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Medio millón de euros, unos US$543.000. Esa es la cifra que en España da acceso a poder vivir, trabajar o estudiar con una de las llamadas “golden visas” o “visas de oro”.

Los solicitantes seleccionados y sus familias no solo consiguen un permiso “acelerado” para residir en territorio español, sino que también pueden viajar libremente por la Unión Europea y por el espacio Schengen, que forman hasta 26 países. Otros beneficios implican acceso a los sistemas públicos de salud y educación, así como mejores tasas en las universidades públicas.

Conseguir una “visa de oro” requiere comprar una vivienda en España con un valor mínimo de 500.000 euros, tener instrumentos financieros equivalentes a 1 millón de euros en territorio español o invertir al menos 2 millones en deuda del Estado.

También se obtiene estableciendo en España una empresa que cree puestos de trabajo porque el objetivo de este tipo de visado es atraer capital extranjero.

Pero en un momento en el que los alquileres no dejan de subir en las principales ciudades españolas y adquirir una propiedad con una hipoteca es más difícil por las elevadas tasas de interés, el gobierno de Pedro Sánchez anunció esta semana que pondrá fin al acceso a las “golden visas” a través de la compra de viviendas. Sánchez afirmó que la medida tiene como objetivo “garantizar que la vivienda sea un derecho y no un mero objeto de especulación empresarial”.

Dijo que la mayoría de los visados concedidos estaban relacionados con la compra de propiedades en lugares como Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Alicante y las Islas Baleares, zonas todas ellas donde el mercado inmobiliario “está bajo una enorme presión”.

“Son las ciudades que se están enfrentando a un mercado de la vivienda altamente tensionado, donde es casi imposible encontrar una vivienda digna para quienes viven y trabajan en ellas y pagan sus impuestos cada día”, aseguró el mandatario.

“Ese no es el modelo de país que necesitamos, el de la inversión especulativa en vivienda, porque es un modelo que nos conduce al desastre y sobre todo nos conduce a una desigualdad lacerante como consecuencia de la inaccesibilidad de muchos jóvenes y familias a una vivienda”, dijo el presidente español.

Los expertos creen que es poco probable que la medida afecte al mercado inmobiliario, ya que menos del 0,1% de los 4,5 millones de viviendas vendidas desde que las “golden visas” entraron en vigor en 2013 se compraron bajo este plan, según el sitio web inmobiliario Idealista.

“El problema de la vivienda en España no fue causado por el programa de visas doradas, sino más bien por la falta de oferta y un aumento en la demanda”, le dijo a la agencia Reuters el portavoz de Idealista , Francisco Inareta.

Por su parte, Guillermo Santos Aramburo, socio de iCapital, una agencia de valores dedicada al asesoramiento financiero y patrimonio, considera que “las cifras demuestran que el cambio de norma ahora es una medida efectista y solo de cara a la galería, para quedar bien”. “La especulación inmobiliaria no se crea por una pocas miles de visas en 11 años. El problema es más complejo”, le dijo Santos Aramburo a BBC Mundo.

En 2022, la Comisión Europea instó a los países miembros de la UE a poner fin a todos los programas similares, citando riesgos de seguridad en el contexto de la invasión rusa de Ucrania.

Ahora España se suma a otras naciones europeas que han eliminado en los últimos años las “golden visas” asociadas a la compra de vivienda. En 2022, el gobierno del Reino Unido puso fin a un plan que permitía a extranjeros ricos establecerse en el país si traían activos consigo. Al año siguiente, Irlanda eliminó su “golden visa”, mientras que Portugal dejó de ofrecer la residencia a cambio de la compra de propiedades.

Las “golden visas” fueron creadas en España en 2013 por el gobierno del Partido Popular después del estallido de la burbuja inmobiliaria, para fomentar la entrada de capitales al país. “Era un momento en el que empezaron a quebrar las cajas de ahorros y el Estado tuvo que inyectar dinero para rescatar a los bancos”, explica Santos Aramburo.

En un informe publicado el año pasado, la organización Transparency International señalaba que “estos programas de inversión a cambio de la ciudadanía o permisos de residencia gestionados de forma adecuada pueden, en teoría, beneficiar tanto a los países anfitriones como a los solicitantes”.

“Sin embargo, en la práctica, estos programas presentan graves riesgos inherentes a la cleptocracia y, particularmente, al blanqueo de capitales, seguridad, fraude, evasión fiscal y corrupción, entre otros”, añadía.

Según el informe, el mayor número de visados de este tipo en España fue otorgado a inversores chinos y rusos.

Entre 2013 y 2023, España concedió un total de 2712 “golden visas” a inversores chinos, de los cuales el 99,33% fueron otorgados en virtud del supuesto de adquisición de bienes inmuebles.

Les siguieron los inversores rusos con 1159 y los iraníes con 203. Los mexicanos y venezolanos también aparecen en la lista de Transparency International, ocupando el puesto 9 y 10 con 114 y 98 “golden visas” respectivamente.

Igual que en el resto de las nacionalidades, la gran mayoría de las peticiones estuvieron asociadas a la compra de una vivienda de más de 500.000 euros. Según cálculos del gobierno español, sólo el 6% de las visas se otorgaron por motivos distintos a la adquisición de propiedades.

Para Jorge Galindo, director adjunto de EsadeEcPol, la razón de que las “golden visas” no sean un recurso especialmente empleado por ciudadanos de países de América Latina se debe a los lazos históricos con España.

“Es mucho más probable que exista otra vía alternativa (para obtener la residencia) más frecuentemente usada por quienes quieren venir a residir en España”, dice en referencia a la Ley de Memoria Democrática o a la Ley de Nietos.

Solo con esta última, hasta finales del 2023 más de 182.400 personas habían solicitado la nacionalidad española.