• Vie. Ene 15th, 2021

La familia del paciente al que un juez ordenó suministrar dióxido de cloro denunciará a la clínica por homicidio culposo

Luego de que un juez federal obligara a la clínica Otamendi a utilizar dióxido de cloro (no recomendado por la Anmat) en un paciente con coronavirus, que horas más tarde murió, el abogado de la familia apuntó contra el sanatorio y dijo que radicará la denuncia para determinar si existió «homicidio culposo«. 

El caso, que desató la polémica en la sociedad en general y en la comunidad médica en particular, trascendió el lunes cuando el Juez federal subrogante Javier Pico Terrero, del Juzgado Civil y Comercial Federal N° 7, hizo lugar al pedido de la familia del paciente Jorge García Rúa para suministrarle dióxido de cloro intravenoso e ibuprofenato de sodio en nebulizaciones.

Si bien la clínica Otamendi se negó en todo momento, argumentando que ese tratamiento no estaba aprobado por la Anmat, fue el neurocirujano Dante Converti -quien recomendó ese compuesto químico- el que le suministró el tratamiento.

Sin embargo, en la noche del lunes, el paciente falleció en la misma clínica. Para el abogado de la familia, Martín Sarubbi, el tratamiento fue efectivo en lo que respecta al Covid-19. «Hubo una notable mejora en el paciente en cuanto a la afección concreta del Covid. Por ejemplo, comenzó a saturar correctamente alrededor del 98% y las secreciones propias del Covid mejoraron drásticamente. El tratamiento fue efectivo», aseveró.

Según pudo confirmar Clarín, su análisis contrasta con la que hizo el propio sanatorio. El paciente de 92 años murió después de habérsele aplicado el tratamiento. «Luego de aplicación, el paciente empeoró en lo respiratorio y murió a las 24 horas«, informaron desde el Otamendi.

Consultado en Radio 10 sobre los motivos de la muerte del hombre, el abogado dijo que se trató de una «infección intrahospitalaria» y apuntó a la clínica: «Según lo que nos informan nuestros médicos legistas, murió de una infección intrahospitalaria. Esto va a ser materia de investigación. Nosotros a primera hora estamos radicando una denuncia en el juzgado de instrucción de turno para determinar la responsabilidad y ver si existió un homicidio culposo y por supuesto la desobediencia a la demanda judicial».

En resumen, el abogado cree que la clínica desobedeció a la Justicia y demoró la aplicación del medicamento, lo cual derivó en las complicaciones del cuadro. «El sanatorio Otamendi no debió demorar 48 horas para realizar la práctica médica. Vamos a pedir un allanamiento para obtener la historia clínica», aclaró sobre su presentación. 

Pese a que la Sociedad Argentina de Infectología y la propia Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) han rechazado el dióxido de cloro para su administración, el abogado insistió en que «no es cierto que no está autorizado». Y explicó: «La Anmat desaconseja ese tratamiento. Pero hay una resolución de 2019 (la 4616) que autoriza excepcionalmente el tratamiento a los efectos humanitarios y paliativos. El cuadro del fallecido era realmente grave. En ese contexto, se recomienda este tratamiento».

Sarubbi cree que el trasfondo de la polémica son los intereses de los laboratorios. «Lo que está detrás de esta causa son los intereses espurios de los laboratorios. No estamos en contra de la vacuna, pero sostenemos que hay otros tratamientos alternativos que tuvieron efectos beneficiosos», concluyó.

El caso, que se hizo conocido en las últimas horas, comenzó el 7 de enero pasado, cuando el hijastro del paciente, José María Lorenzo, solicitó a la Justicia que el marido de su madre (fallecida también por coronavirus) recibiera en carácter urgente este tratamiento, recomendado por el neurocirujano Dante Converti.

«La pretensión fue planteada con carácter definitivo y en el Sanatorio Otamendi están obligados por la Justicia Federal a suministrarle dióxido de cloro intravenoso e ibuprofenato de sodio en nebulizaciones. Día histórico para la República Argentina», había resaltado Lorenzo en un video que circuló en redes sociales.

JPE

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