El nuevo proyecto de ley ómnibus enviado este lunes por el Gobierno al Congreso tiene algunos cambios clave en materia de educación. Y si bien esas modificaciones fueron sugeridas por la oposición dialoguista -que acompaña la mayoría de los cambios-, según pudo saber Clarín en parte de esa oposición hay malestar con algunos artículos cambiados a los que no piensan votar.

La principal discordia gira en torno a los cambios que se agregaron para la llamada “paritaria docente nacional”.

Hasta ahora, esa negociación era el producto de un artículo de la Ley de Financiamiento Educativo que establece que el Ministerio de Educación y el Consejo Federal de Educación deben “acordar un convenio macro” con las entidades docentes nacionales en las que se incluye el salario mínimo docente, entre otros asuntos.

Como allí no se habla taxativamente de una negociación salarial, desde el macrismo siempre sostuvieron que eso no es una “paritaria” y por eso siempre estuvieron en contra de abrir esa mesa salarial.

El anterior proyecto de ley ómnibus no incluía mayores cambios a la redacción de la ley, salvo que se abrían mesas similares en cada provincia.

Pero ahora la redacción es diferente. En primer lugar, agrega que la negociación se hará en consulta con los ministros de Economía nacionales y provinciales y al Consejo Federal de Inversiones (en esto no hay diferencias).

Pero suma que “se acordará el salario mínimo docente junto con la representación nacional de los gremios docentes”, con lo que algunas voces dicen que así se “institucionaliza” la paritaria nacional.

«Es peor de lo que está ahora, lo sientan a Baradel en la mesa», dijo una fuente del PRO a Clarín.

Además, el nuevo texto agrega a la negociación a las escuelas de educación privada, algo que antes no estaba dentro de este ámbito. «La agenda del gobierno parece ser solo la de la educación privada, así no votamos este artículo», insisten en el PRO. Los radicales también están preocupados con esta parte de la ley.

Donde sí hay coincidencia es en otro cambio importante que introduce el nuevo proyecto de ley y es el que declara esencial a la educación, lo cual limita el derecho de huelga porque obligará a las escuelas a garantizar un servicio mínimo de educación aún ante una medida de fuerza. Así, las escuelas siempre deberán estar abiertas.

Esta medida no figuraba en el anterior proyecto de ley ómnibus. Sí figuraba en el DNU, pero como forma parte de las regulaciones laborales quedó frenado por la Justicia. Ahora, si se aprueba la ley ómnibus habrá que ver qué decide la Justicia poque la esencialidad de la educación ahora sí estará garantizada por una ley.

Hay más cambios en el nuevo proyecto de ley, que fueron sugeridos por la oposición dialoguista. Uno de ellos es que se establece, ahora claramente, que las universidades no podrán seleccionar estudiantes por la nota del examen final de secundario.

Esto es para precisar cual es el sentido que tendrá esa nota final, habida cuenta de que hay diversos modelos de exámenes finales en el mundo. Por ejemplo, en Brasil y Corea las universidades usan las notas de los exámenes finales de secundaria para seleccionar a sus alumnos.

Aquí, en cambio, se buscará que sirva para darle más información a los estudiantes y familias sobre las capacidades y habilidades con las que salen los alumnos de la escuela. O para tener un dato más para agregar en el curriculum a la hora de buscar trabajo. Pero no puede limitar el acceso a estudios universitarios.

Desde la oposición querían agregar otro cambio, al que el Gobierno no accedió. Que en los primeros cinco años de tomado este examen no se les pusiera nota a los alumnos, sino solo un diploma de honor a los que se saquen 9 o 10. Era para no castigar a los chicos con baja nota, sin haberles antes avisado que iba a haber un examen final y que si no se esforzaban los suficiente podían tener consecuencias.

Siguiendo con el tema de la educación superior, la nueva redacción de la ley da más precisiones con respecto a cómo financiará el Estado a las distintas universidades nacionales.

El nuevo proyecto agrega que, además del número de estudiantes matriculados y los egresados en cada institución (anterior proyecto), la inversión también deberá definirse por las áreas de vacancia que cubran, las carreras estratégicas que brinden, los hospitales y/o escuelas secundarias que tengan a cargo, la actividad científica y tecnológica que hagan y otros criterios que defina el Consejo Interuniversitario Nacional.

Desde la oposición dicen que de la otra manera se beneficiaba a las universidades que solo dan carreras como derecho o contador público, que tienen mucha demanda y pocos costos.

Otro artículo de la ley ómnibus que generó mucha polémica es el que habilitaba a la educación híbrida a partir de cuarto grado de la primaria. Muchas voces dijeron que esto lo que buscaba era que se institucionalizara el homeschooling (la educación por fuera de la escuela) en la Argentina. O que iba a terminar liquidando a las escuelas rurales.

Para aclarar los alcances de la medida, la nueva redacción es mucho más precisa. Dice que los estudios a distancia solo podrán impartirse desde la escuela secundaria. Y que la educación híbrida desde cuarto grado solo podrá desarrollarse “siempre que sea en forma adicional a la educación presencial obligatoria” y “para materias extraprogramáticas o situaciones excepcionales que impidan el desarrollo curricular en forma presencial”.

Una última novedad del nuevo proyecto de ley es el que vincula, de algún modo, el resultado de la evaluación docente (novedad que introduce esta misma ley) con el salario de los maestros.

“La evaluación periódica será una condición y posibilitará la percepción de suplementos salariales a la actividad docente”, dice el proyecto de ley. Desde la oposición aclararon a Clarín que esto no busca atar el salario a la evaluación, sino que puede haber un plus, del mismo modo que se hace en algunos distritos con las capacitaciones que hacen los docentes.

«Vemos que lo de la esencialidad de la educación está muy bien. Pero el resto de las cuestiones sobre educación de esta ley si bien son adecuadas no van a cambiar el gobierno de la educación. Se pone mucho foco en el Consejo Federal de Educación y no hay consecuencias para las provincias que no cumplan», dijo a Clarín la diputada del PRO Sabrina Ajmechet.