Un importante empresario del sector de las prepagas se refería este jueves a la noticia de la imputación por cartelización, impulsada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), de una manera gráfica y, por cierto, analógica, como si este jueves se hubiera revelado una foto sacada hace ocho meses. “Es un recuerdo del pasado que no representa el momento actual”, reforzaba en su relato el concepto.

La noticia vino por el lado del Ministerio de Economía, que como se recordará fue el primero, a comienzos de abril, que desde el Gobierno cruzó a las prepagas. El ministro Luis Caputo salió entonces con los tapones de punta: “Le están declarando la guerra a la clase media”. Por ese carril, la CNDC tomó una denuncia que databa de enero, hecha por la Coalición Cívica -tanto Lilita Carrió como el legislador Hernán Reyes celebraron la decisión oficial-, para iniciar la investigación por presunta cartelización que ahora ha arribado a la primera imputación formal.

Aquellos días convulsionados de diciembre, apenas publicado el DNU 70 que desreguló el mercado de la medicina privada, pueden reconstruirse así: entre los dueños de las prepagas habría habido dos posturas, la de los que querían recuperar el terreno perdido en el mediano plazo y los que preferían hacerlo rápido y sin anestesia. Es claro que ganó la segunda opción (dicen algunos, apremiados por la recomposición arancelaria de al menos el 30 por ciento de aumento exigida por los prestadores). En ese presunto consenso -no necesariamente fácil de probar- habría un argumento posible para la acusación.

La imputación alcanza a siete prepagas (OSDE, Swiss Medical, Galeno, Omint, Medifé, Hospital Británico y Hospital Alemán) de un total de más de 40 que fueron incorporadas luego a la misma denuncia. Habrá que ver si en el futuro cercano el resto corre la misma suerte. La decisión administrativa llega, ciertamente, en un momento diferente del vínculo entre prepagas y Gobierno al que existía cuando esta historia comenzó.

Tal vez a riesgo de exagerar, en un sentido figurado el Ministerio de Economía hoy representaría judicialmente un rol obligado de fiscalía mientras que, en función del devenir más amable que adquirieron últimamente los acontecimientos, para el Ministerio de Salud encajaría mejor en el verosímil de la defensa. Entre ambos parecen haber logrado domesticar al sector y cosechar el anhelado libre mercado, imperfecto pero racional.

Desde la asunción del ministro Mario Lugones, el 1° de octubre, el vínculo del Gobierno con las prepagas se mostró más aceitado. Ese acercamiento permitió al Gobierno encausar no sólo el tema urgente de los aumentos de las cuotas (con ajustes cada vez más moderados entre las principales coberturas), sino también avanzar en el objetivo del Registro Nacional de Agentes del Seguro (RNAS), para terminar con la triangulación de aportes de la seguridad social y las obras sociales consideradas “sellos de goma”.

“Es un tema que en algún momento se tenía que cerrar. Y creo que entendieron todos el mensaje de desinflacionar los precios”, comentó a Clarín un analista de este escenario que sigue de cerca el conflicto desde el minuto uno. Aunque la insistencia en la cartelización parecería quedar hoy un poco fuera de contexto, la supuesta corrección posterior del comportamiento de las empresas no es sinónimo de prescripción de supuestos pecados del pasado.

De todos modos, es preciso recordar que el mismo Manuel Adorni que ahora -en su calidad de “vocero” de Economía- mencionó a Claudio Belocopitt como uno de los principales imputados por ser entonces presidente de la Unión Argentina de Salud, el último 3 de octubre -como “vocero” de Salud- había expuesto públicamente la imagen del empresario como ejemplo a seguir, al haber sido Swiss Medical, su empresa, la primera en inscribirse en el trabado RNAS.

“Hay que ver si la línea de Salud influye en la de Economía para archivar el tema de la cartelización”, resumió un interlocutor vinculado al mundo de las prepagas. Claro que “archivar”, como quedó claro ahora, no estaba en los planes oficiales. Lo que se abre, sí, es una etapa cuyos tiempos resultan imprevisibles: según la CNDC, hay primero 20 días hábiles para que los imputados hagan su descargo; luego, 90 días hábiles más -que pueden hasta duplicarse– para producir la prueba. Y finalmente otros seis días hábiles para presentar los alegatos.

Como cierre del proceso, la CNDC tendrá que decidir si las prepagas son culpables o inocentes del delito que se les imputa, en términos de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia. Y en el caso de que se llegue a la primera conclusión, a las empresas podría caberles multas por “hasta el 30 por ciento de su facturación” o “hasta el doble del beneficio ilícito obtenido”. Luego correrán los plazos de la apelación en un tribunal de alzada.

De lo que se desprende de los dichos procedentes del Gobierno, en este juego complementario entre reparticiones competentes del Ejecutivo parece quedar un margen para que la acusación caiga, al final del largo recorrido, en el beneficio de la duda. Desde las prepagas, en tanto, existe un obvio convencimiento de que van a demostrar que la cartelización nunca tuvo lugar. “Como en la película Match Point, de Woody Allen, la pelota está suspendida en el medio de la red”, fue el final abierto que dejó picando uno de los expertos consultados.