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LA PAZ.- El gobierno de Bolivia denunció este miércoles un “golpe de Estado” a manos de efectivos militares encabezados por el comandante general del Ejército, Juan José Zúñiga, que cercaron durante horas la céntrica Plaza Murillo en La Paz y avanzaron dentro de la sede del Ejecutivo, el Palacio Quemado. La crisis quedó sofocada con la retirada de los militares rebeldes, incluso Zúñiga, que fue destituido y quedó detenido.

El presidente de Bolivia, Luis Arce, llamó en un discurso a terminar con las “intentonas golpistas” y exhortó a todos los ciudadanos a defender la democracia. “Saludamos y expresamos nuestro más sincero agradecimiento a las organizaciones sociales y a todo el pueblo boliviano que salieron a las calles manifestando su rechazo a la intentona golpista”, señaló. Y remarcó que el intento de Golpe “lo único que hace es dañar la imagen de la democracia boliviana a nivel internacional y generar incertidumbre innecesaria en momentos en los que las y los bolivianos necesitamos trabajar para sacar adelante al país”. Al comienzo de la crisis el sucesor de Evo Morales había denunciado “movimientos irregulares” de miembros del Ejército en las inmediaciones de la sede presidencial.

“Haremos respetar la democracia ganada con el voto en las urnas del pueblo boliviano”, afirmó Arce, y se apresuró a nombrar en una ceremonia exprés a una nueva cúpula militar, con José Sánchez Velásquez como el nuevo comandante del Ejército.

“Señor presidente: vamos a cumplir lo que dice la norma”, dijo Sánchez al tomar la palabra. “Nadie desea ver las imágenes que estamos viendo ahora. Ordeno, dispongo, que todo el personal que se encuentra en las calles debe retornar a sus unidades”, agregó.

Tras el relevo en el mando militar, se vieron videos en los que soldados y vehículos militares blindados que estaban en la plaza frente a la sede gubernamental se retiraban del lugar. Zúñiga salió en una tanqueta, como había llegado. El gobierno activó una orden de arresto y una alerta migratoria en su contra, que culminaron en la detención del militar rebelde, quien dijo haber actuado por orden del presidente Arce para “levantar su popularidad”.

“El presidente me dijo: ‘La situación está muy jodida, muy crítica. Es necesario preparar algo para levantar mi popularidad’. Le pregunto: ‘¿Sacamos los blindados?’, me dice: ‘Sacá’. Entonces, el domingo en la noche ya los blindados empiezan a bajar: seis Cascabeles, seis Urutus, más 14 Z del Regimiento de Achacachi”, alcanza a decir antes de ser llevado.

Las fuerzas de seguridad, por otra parte, comunicaron que detuvieron al segundo jefe militar, el comandante de la Marina, Juan Arnez Salvador, sobre quien pesa la acusación por parte de la fiscalía de terrorismo y alzamiento armado.

El ministro de gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, afirmó que tanto Arnez como Zúñiga “son dos militares golpistas que intentaron destruir la democracia y la institucionalidad y fracasaron”. Y ubicó a ambos en el interior de la tanqueta militar que intentó derribar las puertas de ingreso al Palacio Quemado, sede del gobierno.

La crisis comenzó a gestarse al mediodía cuando el expresidente Morales advirtió de un “acuartelamiento”. “Desde hace una hora, comandantes de divisiones, instruyen a comandantes de regimientos a retornar inmediatamente a sus cuarteles para esperar nuevas disposiciones (acuartelamiento). Esto levanta muchas sospechas del movimiento militar en Bolivia”, denunció.

Poco después, tanquetas y personal militar se apostaron alrededor del kilómetro cero de la sede de gobierno, y Zúñiga se hizo presente a bordo de una tanqueta y armado. “Zúñiga, aún estás a tiempo”, le gritó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, que acudió de inmediato para reclamar al militar por el amotinamiento.

El vicepresidente David Choquehuanca dijo minutos después que había un golpe en curso. “Denunciamos ante la comunidad internacional que en Bolivia se está produciendo un golpe de Estado contra nuestro gobierno democráticamente elegido”, alertó el número dos del gobierno.

Tropas que respondían a Zúñiga irrumpieron entonces en el edificio de gobierno donde el propio presidente Arce estaba reunido con todo el gabinete. Imágenes transmitidas en directo mostraron a un vehículo militar blindado forzando la puerta principal del edificio y al jefe militar entrando al edificio acompañado de militares armados y con el rostro cubierto.

Zúñiga comandó la embestida tras una declaración en la Plaza Murillo donde pidió la renuncia de Arce y de todo el gobierno. Luego el propio mandatario lo confrontó en la sede de gobierno. “Yo soy su capitán y le ordeno que repliegue a sus soldados y no voy a permitir esta insubordinación”, le lanzó. Minutos después, el militar abandonó el edificio.

“Miren en qué crisis nos han dejado, las Fuerzas Armadas pretenden estructurar la democracia, que sea una verdadera democracia, no de unos cuantos. Es la inmediata liberación de los presos políticos. No puede ser que miembros del personal subalterno estén presos por acatar una orden. Vamos a liberar a todos los presos políticos”, dijo Zúñiga en relación con los detenidos por la crisis institucional de 2019 que condujo a la renuncia de Morales. “Nosotros queremos establecer la democracia”, agregó.

El amotinamiento militar fue denunciado casi en simultáneo a nivel internacional por el embajador de Bolivia en la OEA, Héctor Enrique Arce, quien en medio de una sesión en Washington fue informado del incidente.

“Queremos denunciar que hace veinte minutos algunas unidades de las Fuerzas Armadas del Ejército del Estado Plurinacional de Bolivia han irrumpido en la Plaza Murillo, sede del Poder Ejecutivo de mi país, no conocemos sus intenciones, no conocemos su afán, pero es un acto ostensiblemente violento e inconstitucional. El comandante del Ejército estaría detrás de esta situación”, denunció el embajador.

“No teníamos en América Latina golpes de Estado hace más de 40 años, por lo que solicito que sea tomado con la debida responsabilidad y seriedad por parte de la OEA cuyo fin supremo debe ser la democracia y el estado de derecho”, agregó.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, también se hizo eco de los sucesos. “La OEA condena de la forma más enérgica los acontecimientos en Bolivia. El Ejército debe someterse al poder civil legítimamente elegido. Enviamos nuestra solidaridad al presidente de #Bolivia Luis Arce Catacora, su Gobierno y todo el pueblo”, dijo en X.

Según medios locales, el comandante Zúñiga había perdido su cargo el martes tras una serie de amenazas contra Morales. En declaraciones a la televisión el lunes, el militar había dicho que Morales “no puede ser más presidente de este país”. “Llegado el caso”, había agregado, no permitiría “que pisotee la Constitución, que desobedezca el mandato del pueblo”. En tono elevado, hizo notar que las Fuerzas Armadas son “el brazo armado del pueblo, el brazo armado de la patria”.

Morales había acusado a Zúñiga de liderar el grupo militar Pachajcho, que supuestamente ejecuta un “plan negro” en su contra. El pasado domingo, el expresidente señaló que tiene videos y audios que muestran que el comandante del Ejército se propone su eliminación y la de sus más estrechos colaboradores.

“Este señor es un verdadero mitómano, utiliza la mentira como estrategia para retornar al poder”, replicó Zúñiga en el set de televisión. A continuación, afirmó que los militares no permitirían que Morales vuelva al poder.

LA NACION