PP y Vox han registrado en Les Corts una proposición de «ley de concordia», que sustituirá a la actual Ley valenciana de Memoria Democrática de 2017 y abarcará «desde 1931 hasta la actualidad», estableciendo el reconocimiento de «todas las víctimas de la violencia social, política, del terrorismo o la persecución ideológica y religiosa» en la Comunitat Valenciana. Así lo han anunciado, este jueves por la tarde en una rueda de prensa en Les Corts convocada unas horas antes, los síndics de PP y Vox, Miguel Barrachina y José Mª Llanos, y el secretario del grupo ‘popular’, Juanfran Pérez Llorca, antes de registrar cinco leyes para «dar un nuevo impulso a la agenda reformista que empezó el 29 de mayo». Según la ley, la tramitación de los procesos de memoria democrática iniciados y no concluidos cuando entre en vigor decaerán de manera automática, a excepción de las exhumaciones. En la proposición se habla de «honrar y proteger la historia de España desde 1931 hasta la actualidad», casi cien años en los que el estado «ha vivido profundas crisis, pero sobre todo una convulsa Segunda República, una Guerra Civil, una dictadura y el azote del terrorismo etarra e islámico». Durante las siete páginas del texto se establece la creación de una «unidad valenciana de concordia» y de un «catálogo de vestigios», junto a la potestad de dar instrumentos legales a la Generalitat para actuar ante los «casos sin resolver» de localización de víctimas. La administración valenciana también impulsará la inscripción de defunción de las víctimas desaparecidas. Además, se reconoce el mismo régimen de protección y reconocimiento a «las víctimas de la Segunda República y del terrorismo» que a las víctimas a las que hace referencia la Ley estatal de Memoria Democrática de 2022. «ACABAR CON TÉRMINOS GUERRACIVILISTAS» En la presentación de la ley, el síndic de Vox ha destacado que convertirá a la Comunitat en «la primera comunidad autónoma que deroga el enfrentamiento y la confrontación» al acabar con «términos guerracivilistas» y «ampliar el espectro histórico», En cualquier caso, ha remarcado que «se mantendrá la reparación de las víctimas, las de un lado y las de otro» en materia de exhumaciones o búsqueda de familiares desaparecidos, así como que no será una ley «restrictiva» ni quitará ayudas. Preguntado por la decisión de establecer el año 1931 como inicio, Llanos ha señalado que es necesario reconocer a las víctimas «del sistema político que algunos consideran que fue una democracia y otros que fue un golpe», en alusión a la Segunda República. «No estamos para dar una clase de historia», ha añadido al ser repreguntado, tras garantizar que la ley se ha elaborado «con expertos». Por su parte, el secretario del PP ha asegurado que, en su opinión, «habría que buscar a todas las víctimas, fuesen del año que fuesen». Cuestionado por si se incluiría el asesinato del joven antifascista Guillem Agulló, que daba nombre a un premio que fue retirado de Les Corts, ha insistido en buscar «consenso y unidad» en materia de memoria. CAMBIOS EN TRANSPARENCIA E INCOMPATIBILIDADES Por otro lado, PP y Vox han registrado otra proposición de ley para modificar las normas aprobadas por el anterior gobierno del Botànic en 2016 y 2022 sobre incompatibilidades de cargos públicos y transparencia y buen gobierno, respectivamente. Se incorporan artículos a la ley de incompatibilidades como que «el conflicto de interés deberá ser demostrado de manera fehaciente, no pudiendo extenderse una prohibición genérica por el mero hecho de haber pertenecido a un órgano colegiado o haber dictado resoluciones o cualquier otro tipo de acuerdo». En la ley de transparencia se añaden cambios como excluir de las agencias institucionales y de trabajo las reuniones de mera coordinación y organización o que el Consell apruebe en el primer año de mandato un plan político de gobierno de la legislatura, que se debatirá en Les Corts tres años después de la toma de posesión del ‘president’. En la rueda de prensa, el portavoz del PP ha destacado la necesidad de los cambios en estas leyes para «evitar la fuga de talento en el sector público» de la Generalitat, mientras el síndic de Vox ha defendido la necesidad de «mayores controles y una verdadera transparencia sin atentar los datos de carácter personal». ANTIFRAUDE Por otra parte, el PP en solitario ha planteado una propuesta de modificación de la ley de la Agencia Valenciana Antifraude, que busca cambiar la mayoría necesaria para elegir a su director, que pasa de tres tercios a mayoría absoluta. Se incluye su adaptación a la normativa europea más reciente, así como definir los ámbitos de actuación material de la agencia y se extiende el estatus de persona denunciante a quienes lo hacen ante la Fiscalía. Los representantes del PP ha explicado que los cambios recogen las propuestas del actual director de Antifraude, Joan Llinares, cuyo mandato expira el próximo mayo, en materia de adaptación a las directivas europeas de protección de datos. «La anterior Conselleria de Transparencia las publicó pero por las diferencias internas en el Botànic nunca se llevó a cabo», ha expuesto. Respecto a la elección por mayoría absoluta, Barrachina y Pérez Llorca han garantizado que la intención del PP es sentarse a negociar con «todos los grupos». «Que se cambie el sistema de elección no impide llegar a acuerdos. Sería criticable que una elección quede bloqueada por los partidos», han remarcado, y han puesto como ejemplo que cedieron un puesto a Compromís en la Mesa de Les Corts.