políticas Alimentarias” por $57.540720.

Una organización casi desconocida, Judith Presente Centro Comunitario Asociación Civil, fue beneficiada con subsidios alimentarios por un monto superior a los anteriores, $104.217.976. El centro comunitario pertenece a la Tupac Amaru cuya referente nacional es la dirigente jujeña condenada por actos de corrupción Milagro Sala.

A pesar de la férrea defensa que realizan las organizaciones sociales sobre su actividad y acusar a La Libertad Avanza de “montar una campaña mediática contra las organizaciones populares que pelean diariamente contra el hambre que crece en nuestro país”, los funcionarios de Capital Humano aseguraron ante la justicia que: “Se puede observar una vez más, como estas organizaciones sociales levantando la bandera de la justicia social lucraron con el hambre de los sectores más vulnerables”. Y describen que: “Muchas de estas organizaciones eran cooperativas creadas recientemente, sin historial alguno, y recibían la habilitación a través del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES)” que estaba a cargo de otro dirigente del Evita, Alexandre Roig.