El Ministerio de Seguridad informó este martes las últimas estadísticas criminales y, entre ellas, las llamadas “muertes violentas”, que incluyen los suicidios registrados en el país. Según el informe, en 2023 hubo un 5% más suicidios que en 2022, año en que ya habían subido 7,4% respecto del anterior. Consultados por las políticas de prevención en marcha, en el Ministerio de Salud informaron que, aunque hay consenso sobre la importancia de notificar cada intento de suicidio (consumado o no) y aunque desde noviembre de 2022 existe una resolución (la 2827/2022) que obliga a capacitar al personal sanitario para que aborde mejor los casos y notifique al sistema nacional, solo el 1% de los hospitales y sanatorios del país cumple con la normativa.

Así lo confirmaron fuentes de la Dirección Nacional de Abordaje Integral en Salud Mental y Consumos Problemáticos, área que depende del Ministerio de Salud de la Nación. La insistencia por tener un panorama nacional sobre el tema surgió del diálogo con autoridades de Entre Ríos, la provincia con peor tasa de suicidios del país, según el informe de Seguridad.

En esa conversación quedó claro que la tasa de suicidios provincial que informa el ministerio manejado por Patricia Bullrich en poco se parece a la que toma en cuenta la cartera de Salud de Entre Ríos.

En este último ministerio dijeron que la tasa de 2023 no está consolidada, pero la de 2022 fue 11,2 suicidios por cada 100.000 habitantes. Para el Ministerio de Seguridad, el escenario fue 18,3 suicidios cada 100.000 personas en 2022, y en 2023, 18,8. Son dos cifras que llaman mucho la atención cuando se las compara con la tasa nacional, que es 9,8, en base a los 4.195 suicidios registrados por Seguridad el año pasado en todo el país.

Además de la incongruencia en los reportes (cuya diferencia, en parte, radica en que Salud no contempla a las personas que se quitaron la vida sin llegar a la esfera sanitaria), sobresale que en un contexto de alza de estos eventos, muy pocos hospitales cuenten con personal capacitado para reconocer un intento de suicidio y, de hecho, informarlo de manera nominal, o sea, con nombre y apellido, al sistema nacional de vigilancia.

Cuatro funcionarios con los que habló Clarín (dos de Entre Ríos, uno de Córdoba y uno de Nación) dijeron que ni capacitar ni notificar son tareas tan sencillas. Sin embargo, hacerlo es indispensable, aclararon.

Clarín se puso en contacto con las autoridades de Salud de Entre Ríos para entender el porqué de sus altas cifras de suicidios. Gabriel Fernández, psiquiatra y director de Salud Mental de esa provincia advirtió que registran tasas más bajas que las que informa Seguridad. No obstante, reconoció que “Entre Ríos supera la media nacional”.

Se saca poco en limpio cuando uno consulta por las causas de la suba de estos eventos en el país. Como las otras tres fuentes consultadas, Fernández apuntó a esa multicausalidad y a la imposibilidad de encasillar un único disparador para las alzas anuales.

Su preocupación es la suba de suicidios en mayores de 65 años y en los jóvenes, el segundo grupo en importancia en la provincia. En particular destacó que en los últimos dos años, dos chicos de 14 años se quitaran la vida: “Es algo que nunca había pasado en la provincia. Es muy muy preocupante”.

“Desde fines de enero estamos potenciando la línea 0800 provincial, destinada a urgencias en salud mental”, informó, y agregó que desarrollan un programa de prevención del suicidio “y uno de posvención, que es la intervención en salud posterior al suceso, tanto por el impacto familiar como por lo que ocurre en el entorno social y comunitario de la persona. Se interviene aunque no se solicite la asistencia”.

La cuenta pendiente, reconoció, es avanzar con las capacitaciones para que todos los hospitales puedan notificar al sistema nacional.

Entre Ríos tiene 10 instituciones monovalentes de salud mental, de las que 9 están haciendo la notificación de eventos al SISA. “Avanzamos de a poco. No es tan sencillo”, explicó Fernández. Sin embargo, los intentos de suicidio también arriban a los hospitales comunes, que en Entre Ríos son 65.

No es razonable dar por sentado que la atención a pacientes en esta situación vaya a ser peor en un hospital que no cumple con la notificación obligatoria, pero tampoco parece un completo error preguntárselo. Históricamente, esas instituciones polivalentes estaban acostumbradas a derivar casos de salud mental a las monovalentes, que la ley de Salud Mental de 2010 ya debería haber desarticulado. Así que la notificación debería ir de la mano de un aire nuevo de capacitación.

En Entre Ríos aclararon que el Boletín Epidemiológico Nacional recién incorporó las cifras de suicidios a mediados del año pasado, de modo que no estarían tan atrasados.

Sin embargo, otras provincias están un poco más adelante. María Pía Giudetti, secretaria de Salud Mental de Córdoba, aclaró que en esa provincia empezaron con la implementación ya apenas se reglamentó la normativa, en 2022.

“La Organización Panamericana de la Salud considera al suicidio una enfermedad crónica no transmisible, igual que la diabetes o la hipertensión. El intento de suicidio debe ser notificado del mismo modo”, aclaró.

Los intentos de suicidio en esa provincia compartidos por Guidetti evidencian la importancia de que más hospitales y sanatorios notifiquen al sistema nacional.

En 2023, cuando el programa de notificación apenas se iniciaba, en Córdoba registraron 198 intentos de suicidio. Para el Ministerio de Seguridad Nacional, se consumaron 289. En tanto, solo en la primera mitad de 2024 (“con más instituciones notificando que el año anterior”, dijo la funcionaria, sin precisar cuántas), ya llevan 390 intentos de suicidio contabilizados.

En la Dirección Nacional de Salud Mental reconocieron que “hay provincias más remolonas que otras para implementar la notificación de suicidios”.

En junio pasado, el ministerio participó de un encuentro del Mercosur hecho en Paraguay y los datos que tienen son frescos. De 39.000 instituciones de salud públicas y privadas del país, solo 422 (1%) están notificando semanalmente (como establece la resolución) los intentos de suicidio, concretados o no.

Así y todo, compartieron, el registro preocupa: entre mayo de 2023 y junio de 2024, esas pocas instituciones reportaron 3.962 intentos de suicidio. “Más de 900 fueron jóvenes de 25 a 34 años, y casi 800 fueron adolescentes de 15 a 19”, detallaron.

Las cifras de Seguridad de 2023 también plantean una radiografía preocupante. Volviendo a Córdoba, con una tasa de 8 suicidios por cada 100.000 habitantes, es una de las provincias en las que los eventos consumados subieron con respecto a 2022 (entonces, la tasa era de 7,14). Sin embargo, es una de las 9 provincias por debajo de la media nacional (9,8), junto con Neuquén (9,8), Chubut (8,7), Buenos Aires (8,4), Jujuy (8,3), Corrientes (7,4), Misiones (6,7), Río Negro (6,4) y ciudad de Buenos Aires (6).

Por encima de la tasa nacional hay nada menos que 15 jurisdicciones: la mencionada Entre Ríos (18,8) y también San Luis (16,2), La Rioja (14,3), Catamarca (14,29), Santiago del Estero (14), Formosa (13,8), Salta (13,7), Chaco (13,5), La Pampa y Tucumán (12,6), Tierra del Fuego (11,6), Santa Fe (11,3), Mendoza (10,9), Santa Cruz (10,5) y San Juan (10,2).

Desde Nación aseguran estar trabajando con las provincias para mejorar todo el asunto. “Si no, ¿qué tasa podés tener y qué política pública podés hacer?”, se preguntó la fuente consultada.

Guidetti reforzó que “notificar parece simple, pero no lo es. Hay que estar yendo a las guardias y hospitales generales todo el tiempo porque la capacitación radica en poder pesquisar el evento de suicidio«.

«Por ejemplo, una persona puede llegar a la guardia por un accidente automovilístico o una intoxicación, pero ¿cómo sabemos si no se quiso quitar la vida?”, se preguntó.

Delfina Noé, licenciada en Psicología que coordina el programa de Ente Ríos de Prevención del Suicidio, coincidió con sus colegas en la necesidad “construir la unificación de los registros, algo en lo que se está trabajando, pero lleva su tiempo porque implica acuerdos interministeriales”. Remarcó que estas capacitaciones no son sencillas: “No es solo llenar fichas, algo que en sí lleva su tiempo, sino saber captar casos y saber cómo ordenarlos”.

Como las otras fuentes, se mostró preocupada por el segmento joven, cuyo peso en las cifras de intentos de suicidio y consumación es muy fuerte.

Las cifras de Seguridad de 2023 no están segmentadas por edades, pero las de 2022, sí: el 38% de los suicidios fueron perpetrados por personas menores de 29 años.

Todos los consultados apuntaron a la pospandemia, como «la causa». Hablaron de la llamada “cuarta ola de salud mental”, signada por el aislamiento, que caló hondo en los adolescentes, pero también en los adultos mayores.

¿Y la crisis económica? La conclusión de estos especialistas es que el tema “impacta”, pero siempre se suma a otras variables. Aquellas que hacen flaquear los recursos para lidiar con los problemas y pedir ayuda.

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