La decisión del Gobierno de terminar de manera compulsiva con las triangulaciones de aportes de la seguridad social provocó en las últimas horas las primeras reacciones judiciales. Según pudo confirmar Clarín, seis obras sociales ya presentaron amparos en la Justicia para tratar de frenar el plan oficial. Y en los próximos días podría haber nuevos planteos similares.

Las prepagas que se presentaron hasta ahora son la Obra Social del Personal del Automóvil Club Argentino (Ospaca), la Obra Social del Personal Naval (Ospena), la Obra Social del Personal Mosaistas (OSPM), Obra Social del Personal de Aeronavegación de Entes Privados (Ospadep), Obra Social de Serenos de Buques (OSSdeB) y Obra Social de Capataces y Estibadores Portuarios (OSCEP). El objetivo del Gobierno es terminar con los “sellos de goma”, que se quedan un porcentaje del aporte de los trabajadores desregulados y derivan el resto, pero no todas las obras sociales afectadas por la medida tienen esa condición, sino que poseen una red propia de prestadores.

Los amparos fueron presentados ante el Juzgado Civil y Comercial 5, 6, 7 y 10, contra el Ministerio de Salud de la Nación y la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que son los que promovieron la resolución oficial del 31 de enero pasado cuyo objeto fue acelerar el pase de los aportes de los afiliados, con la previsión de un plazo de dos meses para que aquellos que quieran continuar en la obra social en vez de en la prepaga lo puedan hacer.

Clarín tuvo acceso a la presentación realizada por Ospaca, que en un escrito de 22 páginas reclama la inconstitucionalidad de dicha resolución. “La imposición de esta medida atenta contra el derecho de propiedad de las obras sociales, al disponer unilateralmente sobre los aportes y contribuciones que forman parte del sistema de seguridad social, violando los principios de solidaridad y equidad sobre los cuales se sustenta”, dice en su presentación la abogada María Laura Tochi.

La representante de Ospaca agrega que la resolución 1/2025 contradice normas de mayor jerarquía, como leyes y decretos que regulan el sistema de salud y advierte que “la normativa vigente asigna a los aportes y contribuciones una naturaleza de recursos obligatorios destinados exclusivamente al financiamiento del sistema de salud bajo un esquema colectivo y solidario. Dichos fondos no constituyen pagos por servicios prestados, sino que son parte de un régimen de seguridad social de carácter público, regulado por el Estado”.

A eso suma que “la resolución impone una expropiación encubierta de los recursos administrados por las obras sociales sin compensación ni debido proceso, contrariando el artículo 17 de la Constitución Nacional. La pérdida de afiliados y de los fondos que estos aportan afecta la capacidad financiera de las obras sociales para cumplir con sus obligaciones legales, poniendo en riesgo la cobertura médica de aquellos afiliados que aún permanezcan dentro del sistema”.

Al respecto, tanto esta obra social como otras con las que habló Clarín, argumentan que este nuevo esquema, en el que no hubo un plazo de transición, genera una crisis operativa y económica debido a los pagos anticipados de prestaciones, medicamentos y tratamientos por plazos de entre 60 y 90 días, dinero cuya recuperación genera dudas. Si bien la resolución fue publicada en el Boletín Oficial el 31 de enero, los aportes de enero ya fueron derivados -retroactivamente- a las prepagas de manera directa en febrero, por lo que a priori se generaría este desfasaje financiero.

Este medio consultó al Gobierno al respecto, cuyas fuentes respondieron que “las prestaciones de enero que pudieran haber dado, se las van a pagar las prepagas cuando corresponda. La mayoría de estos sellos de goma tienen plata retenida de diciembre más el aguinaldo, tienen plata de noviembre en algunos casos, porque les pagan a las prepagas a 30, 60 y 90 días”.

¿El dinero extra que ahora ya están recibiendo las prepagas redundará finalmente en un alivio en la cuota de los afiliados? Esa cuestión por ahora no termina de quedar clara. En el caso de los “sellos de goma”, habría un costo administrativo que ahora la empresa de medicina privada debería asumir. En el caso de las obras sociales que daban prestaciones en simultáneo con las prepagas con las que triangulaban, ahora ese costo debería ser fondeado por las empresas privadas.

Desde el Gobierno dijeron a Clarín que las empresas ahora “transitan los 5 días en los que están calculando sus actualizaciones, a partir del IPC del jueves pasado; más el estudio del decreto que promueve cambios en los valores en función del tipo de plan, no ya un alza genérica para todos los planes”. En el entorno del ministro Mario Lugones aspiran a que las empresas hagan “un estudio muy detallado” de en cuánto actualizar. Una buena noticia, por lo que dejan trascender, sería que haya planes que no tengan ajustes en las nuevas facturas, al menos las del mes próximo.

“Se dialoga, siempre respetando la libertad de mercado que sustenta este Gobierno”, fue otra de las frases que surgieron ante la consulta. No obstante, desde el sector de las obras sociales y prepagas no estarían tan de acuerdo con esa máxima y recordaron que en esta transición traumática de los últimos meses hubo ciertas intenciones disuasivas del Gobierno que habrían sobrepasado la instancia del “diálogo”.

La presentación de Ospaca menciona algunos puntos de conflicto concretos que representaría la nueva normativa: “Por citar algunos ejemplos en materia prestacional, y con algo tan sensible como son prestaciones por discapacidad y el mecanismo de integración implementado ante la SSS, al día de la fecha Ospaca cuenta con 1.746 beneficiarios con su expediente de prestaciones médico asistenciales aprobado para el año 2025. Dichos expedientes, son cargados a través del portal propio que Ospaca ha desarrollado, por medio del cual los beneficiarios pueden interactuar y cargar toda la documentación que sea menester”.

Agrega que “lo mismo ocurre con otro tipo de prestaciones, como por ejemplo las relacionadas a la diabetes (957 beneficiarios) o al HIV (491 beneficiarios), las cuales son garantizadas y cubiertas por mi mandante. Pero la gestión no termina solo allí, sino que mensualmente, el personal técnico y administrativo de la obra social realizan el seguimiento del caso, la carga de datos y estudios, tratamientos en curso, esquemas terapéuticos y/o medicamentosos, facturas, órdenes de pago, recibos, etc, a través de la plataforma SURGE. Sin contar con que, los casos concernientes a pacientes con HIV, requieren de realizar un esquema para el empadronamiento en dicha plataforma, el acompañamiento constante de la auditoría médica y la trazabilidad a cargo de la farmacéutica de Ospaca”.

Según pudo saber Clarín, si bien las prepagas ahora empezaron a recibir más dinero que nunca al pasar a administrar los aportes completos de los afiliados, no están conformes con el hecho de tener que cambiar un diseño prestacional afianzado durante años. No lo dicen de esa manera, pero desde una de las prepagas más importantes del país argumentaron con incomodidad: “Es un cambio que hicieron pasando por encima de la elección de la gente”.

Tanto es así que en el sector ya se empieza a barajar la posibilidad -anticipada por Clarín en octubre en un contexto diferente al actual- de que terminada la triangulación en un sentido (de las obras sociales a las prepagas), la misma continúe pero en la dirección inversa: las prepagas tercerizando prestaciones con las obras sociales y pagando por ello una determinada cantidad de dinero. Dicha maniobra significaría la reconstrucción de emergencia del sistema dinamitado, pero de otra manera, con la presunción de que entonces sólo quedarían fuera de juego los auténticos “sellos de goma”.