En una economía normal, lo que sigue no tendría posibilidad de ser una nota. Los vaivenes e inestabilidades de la coyuntura nacional, en cambio, permiten que algunos relatos que en otras latitudes serían inverosímiles, acá no sólo suenen acabadamente posibles, sino que además sean efectivamente reales. La cuestión tiene que ver con las prepagas y el índice de inflación que tomó en cuenta cada empresa como referencia para comunicar a sus afiliados cuánto aumentará la cuota en julio.

La pirueta burocrática no ha sido menor, ya que mientras el Indice de Precios al Consumidor (IPC) de abril fue del 8,8 por ciento, el de mayo cayó a menos de la mitad: 4,2 por ciento. Lo que ocurrió, entonces, es que las prepagas que informaron los aumentos antes del 13 de junio -el día que se dio a conocer la inflación de mayo- tenían como parámetro -lo mismo que los afiliados- el último dato de inflación que se conocía hasta ese momento, es decir, el de abril.

Si bien hubo empresas que enviaron sus cartas informativas después de esa fecha y de todos modos decidieron valores de ajuste superiores al 8 por ciento -por lo que la asociación entre ambas variables no siempre es lineal-, las prepagas que comunicaron el aumento antes de conocido el más reciente dato del IPC tenían como argumento objetivo que el índice de referencia vigente, aún sin oficializarse el nuevo, era del 8,8 por ciento.

Ese razonamiento podría servir para justificar formalmente la decisión administrativa, pero no escapa a una realidad: cualquier asesor económico o persona medianamente atenta sabía que el dato de la inflación de mayo se iba a ubicar en el rango que finalmente tuvo. “Ya tenían decidido subir ese porcentaje y se apuraron a comunicarlo”, fue la interpretación del vocero de una de las prepagas que no rankea entre las que más aumentó.

Hay un dato más que cierra este “círculo especulativo”, y es que en los aumentos de junio -cuando todavía el tope debía ser el IPC- las prepagas ya habían aplicado la inflación de abril. De manera que en los casos en que las cartas a los afiliados se enviaron antes de conocerse el dato de mayo se dio esta paradoja: habían tomado ese 8,8 por ciento la primera vez como el índice correspondiente para ajustar la cuota de junio, y -capricho temporal mediante- la misma cifra quedó clonada como garantía de credibilidad para la cuota de julio.

Lo que está en juego como supuesto condicionante es el imperativo que exige a las empresas de medicina prepaga comunicar por carta a sus afiliados, con una anticipación mínima, cada aumento futuro. “Informar a los usuarios los incrementos que se registrarán en el monto de las cuotas con una antelación no inferior a los 30 días corridos, contados a partir de la fecha en que la nueva cuota comenzará a regir”, dice la norma.

Claro que esos treinta días pueden ser manejables en función de la fecha de vencimiento de la factura. Si la comunicación saliera unos días más tarde, esa fecha debería ser corrida para que el plazo se cumpla. Eso es lo que, según pudo confirmar Clarín, hicieron algunas prepagas que prefirieron esperar el dato cierto de la inflación de mayo para comunicar el aumento.

Este medio consultó a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), a raíz de esta disparidad surgida entre los que manejaron uno y otro dato de inflación como referencia para comunicar las subas. La respuesta fue, simplemente, que “depende de cuando facturen y envíen la comunicación a los afiliados”. Con lo que, en el marco de la libertad, las empresas pudieron utilizar esa variable como herramienta a su favor.

Más aún, cuando Clarín publicó el último jueves que el promedio de aumentos de diez de las prepagas más importantes del país era del 7,69 por ciento y señaló que eso significaba casi el doble que la inflación de mayo, una fuente del Gobierno se comunicó para aclarar que el IPC comparativo debía ser el de abril porque “la gran mayoría mandó los aumentos previo a conocerse el índice de mayo, por lo que tomó como referencia el 8,8 por ciento”.

Una pregunta posible sería si para la cuota de agosto algunas prepagas también preferirán adelantarse al dato de inflación de junio (que se comunicará a mediados de julio) o preferirán esperar unos días más a que se conozca ese valor que -se presume- será algo superior al precedente.

Cabe repetir que desde julio el IPC ya no debe ser respetado por las empresas, ya que los precios han quedado otra vez liberados tras el acuerdo judicial del 27 de mayo. No obstante, es inevitable que el dato siga siendo una referencia a partir de la cual el índice de ajuste de las cuotas se inscriba en un contexto y el afiliado pueda evaluar si la suba es razonable o excesiva.

Un ejemplo claro de esto, durante el mes que termina, fue el de la prepaga Accord Salud, que primero mandó una carta a sus afiliados en la que indicaba un aumento del 18,8 por ciento y pocos días más tarde tuvo que rectificarse y reducir ese valor al 8,8 por ciento. Dicho de otro modo, hay libertad, pero una libertad observada que hasta puede ameritar algún llamado oficial para corregir distorsiones sobre la marcha.

La única empresa ajena a la divisoria de aguas que impone la fecha límite de difusión del IPC es OSDE, que al cobrar a mes vencido tiene un margen mayor para comunicar el índice de incremento de la cuota. Es decir, en el transcurso de julio informará recién la suba correspondiente a ese mes, cuya factura vencerá los primeros días de agosto.

El resto de las compañías, a juzgar por la respuesta de la SSS, podría seguir manejando a discreción la estrategia de adelantarse o demorarse en la fecha según la tendencia de los precios de la economía. Sólo si Argentina llegara a convertirse en un país estable, esas piruetas se diluirían en el cauce de la normalidad, al punto que observaciones periodísticas como ésta perderían su razón de ser.