Los problemas crecientes que enfrenta en estos días el DNU 70/23 en la Justicia pusieron al oficialismo a trabajar un poco más en serio de lo que lo venía haciendo en hacer avanzar sus proyectos en el Parlamento. Ya era hora, en particular en Diputados, donde hasta aquí no había logrado ni formar las comisiones principales por las que deberán pasar la Ley Ómnibus y otras de sus iniciativas.

Digamos al respecto, ante todo, que los problemas en la Cámara Baja no responden solo a dificultades del oficialismo. También sucede que allí Juntos por el Cambio se descompuso mucho más abiertamente y en más pedazos que en el Senado, donde la mesa de gobernadores del bloque pesa, y ayuda a mantener a sus representantes mínimamente coordinados.

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En Diputados, en cambio, después del intento frustrado de Macri de tomar el control ubicando a Ritondo en la presidencia de la cámara, esa coalición prácticamente se desintegró y el desbande se extendió incluso a los bloques de los hasta allí aliados: muchos legisladores quisieron negociar su participación en comisiones por la suya, y eso más la falta de muñeca de quienes quedaron al frente de las tratativas por parte del partido de gobierno convirtió el trámite en un enredo.

Coincidieron además esas dificultades, propias de la multiplicación del número de interlocutores interesados en sentarse a la mesa de la repartija de las comisiones, con la seguidilla de declaraciones descalificadoras del presidente hacia quienes lo hacían con ánimo de negociar con su gestión los detalles de los proyectos en danza. Pero más que esas muestras de inflexibilidad probablemente lo que demoró del todo las cosas fue que no estuvieran acompañadas de ningún criterio práctico para ordenar el escenario: una lista de prioridades sobre los cargos legislativos que sí o sí el oficialismo pretendería quedarse, a qué aliados privilegiaría para ocupar los demás y con qué agenda de negociación querría avanzar a continuación en el trámite de las leyes.

Y lo cierto es que cuando estos asuntos empezaron a definirse, no fue tan difícil ponerse en marcha. Porque, y esto es lo esencial, existía en la cámara baja la misma disposición a cooperar que en el Senado, y tanto los representantes libertarios como los de la oposición moderada sabían desde el principio que no tenían alternativa: no hacerlo los llevaría a un escenario donde ninguno de ellos iba a ganar nada, y en cambio le regalarían una victoria inmerecida y comprometedora para su futuro, a la oposición dura, de otro modo impotente y aislada (por más que, en los números, esta pueda ostentar los bloques individualmente más importantes en ambas cámaras).

Que no es otra cosa que la consecuencia de la lógica de polarización que está definiendo, en última instancia, el actual escenario político. La que permitió a Milei convertirse en presidente en el balotaje, por amplia diferencia, pese a las debilidades que le habían impedido formar mayoría hasta allí: tanto en la sociedad como en las elites predomina ampliamente la voluntad de terminar de una vez por todas con el bloqueo que durante más de diez años el kirchnerismo impuso contra la evidente necesidad de abandonar su modelo económico y liquidar su predominio político.

Fue lo esperable, entonces, que el armado de las comisiones en Diputados avanzara de la mano de las primeras muestras de flexibilidad negociadora de parte del Ejecutivo sobre sus proyectos, en particular hacia los gobernadores y demás representantes territoriales de JxC: y lo sucedido en materia de pesca fue lo más elocuente al respecto.

El proyecto Ómnibus había unido a los gobernadores patagónicos, en su contra, por la desregulación de la actividad pesquera que incluía en uno de sus capítulos. Mandatarios del kirchnerismo, el peronismo moderado y el PRO dejaron de lado sus diferencias para defender a las empresas nacionales del sector y solidarizarse con los sindicatos respectivos, en una muestra de la típica convergencia proteccionista que se fomenta cuando los cambios liberalizadores se impulsan sin atender en nada a los intereses realmente existentes en el país. Nada que pueda sorprender, sucedió muchas veces en el pasado.

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Afortunadamente, el Ejecutivo reaccionó rápido y atendió el reclamo, a través de un diálogo con dos de los representantes de la oposición moderada involucrados en el asunto, el gobernador de Chubut y el intendente de Mar del Plata. Algo de la flexibilidad y la disposición a ordenarse que se le venía reclamando el gobierno él finalmente mostró. Y también mostró que puede diferenciar para bien entre opositores duros y dialoguistas, en vez de descalificar a estos últimos. Habrá que ver si el retroceso oficial implica que se abandone el intento de introducir más competencia y más alicientes al desarrollo en un sector que, como muchos otros, produce muy por debajo de sus posibilidades.

Pero en principio puede decirse que el resultado fue globalmente positivo. Se evitó el peor escenario: que por la torpeza del oficialismo se creara una coalición de intereses contraria a las reformas, la expresión práctica de esa Multisectorial reaccionaria con que sueñan Kicillof y el kirchnerismo cuando convocan a la resistencia, y ella arrastrara a parte de los actores políticos y sociales que, si se les diera oportunidad, colaborarían con los cambios.

El tiempo corre, y es evidente que si el Gobierno no lo aprovecha para avanzar en el Congreso, habrá menos motivos para confiar en que su programa de ajuste vaya a ser suficiente para detener la inflación, acotando al mínimo en extensión y profundidad la caída de la actividad. Que es finalmente el terreno se decidirá si esta gestión se consolida y avanza, o se salen con la suya los que desean que fracase.