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SOCIEDAD

Polémica por la educación: la Ley de Presupuesto suspende la obligación de invertir 6% del PBI

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Entre los artículos de la Ley de Presupuesto, presentada el domingo por Milei en el Congreso, uno llamó la atención en el mundo educativo. Es el número 27.

Allí se establece que -de aprobarse la ley, está claro- se suspenderá, por un año, la obligación que tiene el Estado (Nación más provincias) de invertir en educación el 6% del PBI. Imposición que surge de la Ley de Educación Nacional vigente, votada en 2006 por unanimidad por todas las fuerzas políticas.

Conocido el texto de la ley -que también suspende la obligación de invertir 0,45% del PBI en ciencia y tecnología y 0,2% del PBI en educación técnico profesional-, se sumaron las interpretaciones por la interrupción de una medida que, en rigor, poco se cumplió. Solo en 2015 el Estado llegó a invertir 6% del PBI en educación.

Escuela Técnica. También se suspendería la obligación de invertir, en este caso el 0,2% del PBI.

Durante todo el gobierno de Macri y todo el de Alberto Fernández -por mencionar los últimos dos-, en ningún año Nación y provincias llegaron a sumar el 6% del PBI en inversión educativa. Y se fue acumulando, así, una deuda del Estado con la educación.

“Hacia 2020, la deuda educativa del Estado Nacional y las provincias era de 26 mil millones de dólares, más de la mitad de la deuda con el FMI. Hoy es mucho mayor: todos los gobiernos suspendieron de hecho la aplicación de la ley”, le dijo a Clarín Mariano Narodowski- profesor de la Universidad Di Tella y ex ministro de Educación porteño-, que el año pasado presentó un informe con el cálculo de esta deuda educativa.

Para Narodowski, “guste o no, Milei muestra lo que estaba oculto, suspendiendo por ley y acotando a un año solo y no a 14 como los gobiernos anteriores. Esta emergencia será virtuosa si en 2026 se implementa un plan serio de inversión, que aplique el 6% del PBI para educación y que asegure que los fondos lleguen eficientemente a las escuelas, los docentes y los estudiantes”, agregó el experto.

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Otros especialistas muestran preocupación por una decisión que podría llegar a anticipar más ajuste para la educación. Es el caso de Javier Curcio, economista e investigador de la UBA y el Conicet, quien señaló a Clarín que “este año, el ajuste en educación será del 40% (reales), el doble que en el sector público en general. Para el año que viene, el incremento en la función educativa del Presupuesto sería del 35%, así que recuperaría parte de la caída”.

“Pero el Presupuesto estima que desde septiembre hasta fin de año va a haber 1,2% de inflación mensual y todo el año que viene 18,3%. Son supuestos de imposible cumplimiento. Entonces, como la inflación está mal calculada, el resto de las variables también”, afirma.

Desde la Secretaría de Educación nacional, por su parte, le dijeron a Clarín que ellos más que en una cifra piensan en una “inversión inteligente” para la educación.

“La crisis educativa argentina tiene un historial de gastos de recursos dispersos en sucesivos programas educativos que redundaron poco en la mejora de los aprendizajes. Más que pensar en un número fijo, es importante invertir mejor. Nuestro foco está en la asignación inteligente, es decir, priorizando los aprendizajes fundamentales, para que las personas puedan construir las bases de una educación sostenible a lo largo de la vida”, dijeron fuentes de esa Secretaría.

“Más de 189 mil millones de pesos serán destinados al Plan Nacional de Alfabetización, una iniciativa que busca una inversión total de casi 1.000 millones de dólares en los cuatro años de gobierno. Hay que revertir los índices que indican que 1 de cada 2 estudiantes en tercer grado no lee y escribe, de acuerdo a su edad. Además, cabe señalar que para 2025, la participación de Educación dentro de Capital Humano será mayor”, agregaron.

Desde su cuenta en X, el economista especializado en educación, Alejandro Morduchowicz, apuntó a las provincias y dio su punto de vista. “Las provincias que se opongan a la suspensión del 6% del PIB para educación podrían invertir por motu proprio. No necesitan una ley nacional para hacer lo que va de suyo deberían estar haciendo. Los salarios son el 90% del presupuesto educativo y están cayendo en picada”, escribió.

“Este proyecto les viene muy bien. Solo será cuestión de ver quién es la que tire la primera piedra contra la suspensión. La Ley de Financiamiento Educativo explicitaba cuál debía ser su contribución al aumento de la inversión sectorial, pero todas miran para otro costado”, agregó.

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¿Cuánto debe invertir el Estado en educación? Algunos especialistas critican que se tome el porcentaje de PBI como indicador. Es porque garantiza mayor inversión cuando crece la economía y menor cuando decrece o hay recesión. Y dicen que podría pensarse en fondos anticíclicos vinculados, por ejemplo, a las ganancias que se obtengan por Vaca Muerta u otro sector de la economía.

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SOCIEDAD

Un blooper del Gobierno con las prepagas y los afiliados monotributistas delató un grave problema

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El Gobierno presentó el Registro Nacional de Agentes del Seguro de Salud como una instancia superadora del actual sistema, al eliminarse la triangulación de aportes entre obras sociales y prepagas, lo que en los papeles aportará mayor transparencia y pondrá a todos los actores a competir en igualdad de condiciones. Pero en un escenario de extrema sensibilidad como es el actual, este lunes hubo alarma entre las obras sociales por un registro oficial que otorgaba una supuesta ventaja a las prepagas.

Según la resolución del Gobierno publicada la semana pasada, a partir del 1° de diciembre todas las prepagas deberán inscribirse en ese registro si quieren seguir recibiendo aportes de la seguridad social. Las empresas que no lo hagan sólo podrán seguir operando con los afiliados directos. Y desde ese momento los afiliados que así lo quieran podrán derivar sus aportes sin pasar por el “peaje” de una obra social.

Sin embargo, en las últimas horas fuentes sindicales manifestaron su preocupación porque, según datos registrados en el sitio de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), surgía un aparente desequilibrio entre las obligaciones que tendrían las obras sociales y las prepagas en el marco del nuevo esquema.

Entre las entidades de medicina privada que ya se habían inscripto en el registro, se observaba que quedaban habilitadas explícitamente a no aceptar a los monotributistas. Y tampoco, a los empleados de servicio doméstico. Es decir, dos sectores cuyos aportes son muy bajos y resultan una sobrecarga para el sistema. A la vez, constituyen una responsabilidad que las obras sociales sindicales no pueden eludir, al punto de que son sancionadas en caso de rechazar la cobertura.

Una fuente sindical de una importante obra social -que no es un “sello de goma”- explicó a Clarín que actualmente “una obra social recibe 13.800 pesos de aporte del monotributo por las categorías más bajas (A, B y C) y a eso hay que restarle el 15 por ciento que va al Fondo Solidario de Redistribución. Quedan 12 mil pesos netos aproximadamente. El PMO más bajo cuesta entre 45 mil y 50 mil pesos”.

El Gobierno busca transparentar el sistema con el Registro Nacional de Agentes del Seguro.

A esto hay que hacerle una salvedad, que es el subsidio “Sumarte”, que la SSS les paga a las obras sociales según la proporción de monotributistas que atiendan. De esa manera se suma algo más de 4.100 pesos por cápita, con lo que el déficit de todos modos permanece. Sólo la categoría más alta del monotributo se acercaría hoy a cubrir el PMO, con un aporte de 47 mil pesos menos el 15 por ciento del Fondo Solidario.

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Se estima que alrededor de un 10 por ciento de los afiliados a las obras sociales hoy son monotributistas, y en los últimos años este elemento se ha constituido -junto con las coberturas por discapacidad y los medicamentos de alto costo- en uno de los principales problemas de desfinanciamiento del sistema.

“Estamos redactando un amparo y analizando ir a la Justicia. No nos parece razonable este desequilibrio con las prepagas. No sé si es por desconocimiento o se hizo con premeditación. Es competencia desleal cuando en realidad están diciendo que quieren poner a todos a competir en igualdad de condiciones”, dijo la fuente sindical consultada.

Respuesta oficial y desenlace

A los monotributistas y empleados del servicio doméstico se sumaban los jubilados, como tres poblaciones que las prepagas supuestamente quedaban exentas de brindarles cobertura. Clarín consultó a la SSS: “En el caso de los jubilados, ya existe un registro para Agentes del Seguro para que los reciban. Con respecto a los monotributistas y personal doméstico sigue todo igual”, aseguraron.

Sin embargo, cuando Clarín presentó el registro oficial con las prepagas inscriptas hasta ahora, que figura en la página de la SSS, y que dejaba en evidencia el “no aceptan” monotributistas ni personal doméstico, hubo nuevas averiguaciones oficiales sobre la cuestión. La confusión crecía sin respuestas concretas.

Gabriel Oriolo, superintendente de Servicios de Salud e impulsor de una serie de reformas para la medicina prepaga.Gabriel Oriolo, superintendente de Servicios de Salud e impulsor de una serie de reformas para la medicina prepaga.

Mientras tanto, fuentes de una importante prepaga coincidían con la primera respuesta del Gobierno: “No cambia nada. Vamos a seguir recibiendo a los monotributistas que paguen un plus por acceder a alguno de nuestros planes. Eso es así ahora y lo seguirá siendo en el futuro”. Para agregar: “No se puede equiparar una entidad sin fines de lucro, como es una obra social, de otra con fines de lucro, como es una prepaga”.

Sin embargo, desde las obras sociales sindicales interpretaban que “al ser todas las entidades, a partir de ahora, Agentes del Seguro y quedar bajo el mismo régimen, un monotributista podría exigirle a una prepaga recibir el PMO básico por su aporte, tal como hoy les cabe a las obras sociales. Y la prepaga estaría obligada a dárselo”.

El hecho es que, en general, los planes más baratos de las prepagas exceden la cobertura del PMO, con lo que la duda que sobrevuela -desde las fuentes de la medicina privada consultadas no tienen una respuesta definitiva- es si eventualmente las empresas deberían diseñar una oferta diferencial para esa población en el caso de no poder exigir el plus de la cuota a los nuevos afiliados.

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Lo concreto es que con esas incógnitas en el aire, en el nuevo registro de las prepagas inscriptas como Agentes del Seguro ahora se indicaba que no aceptarían monotributistas. Finalmente, y sobre el cierre del día, las fuentes del Gobierno confirmaron que esos datos -que según pudo saber este medio figuraban así al menos desde el último jueves- al parecer eran un error. La información fue corregida en el sitio y desde la SSS dieron una breve explicación: “Estaba mal la página”.

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