Gustavo Adrianzén, representante del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA), indicó que en los lugares que se registraron las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte ―en este caso Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Cusco, Junín, Puno y Tacna― entre diciembre del 2022 y enero de este año, opera el crimen organizado.

“En los lugares donde estallaron las protestas, son justamente los puntos donde hay crimen organizado”, dijo en diálogo con el diario La República. Además, volvió a calificar como “vándalos” a aquellas personas que se movilizaron de manera legítima para pedir la salida de Boluarte Zegarra, la disolución del Parlamento, la convocatoria a nuevas elecciones generales y la instalación de una Asamblea Constituyente.

“A que en esos hechos de violencia hubo vándalos que no solo ocasionaron daños a la propiedad pública y privada, sino que impidieron que ambulancias circulen y se pueda salvar a cientos de ciudadanos que estuvieron heridos”, anotó Adrianzén.

Agregó que pese a los informes de entidades como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Departamento de Estado de Estados Unidos que reportaron graves violaciones a los derechos humanos e, incluso, ejecuciones extrajudiciales, la verdad “se ha ido abriendo paso poco a poco”.