Por orden de la Justicia, efectivos de Gendarmería allanaron este viernes el despacho de Edgardo Kueider en el Senado, en el marco del presunto cobro de sobornos de la empresa seguridad privada Securitas cuando se desempeñaba frente de Enersa, la empresa estatal de la provincia de Entre Ríos, durante la gobernación del peronista Gustavo Bordet. Los procedimientos se hicieron hasta entrada la noche y abarcaron también dos despachos que pertenecían a dos de los asesores del legislador.

Los funcionarios judiciales, acompañados por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, ingresaron a las oficinas de Kueider en el anexo y en el Palacio Legislativo.

El allanamiento se hizo posible luego de que el Senado, la semana pasada, expulsó a Kueider y, por lo tanto, lo dejó sin fueros.

El escándalo en torno al senador escaló cuando fue detenido en la frontera de Paraguay con 211.000 dólares sin declarar. El frustrado cruce fronterizo le dio la oportunidad a la jueza de reimpulsar la causa local en la que se lo investiga por el presunto cobro de coimas.

Luego de la expulsión, como parte de un nuevo paquete de medidas, la jueza Sandra Arroyo Salgado ordenó el allanamiento de su despacho, pero para ingresar, a merced de un artículo del Código Penal, necesitaba del aval de las autoridades del cuerpo. Victoria Villarruel, a cargo de la Cámara alta, accedió al pedido.

Tal como se consignó en el oficio que la Justicia envió al Senado, el artículo 226 del Código Procesal Penal Federal señala que “para la entrada y registro del Congreso, el juez necesitará la autorización del presidente de la Cámara respectiva”.

En el escrito, la jueza subrayó que dentro del despacho que Kueider pretende proteger –presentó un amparo con ese objetivo, entre otros- “podrían hallarse elementos de prueba que permitan corroborar las hipótesis delictivas bajo examen”

La entrada al despacho del exsenador es solo una de las patas de una causa que tiene su espejo en Paraguay. Allí, donde pretende permanecer, el exsenador “no está sometido al proceso”, consideraba una fuente local al tanto de la investigación. “La justicia paraguaya podría liberarlo”, agregaba.

El desafuero, que finalmente se cristalizó con la expulsión, es el primer nudo del lazo con el que la Justicia local pretender traer de vuelta a Kueider de Ciudad del Este, donde cumple el arresto domiciliario que dispuso el juez paraguayo Humberto Otazú Lo que no implica que el senador, una vez aquí, deba permanecer detenido, resaltaba una fuente que trabaja en la causa.

Aparte de la ley de extradición, el país cuenta con un tratado particular para ese fin con Paraguay, donde esperan poder llevar a cabo un proceso prolijo. “[la extradición] es una figura jurídica que no deja margen de decisión unilateral; se necesita un trabajo coordinado”, advertía un actor del Ministerio Público Fiscal paraguayo, quien aguarda alguna señal formal por parte de la Justicia local.

Llegado el caso, la jueza Arroyo Salgado, deberá elevar otro pedido, esta vez al Poder Ejecutivo, para que se tramite un exhorto vía Cancillería. Sin embargo, la Justicia paraguaya podría rechazarlo para juzgarlo primero allí. “Si se trabaja de manera coordinada puede resolverse ese conflicto y propiciar la entrega a Argentina”, insistía la misma voz.

El allanamiento no fue el único revés que este viernes enfrentó el exsenador. El juez en lo contencioso administrativo Enrique Lavié Pico rechazó in limine la acción de amparo presentada por el dirigente entrerriano y ratificó así la validez de la sesión que lo expulsó del Senado, luego de que un control fronterizo lo sorprendiera con 211.000 dólares sin declarar intentando cruzar de Foz do Iguazú, en Brasil, a Ciudad del Este, en Paraguay.

Kueider está preso en Paraguay desde la madrugada del 4 de diciembre.

El juez sostuvo que pronunciarse sobre la sesión excedía el ámbito de sus facultades, el cual se limita a “resolver colisiones efectivas de derechos; no emitir opinión en abstracto acerca de la validez de actos llevados a cabo por otros poderes del Estado referidos”.

Según el fallo, al que accedió LA NACION, la decisión de los senadores que el 12 de este mes removieron a Kueider de su banca por inhabilidad moral “no puede ser revisada en esta sede judicial porque su examen constituye una competencia exclusiva y excluyente atribuida al Senado de la Nación” por el artículo 66 de la Constitución nacional.

De esa manera, el magistrado disipó la polémica en torno a la validez de la sesión que le arrancó la senaduría a Kueider, que fue presidida por Victoria Villarruel mientras el presidente Javier Milei viajaba rumbo a Italia, uno de los puntos en los que Kueider basó su amparo.

Kuieder, junto a su abogado Maximiliano Ruiz, argumentaba que el enroque de poder entre el Presidente y la vicepresidenta se dispara de manera automática ante la ausencia del primero. Y, por lo tanto, el acta que se firma frente a escribano –trámite que no llegó a realizarse antes de la votación–, es un mero ritual que se realiza solo para dejar un registro formal del cambio en la Jefatura del Estado.

“A partir de que el señor Presidente abandonó el país –esgrimió Kueider en su escrito– la señora Presidenta de la Honorable Cámara de Senadores pasó a ejercer el cargo de Presidente a cargo, con lo cual NO pudo y NO debió como representante del Poder Ejecutivo en ejercicio, presidir la Sesión que se impugna”. El propio Milei respaldó esa tesis, cuando afirmó desde Roma que el trámite parlamentario era “inválido”. Sin embargo, el juez Lavié Pico acalló la controversia y dejó a la Vicepresidenta al margen de la decisión de la Cámara alta.