El presidente Javier Milei oficializó la medida que habilita la privatización de Corredores Viales S.A., encargada de la gestión de la infraestructura vial del país. La decisión, oficializada en el Boletín Oficial a través del Decreto 97/2025, había sido adelantada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, el viernes pasado y busca promover la participación del sector privado en el desarrollo y mantenimiento de las rutas nacionales a través de un modelo de concesión de obra pública por peaje.

La privatización de la empresa estatal, creada en 2017, incluye la extinción de los contratos de concesión actuales sobre diez tramos de rutas nacionales y la posterior liquidación de la sociedad. El Gobierno justifica la medida por los altos déficits financieros de Corredores Viales, que en 2023 presentó pérdidas de más de 142 mil millones de pesos, lo que llevó a una considerable dependencia de transferencias del Tesoro Nacional.

El Decreto 97/2025 autoriza al Ministerio de Economía, en conjunto con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, a llevar adelante el proceso de privatización. El procedimiento incluye la disolución de la empresa estatal y la adjudicación de contratos de concesión de obra pública a empresas privadas para los tramos viales actualmente bajo su administración.

Corredores Viales S.A. gestiona más de 6000 kilómetros de rutas, lo que representa alrededor de un tercio del total del tráfico de la red vial troncal del país. Entre los tramos que estarán sujetos a concesión se incluyen importantes accesos y corredores viales en provincias como Tucumán, Jujuy, Salta, Buenos Aires, Mendoza, entre otras, así como el Peaje Ricchieri, que conecta la Ciudad de Buenos Aires con el acceso sur a la capital.

En su conferencia del viernes, Adorni subrayó que el nuevo modelo permitirá a los concesionarios ejecutar las obras necesarias a su propio riesgo, a cambio de cobrar el peaje correspondiente a los usuarios. Según el Gobierno, esta modalidad permitirá mejorar la infraestructura vial a través de la mayor eficiencia en el uso de recursos y la implementación de innovaciones tecnológicas.

El proceso de privatización se alinea con las políticas económicas del gobierno de Milei, que busca reducir la participación del Estado en actividades comerciales no esenciales. La Ley N° 27.742, sancionada en 2024, habilitó a Corredores Viales S.A. como una de las empresas que podrían ser privatizadas bajo el marco de la Ley N° 23.696.

La privatización de Corredores Viales se considera un paso clave para mejorar la conectividad de las distintas regiones del país. Sin embargo, la decisión ha generado controversia, especialmente entre los sectores que defienden la importancia de la gestión pública de la infraestructura vial. La administración de la red vial por parte del Estado ha sido históricamente vista como un pilar de la soberanía y la seguridad en las rutas nacionales.

El Gobierno sostiene que la privatización es una respuesta a la ineficiencia de la gestión estatal de las rutas, citando que el 45% de los 3402 kilómetros de carreteras bajo la administración de Corredores Viales no estaban en condiciones óptimas para el tránsito. Además, se señaló que la empresa ha sido deficitaria, con un costo de 301 millones de pesos para el Estado en 2023.

El proceso de privatización se llevará a cabo sin preferencias especiales para los futuros concesionarios. El artículo 3° del Decreto establece que el Ministerio de Economía se encargará de convocar a una licitación pública nacional e internacional para adjudicar las concesiones de los tramos viales. Las empresas seleccionadas asumirán la responsabilidad de las obras de reparación y mantenimiento necesarias.

Por otro lado, la disolución de Corredores Viales S.A. está prevista una vez adjudicados los contratos de concesión, lo que pone fin a más de dos décadas de gestión estatal de la infraestructura vial. La liquidación de la empresa también marcará el cierre de una de las entidades más relevantes del sector público en términos de la red de transporte nacional.