Este domingo, la búsqueda de Loan Peña cumple 24 días. El mismo tiempo que buscaron a la familia Pomar, uno de los casos que volvieron a la memoria en estas semanas de angustia por la desaparición del nene de cinco años. Y que, al igual que éste, tuvo un gran impacto mediático y en la opinión pública.

El sábado 14 de noviembre de 2009, Fernando Pomar, su esposa, Gabriela Viagrán, y sus hijas, María del Pilar y Candelaria, salieron de su casa en José Mármol, en el partido de Almirante Brown, en el auto familiar hacia Pergamino, donde vivía la familia de Gabriela. Tuvieron un accidente de tránsito en la ruta 31, a la altura de la “Curva de Plazibat”, en un camino roto, oscuro y sin señalizar. Tardaron 24 días en encontrarlos en uno de los operativos más escandalosos de los últimos años.

En 2019, al cumplirse diez años del drama de los Pomar, las periodistas Natalia Iocco y María Belén Etchenique entrevistaron a Franco Ricabarra, el primer hijo de Gabriela Viagrán, que cuando ocurrió la desaparición tenía 13 años. Franco no viajó con su familia porque el lunes siguiente rendía un examen en el colegio y se quedó estudiando en la casa de su amigo en José Mármol.

“Esta fecha es muy difícil, me trae mucha tristeza y muy malos recuerdos. Fueron muchos días de angustia, de ansiedad, de no saber qué pasaba. No puedo describir este tiempo. Se me hace muy difícil que sigan pasando los años y saber que no las voy a volver a ver”, había dicho Franco de su mamá y sus hermanas en la entrevista con Clarín por el aniversario.

Después de la tragedia, Franco se mudó a Pergamino con su papá. Estudió para martillero público, y le había dicho a este diario que nunca usaba la ruta 31 para viajar a Buenos Aires.

“Esa ruta, como tantas otras en la Provincia, era un desastre, estaba llena de pozos. En el mismo lugar, habían ocurrido muchísimos accidentes, lo dijeron todos los vecinos. Era casi intransitable. La arreglaron después del accidente por todo lo que se armó, es lamentable«, señaló.

Sobre la búsqueda de su familia, afirmó que «fue espantosa, pero de esa manera funciona el Estado. Ni la fiscalía ni los policías tenían preparación para casos como éste, ni para hacer lo que se debía. Por eso se demoró tanto”.

El tiempo que tardaron en encontrar a su familia, Franco lo pasó aislado y contenido por su familia paterna en Pergamino. Intentaron que no viera los canales de televisión ni escuchara las hipótesis fantasiosas.

“A medida que pasaban los días iba entendiendo menos. Se decían tantas cosas, no sabía qué pensar. Hoy no puedo creerlo, es una vergüenza que haya habido tanta inoperancia y tantas mentiras”, contestó en la entrevista.

De adolescente, en su casa, frente a la computadora, Franco entraba a Google. Si escribía el nombre de su mamá aparecían 38 mil entradas. Pero si usaba el rótulo que popularizó la noticia, “Caso Pomar”, el número se acercaba a los 5 millones. Con los años dejó de buscar.

“Más allá de lo patético de la investigación judicial y de la falta de preparación de los policías, la información de los medios fue cualquier cosa. Elaboraron hipótesis y supuestos porque la dirección de la investigación no estaba clara. Entonces reproducían lo que se decía sin ningún tipo de chequeo”, se indignó.

Y agregó: “En 24 días no hicieron nada. Hacían creer que estaban haciendo, pero en realidad no. Decían que había miles de efectivos rastrillando. ¿Me van a decir que no iban a ver un auto al costado de la ruta? La investigación fue absolutamente inoperante, sin clara dirección, nadie sabía bien qué hacer. Fue todo improvisado sobre la marcha”.

María Cristina Robert, la abuela de Franco y mamá de Gabriela, también había recibido a Clarín. Poco tiempo después, la mujer falleció por un cáncer.

Ella fue quien se encargó de motorizar la búsqueda, de ponerse la causa al hombro. Era quien en pleno operativo decía frente a las cámaras de televisión: “Mi hija en cualquier momento va a aparecer. Ella me da fuerza. Sinceramente, cada día que pasa es una tortura”.

El 13 de noviembre de 2009, Gabriela llamó a María Cristina por teléfono para avisarle que al otro día viajarían a Pergamino. “’No sé, mamá. Nos vimos hace unos días. Fernando quiere ir pero yo no tengo ganas‘, me dijo Gabi. Pero yo qué le podía decir. Solo le contesté: ‘Hacé a tu voluntad'», recordó Cristina.

Horas después de esa charla telefónica, en un Fiat Duna Weekend rojo, de esos rurales, largos, que usan las familias numerosas, partieron desde el sur del Conurbano hacia el límite de la Provincia. En el medio, hicieron una parada en la casa de unos amigos para dejar a Franco.

María Cristina supo recién el domingo que habían salido y no habían llegado. Los padres de Fernando, también vecinos de Pergamino, ya habían hecho la denuncia para que la Policía los buscara. Y ella ya no dejó la casa. Quedó pegada al teléfono o corriendo a atender el timbre de la calle. Sentía que no podía moverse porque de un momento a otro su hija llamaría o aparecería. Así estuvo durante casi un mes.

Entre la desaparición y el hallazgo de los cuerpos se dijeron muchas cosas. Se dijo que tenían problemas económicos y escapaban por las deudas. Se dijo que Fernando Pomar mató a su esposa y a sus hijas, y después se suicidó. Se dijo que los habían secuestrado. Que él estaba en el negocio de la efedrina. Se dijo que los vieron en Chile, en Río Negro, en Ameghino, en Mendoza y en el patio de comidas de un shopping. Hablaron psicólogos, vecinos, periodistas y hasta videntes. Fueron todavía más los que opinaron cuando apareció la foto de Pomar en el peaje de Villa Espil. Se dijo que en el Duna rojo estaba solo, sin su familia, o que era obvio que pedía ayuda. “¿Quién pone esa cara frente a una cámara de peaje?”, repetían.

“La abducción de la familia Pomar es posible”, dijo Fabio Zerpa en el living de Animales Sueltos, cuando el programa era más de espectáculos que político. La Policía allanó la casa de José Mármol cuatro veces. Se llevó computadoras y dibujos de las nenas para detectar indicios de violencia familiar o abuso.

Casi un mes después, los Pomar aparecieron. Siempre habían estado en el mismo lugar: a metros de la ruta que se sabía habían tomado. El padre de Fernando Pomar tenía casa sobre ese camino y ellos solían atravesarlo para llegar a Pergamino. La familia lo había dicho hasta el cansancio. Nadie escuchó.

“Observen lo que es esto. Ahora miren a los costados y al frente. El único monte que había de Salto a Gahan era éste, y acá no buscaron. En el único lugar en el que tenían que buscar, no lo hicieron. Lo que hicieron fue pasear”, había expresado María Cristina frente a dos periodistas de Salto, en el lugar donde el Fiat Duna rojo se despistó.

El laberinto judicial por el caso Pomar se tradujo en cuatro expedientes, que de poco pasaron a nada. La primera causa fue la de averiguación de paradero. Karina Pollice, a cargo de la fiscalía N°4 de Pergamino, fue la cara visible de una investigación que demoró 24 días en encontrar muerta a la familia más buscada del país.

El 1° de diciembre de 2009 la desaparición ya se transmitía en algo parecido a una cadena nacional. Las horas de aire y las páginas de los diarios repetían dos alternativas: “La primera es la de una posible desaparición voluntaria y, la segunda, una desaparición involuntaria”, decía Pollice en una conferencia de prensa improvisada.

Para entonces la búsqueda llevaba 17 días. La fiscal habló de “un posible robo, una privación ilegal de la libertad o un secuestro”, delitos sobre los que –aclaraba– no había “pruebas de que se hubieran cometido”. También de “un accidente de tránsito” y de un “conflicto intrafamiliar” de los que –aseguró– “no tener noticias”. Esas eran algunas de las líneas de investigación en un expediente que por entonces superaba las 800 páginas.

Mientras la desaparición era misterio y especulación, el ministro de Seguridad de la Provincia, Carlos Stornelli, ordenó a su secretario de Investigaciones, Paul Starc, que coordinara la búsqueda. “Una hipótesis es que los Pomar hayan decidido salir del país”, fue una de las declaraciones de Starc. “Se han analizado todas las llamadas al 911, alrededor de 200”, decía.

Diez años después, en su casa, frente a las periodistas de Clarín, María Cristina recordó a Starc: “Acá, en este lugar –señaló un espacio entre el sillón y unas repisas– me dijo: ‘Hay 2.500 efectivos a su disposición. No me acuerdo si se refirió a mí como Cristina o mamá. Yo estaba contentísima. Pensaba que con tantos efectivos iban a encontrarlos. Visualizaba a mi hija y a las nenas en un galpón con piso de tierra, por toda la porquería que decían sobre Fernando, que estaba en la efedrina. Todo era mentira, cualquier cosa me hicieron pensar. Pero nada como esto, la manera en la que aparecieron era lo último que podía entrar en mi cabeza”.

El 16 de noviembre de 2009, Casimiro Flores estaba apoyado en la ventana del primer piso de un micro de larga distancia cuando vio el auto rojo, las ruedas para arriba en la ruta 31. Cuando regresó a su casa, llamó al 911 para contar su sospecha: ésos podían ser los Pomar.

Los llamados se atendían en la DDI de Pergamino. Ahí, descartaron la denuncia de Casimiro. Especularon que ese punto no podía ser: agentes del destacamento de Gahan lo habían recorrido sin traer novedades. Así figuraba en las actas.

A los Pomar los encontraron el 8 de diciembre de 2009 en esa misma ruta, a 39,5 metros desde la curva interna de la banquina, unos 40 kilómetros antes de llegar a Pergamino. Estaban en un monte descuidado, el único en medio de llanura verde.

La causa penal que inició María Cristina contra 12 policías por incumplimiento de los deberes y falsificación de las actas de rastrillaje se cerró. En primera instancia habían sido condenados algunos, pero la Cámara los absolvió y para otros la causa prescribió. La mujer decidió no apelar porque interpretó que desde el punto de vista penal, la causa contra los policías no iba a dejar nada aunque fueran condenados, ya que la familia se mató por el estado de la ruta: los policías no tuvieron que ver con eso, sino con la demora en la investigación.

En la instancia civil, poco antes de que se cumpliera una década de la tragedia, el juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes responsabilizó a la Dirección de Vialidad y al Gobierno de la provincia de Buenos Aires por la muerte de Gabriela, Candelaria y Pilar (la familia de Fernando no accionó legalmente). Así, la Justicia consideró que la responsabilidad fue del Estado, tanto por las malas condiciones de la ruta como por “el deficiente servicio prestado en la búsqueda”. Franco y su abuela recibieron una indemnización de unos $ 4.000.000, equivalentes entonces a unos 63.000 dólares.

Todos los policías involucrados reconocieron no haber sido capacitados para hacer rastrillajes. “Con el diario del lunes, es fácil. Cuando uno sabe dónde mirar, uno lo ve», se había enojado Stornelli cuando lo cuestionaron por la impericia. Dos meses después del “papelón de los Pomar”, Paul Starc renunció a su cargo y Stornelli dejó el ministerio en mayo de 2010. Ambos son hoy fiscales federales.