“Venimos hace mucho tiempo arrastrando un déficit, pero es la primera vez en 23 años que nos vimos en la necesidad de suspender las actividades, porque la situación se está haciendo totalmente insostenible. Hoy, hay un 73% debajo de lo que es la inflación. Los profesionales de apoyo están cobrando 307.000 pesos por trabajar cinco días a la semana por cuatro o cinco horas diarias”, dijo hoy, a metros del Congreso de la Nación, Elizabeth Karina Foschi, presidenta de la Cámara Argentina de Servicios de Apoyo a la Inclusión Educativa (Casaie), que nuclea y representa a más de 20.000 niños y jóvenes discapacitados.

Organizaciones que trabajan con personas con discapacidad, familiares y prestadores de servicios marcharon al Congreso de la Nación y cortaron las calles adyacentes en reclamo contra los recortes que afectan al sector. La convocatoria se trata de una reacción a un desfinanciamiento que arrastra años, pero que acusan de haberse agudizado durante el último año por directiva del actual gobierno nacional. En ese contexto, la acción tiene como objetivo exigir la declaración de la Emergencia Nacional en Discapacidad, que sería tratada la semana próxima en la Cámara de Diputados.

Pasadas las 11 de la mañana, lo que había comenzado con semaforazos en las esquinas de Rivadavia e Yrigoyen, derivó en un corte de la calle entre ambas avenidas sobre Entre Ríos frente al palacio legislativo nacional, dado el incremento de la convocatoria a medida que fue avanzando la mañana. Con cánticos, pancartas e identificaciones, allí se congregaron espacios, agrupaciones e instituciones que llegaron desde diversos puntos del AMBA como Andalican, Addei, Fundaipa, Proyecto Haser, Includere, Lazos, el Centro Educativo Terapéutico, Discapacidad Unidos Zona Sur, AmaRed, el Instituto Dejarlo Ser de Adrogué y Prestadores CABA Agrupados, entre otros.

Buena parte del reclamo gira en torno a la falta de aumento de los aranceles fijados en el Nomenclador de Prestaciones Básicas, que fija las retribuciones que las obras sociales y prepagas están obligadas a cubrir para los prestadores de servicios en discapacidad. “Actualmente, estamos cobrando la sesión 12.370 pesos por el nomenclador de Nación. La verdad que es una miseria”, reveló Malena Amarilla, licenciada en psicología y fundadora del equipo terapéutico llamado AmaRed.

En paralelo, existe un pedido urgente para una mayor celeridad en las auditorías, donde prevalece una falta de diálogo entre las partes que integran la mesa del directorio del Sistema Nacional Único de Salud para Personas con Discapacidad, que preside la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Ese mismo pedido corre por la ralentización en las aprobaciones de las pensiones. En ambos casos, el Gobierno argumenta haber detectado diversas irregularidades en las adjudicaciones de administraciones pasadas y en que el ministro Mario Lugones haya dicho “el sistema de salud está en terapia intensiva debido a años de desmanejo y mala gestión”.

Cuando la columna que marchaba pasó junto al edificio donde funciona la Andis, se vio que empleados saludaban desde las ventanas y se secaban las lágrimas de emoción.

“Fue una marcha pacífica, en reclamo de los derechos de las personas con discapacidad. Muchos prestadores y familias reclamando irregularidades en los pagos, falta de autorización de tratamientos y falta de ajuste de los aranceles desde diciembre 2024. Nos juntamos en Congreso y caminamos hasta el Ministerio de Salud. Pasamos caminando por la Andis (agencia nacional de discapacidad) y los mismos trabajadores salieron a alentar por las ventanas como muestra de apoyo. Desde el ministerio también nos tiraban papeles en señal de apoyo”, dijo Sofía Buljevich, una terapista ocupacional que participó de la movilización.

“A nosotros como prestadores nos vuelven locos. Nos piden una cantidad de papeles ridícula todos los años, no hay constancia en los pagos. Tengo pacientes que presentamos todo en noviembre de 2024 para que se autorice el tratamiento y recién en mayo 2025 salió. Las obras sociales le ponen trabas a los padres, siempre dicen que falta algo y así van dilatando”, agregó.

Santiago Cernich tiene 27 años y llegó desde la Zona Sur de la provincia de Buenos Aires, donde es vecino de Banfield. “Nunca esperaba una cosa así porque es mi primera marcha”, contó en diálogo con LA NACION. “Vengo porque me parece importante lo que se está reclamando. Es una situación delicada para el país también y creo que la fuerza de pocos hace que se convierta en muchos y por eso estoy acá”, continuó.

Su diagnóstico es retraso mental no especificado. “Mi mensaje es que nos puedan escuchar. Y que toda la gente que pueda luchar, lo haga, y por otras causas también para que sean escuchados”, fue su pedido para las autoridades responsables.

La movilización apunta a denunciar un vaciamiento de la Ley 24.901, aprobada en 1997, la cual crea un marco de servicios esenciales para la habilitación y recuperación completa de las personas con discapacidad en el país. Lo mismo ocurre con la Ley 27.044, sancionada en 2014, la cual otorga jerarquía constitucional a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en Argentina para impulsar o modificar iniciativas legislativas, ejecutivas, administrativas y del índole que sea pertinentes para asegurar los derechos a una vida digna, educación, salud, rehabilitación, cobertura social y trabajo para las personas con discapacidad.

“Los chicos realmente están seriamente vulnerados en la educación, en la salud y en lo laboral”, explican. Las normativas vigentes incluyen medidas de prevención, ayuda, promoción y protección con el objetivo de asegurar una atención integral que satisfaga sus requerimientos. En la actualidad, sin embargo, una persona con discapacidad que trabaja en un taller protegido está cobrando 28.000 pesos. “Desde febrero del 2023, ese horario no se actualizó más”, remarcó Foschi.

Situación crítica

De acuerdo a Nayla Quintana, directora de la Asociación Civil del Desarrollo Para la Educación Integral (Addei), “la situación de las personas con discapacidad, las familias, los profesionales y las instituciones que trabajan por sus derechos es tan compleja como crítica por distintas políticas que está implementando el Estado Nacional”.

Y agrega: “Atravesamos muchos momentos delicados, pero este es uno de los más delicados, sin duda”. La apuntada por la vulneración del sistema es la Andis, cuyo director es Diego Spagnuolo. “Es el responsable de esta situación. No dice nada, hay un silencio importante”, criticó.

La movilización tuvo carácter nacional, ya que se replicó en otros de los centros urbanos principales de la República Argentina. Entre esos otros puntos, se destacan los llevados a cabo en la Legislatura de Mendoza, la Plaza Centenario de Córdoba Capital y la Plaza San Martín de Cosquín (Córdoba), el Centro Cívico de Bariloche (Río Negro), la Plaza 9 de julio de Posadas (Misiones), en el Molino Fábrica Cultural de Santa Fe y en la Plaza de Mayo de Paraná (Santa Fe).

Según los datos de Casaie, los aranceles prestacionales en el área de discapacidad cerraron por debajo del IPC durante el último cuatrimestre del 2024, mientras que el monto se congeló en el primer cuatrimestre del 2025. En el año pasado, para septiembre el aumento fue de 1% frente al 3,5% de inflación, en octubre otro 1% frente al 2,7%, en noviembre un 0,8% frente al 2,4% y en diciembre de solo el 0,5% frente al 2,7% de los incrementos de los precios al consumidor que establece el Indec. Por su parte, entre enero y abril de este año, directamente fue del 0% ante una inflación acumulada del 11,6%.

Desde Hurlingham, llegó Marcela Fabiana Barrientos, de 57 años. Diagnosticada con esquizofrenia paranoide desde los 25 años y víctima por una mala praxis en un hospital público donde perdió su intestino (por lo que hoy es asistida por una bolsa de colostomía del lado izquierdo), acaba de perder su pensión por discapacidad. “Cobraba 260 mil pesos. Pero me separé del que era mi marido y volví a la casa de Hurlingham, que era la casa de mi mamá que falleció, donde ahora vivo sola con dos perros. Estoy acá porque la semana pasada fui a la Agencia Nacional de Discapacidad por el cambio de domicilio y me dijeron que no me iban a dar más mi pensión, que estaba dada de baja”, lamentó.

“Estoy acá para que se puedan cumplir todos nuestros derechos y que a todos los apoyos terapéuticos se les pueda aumentar el sueldo, que puedan cobrar como se merecen, y que haya media sanción de ley de emergencia el miércoles que viene en Diputados”, responde Juan Bautista Lucci, de 34 años, que al igual que Cernich forma parte de la estructura de Addei. “Tengo un retraso madurativo leve y vivo con mis viejos. Acá adentro tenemos un sueldo, pero no nos alcanza mucho, pero queremos que esto cambie para mejor. Esperemos que se siga sumando gente y vamos para adelante”, alentó.

Para Sara Arazi, extitular y actual directiva de Casaie, a la cual fundó hace once años y hoy cuenta con 80 centros de asociados, “al Gobierno los números ‘le cierran’ dejando fuera a colectivos que son muy vulnerables como los jubilados y las personas con discapacidad”. Con esa mirada reprobatoria, manifestó que “una persona con discapacidad pueda tener sus terapias o pueda tener su escuela también es un derecho. No solo amparado por ley sino demostrado hace antaño. Las personas con discapacidad no estaban entre nosotros en la sociedad porque se las negaba y hoy hay una tendencia mundial a incluirlas, algo que al gobierno puntualmente no le interesa”.