Como adecuado broche para una semana intensa por las limitaciones a los jubilados para acceder a medicamentos con cobertura del 100%, este viernes, justo cuando trascendía la tramitación del primer amparo judicial de un jubilado querellante por este tema, las autoridades del PAMI se echaron para atrás en dos exigencias que habían impuesto para acceder al famoso “subsidio social”, y aseguraron que la resolución de los pedidos de este beneficio será más veloz de lo que se había anunciado.

Al cierre de estas líneas, el diálogo con el área de prensa de la mayor obra social del país (con 5,3 millones de afiliados) consistía en un largo ida y vuelta de preguntas, respuestas, pedidos de aclaraciones y repreguntas que llevaban a más respuestas y más aclaraciones. La impresión -inchequeable pero certera- era que se estaban delineando los cambios en el exacto momento en que el diálogo transcurría.

En cualquier caso, la conclusión es que, si todo marcha como prometen, quizás se pueda decir que hubo una escucha desde el Gobierno de las numerosas protestas de estos días por la eliminación repentina de la canasta famarcéutica gratuita del llamado plan “Vivir mejor” comunicada el lunes, que dejó sin cobertura del 100% a unas 1.500 presentaciones de medicamentos (representadas en 93 moléculas, el 70% de las cuales quedó con descuentos del 50% y 60%, mientras que el resto tiene 80% de descuento).

Hasta ahora el Gobierno había difundido que el subsidio social para continuar con la cobertura del 100% en medicamentos era un trámite que se hacía online o presencial y que, si la persona cumplía con los requisitos, el beneficio se otorgaría por un tiempo limitado y por el/los medicamentos puntuales indicados por el especialistas. La resolución de los pedidos llevaría no menos de 15 días, decían. Ahora, algunos de estos aspectos cambiaron.

Ese trámite exigía presentar el DNI, la credencial del afiliado, la receta médica con la indicación precisa y una declaración jurada de la que una infinidad de jubilados se quejó en estos días, por lo obstaculizante que resultaba su llenado. Pero no cualquiera podía hacerlo.

Focalicemos en principio en quienes cumplen con no cobrar por encima de 1,5 haberes mínimos (se excluye a la inmensa población bajo la línea de pobreza que cobra dos haberes compuestos por una jubilación mínima y una pensión por viudez) o hasta 3 haberes, pero tienen discapacidad o conviven con alguien en esa situación. Estos dos grupos además debían cumplir con otras pautas difundidas, como no tener prepaga, no tener un auto demasiado nuevo ni más de una propiedad o acciones, entre otros.

Lo primero que hay que aclarar es que la exigencia de la declaración jurada se eliminó del trámite, compartieron desde el PAMI. Adicionalmente, decidieron que el afiliado que obtenga el subsidio social (porque cumplió con los requisitos mencionados) no tendrá que actualizar su solicitud en ningún momento.

Quiere decir que el subsidio no caducará y se reactualizará solo, cada seis meses, aun si el médico cambia el tratamiento en el medio o suma algún fármaco, información a la que (esta es otra de las novedades importantes) el sistema accederá de manera automática, cruzando los datos del afiliado y las recetas subidas al sistema por el médico tratante. La persona, remarcan, no deberá hacer nada para que gestionar el pedido por única vez.

En cuanto a los tiempos, desde el PAMI aseguraron que la mayoría de los casos se resolverán en instantes, y no en 15 días. Desde ya, siempre que el cruce informático de las bases de datos (fiscales, de la Anses…) del afiliado cuadre sin problemas con los requisitos para acceder a este subsidio.

Podría ser muy distinto el caso si los requisitos no cuadran pero el jubilado insiste en su derecho al 100% de descuento. Virtual o presencial, se deberá gestionar una suerte de apelación, cuya resolución podría demorar al menos dos semanas.

Es incierto cuántas personas podrían quedar en esa situación, cuando el organismo no revela siquiera el número de personas que pidieron esta semana el subsidio social. Solo trascendió que en los últimos meses se otorgaron 850.000 subsidios.

Por lo pronto, en una visita a una delegación porteña del PAMI se informó a esta cronista que desde el lunes habían recibido unas 100 personas por día, con la intención de recuperar su descuento del 100%. Los pedidos seguramente se multiplican en todo el país.

Habrá que cruzar los dedos para que no ocurra lo que reportó un lector que se comunicó varias veces con Clarín: cobra la mínima y vive en una propiedad 100% de su hermana, quien -a su vez- habita una casa de la que cada uno es 50% dueño. Si bien posee media propiedad, para el PAMI figura como dueño de dos inmuebles.

Una excepción a la regla de la “continuidad” del subsidio social comentada arriba es que si la solicitud se hace por un antibiótico, el pedido caerá automáticamente a los 30 días. Se presume que esta norma se liga a la preocupación mundial por las tasas de automedicación y la creciente resistencia a los antimicrobianos como consecuencia del sobreuso.

La contracara de ese argumento es que para obtener esas cajas de remedios debe mediar la prescripción de un médico. Se hace difícil entender cómo un jubilado podría “abusar” de la toma de antibióticos, si quisiera, y quizás sea innecesario que una persona vulnerable cursando una infección deba ocuparse de un trámite así. Tal vez, otro tornillo para ajustar en la normativa.

Otra salvedad a lo dicho hasta acá son los casos en que el afiliado precisa más de cuatro medicamentos. Si en el pedido de subsidio detalla cinco o más remedios, deberá sumar un formulario específico llenado por el médico tratante (se obtiene por la página del PAMI).

En el instituto aseguran que estos casos no serán la mayoría, ya que el 90% de los jubilados toma cuatro medicamentos o menos. Hay fuentes que aseguran que el promedio es cinco. Pero hay una explicación para esa diferencia.

La explicación es que muchos de los remedios que toman los adultos mayores ya eran o pasaron a ser en el último tiempo medicamentos de venta libre. Es decir que pasaron a integrar el grupo de fármacos que la ANMAT (a pedido expreso del Ministerio de Salud y tras años de reclamos de la industria farmacéutica) empezó a abultar a través de un trámite conocido como “switch”, que reconoce que ciertos medicamentos que probaron no generar toxicidad o conductas adictivas, pueden quedar sujetos a la venta sin prescripción médica.

El tema es que, mientras más medicamentos pasan a la venta libre, más se achica el vademécum del PAMI y más cobertura pierden los jubilados.

Porque la regla general de que se puede pedir el subsidio social por el número de medicamentos que uno necesite y sin limitación en el tiempo, coexiste con la norma de que no se puede obtener subsidio social para ninguna droga de venta libre, salvo que pertenezca al grupo de los medicamentos de “uso eventual” (que tienen el 40% del descuento, y están dentro del vademecum de PAMI).

Lamentablemente, para quienes cobran más que 1,5 haberes mínimos o tienen prepaga pero quieren pedir el subsidio social porque el gasto de sus medicamentos alcanza al menos el 15% de sus ingresos, la documentación a presentar sigue siendo tan abultada como era inicialmente.

Esto es, el llamado “Informe social (Disposición 7339/GPSyC/13)”, la “escala de vulnerabilidad socio-sanitaria (disposición 306/GPSyC/05)” y la “revalidación médica”. Fuentes del sector recomiendan iniciar el trámite en forma presencial, para evitar errores y contar con la asistencia de un empleado del Instituto.

Es difícil pronosticar la fluidez que tendrán todos estos trámites, y en el mientras tanto habrá que esperar qué decisión tomará la Justicia sobre el amparo del jubilado comentado al inicio de esta nota.

Según contó su abogada, Valeria Carreras, el hombre «tiene EPOC y convive con una persona con certificado de discapacidad”. Impulsó el primer amparo contra el PAMI, luego de que se viera “perjudicado por la medida de restricción de provisión de medicación con cobertura al 100%”, cuando el martes intentó comprar un medicamento que solía retirar sin cargo, y le informaron en el mostrador que debía pagar 48.000 pesos, «un impacto fuerte para su bolsillo, aun cuando no gana la mínima».

La letrada y el querellante entendieron que fue “un nuevo y grave ataque a los adultos mayores” de parte de uno de los denunciados, nada menos que el director del PAMI, Esteban Leguizamo, y denunciaron que la quita del programa “provocará daños y muerte a la población de adultos mayores”.

El reclamo tiene su cuota de sensatez: dado que el trámite de subsidio social involucra varios pasos y se exige en un momento del año particular, podría decirse, tomando en cuenta la proximidad de las Fiestas y las vacaciones (que por ejemplo podría estar tomándose el médico tratante), corresponde que “se dicte cautelar a fin de no innovar y mantener la cobertura y expendio de medicación a afiliados por 60 días”.